Para poder entender mejor cómo funciona nuestro sistema jubilatorio, vamos
a hacerlo por comparación con tener una cuenta en una AFJP.
Quienes aportaban a una AFJP eran dueños de sus aportes. La aseguradora se
encargaba de administrarlos y, llegado el momento, o bien restituía el monto
ahorrado o bien se pautaban cuotas –generalmente mensuales-. El haber pautado –o el monto total- recibido
no dependía sólo de cuánto se había logrado aportar, sino sobre todo de qué tan
bien la aseguradora había administrado ese dinero. Si la inversión había
resultado en pérdida, en vez de tener más dinero uno podía ir teniendo cada vez
menos. Además, había que considerar el hecho de que la propia aseguradora
también cobraba un porcentaje sobre tal servicio, independientemente de que el
mismo llevara a ganancias o pérdidas. Muchos aportantes terminaron
sorprendiéndose al constatar que gran parte de sus aportes se habían perdido
entre comisiones de la aseguradora, y balances negativos. Otros, simplemente no
se enteraron; porque –excepto las propias aseguradoras- nadie ganó.
El sistema de reparto es absolutamente diferente al de capitalización, que
es el que sostenían las AFJP y que fue importado durante el menemismo como
parte del plan de privatización de los servicios que hasta ese momento había
administrado exclusivamente el Estado. En el sistema de reparto nadie es dueño
de sus aportes, ya que contribuye solidariamente a un fondo común. Es con ese
fondo común que se abonan los beneficios jubilatorios de quienes están
actualmente jubilados; y los jubilados futuros recibirán sus beneficios de los
futuros aportantes al sistema.
¿Cómo se sostiene la viabilidad de este sistema, que es nuestro sistema
actual de jubilaciones y pensiones? En primer lugar, con los aportes, que sólo se
realizan por puestos de trabajo en blanco. Repito: que sólo realizan por los puestos
de trabajo en blanco, ya que estos trabajadores son los únicos que realizan
aportes –por ley y en un porcentaje ya estipulado- y sobre cuyos sueldos se
realizan aportes patronales. Quienes perciben total o parcialmente sus sueldos
en negro, nada aportan. Ni ellos ni sus empleadores.
Sin embargo, este aporte solidario sólo garantiza el funcionamiento
inmediato del sistema. Por lo tanto, no sólo es necesario garantizar la
generación de aportes, sino que se dé una continuidad a largo plazo, que
garantice el cobro de los beneficios futuros, que percibirán los hoy
aportantes. ¿Cómo hacerlo?
En primer lugar, dado que el flujo de aportes se relaciona con la
generación de empleo, en lo inmediato, justamente, se debe sostener el empleo y
se debe propender a aumentarlo. Es por esto que cuando se evalúa la
conveniencia de que el Sistema opte por ciertas inversiones, no debe pensarse
sólo en la renta posible, sino en los beneficios indirectos de la misma, que
vuelven sobre el sistema. Por ejemplo, si bien es cierto que ciertas
inversiones prometen mayor rentabilidad, por lo general la misma está asociada
a mayor incertidumbre y riesgo de resultar en pérdidas. Este sería el caso de
una inversión meramente financiera. En cambio, otras formas de inversión más
conservadoras, como es el caso del Plan Procrear para la construcción de la
primera vivienda, no ofrecen una gran renta, pero también es bajo el nivel de
riesgo. Sin embargo, indirectamente, propende a la generación de empleo; un
empleo que puede controlarse –y por lo tanto, que al menos en una importante
proporción sea “en blanco”- con la contrapresentación de las facturas y boletas
que permiten el acceso al crédito, y que por ello tributa al mismo sistema
jubilatorio que lo sostiene. De esta manera, el beneficio que pueden
proporcionar este tipo de planes, de ser bien gestionados, en lo inmediato es
doble: por la renta obtenida más el
aumento de aportes por la generación de empleo. Y, por tratarse de una
inversión conservadora, el capital no está puesto en riesgo, ya que se
encuentra respaldado por las garantías hipotecarias sobre las construcciones
que se están realizando.
En segundo lugar, hay que garantizar –en lo mediato- que el flujo de
aportes continúe, ya que será lo que garantice el cobro del beneficio a quienes
hoy aportan al sistema. Y esto se logra no sólo promoviendo la empleabilidad,
sino mejorando la calidad del trabajo futuro. O sea, invirtiendo en la
generación de puestos de trabajo estructural, y en educación. Por un lado, por
ejemplo, sosteniendo planes para impulsar a pequeños emprendedores (las PyMEs
son las mayores generadoras de empleo), o para la instalación de nuevas
industrias y el mejoramiento de las ya existentes. Y por otro, para el
mejoramiento de la calidad de la educación, lo que redundará en el mejoramiento
de la calidad del empleo. En este caso, un ejemplo de acción directa es el Plan
Conectar Igualdad, pensado para que cada niño acceda a su PC, y se la utilice
como instrumento de aprendizaje en las aulas; y otro, indirecto, es la
Asignación Universal por Hijo, que permite controlar –a la vez que sostener- el
cuidado de la salud y educativo de niños económicamente más vulnerables: los futuros
trabajadores.
No pretendí ofrecer una explicación técnica de nuestro sistema jubilatorio
y sus alcances actuales y futuros. Sólo aportar un poco a la comprensión de su
lógica, ya que las discusiones que están sosteniéndose desde los medios, y se reproducen
en la calle, parecen desconocerla. Si lo he logrado, es justo lo que buscaba.
¿Y el 82% móvil? Por supuesto que esta es una lucha con la que estoy de acuerdo. Y no se debe claudicar en el pedido. Pero lo anterior no debería contraponerse a esto: los planes de inversión son parte de la construcción de su factibilidad, si aún no es posible. Y si ya es posible, es una inmoralidad no hacerlo.
