lunes, 6 de junio de 2016

A 4 años de la anulación de una condena que volvió, no nos olvidamos de Carrera


 

No nos olvidemos de Fernando Carrera

 

Hace 4 años –el 6 de junio de 2012- salió

el fallo de la Corte anulando

la condena contra Fernando Carrera.

Pero la historia no terminó.

Por Viviana Taylor

 

La mañana del 26 de enero de 2006 amanecimos con el impactante relato de una loca carrera que había terminado con la vida de un niño, su madre y otra mujer.

La historia de lo ocurrido, como en tantas otras, puede ir diluyéndose progresivamente, hasta que –finalmente- ya poco quede por recordar. Pero, en este caso, bien vale la pena hacer un esfuerzo, porque los detalles son los que cuentan.

Cerca de las 13 hs, un militar y su hijo adolescente salían de una sucursal de la Banca Nazionale del Lavoro en Morón, de donde habían sacado dinero en efectivo. Al parecer, fue desde allí que los siguieron dos ladrones –en un Peugeot 205 blanco- hasta Villa Lugano. Cuando el militar y su hijo bajaron de su propio auto fueron sorprendidos por los ladrones, con quienes forcejearon, y el militar declaró que durante ese forcejeo le disparó a uno de ellos desde una corta distancia aunque erró, y que cuando quiso volver a hacerlo se le trabó el arma. Ante la amenaza de que iban a matar a su hijo, les entregó el dinero: los ladrones volvieron a subir al Peugeot 205 blanco y huyeron.
En ese momento, el sobrino del militar (estaban frente a la casa de su hermana) salió a la calle y le ofreció a su tío salir a perseguirlos: se subieron nuevamente al auto, y los siguieron a toda velocidad.
Mientras tanto, algunos vecinos ya habían alertado a la policía de lo que estaba ocurriendo, de modo que llegaron a la zona varios patrulleros de la Comisaría 52.
Por celular, su hermana se comunicó con el militar para preguntarle por dónde estaban, y le comunicó a los policías que iban hacia Pompeya, quienes a su vez avisaron a las Comisarías 34 y 36.
Fue justamente en Villa Lugano donde el militar y su sobrino perdieron de vista el auto con los ladrones a los que perseguían. Pero minutos después, un policía dijo haberlo visto muy cerca del Puente Uriburu, que une a la Ciudad de Buenos Aires con el Partido de Lanús. Fue por este aviso que la policía cerró el acceso al puente para evitar su huida hacia la Provincia de Buenos Aires.
 
Según se contó en los medios, versión que reprodujeron de la que les dio la policía, en ese lapso uno de los ladrones se bajó del vehículo con el dinero. Este no fue un hecho que constataron sino uno que supusieron, ya que cuando volvieron a verlo sólo estaba el conductor, y cuando revisaron al automóvil no había rastros de lo robado.

También, según cuentan estas mismas versiones, en ese momento el ladrón que había quedado en el vehículo dobló de contramano por la avenida Sáenz, hacia la estación del tren, y pisó a fondo el acelerador. A más de 100 km/h de contramano- pasó un semáforo en rojo e intentó hacer lo mismo con otro, en el cruce de la Avenida Sáenz y Esquiú, frente a la Basílica que está en el barrio de Pompeya. En ese cruce atropelló a un grupo de personas, provocando la muerte de un niño de 6 años, su madre y otra mujer, hiriendo a una mujer embarazada, y dejando en plena crisis de nervios a la abuela del niño y a la hija de la mujer embarazada. Después chocó contra una Renault Kangoo en la que viajaban dos hombres de nacionalidad coreana –que también quedaron heridos-  y fue por esto que la policía pudo alcanzarlo.

 
 
Según cuentan las versiones, el ladrón quedó atrapado dentro del coche, y se produjo un tiroteo entre él y tres policías que lo venían persiguiendo en un Renault 9. El ladrón quedó gravemente herido por un disparo en el pecho (luego se constató que fueron ocho) y otro en la cara. Eran las 13:50 hs del martes 25 de enero de 2005.
 
Fernando Carrera se enteró de que estaba detenido y había sido acusado de este crimen cuando se despertó en el hospital. Y en el año 2007 fue condenado a 30 años de prisión, condena que cumplía en Marcos Paz.

Pero la historia no terminó allí: Carrera juró y perjuró que era inocente. El cineasta Enrique Piñeyro se interesó por su causa y logró reunir evidencias suficientes para probar no solamente que su condena había sido injusta, sino que no se debía a un error dado que la causa había sido deliberadamente armada para condenarlo. Con estas pruebas armó un relato que se plasmó en su documental El Rati Horror Show.

El escándalo que provocó la aparición de este documental tuvo mucho que ver en la revocación de la sentencia, que se logró el 5 de junio de 2012, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la sentencia a 30 años de prisión, y ordenó revisar el caso.

 

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Eugenio Zaffaroni habían admitido el recurso de queja extraordinario, señalando que los damnificados  por el robo (que, no olvidemos, habían forcejeado con los ladrones, a quienes tuvieron cara a cara) no reconocieron a Carrera ni al arma que le secuestraron. La defensa argumentó, además, que el arma no había sido secuestrada, sino plantada: argumento que queda reforzado por el hecho de que no se pudo constatar ningún otro disparo además de los que realizó la policía. El tan mentado tiroteo nunca existió: todos los disparos provinieron del mismo lado.
Los magistrados también objetaron que esté probada “la existencia de sirenas durante la persecución policial y que (el acusado) condujo el vehículo en pleno control como también que disparó contra las fuerzas policiales y tuvo en su poder el arma secuestrada”. En la persecución Carrera recibió un disparo en la cara, según detalla el texto del voto de Zaffaroni: esto podría haberle afectado la conciencia, perturbando “su senso-percepción y en particular su juicio crítico, su atención y fijación”. Lo que explicaría que optara por huir, ante el temor de ser asesinado.
Además, el auto con el que circulaba Carrera resultó ser de una marca distinta a la del que venían persiguiendo, algo que también observó Zaffaroni.
Por su parte, la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, decidió revocar los sobreseimientos administrativos que beneficiaban a los oficiales implicados.
 



Pero la historia tampoco terminó ahí. Y no es que sigue abierta porque los culpables del robo, los heridos y los muertos no hayan sido identificados. No terminó porque el 12 de agosto de 2013 la Sala III de la Cámara Federal Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Liliana Catucci y Ana María Figueroa, volvió a considerar que Carreras fue autor de aquel hecho, encontrándolo culpable por "tres homicidios culposos agravados por haber sido ocasionado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y la cantidad de víctimas, lesiones culposas, portación ilegítima de arma de guerra y robo con armas". Con argumentos absurdos y negándole el derecho a no declarar de todo acusado, los camaristas Borinsky y Figueroa votaron por condenarlo a 15 años; y Catucci propuso una condena de 20 años. Así, Carrera fue condenado a 15 años de prisión (sin pedido de detención) por lo que Carrera podría volver a prisión si el fallo queda firme.
La defensa presentó un recurso extraordinario ante la Corte. Su versión es que Carrera escapó pensando que lo seguían ladrones -los policías no estaban identificados-, que la sirena no se escuchó en medio del tráfico de Pompeya, que le plantaron un arma y que recibió un tiro mientras conducía que lo dejó inconsciente al frente de un auto sin control. Sobre el nuevo fallo de Casación.


El miércoles 26 de agosto de 2015, la procuradora fiscal ante la Corte Suprema Irma Adriana García Netto, dictaminó que resultaba procedente el recurso extraordinario interpuesto por la defensa.


 En caso de que la condena quede firme, y la Corte Suprema no se juegue en declararlo inocente –como estuvo en su poder hacerlo y prefirió la tibieza de pedir la revisión de la sentencia- esta es una de las ocasiones en que se debería apelar al indulto presidencial. Y –lamento decirlo, pero más lamento la certeza con que lo creo- no le veo pasta a este presidente para honrar a la Justicia con semejante decisión. Queda esperar (tanto ha esperado ya Carrera…) que cuando llegue la confirmación de la sentencia sea fuera de un mandato con las características de este gobierno, y lo haga en uno de corte más popular, con una perspectiva democrática, democratizadora y democratizante de la Justicia: una Justicia para todos.

Mientras tanto, Carrera sigue padeciendo esta  justicia que no hace Justicia.
Y con él, todos somos víctimas.

Por Viviana Taylor
 

sábado, 4 de junio de 2016

Ni Una Menos 2016 - San Miguel


Ni Una Menos
3 de junio de 2016
Plaza de San Miguel – Buenos Aires
 


Por Viviana Taylor
Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, los números abruman. Pero no por abrumantes vamos a dejarlos de lado: es necesario que tomemos conciencia –todos y todas, de una vez- de lo que estamos hablando. O no vamos a poder enfrentarla.
Tenemos registros sistemáticos sobre femicidios recién desde 2008, cuando finalmente les pusimos nombre. Desde entonces, y hasta el 3 de junio de 2015 –cuando se hizo la primera marcha “Ni Una Menos”- se registraron 1808 femicidios y femicidios vinculados, que son los asesinatos de niñas y mujeres en venganza hacia otra, que es la destinataria principal de la agresión, y a quien se le quiere infringir un daño permanente. Estas niñas y mujeres, asesinadas para dañar a otra, tenían entre meses hasta 98 años. Y entre las víctimas de femicidio, el 63% de tenían entre 19 y 50 años, y el 15% de ellas ya había denunciado al agresor. No sólo ese 15% no pudo defenderse con su denuncia, sino que hubo un 85% de mujeres que no se animaron a denunciar lo que les sucedía: nadie supo lo que les estaba pasando. Y si alguien supo, tampoco pudo – supo – o quiso hacer nada.
Además,  el femicidio tiene víctimas invisibles: los 138 niños y varones que entre 2008 y 2015 fueron asesinados en venganza contra mujeres, o cuando se interpusieron entre ellas y sus agresores para defenderlas. Hijos, hermanos, parejas, padres, vecinos que ya no están.
También son víctimas invisibles los 2518 niños y niñas que se quedaron sin madre.

Entre 2008 y la marcha Ni Una Menos del 2015, moría una mujer cada 42 horas. Podríamos sospechar que desde entonces los casos deberían haberse espaciado, o al menos el lapso entre uno y otro debería haberse mantenido. Pero no fue así. Paradójicamente, entre aquella marcha del año pasado y esta, los femicidios se han acelerado: muere una mujer cada 31 horas. El castigo por boconas, por desobedientes, por rebeldes, por contestatarias, por desafiantes, redujo el plazo en 11 horas entre una marcha y otra, entre una víctima y otra. Estamos siendo asesinadas más mujeres, más rápidamente.
Entre el Ni Una Menos del año pasado y este Ni Una Menos, se registraron 286 nuevos femicidios.  69 de ellos fueron vinculados: hijas, madres, hermanas, abuelas asesinadas para castigarnos. Y los niños y hombres víctimas de femicidio vinculado llegaron a 24. Quedaron sin madre 317 niñas y niños.
Y sólo estamos hablando de los casos registrados. La mayoría de las mujeres que murieron días después de la agresión, por las lesiones provocadas, no figuran en ellos: en muchos certificados de defunción la “muerte por paro cardiorrespiratorio” sigue ocultando las verdaderas causas. Algunos más se confundieron –u ocultaron- como accidentes. Y otros tantos desembocaron en suicidio. Todas ellas fueron víctimas de femicidios que nadie considera como tales.
En este mismo año que separa una marcha de otra, también se cometieron 8 travesticidios registrados. Un registro en el que no se cuentan todas las otras causas que provocan que las travestis padezcan una expectativa de vida inaceptable y significativamente más baja que el resto de la población: apenas 35 años.
Tampoco figuran en los registros todas las mujeres, los niños y niñas, los hombres atacados al defenderlas, y las travestis que –no habiendo muerto- deben cargar con lesiones físicas y psíquicas que los han marcado de por vida.
Ni están las Romina Tejerina. Todas esas chicas que, como Romina, no fueron ni son escuchadas, no fueron ni son cuidadas de quien las acosa. Si Romina hubiese sido escuchada, probablemente no habría sido violada. Si no hubiese sido violada, no habría quedado embarazada de su violador. Si al menos en ese momento hubiese sido escuchada o cuidada, si alguien hubiese acompañado su embarazo o si hubiese tenido la posibilidad de interrumpirlo, no habría parido sola en el piso del baño de su casa. Si no hubiese parido sola, aterrorizada, en el piso del baño, no habría matado a su hija para ocultar el embarazo de su violador. Si no hubiese matado a su hija, no habría sido sentenciada en un juicio en el que tampoco se la escuchó ni se la cuidó. Y cuando fue liberada después de 9 años de estar presa, no habría tenido una crisis pidiendo a los gritos, desesperada, que volvieran a encerrarla. En ningún registro están todas las Rominas que cargan en su conciencia con la culpa que no les corresponde por del delito del que han sido víctimas. Mientras los victimarios gozan de una libertad que no merecen, y de la que se valen para seguir dañando.
Tampoco están en el registro todas las mujeres que han muerto por un aborto inseguro, porque todavía no tenemos una ley de aborto libre, seguro y gratuito que nos ampare. Una falta que castiga a las mujeres pobres. Porque la clandestinidad con que se realizan los abortos a la que nos condena una ley injusta y de espaldas a la realidad que los prohíbe, es sólo una parte del problema: las mujeres que podemos pagar, somos atendidas en las condiciones que el procedimiento requiere, con total seguridad, para interrumpir nuestros embarazos con un médico, en una clínica privada. El aborto mata por clandestino, pero más mata por inseguro: a todas esas mujeres que lo resuelven como pueden, en las condiciones que pueden, con quien puede ayudarlas o solas. Mujeres que muchas veces terminan en la guardia de un hospital público, donde intentan salvarles la vida por las consecuencias de los malos procedimientos y las infecciones por haberlos realizado sin condiciones de asepsia. Víctimas de la ausencia de una ley, que tampoco figura como verdadera causa de muerte en los registros.
Los abortos inseguros son un inmenso, terrible problema de salud pública: son la primera causa de muerte materna. La primera: mueren 55 mujeres cada 100.000 nacimientos. Y se los cuenta por nacimientos porque no sabemos cuántas mujeres mueren por cada aborto: lo que es clandestino no se cuenta, no se registra, no existe. Como tampoco contamos ni registramos a quienes sobreviven con secuelas irreversibles. Ni llevamos estadísticas sobre las consecuencias  de cargar con el peso de sentir que han cometiendo un delito que soportan muchas mujeres, hayan interrumpido su embarazo de un modo seguro o inseguro, con cuidados médicos o sin ellos. Necesitamos YA una ley de aborto libre, seguro, gratuito, para enfrentar este tremendo problema de salud pública que está siendo desatendido.
Por eso también necesitamos, y reclamamos, el cumplimiento efectivo de la Ley 26.150, que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Su aplicación no puede ser prerrogativa de los funcionarios, ni atribución de los inspectores, ni decisión de los directores en cada escuela, o del maestro o profesor en cada aula. La educación y la información son derechos humanos irrenunciables. La Educación Sexual Integral es mucho –mucho- más que anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Tiene que ver con nuestra formación integral como personas. Y a la luz de lo que hoy nos reúne, sería un lujo discutir si la estamos necesitando. Un lujo que no podemos darnos.
Tampoco están en los registros todas las Laura Iglesias. Laura era una trabajadora del Patronato de Liberados Bonaerense, que fue asesinada para callar lo que estaba investigando y sabía, por los policías que debieron cuidarla. Hoy hay un condenado por su violación y asesinato, pero no es el único culpable: fue la mano ejecutora de sus asesinos. No habrá Justicia para Laura mientras todos los culpables no estén todos condenados, ni habrá Justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia institucional mientras no se condene a todos los victimarios y ni se erradiquen las causas que la posibilitan.
Por esto pedimos –exigimos- el efectivo cumplimiento de la Ley 24.485 de Protección Integral a las Mujeres, contra todas las formas de violencia. Y así como denunciamos en su momento el cierre de la Oficina contra la Trata de Personas en Ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri era su Jefe de Gobierno, hoy denunciamos la continuidad de este proceso de desprotección de las mujeres siendo presidente. Proceso que se verifica en el desmantelamiento de la Dirección de Asistencia a las Víctimas de Abuso y de la Secretaría de Salud Reproductiva, en el despido de trabajadores que atendían estas tareas específicas, y en el desfinanciamiento de los programas de atención a las víctimas que, entre otras cosas, ha dejado sin hogares a las víctimas de la violencia familiar y de la trata que no pueden volver a sus casas. Las Marita Verón tampoco forman parte de este registro. Pero allí están: no las vemos, pero nos pesan y las contamos en la repetición de sus ausencias.
De la misma manera exigimos a los gobiernos municipales que se comprometan y responsabilicen en garantizar estos derechos. Intendente Joaquín De la Torre, San Miguel necesita una urgente respuesta a estos problemas. Las víctimas no pueden esperar: les cuesta la vida. A 318 ya les ha costado en un año. Y este es el apenas el número de las que hemos registrado.
Registros en el que son demasiadas las que no están. Como tampoco está Milagro Sala, una líder comunitaria india, pobre, rebelde, malhablada, prepotente, indómita, que no se ha sometido al poder patriarcal, conservador, de una provincia con resabios feudales, como gran parte de nuestro norte argentino. Milagro Sala, detenida sin causa, sin proceso, sin condena, por orden y a disposición del gobernador de Jujuy Gerardo Morales, un delincuente y secuestrador, a través de una práctica habitual durante la dictadura cívico-militar, más propia de ella que de estos tiempos democráticos. Milagro es una presa política. Y la violencia política es una forma de violencia. Y todas las formas de violencia contra las mujeres –lo sabemos porque la experiencia nos lo ha enseñado- si no es detenida avanza en escalada, y termina en femicidio.
Por eso exigimos, gritamos, basta de violencia.
Basta de todas las formas de violencia contra todas las mujeres.
Ni una menos
Vivas nos queremos

Por Viviana Taylor
Educación y Territorio en San Miguel
(Agrupación Política)