viernes, 24 de agosto de 2018

La entrega del Poder Judicial argentino a EEUU


Entre embajadores, jueces y juristas
La entrega del Poder Judicial llave en mano

Viviana Taylor



Entre allanamientos viciados de ilegalidad, presos políticos, fotocopias seleccionadas de páginas escogidas de improbables kuadernos, legiones de aportantes truchos entre afiliados insuficientes, marchas invisibilizadas, escuelas cerradas durante 3 semanas por inseguridad edilicia que no escandalizan a quienes se proponían como voluntarios docentes para romper 3 días de huelga; mientras silban balas de represión que a veces son de goma, y otras matan por la espalda; entre supermercados vacíos y comedores populares llenos…   
En medio de un clima en el que no habiendo pan abunda el circo, y mientras se nos vuelve familiar esa palabra -lawfare- hasta hace poco desconocida, recuerdo que en 2014 escribí una serie de posteos en los que puse el foco de análisis sobre algunos de los modos en que Estados Unidos coopta voluntades en favor de sus intereses, promoviendo y estableciendo sus relaciones de política exterior, particularmente con Argentina:


No era novedad por entonces, y mucho menos lo es ahora, que el sistema capitalista mundial está atravesando una crisis estructural integral.  Para evitar ser arrastrado por ella, Washington ha apelado a dos estrategias complementarias: 
·                     En principio, la utilización de la guerra como mecanismo de disciplinamiento de la población mundial, con el fin de generar cambios geopolíticos en todo el mundo, a través de operaciones irregulares, clandestinas, y encubiertas, que incluyen a la guerra psicológica, cibernética, y mediática (es lo que llamamos guerra de cuarta generación)
·                     Consecuentemente, la intensificación de una diplomacia de guerra, ampliado sus redes globales de inteligencia para espiar aliados, adversarios y aún a sus propios ciudadanos.

Sólo en el marco de esta diplomacia de guerra puede comprenderse que en marzo de este año, al exponer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense para ser aprobado como nuevo embajador en Argentina, Edward Prado haya expresado que su llegada a Buenos Aires tendría como misión “mejorar el sistema judicial”. Misión que desde el punto de vista de los intereses soberanos de los argentinos excede las funciones de cualquier representante diplomático, a la vez que desnuda groseramente la matriz de coloniaje con que el gobierno de  Estados Unidos aborda sus vínculos de política exterior.
Sus palabras textuales fueron: “Sé cuán importante es el Estado de Derecho y cuán importante puede ser una rama judicial fuerte e independiente para un país que va a ser una democracia sólida.” (…) “Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”.  Testimonio que consta en la transcripción del Senado.

Al ser consultado por el presidente del Comité, Senador Rubio, y por el Senador demócrata Cardin sobre el atentado a la AMIA y la muerte del exfiscal Nisman, después de destacar que el gobierno de Macri está avanzando con la investigación, respondió: “Espero poder ayudar en este proceso en todo lo que se pueda con la asistencia que podamos brindar”.
A pesar de que lo esperable (y deseable) habría sido que estas palabras generaran malestar entre los jueces y abogados argentinos, y al menos una rectificación de algún funcionario del gobierno acerca de que, dada la republicana separación de poderes en el país, las causas sobre el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman no están en sus manos sino en las del Poder Judicial, y que no se espera ese tipo de injerencia de un mandatario extranjero, apenas tuvieron algún eco mediático menor, sin consecuencias.

Sin embargo, no las pasemos de largo tan rápidamente. ¿Es casualidad que el ahora embajador Edward Prado haya tenido una larga carrera judicial, al punto de que llegó a ser mencionado como candidato para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿O fue elegido justamente por eso?
Cuando dice que su “intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina”, ¿sólo se refiere a sus visitas en 2002, cuando llegó por primera vez invitado por el grupo Justicia en Cambio, integrado por Germán Garavano, Highton de Nolasco y Santiago Otamendi entre otros, a la de 2009 cuando participó de una charla sobre Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires, a la de 2012 a la que corresponde esta fotografía, y la de 2016 para un seminario de juicios por jurados organizado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y otro en la Provincia de Neuquén? ¿O no hace alusión a sí mismo sino a la intervención que Washington viene realizando hace años sobre el sistema judicial argentino? 


Quizás para muchos la idea de este tipo de intervención sea fruto de una pura ficción conspirativa. Sin embargo, esta ceguera ante lo evidente es refutada por las pruebas que se van sumando y son afanosamente alimentada por los formadores de opinión aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense a través de sus embajadas, como ha quedado revelado por  las filtraciones divulgadas por Assange y Snowden, que han dado cuenta de la compleja red de organismos que articulan sus acciones en torno del espionaje, la formación de cuadros políticos y dirigenciales, y la desestabilización de gobiernos y economías.
A quienes les interese profundizar sobre el fundamento de estas afirmaciones, los invito a releer los tres posteos que cito más arriba, que son su marco contextual de interpretación. Aquí, en cambio, me focalizaré específicamente en una serie de hechos del pasado reciente que implican directamente al poder judicial, y que le dan un sentido más profundo -y preocupante- a las palabras de Prado, y al modo en que se entraman con la actualidad política. 

Según consta en los cables de la embajada estadounidense en Argentina, filtrados por WikiLeaks, el 27 de enero de 2006, el presidente de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti asistió a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Durante la reunión, el entonces embajador Anthony Earl Wayne le preguntó si el presupuesto judicial alcanzaba para que el sistema funcionara bien, a lo que Lorenzetti respondió que la falta de recursos le impedía adquirir la “tecnología” necesaria para mejorar la eficiencia del sistema.

En una nueva reunión que tuvieron casi dos años después, el 15 de noviembre de 2007, Lorenzetti ya no hablaba de falta de recursos: el gobierno de Néstor Kirchner había destinado fondos adicionales para la inversión en tecnología, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le proveía la asistencia técnica necesaria para aportar asesores para el proyecto. 
De lo que sí habló Lorenzetti fue de su agradecimiento por los especialistas que había aportado la embajada de Estados Unidos, a quienes les había permitido el acceso a la red informática del sistema judicial argentino, comprometiendo la seguridad del sistema frente a una potencia cuya afición al espionaje ya era harto conocida.

No fue esa la única vez en que Lorenzetti le solicitó recursos a la Embajada de Estados Unidos. En aquella misma reunión del 27 de enero de 2006, también le anunció al embajador su interés por ser el anfitrión de una conferencia judicial panamericana, similar a la que la Corte Suprema de los Estados Unidos había organizado en 1995, con financiamiento de la USAID. Obviamente, para solicitar algo así, Lorenzetti tenía que estar seguro de la relevancia que para la USAID –y para la embajada, que intercedería en su pedido- podría tener una reunión de ese tipo. Sobre todo porque no había sido tímido para solicitar financiamiento: pidió que se incluyeran los gastos de traslado y estadía de los juristas de todos los países de la región.
A pesar de la aparente desmesura del pedido, debe haber sido efectivamente de interés para la USAID porque la Conferencia de las Cortes de las Supremas Cortes de las Américas se realizó. Pero en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no consta cómo fue financiada.


¿Podría haber existido alguna traza de ingenuidad en Lorenzetti frente a sus pedidos a la embajada?
Sería rara una ingenuidad de ese tipo abrigada por alguien que llega a un puesto tan alto como el de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se las arregla para -a pesar de y contra todo- seguir siéndolo.
Pero hay una razón más fuerte que abona el argumento en contra de cualquier posibilidad de ingenuidad: en enero de 2010, la por entonces diputada PRO Gabriela Michetti le informó a la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez sobre la existencia de un grupo de políticos opositores, jueces y empresarios que se reunían en secreto con Lorenzetti. Y la invitó a conocerlos, además de pedirle que les sugiriese una lista de especialistas que pudieran asesorarlos sobre temas de interés para la embajada. Sí, leyó bien: no de interés para Argentina, sino para Estados Unidos. Tiempo después sabríamos, por Mauricio Macri, que el grupo tenía nombre: Círculo Rojo.
No fue casualidad, entonces, la tibieza tardía de las expresiones de Lorenzetti sobre las demandas de los fondos buitre durante el gobierno de Cristina, ni son casualidad las cada vez menos discretas reuniones secretas con el presidente Mauricio Macri, del mismo modo que ni ahora ni antes son casualidad los aprietes desvergonzados que recibía y recibe desde las pantallas del poder mediático cada vez que podría tomar alguna distancia con las decisiones que el Círculo considera aceptables.


Fue sobre todo gracias a sus buenos oficios, al abrirle la puerta grande a través de los especialistas que le proveyó, que la USAID logró intervenir directamente en la capacitación tecnológica de personal del sistema judicial argentino. Y es prudente sospechar que, si no lo hackeó, es porque no necesitó hacerlo dado que contó con el acceso directo a su red informática.  
USAID que, tal como ya detallé, concentra en Argentina una red de organizaciones, fundaciones, académicos, periodistas y políticos que operan por su cuenta y orden. Tal como lo hace en cada país de América Latina, librando una lucha denodada contra sus políticas soberanas, los gobiernos populistas, y dirigentes políticos y sociales que representan los intereses populares. Desde el propio corazón de la República, entregada llave en mano.


Viviana Taylor



martes, 19 de diciembre de 2017

Reformas previsional, tributaria y laboral. La tríada expoliatoria

La Saga Continúa
(No hay dos sin tres)

Viviana Taylor


Finalmente, esta madrugada se aprobó una de las leyes necesarias para concretar la transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad hacia las élites concentradas del poder real. Digo que una de las leyes necesarias porque este pretendido ahorro conduce a un botín todavía mayor. Y la vía de transferencia de ese botín hacia las arcas de los ladrones se intentará habilitar a través de la reforma tributaria.
No es casualidad que esta misma tarde se debata la segunda ley de esta tríada expoliadora: la reforma tributaria contiene un artículo que es el tiro de gracia para desfinanciar la ANSES. Tríada que intentarán completar con la reforma laboral.


Voy por partes. Pasemos a los datos para que quede más claro de qué estoy hablando.

La ANSES se ocupa del pago de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo, seguro de desempleo, pensiones no contributivas, retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de los Veteranos de Malvinas, más otros gastos de seguridad social.
Los fondos para responder a estos gastos se conforman con los aportes de los trabajadores, las contribuciones patronales, más un porcentaje de la recaudación de ganancias (20%), del IVA (11%) y otros impuestos (combustibles, adicional a los cigarrillos, etc).
Esta tarde (la sesión está llamada para las 17hs) se intentará aprobar la reforma tributaria. Aunque merecería mayor dedicación, me voy a concentrar en un artículo que está pasando inadvertido en la mayoría de los análisis, pero que revela su extraordinaria importancia a partir de la reciente aprobación del robo a jubilados, pensionados y beneficiarios de la seguridad social. Justamente, esta artículo habilitará a que quienes pagan impuesto a las ganancias puedan derivarlo a un fondo de pensión privado. Dicho en otras palabras: si de mi sueldo se descuentan $1000 por ganancias, puedo solicitar que esos $1000 sean transferidos a una cuenta de un fondo de retiro con capitalización individual. O sea, a las viejas AFJP.
Parece un beneficio. Y de los grandes: el impuesto de todos modos me lo descuentan, así que si puedo transferirlo a un fondo de pensiones es como si me regalaran una pensión futura por la que no tengo que pagar nada adicional. ¿Qué puedo perder? Suena tan ventajoso que hasta San Cayetano desconfiaría.

Primero, lo que podés perder -en lo inmediato- es resultado de que este artículo es casi una confirmación de que cuando este gobierno accedió encabalgado en la promesa de la eliminación del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, mintió. Si tuviese alguna intención de eliminarlo, este artículo no tendría razón de ser, salvo que hayan cometido un error. Y en cuestiones económicas y financieras no cometen errores: aún en las decisiones más desastrosas para el colectivo, en lo personal nunca salen desfavorecidos. De hecho, es más bien todo lo contrario.

Si estás pensando que “perdido por perdido, por lo menos lo capitalizo”, pasemos a lo segundo: esos $1000 se transfieren a una AFJP (voy a llamarle de este modo porque es un nombre que ya tenemos internalizado, aunque seguramente le pondrán otro para intentar fisurarlas de nuestra experiencia) que cobrará una comisión por su administración. Cuando las hubo, la comisión promedio era del 30%. O sea que nos quedan $700, suponiendo que la comisión ya incluya “otros gastos administrativos”. Esos $700 son invertidos por la AFJP y lo que generen depende de la rentabilidad. La GRAN ESTAFA argentina fue que muchos de estos fondos manipulaban las inversiones a su conveniencia: invertían en acciones que si generaban ganancias pasaban a formar parte de su propia cartera, mientras las que generaban pérdida eran transferidas a los fondos de pensión. O sea, esos $700 a veces rendían alguna ganancia, muchas veces rendían pérdida (ya que eran los que realmente corrían el riesgo de la inversión), y como resultado las más de las veces si quedaba un saldo positivo no alcanzaba para compensar la pérdida por inflación. Este es un régimen que sólo funciona en sistemas económicos estables con tendencia a la prosperidad, en los que se aporte el máximo tiempo posible con la mínima sobrevida esperable. La razón es simple: esos fondos se agotan. Cuando mes a mes se retira lo programado, la cuenta va bajando. Es un régimen de capitalización individual: si uno deja de aportar y comienza a retirar, sucede lo mismo que con cualquier cuenta de ahorro. Y esto considerando que estamos contando con administradoras honestas, por supuesto.

Tercero: Mauricio Macri ganó la presidencia prometiendo que “no te vamos a quitar nada de lo que tengas”, así que nadie está hablando de que te vayan a quitar tu derecho a la jubilación. O sea que, puedas o no acceder al régimen de capitalización individual, vas a poder jubilarte. O algo así: seguramente habrás oído cuánta prensa le están haciendo a una “pensión universal a la vejez”. Para mí, que soy una obsesiva del lenguaje, si se dice de otra manera se trata de otra cosa. Pero son cosas mías… y todavía no la han legislado. Todavía: ayer en el debate fue el caballito de batalla de Carrió y varios de sus secuaces, así que cuando llegue el momento, agarrate si todavía te queda algo de dónde hacerlo. Lo concreto, HOY, es que según la ley que se acaba de aprobar vas a jubilarte con un haber menor al que se calculaba hasta ayer, y con una movilidad también menor -incluso inferior a la inflación- lo que va a llevar a que ese haber ya degradado siga degradándose progresiva y sostenidamente. Claro que si tenés un ingreso adicional por el régimen de capitalización individual al que transferiste tus impuestos por ganancias, por ahí compensás… Siempre va a ser mejor tener algo más que no tenerlo (bah, depende de qué tengas, pero pongámosle). Pero…

Cuarto: Como el impuesto a las ganancias financia en parte los fondos de la ANSES, cada trabajador que lo transfiera a una cuenta de capitalización individual va a estar sacándoselo. O sea, los va a estar descontando del fondo que financiará su jubilación: la única que tiene asegurada por ley de por vida, porque es un régimen solidario de reparto, y no de capitalización individual. Cuando te jubiles (o te otorguen la pensión a la vejez, lo que sea que eso signifique) y ese fondo esté totalmente desfinanciado, entre otras cosas (como la reiteradamente anticipada quita a los aportes patronales) porque los trabajadores transfirieron ese recurso a las administradoras, ¿va a ser capaz de compensar con lo que te quede después de la apropiación por parte de las aseguradoras de ese dinero que les transferiste? Ya va a ser tarde para darte cuenta de que en realidad lo que estuviste haciendo fue colaborar en transferir a las AFJP fondos cuyo destinatario era la ANSES. Fondos que, si no hubieses transferido, te habrían garantizado un mejor haber jubilatorio, pérdida que de ninguna manera se compensará con la miseria que te van a dar, ni guardará proporción razonable con lo que transferiste. En ese momento, quizás hasta agradezcas que la acumulación de pérdidas/estafas no te obligue a ser vos quien tengas que seguir pagándole a la AFJP por el saldo negativo en tu cuenta. Esperemos.

Este artículo, casi inadvertido, de la ley de reforma tributaria que se debatirá esta tarde en Diputados, es la instalación del caño por el que se desagotarán parte de los fondos de la ANSES hacia las administradoras de seguros de jubilaciones y pensiones. Sumale la quita a los aportes patronales, y la combinación es fatal.


Lo interesante va a ser ver quiénes van a estar en primera fila para constituir esas administradoras. Aunque no creo que sea difícil preverlo. La historia nos puede ayudar, porque hay nombres que se repiten.
En la década de 1990, con el segundo desembarco de las recetas neoliberales a nuestro país (el primero había sido con José Martínez de Hoz en 1976), comenzó a instalarse el criterio de que la previsión social no debe tener como función la redistribución de ingresos sino el fomento del mercado de capitales a través de un régimen obligatorio de capitalización individual. El allanamiento de ese camino hacia la privatización del sistema previsional lo inició el entonces Ministro de Trabajo Jorge Alberto Triaca, padre del actual ministro de quien heredó mucho más que su nombre, durante la presidencia de Carlos Menem.
De las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, en 2008 sólo quedaban 10, 4 de las cuales eran propiedad de bancos y 2 de compañías de seguros. Estas 10 compañías constituyeron un oligopolio que les permitió mantener costos altos (como dije antes, un 30% promedio como comisión de administración) sin mejora de servicios.
Cuando el Estado necesitó endeudarse lo hizo vendiéndoles a las AFJP bonos con tasas de interés muy altas. Esta colocación de bonos alimentó el proceso recesivo, ya que a los bancos les convenía prestarle dinero al Estado a través de sus AFJP antes que al sector privado, que tenía enormes dificultades para poder conseguir préstamos a tasas que no fueran exorbitantes. Todo parecido con el caso de las LEBACS no es pura coincidencia, sino continuidad ideológica y estratégica.
A lo largo de este proceso de depredación, la AFJP se apropiaron de unos 100 mil millones de dólares de comisiones (un número que se repite, aunque en pesos, en el nuevo robo a los jubilados que esta madrugada se acaba de legalizar). Como consecuencia, sólo el 23% de los jubilados por este sistema pudo cobrar enteramente sus haberes de las AFJP.
Paralelamente, se desguazaba el sistema de reparto: en sus tiempos de Ministra de Trabajo, Patricia Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13% a los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones cuyos montos fuesen mayores a 500 pesos argentinos convertibles a dólares estadounidenses. Durante su gestión, el desempleo se elevó del 15 al 25%, agravando más el desfinanciamiento del sistema de jubilación estatal. Esta vez a Bullrich no le tocó estar del lado del Ministerio de Trabajo, vehiculizando estas supuestas reformas que no son más que una brutal transferencia de recursos al sector financiero: le tocó comandar la represión salvaje para contener la protesta social.


¿Cómo les fue posible hacerlo? 

Las AFJP estaban fiscalizadas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Ministerio de Trabajo. Lejos de vigilar que cumplieran con las leyes respecto de los aportes jubilatorios y las pensiones, la Superintendencia hizo vista gorda a las irregularidades y les condonó las multas millonarias fruto de estas irregularidades.

Posteriormente, terminado el ciclo de complicidad favorecido por el modelo neoliberal sostenido por Menem y De la Rúa, durante la presidencia de Néstor Kirchner y la primera de Cristina Fernández de Kirchner hubo investigaciones judiciales por delitos de índole económica contra varias empresas y AFJP por el desvío de los fondos (peligro contra el que alerto en el segundo punto de mi enumeración, más arriba).

El caso paradgmático fue la distorsión de precios de las acciones del Grupo Clarín compradas por las AFJP, que fraguó una salida a la Bolsa con precio inflado. Cuando las administradoras las incorporaron a sus carteras el precio se desplomó, con una pérdida catastrófica que se descontó de las cuentas de los aportantes. Por este delito el por entonces titular de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella presentó el 7 de julio de 2010 una denuncia penal por estafa y asociación ilícita contra el Grupo Clarín, Banco Patagonia, Consultatio y el banco JP Morgan como agente colocador. El testimonio clave para desenmascarar la operación lo aportó el ex vicepresidente del JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autodenunció por la maniobra a la que calificó como “un saqueo a las AFJP”, que había sido realizada durante los primeros meses de 2007. En ese momento, la por entonces fiscal de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó había dictaminado en contra de la oferta realizada por el Grupo, en la que había constatado irregularidades.

Finalmente, el 21 de octubre de 2008 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el proyecto de ley para terminar con el sistema de jubilaciones privadas y reemplazarlo por un único régimen estatal de reparto. “Venimos a esta reunión a dar nacimiento al sistema previsional argentino, un sistema de reparto de base solidaria y de administración estatal” dijo en su presentación Amado Boudou, titular de la ANSES e ideólogo del proyecto, al comenzar el acto. Ese mismo día fue enviado al Congreso, con la firma de la Presidenta, el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y el Jefe de Gabinete Sergio Massa.

Se entiende el odio fraguado a llama viva que el Grupo Clarín guarda para con estas personas, sus enemigas íntimas. Tanto como se entiende por qué Massa es, entre ellas, la excepción que confirma la regla.



Comencé este artículo diciendo que la ley aprobada esta madrugada es la primera de una tríada necesaria para la transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad hacia las élites concentradas del poder. Tanto es así que esta misma tarde, a las 17hs, se inicia el debate de la reforma tributaria.

La victoria que lograron esta madrugada (así como la que probablemente logren esta tarde) será indudablemente sin gloria. Una victoria lograda a golpes de extorsiones, complicidades y traiciones; a espaldas del Pueblo, con ocultamientos y mentiras que se fueron desarticulando a lo largo de la tarde y provocaron esa multitud impensada que marchó hacia el Congreso a la noche, cuando no había sido convocada más que por la convicción de su propio sentido de emergencia. Una victoria que no condice con el nerviosismo y la falta de cohesión discursiva del Presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa brindada hace apenas un par de horas, cuyo relato ya no es suficiente para ocultar lo que sucedió. A pesar de los ingentes esfuerzos de los medios cómplices.

Una victoria sin gloria.

Que sea una victoria a lo Pirro. 

Que ninguno de los extorsionadores, de los cómplices ni de los traidores salga indemne. Que carguen con el costo político que ser lanzados al ostracismo. Que sea un nuevo “que se vayan todos”, pero que esta vez lo sea en serio: que cuando cumplan su mandato no vuelvan a ser admitidos en las urnas.

Cuando seamos capaces de volver a darnos un gobierno que mire por los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad, un gobierno que no expolie los haberes jubilatorios y las pensiones mientras quita los remedios y prestaciones médico-asistenciales, que no meta la mano en la AUH mientras empuja a sus padres al desempleo y aumenta la mortalidad infantil, que no descuide a las embarazadas ni reniegue de los Veteranos de Malvinas mientras entrega a cambio de negocios propios lo que defendieron con su vida, que no desfinancie el Plan Progresar mientras cierra puertas al futuro para los jóvenes… Cuando seamos capaces de volver a un gobierno por nosotrxs y para nosotrxs, revirtamos estas leyes de la infamia, y consolidemos el Estado de Derecho en una Patria justa, inclusiva, libre y soberana.

O asumamos que nuestra falta de conciencia política y social es más fuerte que nuestra dignidad, y dejemos de cantar que “coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir”.
Viviana Taylor









martes, 31 de octubre de 2017

La dueñidad estructurante de las relaciones de poder en la Argentina


Los dueños en el gobierno
El arbitrio de la impunidad en Argentina



Por Viviana Taylor

Cuando la alianza PRO-UCR Cambiemos ganó las elecciones de 2015 en Argentina, asumió simultáneamente las funciones ejecutivas nacionales, del Gobierno de Ciudad de la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires y de la Provincia de Buenos Aires, y confirmó cómo iban a quedar conformadas la primera y segunda líneas de funcionarios de los principales distritos del país, se generalizó la expresión “gobierno de CEOs”. Dos años después, en las elecciones legislativas de medio término, se consolidó como primera minoría, a pesar del claro deterioro de la calidad de vida de las grandes mayorías.
Mientras voy ordenando algunas ideas para intentar comprender y dar cuenta de los mecanismos que hicieron posible este segundo triunfo en las urnas, no puedo dejar de pensar en cuánto nos equivocamos con aquella primera percepción, que seguimos sosteniendo. No fuimos capaces de advertir la profundidad de los cambios que estábamos denunciando. Este gobierno es, sin dudas, mucho más que un gobierno de CEOs. El gobierno de Mauricio Macri es un gobierno de dueños.
Nuestra sociedad, estructurada por un doble orden de dominación patriarcal y capitalista, no sólo está atravesando un proceso de profundización de estas estrategias de dominación, sino que los mecanismos con que operan adoptaron un nuevo carácter en el que se confunden las corporaciones y el Estado. Mecanismos caracterizados por el entretejido de vínculos ajenos y contradictorios con los intereses de la mayoría, en los que ya no es posible distinguir entre actores corporativos y agentes de gobierno. Así, nos hemos constituido rápidamente en una sociedad en la cual las razones de Estado fueron sustituidas por razones de empresa. Una sociedad en la que el Estado, a pesar de ser acusado de haberse retirado del juego de mediaciones, es omnipresente en la intervención en favor de la concentración del poder, de la riqueza, y de la tierra; promueve la especulación financiera, la circulación offshore de las ganancias, el lavado de activos provenientes de todo tipo de crímenes y delitos, y vuelve todas estas prácticas inmunes al control institucional, a través de la desregulación y de la creación de legislación ad hoc. Basta como ejemplo de esto último la respuesta del presidente Mauricio Macri en una conferencia de prensa de octubre de 2017 que, al ser interrogado sobre el blanqueo de millones de dólares realizado por su hermano, posible porque en la ley se omitió explicitar el vínculo fraterno al establecer la exclusión de los familiares directos de funcionarios, respondió: “la ley se lo permite”. Basta como ejemplo, pero no es el único: viene a sumarse al intento de autocondonación de la deuda que la sociedad familiar mantiene con el Estado por el Correo Argentino; a la impunidad frente a su inclusión en los Panamá Papers por las cuentas en el exterior no declaradas, cuyo fin presunto es el lavado de activos; a los negocios promovidos por Aranguren frente al Ministerio de Energía en favor de Shell, empresa que dirigía y de la que es accionista; a la inacción frente a estos y otros actos por parte de Laura Alonso, secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien accedió al cargo gracias a la modificación en la ley de los requisitos que la excluían, inacción agravada por su delación de los denunciantes cuando eran trabajadores que reportaban directa o indirectamente a los funcionarios denunciados, lo que resultó en la pérdida de sus trabajos. Todos estos casos han sido expuestos mediáticamente, a pesar de lo cual no han tenido consecuencias aparentes en desmedro de su caudal de votantes. Una sociedad estructurada por este tipo de relaciones ya no puede ser descripta como de desigualdad. Es una sociedad estructurada por relaciones de dueñidad.

El concepto de dueñidad, acuñado por la antropóloga feminista Rita Segato, da cuenta de que un pequeño grupo de propietarios -sujetos discrecionales y arbitrarios- son dueños de la vida y la muerte. En consecuencia, la dueñidad es incompatible con los ideales de la democracia y de la república.
En nuestro país y en concordancia con las derechas latinoamericanas, esta dueñidad adopta modos mafiosos en los negocios, la política y la justicia. Modos que no son posibles de analizar si se los desvincula de sus relaciones con el orden global al que se subordinan. En consecuencia, una dueñidad en la que el crimen y la acumulación de capital por medios ilegales se vuelven formas estructurantes de nuestra política y nuestra economía, y tienden a instalarse como estructurales con una celeridad y eficiencia que llevan a presumir que aún con un cambio de gobierno de signo político contrario, no sería posible revertirlas en el corto plazo de uno o dos mandatos, ya que los esfuerzos realizados por resistirlas y desestructurarlas son  respondidos de inmediato con reacciones violentas y retaliativas. De hecho, este proceso no es novedoso en nuestro país: a cada período de nuestra historia en que las políticas promovieron el beneficio de la mayoría en detrimento de sus privilegios, le siguió un golpe de Estado para reinstaurarlos. La originalidad de este proceso es que por primera vez el gobierno ha sido asumido por los dueños, sin intermediaciones. Originalidad que interpreto motivada por los 12 años y medio de continuidad de políticas populistas durante los gobiernos kirchneristas.
Esta dueñidad, tal como la estamos experimentando en Argentina, está caracterizada por tres rasgos esenciales: el arbitrio, el poder de enajenación, y la impunidad. Rasgos que distingo sólo a los efectos de visibilizarlos, ya que en los fenómenos de la realidad se presentan íntimamente entramados, y así debemos considerarlos para su comprensión.


El arbitrio como carácter de la toma de decisiones

La que debió haber sido la última ceremonia de traspaso de mano, símbolo fundacional del gobierno, se revistió de grosera opereta surgida del capricho de un niño rico para hacerle un desplante a la presidenta saliente. Pero fue más que eso: se trató de la violación de una ceremonia con profundo contenido político, parte esencial de la liturgia democrática, que simboliza la sucesión y continuidad de gobiernos legítimamente constituidos a través del voto popular. Así, a pura fuerza de arbitrio, se discontinuó el rito de sucesión que desde la recuperación de la democracia sólo había sido interrumpido entre De la Rúa y Néstor Kirchner, en el contexto de la crisis económica y social más profunda del período. Fue un gesto clarísimo y contundente de ruptura con lo que la escenificación ceremonial de esa sucesión representa: la continuidad del orden constitucional y el Estado de Derecho. Gesto disruptivo que se constituyó en denuncia -y autodenuncia- de que las voluntades necesarias para hacerlos posibles podían ser convocadas, cooptadas o violentadas para actuar en contrario, y que estaban dispuestos a hacerlo. Un gesto sobre cuyas formas discutimos hasta el hartazgo, cediendo a la tentación de entretenernos con lo superficial hasta que la saturación obró en favor del abandono de nuestra atención, sin haber advertido la tragedia institucional que anticipaba.

El arbitrio se manifiesta de modos muy significativos en el totalitarismo con que este gobierno ejerce soberanía sobre el territorio, al que concibo en un sentido antropológico como lugar de sostén de los vínculos que entretejen la trama histórica-política-social-cultural que constituye la identidad colectiva. Un lugar no físico -aunque el espacio físico también lo constituye- sino representacional. Territorio sobre el que quienes ejercen este poder de arbitrio han construido una doble significación: como enajenable y como enemigo. En consecuencia, el territorio no es concebido como colectivamente apropiado y significado, sino como objeto enajenable, lo que explica los avances en materia legislativa en favor de la extranjerización de la tierra y el abandono de la defensa de los derechos sobre las Islas Malvinas con reconocimiento de derecho de usufructo a sus usurpadores.
Esta misma forma de soberanía como arbitrio en la definición de lo enajenable se expresa en la deshistorización de otros significantes de nuestra identidad colectiva como la moneda, en la que la ilustración de animales autóctonos definidos como “peluches” por el presidente del Banco Central Federico Sturzenegger ha sustituido las referencias a protagonistas y hechos emblemáticos de nuestra historia. Personalidades que diversos funcionarios, en distintas situaciones mediáticas, han descripto como “muertos” en contraposición a “lo vivo” de “los peluches”, como forma de encubrir la estrategia operante con la deliberada infantilización de la expresión.
Otro caso es el de las celebraciones patrias, cuyos festejos oficiales son vedados al acceso público, a través del vallado y la militarización del perímetro de exclusión, con creciente represión a quienes manifiestan en su cercanía, y donde el cotillón y la arenga partidarios se mezclan con -e incluso desplazan a- los de simbolismo patrio. Enajenación que se extiende sobre el discurso oficial, que distorsiona y revierte la verdad histórica, y sobre el idioma oficial, al ser suplantado en el ejercicio de la representación oficial, cuando el presidente y funcionarios de su gabinete eligen comunicarse en inglés antes que apelar a los oficios de un traductor. Enajenación sutil pero que no puede resultarnos indiferente: la palabra es vehículo de pensamiento, el idioma es vehículo de cultura. El modo en que organizamos y estructuramos nuestro lenguaje es isomórfico con el modo en que organizamos y estructuramos nuestro pensamiento. Nada nos revela tan profundamente como el modo en que nos comunicamos.
Todas estas expresiones -no excluyentes de otras- son evidencias del arbitrio en la definición de lo enajenable.

Como contracara, cuando el territorio se resiste a su enajenación pasa a ser concebido como territorio enemigo. Y, en tanto enemigo, conquistable. Este proceso de redefinición se hace evidente en la despiadada persecución al pueblo mapuche, que viene resistiendo la enajenación de su territorio primero por los conquistadores, luego por la autodenominada Conquista del Desierto, y más recientemente como parte del proceso de concentración de la tierra en manos de empresarios y corporaciones, tanto nacionales como extranjeros. Aunque su resistencia ha sido recientemente más visibilizada en razón de la brutal represión que resultó en la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no es el único pueblo que reclama el reconocimiento de sus derechos sobre sus tierras ancestrales. Se replican idénticas situaciones de persecución por la triple alianza conformada por empresarios, terratenientes y oficiales gubernamentales en varias regiones de nuestro país, con especial concentración en Jujuy, Salta, Chaco, Formosa, Misiones, Santiago del Estero, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, y en toda la Patagonia.
Si partimos de la consideración de que las expresiones verbales construyen imágenes de las que se apropia el psiquismo, es fácil comprender la intención con que la recurrentemente enunciada Conquista del Desierto se obstina en aparecer una y otra vez en el discurso oficial. Esta expresión es estratégicamente utilizada para generar representaciones sociales. Dicho de otro modo, lo que se busca es promover un modelo, una forma de entender la realidad, con un significado específico, que mueva ciertos sentimientos, y defina determinadas posiciones. Consecuentemente, el uso del término “desierto” no es ingenuo ni inocente: se lo elige en tanto constituye una negación de la existencia vital. Y si se niega la existencia vital, lo que queda para ser conquistado es la tierra. No el territorio, ya que se lo reniega como sostén de vida y vínculos, parte constitutiva de la trama social. Así, esta expresión vehiculiza la concepción de que no hay vida social ni territorio, sino sólo tierra. La negación de lo que existe es preanuncio del destino asignado: el genocidio y el arrasamiento.
La renegación de aquello que se sabe que existe, promueve su desconocimiento y por lo tanto su no inscripción social: los mapuches no estaban ahí, donde no había nada ni nadie, de modo que los mapuches no son argentinos. Y si no son argentinos, entonces son ocupadores ilegales e ilegítimos de nuestro territorio, que podemos y debemos conquistar, por derecho y por obligación. Una conquista que implica doble enajenación: quitarles la tierra para ejercer soberanía sobre ella, soberanía que se ejerce con su enajenación a dueños extranjeros. Como afirmamos al principio, los modos de arbitrio con que este gobierno ejerce soberanía no son posibles de analizar ni comprender si se los desvincula de sus relaciones con el orden global al que se subordina.
La presencia de los mapuches, y la de todos los pueblos en conflicto con los dueños que conforman la triple alianza de empresarios, terratenientes y funcionarios de gobierno, es disruptiva. Son lo que no deberían ser. Son lo que no debería estar donde por definición no hay nada. Consecuentemente, inoculada dicha representación en la sociedad, la represión hasta su desaparición no moviliza sentimientos de solidaridad ni indignación moral, ni abre cuestionamientos sobre su legitimidad. Eliminarlos es mero acto de realización de la realidad. Un tranquilizador acto de adecuación de la realidad a la percepción social. 

Este acto de renegación de los pueblos originarios es fundamento de la renegación de los desaparecidos de la última dictadura, que se ha actualizado con la presidencia de Mauricio Macri, en la cual los dueños del poder han llegado al gobierno para completar el proceso de transformación económica iniciado en 1976 con Martínez de Hoz durante la dictadura genocida cívico-militar.
La renegación histórica que opera actualmente sobre el terrorismo de Estado es reflejo de la forma habitual en la que los vencedores cuentan la historia. Para instrumentarla, antes de haber cumplido su primer mes de gobierno Macri decretó el cierre del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego. Y el despido de empleados estatales, a los que Alfonso Prat Gay descalificó como “grasa militante”, aunque dio la impresión de realizarse con un corte grosero, fue hecho con precisión quirúrgica: se disolvió la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad (que había  recuperado y entregado 4500 documentos para causas judiciales por crímenes de lesa humanidad, que le fueron devueltos a las fuerzas represivas para que fueran quemados); se desmanteló el programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de la Nación; se cerró la Subgerencia de Derechos Humanos del Banco Central, que investigaba el circuito económico-financiero vinculado con la dictadura; echándose a todo el personal de estas dependencias que estaba afectado a las tareas mencionadas. Y si bien se votó la ley que creó la comisión bicameral para la investigación de los actores económicos de la dictadura, nunca se la puso en funcionamiento; la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expidió sobre el otorgamiento del beneficio del 2x1 a los genocidas, por lo que sigue vigente; se agudizaron los obstáculos para conformar los tribunales necesarios para llevar adelante los juicios por lesa humanidad, ya que el Consejo de la Magistratura no designa los jueces necesarios para que los compongan; la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación no apeló la sentencia absolutoria en favor de los apropiadores de Papel Prensa; el Estado se retiró como querellante en juicios de lesa humanidad; y se volvió a habilitar Campo de Mayo como cárcel de privilegio para genocidas. Paralelamente, algunos funcionarios de gobierno, los voceros mediáticos de los dueños del poder, e instalaciones en lugares públicos y oficiales, volvieron a instalar el cuestionamiento sobre la cantidad de desaparecidos.
Esta renegación, a su vez, se desplazó sobre Santiago Maldonado, cuya desaparición forzada se produjo el 1/8/17 durante la irrupción ilegal de la Gendarmería en territorio mapuche -ese territorio cuya existencia sólo se reconoce como enemiga- en un operativo comandado por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación Pablo Noceti (el mismo que desmanteló la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad y ordenó devolver los 4500 documentos para su destrucción). Renegación que llegó a recaer sobre su existencia y su muerte, renegaciones frustradas por la realidad evidente de la aparición cuerpo, pero que continúa en la renegación de su desaparición forzada.
Este proceso ilustra de qué modo la renegación opera como mecanismo de deshistorización. Pero también cómo ha operado en la construcción de la representación del territorio, y en su doble desplazamiento de territorio enajenable a territorio enemigo (redefinido como territorio de los enemigos) y de territorio de los enemigos a cuerpo de los enemigos. Enemigos definidos como quienes no se someten al arbitrio totalitario, y cuyos cuerpos se vuelven conquistables. Enemigos cuya muerte no acaba con la barbarie de la conquista, porque sus cuerpos los trascienden como territorio en disputa.

No quiero pasar por alto el uso de la expresión “conquista del desierto” de la que ha hecho gala el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich -hoy Senador Nacional electo por Cambiemos- para extender su poder de creación de representaciones sobre otros territorios. Basten dos ejemplos: cuando habló de “conquista del desierto en la educación” y cuando se refirió a una “nueva conquista del desierto no con la espada sino con la educación”, develando doble voluntad de arrasamiento: del sistema educativo en sí; y del sistema laboral valiéndose del previamente arrasado sistema de formación académica, científica y tecnológica. El Plan Maestro, la Secundaria del Futuro, el Proyecto Aguilar, la suspensión y judicialización de los contratos del Estado con las universidades -privándolas de recursos a cambio de la provisión de servicios prestigiados socialmente-  y la reforma educativa anunciada son algunas de las estrategias que convergen en este doble sentido.

El arbitrio de la crueldad sobre los cuerpos de los enemigos encuentra otra víctima propiciatoria en la diputada del Parlasur Milagro Sala, cuerpo visible de un conjunto de dirigentes sociales, comunitarios y políticos sometidos a la arbitrariedad judicial a través de la persecución procesal y la aplicación de la prisión preventiva, sin cumplimiento de las garantías constitucionales ni procesales propias de un Estado de Derecho.
Cuerpos paradigmáticos pero no únicos: allí están los militantes, cuya estigmatización inicial hacia los kirchneristas como “grasa militante” y “choriplaneros” se extendió sobre todos los militantes opositores al actual gobierno, y luego sobre cualquiera que se manifestara en oposición a sus políticas, criminalizándolos como “desestabilizadores” y “terroristas”. Reprimiéndoselos, encarcelándolos y procesándoselos en causas armadas, acusados de vandalismo y resistencia a la autoridad durante marchas y concentraciones probadamente infiltradas por servicios de inteligencia que se retiraron del lugar enmascarados por las fuerzas represivas del Estado.
Una exhibición tal del arbitrio de la crueldad sobre cuerpos enemigos que nos permite afirmar que la voluntad de conquista es voluntad de destrucción. Por eso la muerte -como es el caso de Santiago Maldonado- no acaba con las reinterpretaciones y los relatos: el encubrimiento de los actos violentos de destrucción de los enemigos busca sólo secundariamente la defensa de los ofensores, asesinos, responsables y culpables. El objetivo primario es la destrucción del enemigo hasta su total esterilización. No busca como fin la exculpación de los culpables -que es sólo un medio- sino la reducción del cuerpo del enemigo a territorio yermo, donde nada pueda crecer ni fructificar. Creo que es aquí donde podríamos encontrar una clave para comprender el cambio de tratamiento dado a Nisman en sus últimos días de vida y con posterioridad a su muerte, analizando cómo se promovió la creación de las representaciones sociales que sobre él intentaron construir quienes se erigieron en sus postreros presuntos aliados, y cómo la previa conquista de su voluntad lo devino territorio arrasado.

Estas consideraciones develan la paradoja del ocultamiento. En ninguno de estos casos las maniobras para ocultar las estrategias desplegadas para la conquista y la destrucción de los enemigos resultaron eficientes. Pero tal ineficiencia no se debió a la falta de pericia ni a la incapacidad. Justamente, la función del ocultamiento no es ocultar, sino señalar. Las maniobras de ocultamiento son pura escenificación. Es por esto que en ellas es donde mejor se exhibe la fuerza de ese poder exagerado, totalitario, y arbitrario, que requiere ser espectacularizado. Dicho de otro modo, el ocultamiento funciona como estrategia de visibilización del poder de arbitrio. Y es por eso que se deja ver, mostrándose como espectáculo obsceno. Y al hacerlo revela su impunidad.


El poder de enajenación como signo de dueñidad

La impunidad, revelada por la exhibición obscena del ejercicio soberano y totalitario del poder arbitrario, es la que habilita el poder de enajenación.
Poder de enajenación que no refiere a la capacidad de compra de los corruptibles, cuyo precio está siempre en oferta, sino a la capacidad para pagar el precio de los inocentes. Un precio con cotización inversamente proporcional al valor de su miedo.
La impunidad con que este gobierno exhibe su arbitrio sobre las vidas y los cuerpos de los que ha definido como sus enemigos, cumple con esta función de profundizar el miedo de quienes no quieren ser arrastrados a esa categoría, de quienes quieren seguir siendo percibidos como inocentes. Es el miedo, nutrido por la impunidad del gobierno, la moneda con que se paga la inacción y el adormecimiento de la conciencia de los inocentes. Es interesante ver cómo este miedo guarda formas análogas con el proceso de endeudamiento al que este mismo gobierno nos está sometiendo, obligándonos a pagar a largo plazo con la pérdida de nuestros propios derechos por los beneficios que no son y nunca van a ser nuestros. Beneficios con que se van a alzar los dueños, pagados no por ellos sino por nosotros, con nuestros derechos y nuestro miedo. ¿Podría haber mejor negocio?
No encuentro mejor definición para este grado de sofisticación del terrorismo de Estado que el proceso de enajenación por el cual los dueños del poder logran el dominio de la conciencia del Pueblo a través del miedo generado por la destrucción de sus enemigos, con el consecuente adormecimiento de su capacidad de reacción y la conquista de su convalidación en las urnas.
El silencio que se extiende sobre nuestra sociedad frente a esta impunidad, es un hecho bárbaro e inhumano del que los dueños del poder son los culpables. Es justamente la impunidad la que hace posible que estos actos de destrucción de los otros vuelvan a repetirse, a la vez que le asegura a quienes gobiernan la aplicación del plan económico de depredación y arrasamiento, y su continuidad en el poder.


La impunidad que nos brutaliza

En la medida en que el Derecho es un acto de palabra, se opone a la violencia del cuerpo a cuerpo. Este desvío necesario a través de la palabra implica renunciar a lo prohibido, fundando una comunidad de derecho y la posibilidad de cultura.
El Derecho -en consecuencia- garantiza la obra de la cultura y la civilización, pero requiere la confrontación permanentemente con el hecho de que aquello que denunciamos como inhumano, paradójicamente, es parte inseparable del hombre. Si no somos capaces de reflexionar sobre esto, y de comprender lo inhumano que habita en nuestra humanidad, tampoco seremos capaces de comprender la gravedad del daño con que la impunidad hiere al núcleo mismo de nuestra dignidad.
La necesidad de castigo de la realización del acto prohibido, de lo definido como inhumano, se sostiene en esta exigencia de mantener la obra de la cultura y de la civilización. La ausencia de castigo habilita la venganza, y con ella la repetición del crimen. Es por esto que cuando la impunidad se instituye, no sólo destruye la distinción fundante entre lo prohibido y el deseo, lo legal y lo ilegal, lo moral y lo inmoral, sino que ataca lo que funda a la comunidad, revelando la brutalidad de la violencia. En consecuencia, la falta de castigo es un fuerte activador de procesos de disociación social.

En Argentina, la impunidad de los dueños encubre y habilita cinco formas de arbitrio representativas del modo en que ejercen su poder sobre sus víctimas:
1-   1    El arbitrio de la violencia sobre los cuerpos.
2    El arbitrio sobre sus derechos, al privarlas de ellos exigiéndoles su alienación a la ley del dueño.
El arbitrio de su victimización, poniéndolas en el lugar de víctimas del crimen impune, que es espectacularizado.
4  El arbitrio de su culpabilización, sacrificándolas -cual chivos expiatorios- para que carguen con el castigo.
Estas primeras cuatro formas de arbitrio son constatables en todas las víctimas emisarias a las que aludimos como ejemplo. Todas ellas víctimas de violencia sobre sus cuerpos, de la privación de sus derechos, en crímenes que son espectacularizados, y denunciadas como culpables de actos ilícitos cometidos en situaciones en que las que los dueños están implicados.
En otros casos, como el de los desocupados como consecuencia de las políticas de desindustrialización y transferencia de recursos a las minorías concentradas, como el de las personas con discapacidad a las que se les han retirado las pensiones y las protecciones asistenciales, como el de los destinatarios de planes y programas sociales suspendidos (remedios, tratamientos e implementos médicos gratuitos, Qunitas, Conectar-Igualdad, Progresar…), parecería estar operando como forma predominante de arbitrio la privación de sus derechos. Sin embargo, su análisis hace evidente que las formas de arbitrio operan de modo entramado, y que lo hacen sobre la mayoría de la población, aun en aquellos casos en que asumen tal grado de sutileza que una mirada ingenua podría no encontrar evidencias aparentes.
Por su parte, las víctimas de violencia de género ponen luz sobre el hecho de que, en nuestra sociedad estructurada por un doble orden de dominación patriarcal y capitalista, estos modos de arbitrio propios de la dueñidad impregnan a toda la estructura. 

El violento de género que somete a la víctima a su arbitrio, también encuentra como respuesta social la espectacularización de su crimen, volviéndolo exhibición morbosa y obscena. Exhibición en la cual la aparente sobreinformación se presenta descontextualizada, y no se ofrece en función del conocer sino al servicio del impacto emocional. La repetición de la exhibición, al actuar por saturación, impide pensar el tema y promueve la necesidad de dejarlo y pasar a otra cosa. Así, la necesidad de silenciar los hechos para poder promover su impunidad y poder seguir sosteniendo el orden de dominación patriarcal, coincide con el mecanismo psíquico de evitación del contacto con lo siniestro. La despersonalización de la información, que no muestra historias personales, promueve la no identificación con las víctimas, posibilitando que se les cargue al menos parte de la culpa, transformándolas en cómplice -y en último término en chivos expiatorios- de los victimarios. En consecuencia, esta forma de exposición disciplina a actuales y potenciales víctimas, colaborando en su alienación para que se sometan a la ley del macho en su calidad de dueño. Y cuando el show termina, desaparece toda información sobre lo ocurrido. De este modo se habilita la continuación de la escalada violenta a través de una sucesión de crímenes que termina con la muerte: cuando ya no hay otro escalón por subir, se habilita el castigo. Pocas veces antes, no siempre en ese momento.
5-  El arbitrio de obligarlas a ser testigos de los vejámenes sufridos por otros, con el objetivo de la destrucción de su vida psíquica. No se trata sólo de convertir al testigo en una segunda víctima, al obligarlo a presenciar pasivamente las distintas formas que asume la violencia del arbitrio sobre la primera. Se trata de fisurarlo de la víctima, convirtiéndolo en cómplice. Se trata de quebrar lo que constituye su relación con el otro, con los otros, y así obturar su posibilidad de historización al impedirle comprender las relaciones que los religan y el complejo entramado social que les da sustento, de modo que no pueda engendrar memoria. La impunidad, al obstaculizar la memoria, es generadora de olvido. Y no hay futuro cuando prevalece el olvido.
En los regímenes de dueñidad, todos estamos sometidos a esta forma de arbitrio, de forma directa o a través de la espectacularización de los crímenes y de la impunidad.

Es a través de estos 5 mecanismos del arbitrio que la violencia de la impunidad va generando las condiciones para que se engendren fracturas en los lazos entre los miembros de una sociedad. Es muy interesante constatar cómo a lo largo de nuestra historia la impunidad con que se han manejado quienes han detentado el poder real, ha generado grietas que obstinadamente han procurado profundizar. Conquistadores y conquistados, realistas y revolucionarios, unitarios y federales, peones y hacendados, patriotas y cipayos, elitistas y populistas, meritócratas e inclusivos… Una larga lista de grietas cuyo olvido han promovido, creando el mito de un país antes unido y ahora agrietado por culpa del pasado gobierno kirchnerista, chivo expiatorio de todas las culpas y pecados.

En síntesis, la impunidad genera una grave disociación de las relaciones sociales y de sentido. Al destruir la confianza, vuelve a las víctimas ajenas a una historia que ya no sienten propia, en la cual las relaciones que entraman la sociedad y sus mecanismos de estructuración pierden inteligibilidad.
Cuando esto sucede, sólo la memoria externa, colectivamente construida y reconstruida, comprometida con la búsqueda de un sentido, puede abrir un espacio donde sea posible decir algo verdadero, algo que pueda quebrar el núcleo de la impunidad restituyendo la referencia hacia un tercero que fue puesto en el lugar del enemigo, y proteger contra el resurgimiento del horror.
Es por esto que la condición para poder defendernos de los embates deshistorizadores de la impunidad reside en lograr que dejemos de referirnos sólo a nosotros mismos para dar cuenta de los excesos de la dueñidad. Es necesario que seamos capaces de vernos como parte de un colectivo, con una historia común en la que estamos entramados, y estar dispuestos a prestar nuestra voz para que hablen los otros, los silenciados.
Es la única manera de recuperar el pasado e iluminar el presente. La única forma de liberar el futuro.


La institución de la ley del dueño.
Consecuencias psicosociales de la impunidad

Hoy lo habitual es que desde los medios de comunicación hegemónicos (sea por silenciamiento, por espectacularización o por sobreinformación descontextualizada) se oculten las decisiones del actual gobierno que promueven la concentración de la riqueza y la primarización de la economía, los ajustes de la inversión social y el recorte de políticas públicas, el cercenamiento de los derechos conquistados, el arbitrio en cuestiones de justicia, los actos delictivos de los funcionarios de gobierno, y la indefensión jurídica en que vive el pueblo. Todo lo cual constituye no sólo un marco de ocultamiento sino de impunidad.
Como consecuencia, vivimos en una democracia más formal que real, en la cual las políticas de depredación económica se sostienen gracias a la culpabilización de sus víctimas, y los hechos de represión y violencia institucional se intensifican y recrudecen en relación directa con el incremento de la protesta social. Violencia que no se da exclusivamente durante las protestas, sino que se extiende sobre todo tipo de situaciones, particularmente contra los jóvenes y a edades cada vez más tempranas, como hemos visto en la represión contra los niños de una murga en Bajo Flores y de un comedor comunitario en Lanús. Se han vuelto a utilizar medidas represivas que reproducen modalidades características de la dictadura genocida, incluyendo la detención arbitraria y la desaparición, con una relativa garantía de que no van a ser condenadas.
Paralelamente, avanza la censura contra las voces contrahegemónicas que ponen en peligro las estrategias para ocultar la esencia del conflicto social subyacente: el poder de arbitrio con que una minoría socava el sesgo redistributivo que se dio a lo largo de los gobiernos kirchneristas, disminuyendo brechas territoriales, de género y entre los distintos deciles de la población según su nivel de ingresos. Un conflicto que, como venimos desarrollando, no da cuenta de una situación histórica original: a cada etapa marcada por políticas de industrialización y ampliación de derechos políticos, económicos y sociales, le sobrevino un golpe de Estado para la reinstauración de políticas conservadoras con impacto negativo sobre la industria, el empleo y el desarrollo nacional, con alineamiento automático al capitalismo financiero internacional y a la política exterior de Estados Unidos. Sucedió en 1955, en 1966, en 1976, con intermediación militar, y vuelve a suceder en la actualidad con un gobierno atendido por los propios dueños. De ahí su necesidad estratégica de deshistorizar y renegar la memoria.
Es en este contexto que desde este poder arbitrario se inoculan las representaciones sociales con que se generan falsas antinomias entre posiciones éticas y sentimientos, entre el pasado y el futuro. Falsos dilemas cuya intención es inducir a un posicionamiento en alguno de los polos propuestos, excluyendo el análisis del conflicto subyacente.
Esta situación de arbitrio de la dueñidad, que como ya señalamos es incompatible con la democracia real, ha impactado sobre los hábitos y las definiciones acerca lo permitido y lo prohibido, lo lícito y lo ilícito. Hábitos y definiciones que constituyen las reglas y los enunciados que fundan las certezas necesarias de cuyo cumplimiento derivan los sentimientos de pertenencia social de los individuos.
Como consecuencia de estas modificaciones, se ha propiciado en la sociedad un estado de suspensión de la conciencia, y se ha logrado construir un consciente colectivo sometido al arbitrio de los dueños, donde los valores y la ley socialmente consensuados han sido sustituidos por los valores y la ley del dueño.

Algunas de las consecuencias de este proceso son:
·        > La persistencia de sentimientos de temor, indefensión e inseguridad, y de vivencias persecutorias. Los militantes, los docentes, los trabajadores, los abogados laboralistas, los científicos, los empleados públicos, las personas con discapacidad, los mapuches… son ejemplo de algunos de los grupos que atraviesan estos sentimientos, a partir de ciertas situaciones. Uno de los grupos bajo sospecha y persecución es el de los estudiantes secundarios, acusados de efectuar llamadas intimidatorias con amenaza de bomba a las escuelas. Una situación que por su abarcamiento territorial y la alta concurrencia de llamadas al mismo tiempo habilita a sospechar que se trata de una operación de los servicios inteligencia, en la que se previó el contagio de la conducta entre los adolescentes, de modo que fuera replicada por algunos estudiantes, propiciándolos como víctimas emisarias y chivos expiatorios. Lo objetivo es que hay una enorme desproporción entre las llamadas realizadas y las supuestamente identificadas, entre las cuales las mediáticamente expuestas corresponderían a supuestos “militantes kirchneristas”, lo cual refuerza las sospechas. 
Todos estos grupos fueron victimizados. En la mayoría de los casos los efectos de la ofensa continúan, y la impunidad instituida refuerza el temor a que no cese o reaparezca la situación traumática.
Por su parte, el recrudecimiento de los mecanismos de represión y la habitualidad de la violencia institucional han reactualizado la representación social del modelo represivo de la dictadura genocida. Representación reforzada por el hecho de que no circula en el imaginario social como mito o fantasía, sino que -como hemos descripto- se apoya en su utilización como amenaza real por parte del gobierno. En consecuencia, estas vivencias persecutorias son detonadas por algunos hechos concretos, espectacularizados como parte de la estrategia de generación de terror.
Consecuentemente, reaparecen sentimientos persecutorios y de temor en quienes denuncian hechos represivos, por las represalias de que pudieran ser objeto dada la falta de garantías actuales.
Como consecuencia de la actualización de estas representaciones, está volviendo a aparecer un estado de sospecha acerca de las posibilidades de delación y denuncia en grupos de trabajo o pertenencia, lo que obstaculiza la participación libre de sus miembros y el desarrollo de la tarea que se proponen. Estado de sospecha que es alimentado por agentes oficiales. Un ejemplo ya señalado es el de Laura Alonso, quien ha delatado con sus superiores jerárquicos a quienes los denunciaron por actos de corrupción. Otro es el de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich dando a publicidad el nombre de un testigo protegido de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y más cercano a la experiencia cotidiana, la invitación a padres y colegas para que denuncien a los docentes que traten en las escuelas contenidos relacionados con los derechos humanos o hagan referencias políticas. Quizás ninguno de ellos tan perverso como la citación a fiscalía a directores de escuela, con la excusa de brindarles supuesta información sobre el avance de las investigaciones en torno de los menores acusados por las amenazas de bombas a sus escuelas. Perverso en tanto viola las garantías constitucionales y procesales derivadas del status de menor y del secreto de sumario de las causas, pervirtiendo la relación pedagógica que los vincula y victimizándolos al ponerlos en el lugar de testigos de estas violaciones, con la pretensión de obligarlos a tomar una posición frente al falso dilema de tener que fisurarse de sus estudiantes o correr el riesgo de ser señalados como nuevos chivos expiatorios.
·        > La afectación de los ideales sociales. Los ideales colectivos se ofrecen como matrices identificatorias desde el contexto social y los miembros de una comunidad los asumen como propios, asegurándose a través de ello sus sentimientos de pertenencia social. Por el contrario, la represión política y la impunidad proponen modelos inmediatistas que estimulan los mecanismos de funcionamiento más primitivos del psiquismo, reforzando la impulsividad, la arbitrariedad, la omnipotencia, la adicción, y la violencia carente de proyecto.
A través de los medios de comunicación hegemónicos se opera en favor de la suplantación de los ideales colectivos por los individualistas, entre los que se destacan especialmente los que responden a la meritocracia como valor. No es casualidad, ya que el ideal meritocrático colabora con el proceso de culpabilización de las víctimas, logrando encarnar incluso en ellas mismas. De esta manera, al asumirse como responsables de su situación, se desarticulan los mecanismos de resistencia a la exclusión. A través de este proceso se propende a la ruptura de los lazos sociales de solidaridad, que se reducen a las formas de la caridad, que son pasivamente aceptadas por las propias víctimas, reforzando sus sentimientos de impotencia e inferioridad.
La sinergia que se produce entre los modelos inmediatistas promovidos por la represión y la impunidad, y los valores individualistas inoculados por los medios hegemónicos, opera en favor del incremento de las conductas agresivas en la esfera social, en una dimensión y frecuencia que supera a los años precedentes. Este incremento puede ser rastreado en los índices sobre femicidios (1 cada 18 hs en la actualidad contra 1 cada 30 hs en 2015), en los índices de criminalidad (6,1 asesinatos cada 100 mil habitantes, contra 5,5 en 2015), en los ataques vandálicos a sitios representativos del territorio de los enemigos (unidades básicas, centros comunitarios, sitios de la memoria, esculturas emblemáticas) y subjetivamente puede ser percibido como clima social en la calle, a través de la agresividad que impregna las formas de vinculación cotidiana.
·        > La tendencia a la legitimación de la justicia por mano propia. El agravamiento de la situación económica, la crisis general en relación con ideales colectivos y la presencia de los modelos totalitarios de represión política y de impunidad inciden en el incremento de delitos. Frente a varios de ellos, sea por su capacidad para impactar emocionalmente en la sociedad o por su espectacularización a través de los medios de comunicación, se produce una vivencia colectiva en la que se exaltan los sentimientos de violentación, de inermidad, y de inseguridad.
La exaltación de estos sentimientos se potencia en contextos donde la impunidad instituida socava la confianza en que el Estado ejercerá su función de impartir justicia.  En consecuencia, se va generando un cuestionamiento creciente sobre la validez de la renuncia al ejercicio individual de la defensa para delegarlo en un Estado que no es capaz de hacerse cargo de la delegación otorgada. Se va generando así en el imaginario social un consenso favorable a cierto tipo de defensa personal -justicia por mano propia- que es retroalimentado desde los medios por ciertos comunicadores que se convierten en sus voceros, a la que exaltan como un ejercicio legítimo de la defensa, pero que está inficionada por los modelos de impunidad: lo que se busca legitimar es que el propio crimen, surgido de la venganza, tampoco sea castigado. Un modelo en el que lo que se promueve es el derecho de un rico a matar a un pobre. 
La impunidad aparece entonces como un síntoma social en el que simultáneamente hay cuestionamiento y autorreproducción. Pero llega un momento en el que este tipo de funcionamiento deja de operar como organizador psicosocial y la situación se desborda, de modo tal que amenaza a los mismos que lo han promovido.
·        > Las propuestas para implantar la pena de muerte. Los mismos mecanismos que operan en la justificación de la justicia por mano propia, son los que lo hacen en favor de esta propuesta, como supuesta respuesta institucionalizada a la imposibilidad del Estado para garantizar justicia por otras vías. No es casualidad que provenga de los mismos sectores que reclaman la condonación y reducción de las penas para los responsables de los más crueles tormentos y asesinatos perpetrados masivamente en nuestro país durante la dictadura genocida cívico-militar. Así, colaboran en la generación de confusión entre lo permitido y lo prohibido, que aumenta en el orden del asesinato. Tampoco es casualidad que, en el registro histórico de nuestro país, desde el fusilamiento de Dorrego en adelante, la pena de muerte haya sido utilizada principalmente por razones políticas.
·        > Los numerosos hechos de represión y violencia policial contra niños y adolescentes. Se trata de hechos que ocurren en situaciones habituales de la vida cotidiana: niños bailando en una murga o sentados a la mesa en un comedor comunitario, adolescentes parando en una esquina, volviendo de un baile, o por no tener su documento de identidad... En la mayoría de los casos son víctimas del accionar de la policía de gatillo fácil, o de la práctica de la tortura o los golpes indiscriminados a los detenidos, también indiscriminadamente. Lo distintivo de estas víctimas es que son accidentales (podría haber sido otro) y que la mayoría de las veces se conocen los nombres de quienes ejercieron violencia, su rango y la dependencia a la que pertenecen, a pesar de lo cual sólo una proporción reducida de los casos ocurridos han sido esclarecidos y se ha condenado a los responsables. Este es el contexto que hace posible que los tres policías condenados a reclusión perpetua por la violación y asesinato de la adolescente Natalia Melmann gocen de salidas transitorias.

Estas consecuencias psicosociales son producto de un poder que necesita para sostenerse la creación de un consenso que actúe como instrumento de control social. La ideología hegemónica, que busca la construcción de un consciente colectivo sometido al arbitrio de la ley del dueño, cumple esta función y permite su autorreproducción.
De lo que se trata es de construir un discurso eficaz para incidir en la subjetividad, de tal forma que sea en el seno mismo de la sociedad donde surjan ciertas ideas como lógicas, naturales e inevitables. Este es el núcleo del fenómeno de la alienación.
En este proceso de alienación psicosocial, el sujeto se desapropia de parte de sí mismo, en el orden del pensamiento, perdiendo la capacidad de crítica en relación con ciertas ideas que le imponen desde el exterior, a las que les atribuye un valor de certeza y las asume como propias, convirtiéndose a su vez en portavoz. No hay un proceso consciente de modificación de ideas ni se producen cambios conceptuales por vía del pensamiento abstracto, de modo que observados desde fuera se advierte una ruptura con el sistema de ideas, ideales y actitudes sostenidas hasta ese momento. Incluso, las nuevas ideas impuestas pueden resultar antagónicas con otras, de las que se esperaría un correlato.
Un ejemplo muy interesante fue la efectividad con que se instaló durante la campaña electoral de 2015 la idea de que un cambio era necesario, sin explicitar a qué tipo de cambio se hacía referencia. Era habitual escuchar a diferentes personas, en diferentes situaciones, repitiendo que después de 12 años de gobierno de un mismo signo era “necesario cambiar” y “sí se puede”, sin dar cuenta de a qué tipo de cambio se referían, incluso aunque en otros temas llegaran a oponerse a la idea de que un cambio es necesariamente bueno per se. Hoy es posible escuchar como eco de aquella idea la justificación de que “era necesario un cambio” como exculpatoria a pesar de la frustración por los resultados.
Otra experiencia cotidiana es la inoculación repetida a través de los medios de consignas breves, carentes de un contenido claramente diferenciado, pero con fuerte impacto emocional, que no llegan a articularse en un sistema de ideas, de modo que no permiten la construcción de una argumentación. Lo que se produce, entonces, es una doble alienación: al implantar ideas que se asumen acríticamente como propias, y al obstaculizar la posibilidad de diálogo con otros por la imposibilidad de integrarlas en un intercambio.
Esta obstaculización se advierte claramente cuando la consigna funciona como respuesta a un cuestionamiento o una afirmación que se pretende descalificar, obturando el diálogo: “sí se puede”, “no vuelven más”.
No es inocente, por lo tanto, que en los cambios promovidos en las prácticas educativas y en la reforma educativa anunciada se propenda a la anulación de los contenidos que favorecen el pensamiento crítico, ni que desde el discurso oficial de desvalorice el ejercicio de la crítica como constitutivo del pensamiento, llegando a asociárselo con una estrategia propia del discurso militante, propio de la izquierda.

En los casos extremos de esta doble alienación, el sujeto deviene irreconocible. Sin embargo, la alienación no requiere de una patología personal previa, ya que se apoya en algunos procesos psíquicos, como el deseo de disminuir la distancia con otro que se ha idealizado, y la expectativa de fusionarse con los ideales grupales, concretando la tentación de volver a hallar certezas, y excluir la duda y el conflicto. La mayoría de los sujetos puede oscilar más fuertemente hacia este estado de alienación en condiciones particulares, especialmente cuando hay violencia real ejercida desde el poder dominante.
En estos casos en los que la alienación se entrama con la violencia ejercida desde el poder, se induce a los sujetos a la expulsión de todo lo que cuestiona al discurso dominante, a partir de la afirmación de la existencia de dos únicas posiciones posibles: la identificación con el ideal hegemónico o la identificación con lo negativo al ideal.
Este proceso opera tomando una característica del sujeto, a la que se transforma en marca de identidad. Esa marca puede quedar ubicada en el lugar de la máxima valoración o de la máxima denigración, a partir de las cual se valoran comparativamente los sujetos, a los que se ubica en una de las dos categorías posibles definidas por ese único rasgo. Los K son corruptos, los seguidores de Carrió son republicanos, los mapuches no son argentinos, los abogados laboralistas son parte de una mafia, los sindicalistas ponen palos en la rueda. Se configura así un tipo de discurso que constituye la estructura misma del prejuicio: una creencia básica que organiza la aproximación a ese objeto al que se ha reducido al otro. Un ejemplo interesante se vio en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N el 23/10/17, cuando el recientemente electo diputado Arroyo (1País) afirmó que el yrigoyenismo había emergido defendiendo los derechos de la clase media, el peronismo defendiendo los de la clase trabajadora, y que la próxima fuerza popular que emerja será la que represente a los desocupados, separando en su discurso las categorías clase media – trabajador -desocupado, como si dieran cuenta de sujetos diferentes, y asociándolos a identidades políticas exclusivas, excluyentes y estancas.
Si bien el prejuicio opera sobre la forma de aproximación al objeto obstaculizando la posibilidad de encuentro y diálogo, no preexiste a la construcción del discurso dominante, sino que éste lo crea para exaltar las diferencias necesarias que permitan mantener un a priori de superioridad. Por lo tanto, la construcción del prejuicio es un mecanismo de legitimación del discurso dominante. Y por eso no puede ser comprendido al margen de las determinaciones económicas, sociales e históricas subyacentes.
Pero además el prejuicio cumple con una función de sostén de la cohesión grupal, al ofrecerle a sus integrantes la convicción de que son y poseen algo que les es propio y que los convierte en superiores a los demás. Esta creencia puede llegar a constituirse en un dogma que justifique actitudes agresivas o destructivas, de las que puede valerse el poder a través de una oferta racionalizadora que permita liberar los impulsos más agresivos bajo la justificación del bien común.
El bien común, entonces, pasa a ser una falacia de la que se vale el poder para justificar su arbitrariedad y sus abusos. Bien común cuyas características son definidas por la minoría con poder de dueñidad, y que por lo tanto no da cuenta de un derecho genuino ni de la consideración equitativa de las necesidades de la mayoría. Un bien común que se sacraliza, erigiendo como regla al maniqueísmo absoluto que separa el bien del mal, y habilitando el empleo de todos los medios en su defensa.
Se pierde así el sentido de la alteridad, concepto político que implica el reconocimiento del otro como semejante, con derecho a disfrutar de los mismos derechos y garantías constitucionales que le da su condición de ciudadano. Como consecuencia, toda la comunidad resulta dañada al haber perdido la protección que las leyes, volviéndose vulnerable a la venganza y la retaliación.

La impunidad de los crímenes cometidos por un Estado autoritario en nombre del bien común, tiene consecuencias dramáticas que se prolongan en el tiempo con pocas posibilidades de atenuarse. Aunque se restablezca un Estado de Derecho con plenas garantías constitucionales, la sombra del tiempo vivido en estado de desprotección es difícil de superar y elaborar. Y si no hay sanción social de los culpables, no sólo están dañadas las víctimas directas del poder del arbitrio, sino la sociedad toda.
No importa cuántas sean las víctimas del arbitrio sobre sus cuerpos o de la privación de sus derechos. Directa o indirectamente, obligándola a convertirse en testigo de los vejámenes cometidos contra otros, la mayoría lo es. Incluso aquellos que callan con un silencio que los brutaliza.
Quienes resistimos ante los intentos de adormecimiento de nuestra conciencia, no contamos víctimas. Lo que cuenta es que estamos en una sociedad en la que la figura de la desaparición forzada volvió en Santiago Maldonado, y -por ahora- está impune.
Nuestra indefensión ante el arbitrio totalitario de los dueños hace indispensable la existencia de una sociedad con garantías y derechos, con inmunidad cívica, que nos permita sentirnos protegidos. La resistencia necesaria para hacerle frente al proceso de alienación al que los dueños en el gobierno someten a nuestra sociedad, está dada fundamentalmente por el ejercicio de alguna forma de práctica social que funcione como respuesta colectiva al discurso alienante. Es en la acción compartida donde se construyen las representaciones sociales contrahegemónicas, donde surgen otros enunciados identificatorios, y donde se abren espacios de reflexión que permiten elaborar discursos y modelos sociales diferentes. 

Para que estas prácticas contrahegemónicas logren revertir el proceso de alineación con que se inocula la ley de los dueños, es imperativo que se orienten hacia la recuperación de la doble función de reparación simbólica de la justicia: psíquica y social. Desde el punto de vista psíquico, es necesario que los dueños del poder paguen por los crímenes que cometieron, que queden inscriptos en un orden social y cultural donde la exclusión, la tortura y el asesinato no estén legitimados. Para que el impulso personal de venganza sea sublimado es imprescindible que se recupere la prohibición social, y que se establezca que hubo delitos y que los responsables deben ser sancionados proporcionalmente a los delitos que cometieron. Sin esta sublimación, no será posible la reparación simbólica desde el punto de vista social, que requiere que se frenen los atropellos, que no haya más víctimas, y que cese la violencia.

La construcción y participación en los espacios colectivos de reflexión que nos permitan comprender la sociedad en que vivimos, ponernos del lado de los desheredados y de los oprimidos, y elaborar discursos y modelos sociales contrahegemónicos constituye, además de un desafío y una exigencia de nuestra capacidad de producir y de crear, un ejercicio de verdadera libertad.

Por Viviana Taylor