viernes, 28 de junio de 2013

Lorenzetti, la AFIP, y una historia (casi) silenciada


Por Viviana Taylor

 

A algunos medios les vendría bien contratar a un equipo de psicólogos que supervise la elección de contenidos, sobre todo cuando intentan construir campañas para desprestigiar al Gobierno Nacional y sus funcionarios.

¿Por qué digo esto? Sólo unos ejemplitos, porque –es sabido- para muestra basta un botón. Y, como es mejor que so-sobre antes que fa-falte, van tres de los más fresquitos:

 
El escandalete mediático promovido por Lanata desde la pantalla de Canal 13 con la confusa e indecisa denuncia sobre enriquecimiento ilícito/evasión/tráfico de influencias/fuga de capitales/asociación ilícita entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner, con bóvedas incluidas, arrojó sobre el tapete de la memoria las causas por esos mismos delitos por las que el Grupo Clarín tanto tiene que explicar, con el agregado –nada menor- de su muy comprobable participación en delitos de lesa humanidad.

La indignada denuncia de la supuesta irrupción de Moreno en una asamblea de accionistas del mismo Grupo Clarín, con videíto respaldatorio sobre la ofensa cometida y todo, habilitó la televisación del video completo, quedando claro cómo se tergiversó el relato a través de la edición, y la riqueza del mismo para demostrar hasta qué punto las supuestas víctimas no eran más que cínicos victimarios.

 
La acusación de una nueva embestida contra la Justicia por parte del oficialismo, publicada hoy en Clarín, en razón del ingreso en la Cámara de Diputados de un proyecto de ley para que el Consejo de la Magistratura se haga cargo de las facultades presupuestarias, de manejo de personal y de fijación de sueldos tal como lo estipula el artículo 114 de la Constitución Nacional en su punto 3, desnuda que la permanente apelación a la Constitución para denunciar su supuesta violación sistemática por parte del Gobierno Nacional, no es más que mera estrategia (y de la más baja calaña). Según se acomoden los melones en el carro, bien se puede acusar al gobierno de embestidas plagadas de inconstitucionalidad, o de embestidas plagadas de constitucionalidad: la cuestión es acusarlo de embestir.

 
La verdad… algunos medios necesitan con urgencia contratar a un equipo de psicólogos y hacer una sesión de terapia para tratar las motivaciones ocultas en su propia sombra que los mueven a elegir ciertos contenidos. Sobre todo, porque están arrastrando con ellos a quienes pretenden promover.

Un caso especialmente jugoso para ejemplificarlo es este asuntito tan extraño de Lorenzetti y la AFIP. Ya deben haber leído –o escuchado por ahí- algo sobre la cuestión, así que resumo: dicen que Lorenzetti se siente perseguido porque la AFIP estaría investigándolos a él y a sus hijos; dice la AFIP que no está investigando ni a Lorenzetti ni a sus hijos; dicen algunos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia que la AFIP debería aclarar (cosa que ya hizo al negarlo) si está investigando a Lorenzetti, y que –por supuesto- no harán declaraciones públicas al respecto. Serán solidarios y corporativos, pero no comen vidrio: vaya uno a saber qué surge si se hacen declaraciones públicas. Así y todo, esta vez se embarraron las patas. Fayt y Zaffaroni se abstuvieron de firmar el pedido, ¿será por eso de que ya aprendieron aquello de que gallina que cacarea es porque puso un huevo?

Y los medios lo hicieron de nuevo: pretendiendo denunciar una persecución fiscal a Lorenzetti, para vincularlo con una venganza por obstaculizar el proceso de democratización de la Justicia, ponen el foco en la pregunta inevitable… ¿será que a Lorenzetti no le conviene que la AFIP meta la nariz en sus asuntos? ¿Y por qué sería esto? ¿Qué podría encontrar?


Quizás Lorenzetti no quiera que se descubra lo que hasta ahora, milagrosamente, no ha terminado de estallar: su pasado de carancho, los estímulos que podría haber abonado a cambio de frenar su publicación, y las acciones de censura y secuestro de materiales en que podría haber incurrido directamente o a través de interpósitas personas en los casos en que los estímulos pecuniarios no fueron efectivos.


Hagamos un poco de historia…

La noche del 27 de agosto de 2010 el periodista y escritor Carlos Del Frade iba a presentar su libro “Salud, Valores y Esperanza, una investigación sobre el sistema de salud de la ciudad de Rafaela (Santa Fe) y sus principales actores. La presentación se iba a hacer en el marco de una conferencia de prensa, a las 20 horas, en el auditorio Alicia Lucino de Bertoni.

Pero no fue posible: cuando Del Frade llegó al lugar, 2000 de los 2500 ejemplares de su libro habían sido secuestrados (todos los que allí estaban). Y él lo vincula al hecho de que en el mismo se nombra –y no queda nada bien parado- a Ricardo Lorenzetti, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es oriundo de la ciudad de Rafaela.

¿Qué cuenta el libro en cuestión? Según las propias palabras de Del Frade en declaraciones que hizo el día de ayer en el programa de radio Nada del Otro Mundo conducido por Cristian Maldonado en AM 580, Lorenzetti fue abogado y socio de una de las prestadoras privadas del PAMI que terminaron saqueando a la obra social de los jubilados durante los tiempos de Menem y De la Rúa”, “fue quien prestó toda la ingeniería intelectual para hacer esa prestadora que se llamaba APREME S.R.L. y reunía a las principales familias que manejaban la salud privada de la ciudad de Rafaela.

Lorenzetti fue socio de esta gerenciadora APREME S.R.L., que nació el 16 de abril de 1994, y por la que según cuenta Carlos Del Frade habría recibido 4 mil pesos mensuales como piso mínimo deducible de ganancias. Esta estipulación –de ser cierta- sería violatoria de lo dispuesto en la ley de sociedades comerciales, y ningún otro socio incluyó una cláusula semejante. En otras sociedades, en las que Lorenzetti no era socio, era apoderado o asesor legal, además de ser abogado de distintos médicos miembros de las sociedades a quienes representó en juicios y luego –ejercitando representaciones de otros accionistas- demandó. Todo muy oscuro y enredado…


¿Es posible que Lorenzetti, estando ya en la Corte, se enterara de la publicación y presentación del libro donde se relatan todas estas cuestiones? No sólo es posible, sino que evidentemente lo sabía e intentó frenar su publicación. De hecho, Del Frade cuenta que en febrero de 2010 se reunió por cuarenta minutos con Lorenzetti en su despacho, al que lo convocó para explicarle las razones por las que había sido socio y asesor de las prepagas en épocas de Alderete, y que le ofreció tres o cuatro veces 40 mil dólares a cambio de que no publicara la historia. “Lorenzetti nunca negó el hecho, lo justificaba”, dijo Del Frade en el programa de radio al que asistió ayer.

No es la primera vez que Del Frade cuenta esto, como podemos ver en este programa emitido el 7 de julio de 2011, donde cuenta la misma historia, con muchos más detalles, gracia e ironía.

 

 
 
En el minuto 9:27 deja sentado que la denuncia se había hecho pública incluso mucho antes, desde la radio que por entonces conducía en Santa Fe el radical Mario Barletta, y fueron echados como perros.
A Mario Barletta tampoco le debe estar haciendo gracia que esta historia salga a la luz, porque puede llegar a iluminar sus propias oscuridades: fue rector de la Universidad Nacional del Litoral e intendente de la ciudad de Santa Fe; candidato a gobernador de su provincia en 2011, y actualmente preside el Comité Nacional de la UCR desde diciembre de 2011. Menos aun desde que su hijo, siendo secretario general del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, está siendo cuestionado por su vinculación laboral con el estudio jurídico del abogado del ex comisario Tognoli, detenido en una causa que investiga la protección de un narcotraficante. Lo que, además, podría recordarnos que Rosario y Santa Fe son dos de las ciudades con mayor nivel de violencia en Argentina, violencia vinculada al crecimiento del narcotráfico, lo que podría a su vez llevarnos a preguntar qué acciones implementó Barletta padre durante su reciente intendencia.
Y sí: a algunos medios les vendría bien contratar a un equipo de psicólogos para supervisar la construcción de campañas de desprestigio. Se les están volviendo todas en contra.
Por Viviana Taylor
 


miércoles, 26 de junio de 2013

Masacre de Avellaneda. A 11 años, todavía falta mucho por explicar.

Por Viviana Taylor
 
 
 
Hoy se cumplen 11 años de los tristes, trágicos, criminales eventos que conocemos como la masacre de Avellaneda.

 
Las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán no se las llevó la crisis, como publicó por entonces Clarín, mientras cajoneaba las fotografías de Pepe Mateos hasta que fue inevitable ocultar lo que ya había sido revelado. Esas fotos del mismo fotógrafo que –por las curiosas volteretas del destino, la vida y la política- hace poco fue herido de bala en otra represión, esta vez por la policía metropolitana macrista, desatada en el Borda.
 

Por la masacre que hoy recordamos, y que se llevó la vida de dos militantes sociales, fueron condenados siete policías: los entonces comisario inspector Alfredo Fanchiotti y cabo Alejadro Acosta, quienes recibieron cadena perpetua; y por encubrimiento Féliz Vega, Carlos Quevedo y Mario de la Fuente a cuatro años, Gastón Sierra a tres y Lorenzo Colman a dos. El único civil enjuiciado fue Celestino Robledo, cuya condena fue de diez meses de prisión en suspenso, por usurpación de títulos y honores.

Otra historia es la que cuentan, en tanto, los responsables políticos de la masacre. Después de que Gendarmería realizara el peritaje en el que se cruzaron 200 mil llamadas telefónicas realizadas entre los sospechosos durante 2002, el fiscal Miguel Osorio identificó unas 80 como interesantes para intentar establecer si en los preparativos del operativo los actores políticos habían dado directivas que pudieron haber determinado la actuación criminal del ex comisario Fanciotti.

Si bien no se lograron condenas, sí se develaron indicios concretos de que el gobierno de Eduardo Duhalde planeó reprimir ese día con especial contundencia. Durante el juicio oral, el entonces Secretario de Seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero declaró que Atanasof –jefe de Gabinete de Duhalde- había dicho esa misma semana que los cortes a los accesos a Capital eran una “declaración de guerra”, y agregó que en esos días los políticos “echaron nafta al fuego”. Fue muy gráfica la descripción de Cafiero sobre la Policía Bonaerense, a la que comparó con “perros de presa” a los que si se les suelta la correa, atacan. Y, según su punto de vista, el 26 de junio de 2002, esos perros de presa habían sido dejados sueltos. Una jauría de perros de presa a las órdenes del gobernador bonaerense Felipe Solá, quien a pesar de estos hechos revalidó su cargo en las elecciones de 2003.

En su declaración, el ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena se desmarcó del operativo, y responsabilizó a Juan José Alvarez (quien había sido Secretario de Seguridad) y a Jorge Vanossi (Ministro de Justicia) como responsables directos. Y el jefe de la SIDE por aquellos días Carlos Soria fue quien reivindicó el informe en el que se mencionaban a sectores piqueteros –a pesar de que nunca se habían juntado- como co-planificadores de un golpe contra el Estado.


Mientras a siete policías este nuevo aniversario los encuentra condenados, otros responsables forman parte de listas para las próximas PASO.

Alfredo Atanasof (quien, como quedó recordado más arriba, era Jefe de Gabinete del gobierno de Duhalde cuando ocurrió la masacre) busca renovar su banca, que ocupa desde 2009 por Unión Pro (la alianza que oportunamente sellaran De Narváez y Macri), esta vez desde la lista de Francisco De Narváez.

Felipe Solá (quien era por entonces Gobernador de la Provincia de Buenos Aires) después de abandonar el bloque oficialista en la Cámara de Diputados en medio del conflicto por “la 125 y el campo” y formar un bloque propio con otros peronistas disidentes, volvió al Congreso también de la mano de Unión Pro. Esta vez, busca renovar su banca desde la lista del intendente de Tigre, Sergio Massa. Una lista armada por Juan José Alvarez, ex jefe de la SIDE y coordinador desde el gobierno de Duhalde del operativo que culminó en la masacre. Del mismo Duhalde que ahora también opera para Massa, apoyando su lista.

Mejor suerte ha corrido Luis Genoud, quien protege sus sentaderas sobre un sillón en la Corte Suprema de Justicia Bonaerense.

Jorge Matzkin (que no dejó de involucrarse en otros hechos policiales), Jorge Vanossi (un radical devenido ministro duhaldista devenido macrista), Oscar Rodríguez (responsable de la base operativa de la SIDE implicada en la masacre y posterior diputado nacional duhaldista) y Aníbal Fernández (Secretario General de la Presidencia de Duhalde y kirchnerista de la primera hora) también tienen todavía mucho que aportar y explicar. Varios de ellos, incluso, hasta mucho de qué responsabilizarse.

El malogrado Carlos Soria ya no puede ni una cosa ni otra. Descansa. Quién sabe si en paz.


Por Viviana Taylor