viernes, 1 de noviembre de 2019

Peronismo en clave feminista como garantía de Justicia Social



Por Viviana Taylor


El 18 de octubre, en la CTA Regional General Sarmiento (San Miguel – Malvinas Argentinas – José C. Paz), se realizó la presentación del libro “Feminismo y Peronismo. Reflexiones históricas y actuales de una articulación negada”, con la presencia de su compiladora Estela Díaz, y Cristina Álvarez Rodríguez, una de sus autoras.




Del panel participaron, además, Graciela “Cacha” Rodríguez –Secretaria de DDHH de SUTEBA-, Claudia Borras -dirigente del Movimiento Evita de San Miguel-, Delfina del Carmen Pérez –Secretaria de la Mujer del PJ San Miguel- y yo, Viviana Taylor, referente de “Educación y Territorio San Miguel”, todas por entonces candidatas por el Frente de TODOS de San Miguel.
Al final, se invitó a sumarse con unas palabras a Gabriela Diker –rectora de la UNGS- quien estaba en el público. Y a Franco La Porta –candidato a intendente por el Frente de TODOS de San Miguel-  quien dedicó unas palabras de reconocimiento a las autoras y al panel.


A continuación mi participación, sobre feminismo y Justicia Social


Aquí en San Miguel, nuestro peronismo feminista nació de la práctica política militante, que está construyendo colectivamente una síntesis entre una nueva forma de ser peronistas, enarbolando las banderas que nos identifican a través del camino del feminismo popular; y una nueva forma de ser feministas, a través de la organización política, para promover políticas que incidan directamente sobre la situación concreta de la vida de mujeres y disidentes sexuales y de género, sobre las diferencias determinadas por nuestras condiciones de clase, de origen étnico, de género y sexuales.
Sostenemos que la INDEPENDENCIA ECONÓMICA no será, si no es a través de la eliminación de las brechas salariales y las condiciones laborales diferenciales entre varones, mujeres y disidentes.
No será hasta la plena vigencia del derecho al trabajo para todes, que hoy requiere del efectivo cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Travesti-trans, que en San Miguel está aprobado hace más de un año y no es aplicado. Pero tampoco será si el cupo, al igual que el destinado a personas con discapacidad, se convierte en objetivo último y no en estrategia de construcción hacia el verdadero objetivo que es el logro del derecho que exigimos: trabajo para todes, con la misma remuneración e idénticos derechos.
No podemos seguir tolerando que a parte de nuestra sociedad se le ofrezca la explotación sexual y laboral como único camino, y la condena a una expectativa de vida de 35 años, menos de la mitad que la del resto de la población. Tolerar es avalar un genocidio por goteo, que es lo que definitiva está proponiendo un sistema del que se ufanan públicamente algunes polítiques, como la legisladora Elisa Carrió. Es hora de que dejemos de tolerar lo intolerable.
INDEPENDENCIA ECONÓMICA que tampoco no será mientras las amas de casa no sean reconocidas como trabajadoras que sostienen el sistema económico, y junto con trabajadoras domésticas y otres trabajadores precarizades, no vuelvan a acceder al derecho jubilatorio.
Un reconocimiento que debe ir acompañado por el compromiso del Estado en:
Ø  su participación en las tareas  de cuidado, a través de la creación de jardines maternales y de infantes, de escuelas infantiles, y centros de encuentro para adultos mayores, que sean suficientes y con extensión al turno vespertino, para garantizar el derecho de les cuidadores al estudio, el trabajo, y el tiempo libre, que es condición de salud;
Ø  y en la creación de programas de incentivo para el establecimiento de proyectos productivos, destinados a víctimas de violencia de género y personas en riesgo social y económico.


También luchamos por nuestra SOBERANÍA POLÍTICA, y por eso exigimos paridad en la representación para igualdad en el poder.
Hemos logrado paridad de mujeres en las listas, pero vamos por más. Nuestro desafío es que sea con feministas en las listas, y con paridad en cada ámbito del gobierno y de la vida pública: paridad de políticas, de periodistas, de deportistas, de científicas, de académicas, de editoras, de juristas, de artistas… Y que avancemos en la representación de travestis, trans y no binaries: así como las mujeres aprendimos que los varones no pueden ser nuestra voz, nosotras tampoco podemos ser la voz de les disidentes.


Afirmamos que la JUSTICIA SOCIAL sólo es alcanzable a través de la integración real y efectiva, que permita a cada uno, cada una y cada une elegir y desarrollar su propio proyecto de vida.
Por eso proponemos un sistema municipal de salud pública integral, con equipos interdisciplinarios de profesionales especializados en salud transexual-transgénero; con acceso libre y gratuito a los métodos anticonceptivos, y libre disponibilidad de kits de anticoncepción hormonal y antirretrovirales para casos de violación y abuso. Con atención inmediata a casos encuadrados en la ILE (interrupción legal de embarazo), y con atención efectiva a la interrupción voluntaria de embarazo en cuanto se apruebe la ley que garantice aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos, ley que no dejamos de exigir para terminar con la clandestinidad que condena a la pérdida de capacidad reproductiva y la muerte a miles de mujeres por año, para beneficio del enorme negocio que los laboratorios medicinales hacen con el misoprostol.
Como parte de este enorme negocio, del que es cómplice un gobierno sólo presente para favorecerlos, hoy –en la salud pública de nuestro país- no se provee de testosterona a los varones trans, ya que el laboratorio que la produce prefiere pagar la multa con que se pena su falta de provisión antes que afrontar los costos incrementados por la devaluación. Y el gobierno, coherente en su lógica antiderechos, prefiere hacer caso omiso a los reclamos por el riesgo en la salud que esta falta conlleva, y que pone a los varones trans en riesgo de muerte, y cobrar la multa mientras ajusta: doble ganancia. La misma situación la están sufriendo quienes esperan la provisión de hormonas para tratamientos de fertilidad.
Exigimos que en San Miguel se cumpla con el protocolo de la ILE, que nos es negada, y que se erradiquen las prácticas de violencia sexual y obstétrica, enraizadas en la Consejería Guadalupe.
Una salud pública integral que respete en todo momento el derecho a la intimidad, a la integridad, y a la identidad. Que articule con el sistema educativo programas de ESINB (Educación Sexual Integral No Binaria), con proyectos específicos para acompañar a niñes y adolescentes trans y a sus familias y docentes: infancias y adolescencias libres y felices generan adultes sanes y sociedades mejores.
Y que se articule con una red integrada e integral de instituciones educativas, culturales, deportivas, recreativas, comunitarias…, que promuevan actividades inclusivas y equitativas para varones, mujeres y otres.
Una JUSTICIA SOCIAL que, además, exige acceso a la Justicia: que dé respuestas inmediatas ante las denuncias de violencia de género, y que sea capaz de actuar preventivamente, con centros de cercanía. No queremos seguir llorando ausencias previsibles por inacción del Estado.

SIN PERONISMO FEMINISTA NO HAY JUSTICIA SOCIAL

VIVES, SANES, LIBRES, EDUCADES, TRABAJADORES, ORGANIZADES Y GOBERNANDO
NOS QUEREMOS

¡NI UNE MENOS!

   
    



Viviana Taylor



viernes, 24 de agosto de 2018

La entrega del Poder Judicial argentino a EEUU


Entre embajadores, jueces y juristas
La entrega del Poder Judicial llave en mano

Viviana Taylor



Entre allanamientos viciados de ilegalidad, presos políticos, fotocopias seleccionadas de páginas escogidas de improbables kuadernos, legiones de aportantes truchos entre afiliados insuficientes, marchas invisibilizadas, escuelas cerradas durante 3 semanas por inseguridad edilicia que no escandalizan a quienes se proponían como voluntarios docentes para romper 3 días de huelga; mientras silban balas de represión que a veces son de goma, y otras matan por la espalda; entre supermercados vacíos y comedores populares llenos…   
En medio de un clima en el que no habiendo pan abunda el circo, y mientras se nos vuelve familiar esa palabra -lawfare- hasta hace poco desconocida, recuerdo que en 2014 escribí una serie de posteos en los que puse el foco de análisis sobre algunos de los modos en que Estados Unidos coopta voluntades en favor de sus intereses, promoviendo y estableciendo sus relaciones de política exterior, particularmente con Argentina:


No era novedad por entonces, y mucho menos lo es ahora, que el sistema capitalista mundial está atravesando una crisis estructural integral.  Para evitar ser arrastrado por ella, Washington ha apelado a dos estrategias complementarias: 
·                     En principio, la utilización de la guerra como mecanismo de disciplinamiento de la población mundial, con el fin de generar cambios geopolíticos en todo el mundo, a través de operaciones irregulares, clandestinas, y encubiertas, que incluyen a la guerra psicológica, cibernética, y mediática (es lo que llamamos guerra de cuarta generación)
·                     Consecuentemente, la intensificación de una diplomacia de guerra, ampliado sus redes globales de inteligencia para espiar aliados, adversarios y aún a sus propios ciudadanos.

Sólo en el marco de esta diplomacia de guerra puede comprenderse que en marzo de este año, al exponer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense para ser aprobado como nuevo embajador en Argentina, Edward Prado haya expresado que su llegada a Buenos Aires tendría como misión “mejorar el sistema judicial”. Misión que desde el punto de vista de los intereses soberanos de los argentinos excede las funciones de cualquier representante diplomático, a la vez que desnuda groseramente la matriz de coloniaje con que el gobierno de  Estados Unidos aborda sus vínculos de política exterior.
Sus palabras textuales fueron: “Sé cuán importante es el Estado de Derecho y cuán importante puede ser una rama judicial fuerte e independiente para un país que va a ser una democracia sólida.” (…) “Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”.  Testimonio que consta en la transcripción del Senado.

Al ser consultado por el presidente del Comité, Senador Rubio, y por el Senador demócrata Cardin sobre el atentado a la AMIA y la muerte del exfiscal Nisman, después de destacar que el gobierno de Macri está avanzando con la investigación, respondió: “Espero poder ayudar en este proceso en todo lo que se pueda con la asistencia que podamos brindar”.
A pesar de que lo esperable (y deseable) habría sido que estas palabras generaran malestar entre los jueces y abogados argentinos, y al menos una rectificación de algún funcionario del gobierno acerca de que, dada la republicana separación de poderes en el país, las causas sobre el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman no están en sus manos sino en las del Poder Judicial, y que no se espera ese tipo de injerencia de un mandatario extranjero, apenas tuvieron algún eco mediático menor, sin consecuencias.

Sin embargo, no las pasemos de largo tan rápidamente. ¿Es casualidad que el ahora embajador Edward Prado haya tenido una larga carrera judicial, al punto de que llegó a ser mencionado como candidato para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿O fue elegido justamente por eso?
Cuando dice que su “intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina”, ¿sólo se refiere a sus visitas en 2002, cuando llegó por primera vez invitado por el grupo Justicia en Cambio, integrado por Germán Garavano, Highton de Nolasco y Santiago Otamendi entre otros, a la de 2009 cuando participó de una charla sobre Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires, a la de 2012 a la que corresponde esta fotografía, y la de 2016 para un seminario de juicios por jurados organizado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y otro en la Provincia de Neuquén? ¿O no hace alusión a sí mismo sino a la intervención que Washington viene realizando hace años sobre el sistema judicial argentino? 


Quizás para muchos la idea de este tipo de intervención sea fruto de una pura ficción conspirativa. Sin embargo, esta ceguera ante lo evidente es refutada por las pruebas que se van sumando y son afanosamente alimentada por los formadores de opinión aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense a través de sus embajadas, como ha quedado revelado por  las filtraciones divulgadas por Assange y Snowden, que han dado cuenta de la compleja red de organismos que articulan sus acciones en torno del espionaje, la formación de cuadros políticos y dirigenciales, y la desestabilización de gobiernos y economías.
A quienes les interese profundizar sobre el fundamento de estas afirmaciones, los invito a releer los tres posteos que cito más arriba, que son su marco contextual de interpretación. Aquí, en cambio, me focalizaré específicamente en una serie de hechos del pasado reciente que implican directamente al poder judicial, y que le dan un sentido más profundo -y preocupante- a las palabras de Prado, y al modo en que se entraman con la actualidad política. 

Según consta en los cables de la embajada estadounidense en Argentina, filtrados por WikiLeaks, el 27 de enero de 2006, el presidente de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti asistió a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Durante la reunión, el entonces embajador Anthony Earl Wayne le preguntó si el presupuesto judicial alcanzaba para que el sistema funcionara bien, a lo que Lorenzetti respondió que la falta de recursos le impedía adquirir la “tecnología” necesaria para mejorar la eficiencia del sistema.

En una nueva reunión que tuvieron casi dos años después, el 15 de noviembre de 2007, Lorenzetti ya no hablaba de falta de recursos: el gobierno de Néstor Kirchner había destinado fondos adicionales para la inversión en tecnología, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le proveía la asistencia técnica necesaria para aportar asesores para el proyecto. 
De lo que sí habló Lorenzetti fue de su agradecimiento por los especialistas que había aportado la embajada de Estados Unidos, a quienes les había permitido el acceso a la red informática del sistema judicial argentino, comprometiendo la seguridad del sistema frente a una potencia cuya afición al espionaje ya era harto conocida.

No fue esa la única vez en que Lorenzetti le solicitó recursos a la Embajada de Estados Unidos. En aquella misma reunión del 27 de enero de 2006, también le anunció al embajador su interés por ser el anfitrión de una conferencia judicial panamericana, similar a la que la Corte Suprema de los Estados Unidos había organizado en 1995, con financiamiento de la USAID. Obviamente, para solicitar algo así, Lorenzetti tenía que estar seguro de la relevancia que para la USAID –y para la embajada, que intercedería en su pedido- podría tener una reunión de ese tipo. Sobre todo porque no había sido tímido para solicitar financiamiento: pidió que se incluyeran los gastos de traslado y estadía de los juristas de todos los países de la región.
A pesar de la aparente desmesura del pedido, debe haber sido efectivamente de interés para la USAID porque la Conferencia de las Cortes de las Supremas Cortes de las Américas se realizó. Pero en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no consta cómo fue financiada.


¿Podría haber existido alguna traza de ingenuidad en Lorenzetti frente a sus pedidos a la embajada?
Sería rara una ingenuidad de ese tipo abrigada por alguien que llega a un puesto tan alto como el de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se las arregla para -a pesar de y contra todo- seguir siéndolo.
Pero hay una razón más fuerte que abona el argumento en contra de cualquier posibilidad de ingenuidad: en enero de 2010, la por entonces diputada PRO Gabriela Michetti le informó a la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez sobre la existencia de un grupo de políticos opositores, jueces y empresarios que se reunían en secreto con Lorenzetti. Y la invitó a conocerlos, además de pedirle que les sugiriese una lista de especialistas que pudieran asesorarlos sobre temas de interés para la embajada. Sí, leyó bien: no de interés para Argentina, sino para Estados Unidos. Tiempo después sabríamos, por Mauricio Macri, que el grupo tenía nombre: Círculo Rojo.
No fue casualidad, entonces, la tibieza tardía de las expresiones de Lorenzetti sobre las demandas de los fondos buitre durante el gobierno de Cristina, ni son casualidad las cada vez menos discretas reuniones secretas con el presidente Mauricio Macri, del mismo modo que ni ahora ni antes son casualidad los aprietes desvergonzados que recibía y recibe desde las pantallas del poder mediático cada vez que podría tomar alguna distancia con las decisiones que el Círculo considera aceptables.


Fue sobre todo gracias a sus buenos oficios, al abrirle la puerta grande a través de los especialistas que le proveyó, que la USAID logró intervenir directamente en la capacitación tecnológica de personal del sistema judicial argentino. Y es prudente sospechar que, si no lo hackeó, es porque no necesitó hacerlo dado que contó con el acceso directo a su red informática.  
USAID que, tal como ya detallé, concentra en Argentina una red de organizaciones, fundaciones, académicos, periodistas y políticos que operan por su cuenta y orden. Tal como lo hace en cada país de América Latina, librando una lucha denodada contra sus políticas soberanas, los gobiernos populistas, y dirigentes políticos y sociales que representan los intereses populares. Desde el propio corazón de la República, entregada llave en mano.


Viviana Taylor



martes, 19 de diciembre de 2017

Reformas previsional, tributaria y laboral. La tríada expoliatoria

La Saga Continúa
(No hay dos sin tres)

Viviana Taylor


Finalmente, esta madrugada se aprobó una de las leyes necesarias para concretar la transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad hacia las élites concentradas del poder real. Digo que una de las leyes necesarias porque este pretendido ahorro conduce a un botín todavía mayor. Y la vía de transferencia de ese botín hacia las arcas de los ladrones se intentará habilitar a través de la reforma tributaria.
No es casualidad que esta misma tarde se debata la segunda ley de esta tríada expoliadora: la reforma tributaria contiene un artículo que es el tiro de gracia para desfinanciar la ANSES. Tríada que intentarán completar con la reforma laboral.


Voy por partes. Pasemos a los datos para que quede más claro de qué estoy hablando.

La ANSES se ocupa del pago de jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo, seguro de desempleo, pensiones no contributivas, retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y de los Veteranos de Malvinas, más otros gastos de seguridad social.
Los fondos para responder a estos gastos se conforman con los aportes de los trabajadores, las contribuciones patronales, más un porcentaje de la recaudación de ganancias (20%), del IVA (11%) y otros impuestos (combustibles, adicional a los cigarrillos, etc).
Esta tarde (la sesión está llamada para las 17hs) se intentará aprobar la reforma tributaria. Aunque merecería mayor dedicación, me voy a concentrar en un artículo que está pasando inadvertido en la mayoría de los análisis, pero que revela su extraordinaria importancia a partir de la reciente aprobación del robo a jubilados, pensionados y beneficiarios de la seguridad social. Justamente, esta artículo habilitará a que quienes pagan impuesto a las ganancias puedan derivarlo a un fondo de pensión privado. Dicho en otras palabras: si de mi sueldo se descuentan $1000 por ganancias, puedo solicitar que esos $1000 sean transferidos a una cuenta de un fondo de retiro con capitalización individual. O sea, a las viejas AFJP.
Parece un beneficio. Y de los grandes: el impuesto de todos modos me lo descuentan, así que si puedo transferirlo a un fondo de pensiones es como si me regalaran una pensión futura por la que no tengo que pagar nada adicional. ¿Qué puedo perder? Suena tan ventajoso que hasta San Cayetano desconfiaría.

Primero, lo que podés perder -en lo inmediato- es resultado de que este artículo es casi una confirmación de que cuando este gobierno accedió encabalgado en la promesa de la eliminación del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, mintió. Si tuviese alguna intención de eliminarlo, este artículo no tendría razón de ser, salvo que hayan cometido un error. Y en cuestiones económicas y financieras no cometen errores: aún en las decisiones más desastrosas para el colectivo, en lo personal nunca salen desfavorecidos. De hecho, es más bien todo lo contrario.

Si estás pensando que “perdido por perdido, por lo menos lo capitalizo”, pasemos a lo segundo: esos $1000 se transfieren a una AFJP (voy a llamarle de este modo porque es un nombre que ya tenemos internalizado, aunque seguramente le pondrán otro para intentar fisurarlas de nuestra experiencia) que cobrará una comisión por su administración. Cuando las hubo, la comisión promedio era del 30%. O sea que nos quedan $700, suponiendo que la comisión ya incluya “otros gastos administrativos”. Esos $700 son invertidos por la AFJP y lo que generen depende de la rentabilidad. La GRAN ESTAFA argentina fue que muchos de estos fondos manipulaban las inversiones a su conveniencia: invertían en acciones que si generaban ganancias pasaban a formar parte de su propia cartera, mientras las que generaban pérdida eran transferidas a los fondos de pensión. O sea, esos $700 a veces rendían alguna ganancia, muchas veces rendían pérdida (ya que eran los que realmente corrían el riesgo de la inversión), y como resultado las más de las veces si quedaba un saldo positivo no alcanzaba para compensar la pérdida por inflación. Este es un régimen que sólo funciona en sistemas económicos estables con tendencia a la prosperidad, en los que se aporte el máximo tiempo posible con la mínima sobrevida esperable. La razón es simple: esos fondos se agotan. Cuando mes a mes se retira lo programado, la cuenta va bajando. Es un régimen de capitalización individual: si uno deja de aportar y comienza a retirar, sucede lo mismo que con cualquier cuenta de ahorro. Y esto considerando que estamos contando con administradoras honestas, por supuesto.

Tercero: Mauricio Macri ganó la presidencia prometiendo que “no te vamos a quitar nada de lo que tengas”, así que nadie está hablando de que te vayan a quitar tu derecho a la jubilación. O sea que, puedas o no acceder al régimen de capitalización individual, vas a poder jubilarte. O algo así: seguramente habrás oído cuánta prensa le están haciendo a una “pensión universal a la vejez”. Para mí, que soy una obsesiva del lenguaje, si se dice de otra manera se trata de otra cosa. Pero son cosas mías… y todavía no la han legislado. Todavía: ayer en el debate fue el caballito de batalla de Carrió y varios de sus secuaces, así que cuando llegue el momento, agarrate si todavía te queda algo de dónde hacerlo. Lo concreto, HOY, es que según la ley que se acaba de aprobar vas a jubilarte con un haber menor al que se calculaba hasta ayer, y con una movilidad también menor -incluso inferior a la inflación- lo que va a llevar a que ese haber ya degradado siga degradándose progresiva y sostenidamente. Claro que si tenés un ingreso adicional por el régimen de capitalización individual al que transferiste tus impuestos por ganancias, por ahí compensás… Siempre va a ser mejor tener algo más que no tenerlo (bah, depende de qué tengas, pero pongámosle). Pero…

Cuarto: Como el impuesto a las ganancias financia en parte los fondos de la ANSES, cada trabajador que lo transfiera a una cuenta de capitalización individual va a estar sacándoselo. O sea, los va a estar descontando del fondo que financiará su jubilación: la única que tiene asegurada por ley de por vida, porque es un régimen solidario de reparto, y no de capitalización individual. Cuando te jubiles (o te otorguen la pensión a la vejez, lo que sea que eso signifique) y ese fondo esté totalmente desfinanciado, entre otras cosas (como la reiteradamente anticipada quita a los aportes patronales) porque los trabajadores transfirieron ese recurso a las administradoras, ¿va a ser capaz de compensar con lo que te quede después de la apropiación por parte de las aseguradoras de ese dinero que les transferiste? Ya va a ser tarde para darte cuenta de que en realidad lo que estuviste haciendo fue colaborar en transferir a las AFJP fondos cuyo destinatario era la ANSES. Fondos que, si no hubieses transferido, te habrían garantizado un mejor haber jubilatorio, pérdida que de ninguna manera se compensará con la miseria que te van a dar, ni guardará proporción razonable con lo que transferiste. En ese momento, quizás hasta agradezcas que la acumulación de pérdidas/estafas no te obligue a ser vos quien tengas que seguir pagándole a la AFJP por el saldo negativo en tu cuenta. Esperemos.

Este artículo, casi inadvertido, de la ley de reforma tributaria que se debatirá esta tarde en Diputados, es la instalación del caño por el que se desagotarán parte de los fondos de la ANSES hacia las administradoras de seguros de jubilaciones y pensiones. Sumale la quita a los aportes patronales, y la combinación es fatal.


Lo interesante va a ser ver quiénes van a estar en primera fila para constituir esas administradoras. Aunque no creo que sea difícil preverlo. La historia nos puede ayudar, porque hay nombres que se repiten.
En la década de 1990, con el segundo desembarco de las recetas neoliberales a nuestro país (el primero había sido con José Martínez de Hoz en 1976), comenzó a instalarse el criterio de que la previsión social no debe tener como función la redistribución de ingresos sino el fomento del mercado de capitales a través de un régimen obligatorio de capitalización individual. El allanamiento de ese camino hacia la privatización del sistema previsional lo inició el entonces Ministro de Trabajo Jorge Alberto Triaca, padre del actual ministro de quien heredó mucho más que su nombre, durante la presidencia de Carlos Menem.
De las 26 compañías que comenzaron a operar en 1994, en 2008 sólo quedaban 10, 4 de las cuales eran propiedad de bancos y 2 de compañías de seguros. Estas 10 compañías constituyeron un oligopolio que les permitió mantener costos altos (como dije antes, un 30% promedio como comisión de administración) sin mejora de servicios.
Cuando el Estado necesitó endeudarse lo hizo vendiéndoles a las AFJP bonos con tasas de interés muy altas. Esta colocación de bonos alimentó el proceso recesivo, ya que a los bancos les convenía prestarle dinero al Estado a través de sus AFJP antes que al sector privado, que tenía enormes dificultades para poder conseguir préstamos a tasas que no fueran exorbitantes. Todo parecido con el caso de las LEBACS no es pura coincidencia, sino continuidad ideológica y estratégica.
A lo largo de este proceso de depredación, la AFJP se apropiaron de unos 100 mil millones de dólares de comisiones (un número que se repite, aunque en pesos, en el nuevo robo a los jubilados que esta madrugada se acaba de legalizar). Como consecuencia, sólo el 23% de los jubilados por este sistema pudo cobrar enteramente sus haberes de las AFJP.
Paralelamente, se desguazaba el sistema de reparto: en sus tiempos de Ministra de Trabajo, Patricia Bullrich impulsó y firmó el decreto que estableció la reducción del 13% a los haberes de los trabajadores estatales y de las jubilaciones cuyos montos fuesen mayores a 500 pesos argentinos convertibles a dólares estadounidenses. Durante su gestión, el desempleo se elevó del 15 al 25%, agravando más el desfinanciamiento del sistema de jubilación estatal. Esta vez a Bullrich no le tocó estar del lado del Ministerio de Trabajo, vehiculizando estas supuestas reformas que no son más que una brutal transferencia de recursos al sector financiero: le tocó comandar la represión salvaje para contener la protesta social.


¿Cómo les fue posible hacerlo? 

Las AFJP estaban fiscalizadas por la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, dependiente del Ministerio de Trabajo. Lejos de vigilar que cumplieran con las leyes respecto de los aportes jubilatorios y las pensiones, la Superintendencia hizo vista gorda a las irregularidades y les condonó las multas millonarias fruto de estas irregularidades.

Posteriormente, terminado el ciclo de complicidad favorecido por el modelo neoliberal sostenido por Menem y De la Rúa, durante la presidencia de Néstor Kirchner y la primera de Cristina Fernández de Kirchner hubo investigaciones judiciales por delitos de índole económica contra varias empresas y AFJP por el desvío de los fondos (peligro contra el que alerto en el segundo punto de mi enumeración, más arriba).

El caso paradgmático fue la distorsión de precios de las acciones del Grupo Clarín compradas por las AFJP, que fraguó una salida a la Bolsa con precio inflado. Cuando las administradoras las incorporaron a sus carteras el precio se desplomó, con una pérdida catastrófica que se descontó de las cuentas de los aportantes. Por este delito el por entonces titular de la Unidad de Información Financiera (UFI) José Sbatella presentó el 7 de julio de 2010 una denuncia penal por estafa y asociación ilícita contra el Grupo Clarín, Banco Patagonia, Consultatio y el banco JP Morgan como agente colocador. El testimonio clave para desenmascarar la operación lo aportó el ex vicepresidente del JP Morgan Hernán Arbizu, quien se autodenunció por la maniobra a la que calificó como “un saqueo a las AFJP”, que había sido realizada durante los primeros meses de 2007. En ese momento, la por entonces fiscal de la Cámara Comercial Alejandra Gils Carbó había dictaminado en contra de la oferta realizada por el Grupo, en la que había constatado irregularidades.

Finalmente, el 21 de octubre de 2008 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el proyecto de ley para terminar con el sistema de jubilaciones privadas y reemplazarlo por un único régimen estatal de reparto. “Venimos a esta reunión a dar nacimiento al sistema previsional argentino, un sistema de reparto de base solidaria y de administración estatal” dijo en su presentación Amado Boudou, titular de la ANSES e ideólogo del proyecto, al comenzar el acto. Ese mismo día fue enviado al Congreso, con la firma de la Presidenta, el Ministro de Trabajo Carlos Tomada y el Jefe de Gabinete Sergio Massa.

Se entiende el odio fraguado a llama viva que el Grupo Clarín guarda para con estas personas, sus enemigas íntimas. Tanto como se entiende por qué Massa es, entre ellas, la excepción que confirma la regla.



Comencé este artículo diciendo que la ley aprobada esta madrugada es la primera de una tríada necesaria para la transferencia de recursos desde los bolsillos de los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad hacia las élites concentradas del poder. Tanto es así que esta misma tarde, a las 17hs, se inicia el debate de la reforma tributaria.

La victoria que lograron esta madrugada (así como la que probablemente logren esta tarde) será indudablemente sin gloria. Una victoria lograda a golpes de extorsiones, complicidades y traiciones; a espaldas del Pueblo, con ocultamientos y mentiras que se fueron desarticulando a lo largo de la tarde y provocaron esa multitud impensada que marchó hacia el Congreso a la noche, cuando no había sido convocada más que por la convicción de su propio sentido de emergencia. Una victoria que no condice con el nerviosismo y la falta de cohesión discursiva del Presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa brindada hace apenas un par de horas, cuyo relato ya no es suficiente para ocultar lo que sucedió. A pesar de los ingentes esfuerzos de los medios cómplices.

Una victoria sin gloria.

Que sea una victoria a lo Pirro. 

Que ninguno de los extorsionadores, de los cómplices ni de los traidores salga indemne. Que carguen con el costo político que ser lanzados al ostracismo. Que sea un nuevo “que se vayan todos”, pero que esta vez lo sea en serio: que cuando cumplan su mandato no vuelvan a ser admitidos en las urnas.

Cuando seamos capaces de volver a darnos un gobierno que mire por los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad, un gobierno que no expolie los haberes jubilatorios y las pensiones mientras quita los remedios y prestaciones médico-asistenciales, que no meta la mano en la AUH mientras empuja a sus padres al desempleo y aumenta la mortalidad infantil, que no descuide a las embarazadas ni reniegue de los Veteranos de Malvinas mientras entrega a cambio de negocios propios lo que defendieron con su vida, que no desfinancie el Plan Progresar mientras cierra puertas al futuro para los jóvenes… Cuando seamos capaces de volver a un gobierno por nosotrxs y para nosotrxs, revirtamos estas leyes de la infamia, y consolidemos el Estado de Derecho en una Patria justa, inclusiva, libre y soberana.

O asumamos que nuestra falta de conciencia política y social es más fuerte que nuestra dignidad, y dejemos de cantar que “coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir”.
Viviana Taylor