Del panel participaron, además, Graciela “Cacha” Rodríguez –Secretaria de DDHH de SUTEBA-, Claudia Borras -dirigente del Movimiento
Evita de San Miguel-, Delfina del Carmen
Pérez
–Secretaria de la Mujer del PJ San Miguel- y yo, Viviana Taylor, referente de “Educación y Territorio San Miguel”,
todas por entonces candidatas por el Frente de TODOS de San Miguel.
Al final, se invitó a sumarse con unas palabras a Gabriela Diker –rectora de la UNGS-
quien estaba en el público. Y a Franco La Porta –candidato a intendente por el Frente de TODOS de
San Miguel- quien dedicó unas palabras
de reconocimiento a las autoras y al panel.
A continuación mi
participación, sobre feminismo y Justicia Social
Aquí en San Miguel,
nuestro peronismo feminista nació de la práctica política militante, que está construyendo
colectivamente una síntesis entre una nueva
forma de ser peronistas, enarbolando las banderas que nos identifican a
través del camino del feminismo popular; y una
nueva forma de ser feministas, a través de la organización política, para promover políticas que incidan directamente sobre la
situación concreta de la
vida de mujeres y disidentes sexuales y de género, sobre las diferencias
determinadas por nuestras condiciones de clase, de origen étnico, de género y sexuales.
Sostenemos
que la INDEPENDENCIA ECONÓMICA no será, si no
es a través de la eliminación de las brechas salariales y las condiciones
laborales diferenciales entre varones, mujeres y disidentes.
No será hasta la plena
vigencia del derecho al trabajo para todes, que hoy requiere del efectivo
cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Travesti-trans,
que en San Miguel está aprobado hace más de un año y no es aplicado. Pero
tampoco será si el cupo, al igual que el destinado a personas con discapacidad, se convierte en objetivo último y no en
estrategia de construcción hacia el verdadero objetivo que es el logro del
derecho que exigimos: trabajo para
todes, con la misma remuneración e idénticos derechos.
No
podemos seguir tolerando que a parte de nuestra sociedad se le ofrezca la
explotación sexual y laboral como único camino, y la condena a una expectativa
de vida de 35 años, menos de la mitad que la del resto de la población. Tolerar
es avalar un genocidio por goteo, que es lo que definitiva está proponiendo un sistema
del que se ufanan públicamente algunes polítiques, como la legisladora Elisa
Carrió. Es hora de que dejemos de tolerar lo intolerable.
INDEPENDENCIA ECONÓMICA que tampoco no
será mientras las amas de casa no
sean reconocidas como trabajadoras que sostienen el sistema económico, y junto
con trabajadoras domésticas y otres
trabajadores precarizades, no vuelvan a acceder al derecho jubilatorio.
Un reconocimiento que debe ir acompañado
por el compromiso del Estado en:
Ø su participación en
las tareas de cuidado, a través de
la creación de jardines maternales y de infantes, de escuelas infantiles, y
centros de encuentro para adultos mayores, que sean suficientes y con extensión
al turno vespertino, para garantizar el derecho de les cuidadores al estudio,
el trabajo, y el tiempo libre, que es condición de salud;
Ø y en la creación de
programas de incentivo para el establecimiento de proyectos productivos,
destinados a víctimas de violencia de género y personas en riesgo social y
económico.
Hemos
logrado paridad de mujeres en las listas, pero vamos por más. Nuestro desafío
es que sea con feministas en las listas, y con paridad en cada ámbito del
gobierno y de la vida pública: paridad de políticas, de periodistas, de
deportistas, de científicas, de académicas, de editoras, de juristas, de
artistas… Y que avancemos en la representación de travestis, trans y no
binaries: así como las mujeres aprendimos que los varones no pueden ser nuestra
voz, nosotras tampoco podemos ser la voz de les disidentes.
Afirmamos
que la JUSTICIA SOCIAL sólo es
alcanzable a través de la integración real y efectiva, que permita a cada uno,
cada una y cada une elegir y desarrollar su propio proyecto de vida.
Por
eso proponemos un sistema municipal de
salud pública integral, con equipos interdisciplinarios de profesionales
especializados en salud transexual-transgénero;
con acceso libre y gratuito a los
métodos anticonceptivos, y libre disponibilidad de kits de anticoncepción hormonal y antirretrovirales
para casos de violación y abuso. Con atención inmediata a casos encuadrados en
la ILE (interrupción legal de
embarazo), y con atención efectiva a la interrupción voluntaria de embarazo en
cuanto se apruebe la ley que garantice aborto
legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos, ley que no dejamos de
exigir para terminar con la clandestinidad que condena a la pérdida de
capacidad reproductiva y la muerte a miles de mujeres por año, para beneficio
del enorme negocio que los laboratorios medicinales hacen con el misoprostol.
Como
parte de este enorme negocio, del que es cómplice un gobierno sólo presente
para favorecerlos, hoy –en la salud pública de nuestro país- no se provee de
testosterona a los varones trans, ya que el laboratorio que la produce prefiere
pagar la multa con que se pena su falta de provisión antes que afrontar los
costos incrementados por la devaluación. Y el gobierno, coherente en su lógica
antiderechos, prefiere hacer caso omiso a los reclamos por el riesgo en la
salud que esta falta conlleva, y que pone a los varones trans en riesgo de
muerte, y cobrar la multa mientras ajusta: doble ganancia. La misma situación
la están sufriendo quienes esperan la provisión de hormonas para tratamientos
de fertilidad.
Exigimos que en San Miguel se cumpla con
el protocolo de la ILE, que nos es negada, y que se erradiquen las prácticas de
violencia sexual y obstétrica, enraizadas en la Consejería Guadalupe.
Una
salud pública integral que respete en todo momento el derecho a la intimidad, a la integridad, y a la identidad. Que
articule con el sistema educativo programas de ESINB (Educación Sexual Integral No Binaria), con proyectos
específicos para acompañar a niñes y
adolescentes trans y a sus familias y docentes: infancias y adolescencias
libres y felices generan adultes sanes y sociedades mejores.
Y
que se articule con una red integrada e integral de instituciones educativas,
culturales, deportivas, recreativas, comunitarias…, que promuevan actividades
inclusivas y equitativas para varones, mujeres y otres.
Una
JUSTICIA SOCIAL que, además, exige acceso a la Justicia: que dé respuestas
inmediatas ante las denuncias de violencia
de género, y que sea capaz de actuar
preventivamente, con centros de
cercanía. No queremos seguir llorando ausencias previsibles por inacción
del Estado.
SIN PERONISMO FEMINISTA NO HAY JUSTICIA SOCIAL
VIVES, SANES, LIBRES, EDUCADES,
TRABAJADORES, ORGANIZADES Y GOBERNANDO
NOS QUEREMOS
¡NI UNE MENOS!
Viviana Taylor