Entre embajadores, jueces y
juristas
La entrega del Poder Judicial llave
en mano
Viviana Taylor
Entre
allanamientos viciados de ilegalidad, presos políticos, fotocopias
seleccionadas de páginas escogidas de improbables kuadernos, legiones de
aportantes truchos entre afiliados insuficientes, marchas invisibilizadas,
escuelas cerradas durante 3 semanas por inseguridad edilicia que no
escandalizan a quienes se proponían como voluntarios docentes para romper 3
días de huelga; mientras silban balas de represión que a veces son de goma, y
otras matan por la espalda; entre supermercados vacíos y comedores populares
llenos…
En
medio de un clima en el que no habiendo pan abunda el circo, y mientras se nos
vuelve familiar esa palabra -lawfare- hasta hace poco desconocida,
recuerdo que en 2014 escribí una serie de posteos en los que puse el foco de
análisis sobre algunos de los modos en que Estados Unidos coopta voluntades en
favor de sus intereses, promoviendo y estableciendo sus relaciones de política
exterior, particularmente con Argentina:
- 497 días para el fin: ¿Entre el postkirchnerismo y la política vintage?
- La defensa de la propiedad intelectual como caso de análisis
- Así interviene la CIA en Argentina
No
era novedad por entonces, y mucho menos lo es ahora, que el sistema capitalista
mundial está atravesando una crisis estructural integral. Para evitar ser arrastrado por ella, Washington
ha
apelado a dos estrategias complementarias:
·
En principio, la utilización de la
guerra como mecanismo de disciplinamiento de la población mundial, con el fin
de generar cambios geopolíticos en todo el mundo, a través de operaciones
irregulares, clandestinas, y encubiertas, que incluyen a la guerra psicológica,
cibernética, y mediática (es lo que llamamos guerra de cuarta
generación)
·
Consecuentemente, la intensificación de
una diplomacia de guerra, ampliado sus redes globales de
inteligencia para espiar aliados, adversarios y aún a sus
propios ciudadanos.
Sólo en el marco de esta diplomacia de guerra puede
comprenderse que en marzo de este año, al exponer ante el Comité de Relaciones
Exteriores del Senado estadounidense para ser aprobado como nuevo embajador en
Argentina, Edward Prado haya expresado que su llegada a Buenos Aires tendría
como misión “mejorar el sistema judicial”.
Misión que desde el punto de vista de los intereses soberanos de los argentinos
excede las funciones de cualquier representante diplomático, a la vez que desnuda
groseramente la matriz de coloniaje con que el gobierno de Estados Unidos aborda sus vínculos de política
exterior.
Sus palabras textuales fueron: “Sé cuán importante es el Estado de Derecho y
cuán importante puede ser una rama judicial fuerte e independiente para un país
que va a ser una democracia sólida.” (…) “Mi intención es continuar trabajando
con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer
la confianza de la gente en el sistema judicial”. Testimonio que consta en la transcripción del Senado.
Al ser consultado por el presidente del Comité, Senador
Rubio, y por el Senador demócrata Cardin sobre el atentado a la AMIA y la
muerte del exfiscal Nisman, después de destacar que el gobierno de Macri está avanzando con la investigación, respondió:
“Espero poder ayudar en este proceso en
todo lo que se pueda con la asistencia que podamos brindar”.
A pesar de que lo esperable (y deseable) habría
sido que estas palabras generaran malestar entre los jueces y abogados
argentinos, y al menos una rectificación de algún funcionario del gobierno acerca
de que, dada la republicana separación de poderes en el país, las causas sobre
el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman no están en sus manos sino en las
del Poder Judicial, y que no se espera ese tipo de injerencia de un mandatario
extranjero, apenas tuvieron algún eco mediático menor, sin consecuencias.
Sin embargo, no las pasemos de largo tan
rápidamente. ¿Es casualidad que el ahora embajador Edward Prado haya tenido una
larga carrera judicial, al punto de que llegó a ser mencionado como candidato
para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿O fue elegido justamente por
eso?
Cuando dice que su “intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la
Argentina”, ¿sólo se refiere a sus visitas en 2002, cuando llegó por
primera vez invitado por el grupo Justicia en Cambio, integrado por Germán Garavano,
Highton de Nolasco y Santiago Otamendi entre otros, a la de 2009 cuando
participó de una charla sobre Administración de Justicia en la Universidad de
Buenos Aires, a la de 2012 a la que corresponde esta fotografía, y la de 2016 para un seminario de juicios por jurados organizado por la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires y otro en la Provincia de Neuquén? ¿O no hace
alusión a sí mismo sino a la intervención que Washington viene realizando hace
años sobre el sistema judicial argentino?
Quizás para muchos la idea de este tipo de
intervención sea fruto de una pura ficción conspirativa. Sin embargo, esta ceguera ante lo evidente es refutada por las pruebas
que se van sumando y son afanosamente alimentada por los formadores de opinión
aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense a través de sus embajadas,
como ha quedado revelado por las
filtraciones divulgadas por Assange y Snowden, que han dado cuenta de la compleja
red de organismos que articulan sus acciones en torno del espionaje, la
formación de cuadros políticos y dirigenciales, y la desestabilización de
gobiernos y economías.
A quienes les interese profundizar sobre el fundamento de
estas afirmaciones, los invito a releer los tres posteos que cito más arriba, que
son su marco contextual de interpretación. Aquí, en cambio, me focalizaré específicamente en una serie de hechos del pasado reciente que implican directamente al poder judicial, y que le dan un sentido más profundo -y preocupante- a las palabras de Prado, y al modo en que se entraman con la actualidad política.
Según
consta en los cables de la embajada estadounidense en Argentina, filtrados por WikiLeaks,
el 27 de enero de 2006, el presidente de la Corte Suprema de la Nación Ricardo
Lorenzetti asistió a la embajada de los Estados Unidos en
Buenos Aires. Durante la reunión, el entonces embajador Anthony Earl Wayne
le preguntó si el presupuesto judicial alcanzaba para que el sistema funcionara
bien, a lo que Lorenzetti respondió que la falta de recursos le impedía
adquirir la “tecnología” necesaria para mejorar la eficiencia del sistema.
En
una nueva reunión que tuvieron casi dos años después, el 15 de noviembre de
2007, Lorenzetti ya no hablaba de falta de recursos: el gobierno de Néstor
Kirchner había destinado fondos adicionales para la inversión en tecnología, y
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le proveía la asistencia técnica
necesaria para aportar asesores para el proyecto.
De lo que sí habló Lorenzetti
fue de su agradecimiento por los especialistas que había aportado la embajada
de Estados Unidos, a quienes les había
permitido el acceso a la red informática del sistema judicial argentino,
comprometiendo la seguridad del sistema frente a una potencia cuya afición al
espionaje ya era harto conocida.
No
fue esa la única vez en que Lorenzetti le solicitó recursos a la Embajada de
Estados Unidos. En aquella misma reunión del 27 de enero de 2006, también le
anunció al embajador su interés por ser el anfitrión de una conferencia
judicial panamericana, similar a la que la Corte Suprema de los Estados Unidos
había organizado en 1995, con financiamiento de la USAID. Obviamente, para solicitar algo así, Lorenzetti
tenía que estar seguro de la relevancia que para la USAID –y
para la embajada, que intercedería en su pedido- podría tener una reunión de
ese tipo. Sobre todo porque no había sido tímido para solicitar financiamiento:
pidió que se incluyeran los gastos de traslado y estadía de los juristas de
todos los países de la región.
A
pesar de la aparente desmesura del pedido, debe haber sido efectivamente de
interés para la USAID porque la Conferencia de las Cortes de las Supremas
Cortes de las Américas se realizó. Pero en la página de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación no consta cómo fue financiada.
¿Podría
haber existido alguna traza de ingenuidad en Lorenzetti frente a sus pedidos a
la embajada?
Sería
rara una ingenuidad de ese tipo abrigada por alguien que llega a un puesto tan
alto como el de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que
se las arregla para -a pesar de y contra todo- seguir siéndolo.
Pero hay una razón más fuerte que abona el argumento en
contra de cualquier posibilidad de ingenuidad: en enero de 2010, la por
entonces diputada PRO Gabriela Michetti le informó a
la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez sobre la existencia de
un grupo de políticos opositores, jueces y empresarios que se reunían en
secreto con Lorenzetti. Y la invitó a conocerlos, además de pedirle que les
sugiriese una lista de especialistas que pudieran asesorarlos sobre
temas de interés para la embajada.
Sí, leyó bien: no de interés para Argentina, sino para Estados Unidos. Tiempo
después sabríamos, por Mauricio Macri, que el grupo tenía nombre: Círculo Rojo.
No fue casualidad, entonces, la tibieza tardía de
las expresiones de Lorenzetti sobre las demandas de los fondos buitre durante el
gobierno de Cristina, ni son casualidad las cada vez menos discretas reuniones
secretas con el presidente Mauricio Macri, del mismo modo que ni ahora ni antes
son casualidad los aprietes desvergonzados que recibía y recibe desde las
pantallas del poder mediático cada vez que podría tomar alguna distancia con
las decisiones que el Círculo considera aceptables.
Fue
sobre todo gracias a sus buenos oficios, al abrirle la puerta grande a través
de los especialistas que le proveyó, que la USAID logró intervenir
directamente en la capacitación tecnológica de personal del sistema judicial
argentino. Y es prudente sospechar que, si no lo hackeó, es porque no necesitó
hacerlo dado que contó con el acceso directo a su red informática.
USAID
que, tal como ya detallé, concentra en Argentina una
red de organizaciones, fundaciones, académicos, periodistas y políticos que
operan por su cuenta y orden. Tal como lo hace en cada país de América Latina, librando
una lucha denodada contra sus políticas soberanas, los gobiernos populistas, y
dirigentes políticos y sociales que representan los intereses populares. Desde
el propio corazón de la República, entregada llave en mano.
Viviana Taylor
