Viviana
Taylor
Salvador
Mazza (Salta) está convulsionado: después de que su intendente Carlos Villalba
fuera demorado en una casa/prostíbulo, entre los vecinos se juntaron firmas
para pedir su renuncia, mientras políticos de distintos ámbitos analizan la
intervención de la localidad.
¿Deberíamos
sorprendernos de que la comunidad esté dividida entre quienes apoyan al
intendente y quienes no? Desde la perspectiva de quienes lo apoyan, la
indignación pasa por la vergüenza: el problema no parece ser que Villalba
visite prostíbulos, sino que visibilizó en su persona la relación entre prostitución y política, que es fácilmente
extensible a prostitución - trata de
personas – política, y encima lo hizo enlazando a Salvador Mazza en la cadena de relación. Desde la perspectiva de quienes no lo apoyan, están
quienes consideran necesaria la renuncia del funcionario y la determinación del
alcance de su responsabilidad, quienes exigen además la intervención del
municipio, y quienes piden que dicha extensión no se aboque sólo a esta
cuestión sino también a los conflictos laborales y otros temas que –con menos
repercusión- también aquejan a Salvador Mazza.
Si
bien el nombre de Carlos Villalba es
el que hoy resuena en la prensa la hablar de los vínculos entre política y
prostitución, no es la única cara visible de la relación.
Sólo
por recordar algunos nombres, hoy vinculados con los escenarios de campaña legislativa,
y sin ninguna pretensión de agotar la lista:
·
Oscar Zilocchi posee una causa -cuya elevación a juicio oral se solicitó hace algún tiempo y quedó archivada por una presunta connivencia entre funcionarios, hasta ahora que la sanción al fiscal acaba de ser anulada- por corrupción referida a la protección de prostíbulos
involucrados en la trata de personas, cuando era Secretario de Gobierno de Aldo Rico. En las recientes PASO ambos
ex intendentes se enfrentaron: Zilocchi es el candidato a 1º Concejal por la
lista de Francisco De Narváez, y Rico por la de Eduardo Amadeo. Como en su
propio blog afirmó Zilocchi hace algún tiempo: “Si a un árbol se lo conoce por sus frutos, a un gobernante se lo conoce por sus obras”.
·
El caso Marita Verón, por el
cual la Justicia de Tucumán absolvió
a los trece acusados por su secuestro y desaparición en abril de 2002, es el
caso más contundente para graficar estas redes de complicidades. El juicio dejó
al descubierto la trama de la trata de personas en Tucumán, sus vínculos con el
poder político y policial, proveyó evidencias de sus ramificaciones a nivel
nacional e internacional, y su resolución permitió constatar la necesaria
implicación del poder judicial: las condiciones para la impunidad estuvieron
garantizadas desde el inicio, cuando no se facilitó en nada la investigación
del caso, cuando se trató en todo momento de inclinar la sospecha hacia la
familia, y desde algunos medios de comunicación se trabajó para instalar la
hipótesis de una desaparición voluntaria (los mismos medios que sostienen lo
mismo sobre Jorge Julio López). Así, cuando se realizó la lectura del fallo de
la Sala II de la Cámara en lo Penal en Tucumán, integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero, estaba claro que la red
había actuado eficientemente: los acusados María Azucena Márquez, Irma Lidia
Medina y sus hijos Gonzalo y José “Chenga”
Gómez, Pascual Andrada, Humberto Derobertis, Carlos Luna, Mariana bustos,
Daniela Milhein, Alejandro González, Víctor Rivero, María Rivero y Cinthia
Gaitán, fueron todos absueltos.
·
Miguel Torres del Sel se confesó prostituyente en
enero pasado, durante una entrevista en el show del humorista Jay Mammon. Del
Sel fue candidato a gobernador y ahora es candidato a Diputado Nacional por la
Pcia de Santa Fe, siempre de la mano del PRO –esta vez en alianza con el
peronismo disidente-. Y no se satisfizo con la sola admisión de que paga por
sexo: reafirmó en sus expresiones que le parece normal hacerlo, naturalizando y
quitándole toda connotación moral a un acto que –sabemos- es la razón última de
la trata de personas para la servidumbre sexual. Por supuesto, tampoco se quedó allí: todas sus expresiones fueron despreciativas de las mujeres y sexualmente connotadas en ese mismo sentido de objetos de consumo para la satisfacción del deseo masculino. Después de todo, como lo ha expresado en varias ocasiones, Del Sel
opina que las jovencitas se embarazan por unas moneditas (en referencia a la
Asignación Universal por Hijo), tienen sexo para llegar donde quieren (las
mujeres accedemos a mejores oportunidades “chupándola”),
y es normal pagarles por sexo porque así lo quieren. Sus consideraciones
misóginas y estigmatizantes no se detuvieron siquiera ante la investidura
presidencial. Del mismo modo en que tampoco se detuvo, en otras ocasiones,
compartiendo pantalla con mujeres –fuesen concursantes de algún certamen,
trabajadoras del espectáculo, artistas, o referentes de la política-: bien lo
sabe Victoria Donda, que eligió la templanza justo cuando la prudencia
aconsejaba otra cosa.
·
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, recibió dinero para su reelección de parte del
proxeneta y ex agente de la SIDE Raúl Martins: y lo sabemos por la acusación de
su propia hija, Lorena Martins.
·
El caso Marita Verón, por el
cual la Justicia de Tucumán absolvió
a los trece acusados por su secuestro y desaparición en abril de 2002, es el
caso más contundente para graficar estas redes de complicidades. El juicio dejó
al descubierto la trama de la trata de personas en Tucumán, sus vínculos con el
poder político y policial, proveyó evidencias de sus ramificaciones a nivel
nacional e internacional, y su resolución permitió constatar la necesaria
implicación del poder judicial: las condiciones para la impunidad estuvieron
garantizadas desde el inicio, cuando no se facilitó en nada la investigación
del caso, cuando se trató en todo momento de inclinar la sospecha hacia la
familia, y desde algunos medios de comunicación se trabajó para instalar la
hipótesis de una desaparición voluntaria (los mismos medios que sostienen lo
mismo sobre Jorge Julio López). Así, cuando se realizó la lectura del fallo de
la Sala II de la Cámara en lo Penal en Tucumán, integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero, estaba claro que la red
había actuado eficientemente: los acusados María Azucena Márquez, Irma Lidia
Medina y sus hijos Gonzalo y José “Chenga”
Gómez, Pascual Andrada, Humberto Derobertis, Carlos Luna, Mariana bustos,
Daniela Milhein, Alejandro González, Víctor Rivero, María Rivero y Cinthia
Gaitán, fueron todos absueltos.
El
problema de la trata de personas no es un problema de pobres, ni de zonas
rurales, ni de pequeños centros urbanos alejados de las grandes ciudades, ni de
captación de chicas vulnerables, ni de descuido familiar. Ni siquiera –aunque sus
víctimas lo son mayoritariamente- es un problema de mujeres.
Las
redes sociales están allí para testimoniarlo: la búsqueda de chicas
desaparecidas –y en mucha menor medida de varones jóvenes- se repite con más
frecuencia que la tolerable. Una frecuencia y en una cantidad que las pantallas
de televisión no alcanzan a reproducir.
Por
brutal que suene, (la realidad es más brutal e infinitamente más cruel y
obscena que esta expresión) la trata es un problema de abastecimiento del mercado. Es el modo en que se proveen los
recursos para satisfacer la demanda de un bien de consumo.
Hay
trata porque es un negocio.
Y
es un negocio porque hay clientes:
clientes que pagan.
La trama de las redes que
conforman la trata de personas con fines de prostitución es intrincada y
complejísima. Y está enraizada en las propias formas culturales de la vida
social de la que participan quienes tienen como tarea asignada combatirlas.
Las redes son difíciles de
erradicar porque su ámbito es la noche. La misma noche de la que participan
políticos, jueces, funcionarios, policías, periodistas. La misma noche en la
que los códigos indican que lo que sucede se silencia y se oculta… hasta que es
redituable sacarlo a la luz.
El
silencio es un favor que se paga.
Y se paga caro.
El silencio de las debilidades
privadas que en la noche se viven en público es el favor que convierte a
políticos, jueces, funcionarios y policías en clientes atrapados por una forma silenciada de clientelismo.
Clientes que consumen lo que en la noche circula, y clientes que pagan con
favores el silencio de quienes los vieron consumirlo.
Un silencio sórdido en el que
se va conformando una percepción distorsionada sobre la realidad, en la que
todo se tergiversa. Todo. Y lo procaz, lo ilícito, lo degradante se confunden
con normalidad.
Quizás sea por esto que quienes
comparten su espacio político -el PRO- no han salido a desmarcarse más
fuertemente de los dichos de Del Sel ni hayan explicado con mayor contundencia
cómo se financió la campaña para la reelección de Macri: después de todo, el
primero no ha declarado más que consumir y promover los mismos negocios que financian
–al menos en parte- sus políticas y campaña. El círculo quedó cerrado.
¿Y los electores? Los
electores, quizás, sigan entrampados en la fantasía de que estos son problemas
que no los rozan: son cosas de pobres, del campo y el conurbano, de sectores
vulnerables, de familiares descuidados, de chicas a las que les gusta escalar
posiciones chupándola, o que les
gusta recibir dinero a cambio de sexo. Quizás hasta se imaginen que los
clientes son como príncipes que las adoran y tratan como a reinas.
Pero tanto silencio de
elegidos y electores, de traficantes y consumidores, colabora en ocultar que –junto
con la trata de personas- se gestan innumerables actos de corrupción nacidos en
esta forma no considerada de clientelismo político.
Y es que existe un tipo de relación clientelar que ha permanecido oculta, inadvertida. Y que en esa
invisibilidad ha encontrado su mayor fortaleza. Un tipo de relación cliente-patrón
en el cual el patronazgo no se ejerce desde el cargo de funcionario sino desde
el poder económico. Un tipo de poder que sabe cómo enmascararse de otra cosa:
como poder mediático, como el poder del manejo de las cajas, como el poder con capacidad de chantaje y extorsión que
da el conocimiento de secretos. Son poderes que a veces se entraman de modo más
directo o solapado, a veces de manera central y otras en apariencia
circunstanciales, pero que siempre son interdependientes.
Y
todos ellos tienen poder de patronazgo sobre el poder político.
Es allí donde está el mayor
riesgo del poder político: en su sometimiento a una posición clientelar, al
lugar de la debilidad, de quien necesita de asistencia.
En este riesgo de abandono de
su posición directriz, lo que entrega es su autonomía para definir políticas, a
la vez que se somete al arbitrio de otros poderes, cuyo interés no es lo
público ni lo colectivo.
Por el contrario, la mayor
fortaleza está en la capacidad para echar luz sobre estas formas de poder, y
así contrarrestar la invisibilidad en la que procuran permanecer: explicitar
las formas clientelares por las que el poder económico (a través de
cualesquiera de sus patas) intenta someter al poder político, es lo único que
logra quitarle efectividad.
Así como las relaciones
clientelares tradicionales se desarticulan con la extensión de derechos a todos
los sectores de la población, las relaciones clientelares no tradicionales se
desorganizan con mayor y mejor acceso a la información. Claro que no es tarea
fácil: la invisibilidad que les ha permitido consolidarse ha sido favorecida
por el poder de patronazgo de quienes tienen incidencia sobre la formación de
nuestros modos de interpretación de la realidad: es el poder mediático el gran
articulador de todas estas formas de poder.
Quizás por eso, ahora que el
escándalo puso a Villalba en el ojo de la escena, se elija no hablar demasiado
sobre esto, y de ninguna manera hacerlo sobre esos otros candidatos que hace
rato que están salpicados por el mismo barro.
Es mejor seguir entretenidos
con otros cuentos.
Viviana Taylor
