sábado, 13 de octubre de 2012

¿Pro-vida o abortista?



Por Viviana Taylor


Las palabras nombran. Y cuando nombran, las palabras iluminan. Podemos pensar lo que ponemos en palabras.

Pero las palabras también ocultan. Iluminar un aspecto de la realidad implica dejar otros a oscuras, o en penumbras. Las palabras, cuando nombran, también ocultan, esconden, silencian… y deforman.

Podemos pensar lo que ponemos en palabras. Pero sólo hacerlo según cómo lo nombramos.


Quise empezar con esta reflexión/aclaración porque me resulta importante dejar algo en claro, para que se sepa desde dónde digo lo que digo: estoy a favor de la vida. Soy pro-vida, y creo que la vida de toda persona debe ser defendida integralmente desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte. Estoy a favor, por ello, de todo lo que se haga en función de su protección y cuidado. Y creo –sostengo firmemente- que esta es una función que le corresponde al Estado: el Estado debe garantizar esta protección para todos, en toda situación.

No soy abortista. No estoy a favor del aborto. No imagino que alguien pueda estarlo. De la misma manera en que no me imagino que alguien pueda estar a favor de la muerte, del dolor, de la enfermedad, de la miseria, de la desgracia... El aborto es una decisión que ninguna mujer debería tener que tomar, porque cuando se llega a él es porque fallaron otras cosas antes. Cosas que no deberían haber fallado. Pero la realidad es lo que es, y no siempre se comporta del modo en que lo deseamos. O debería. Y a menudo sucede lo que nunca, por ninguna razón, debería haber sucedido.

Estoy a favor de la vida y en contra del aborto. Aclarar esto me parece tan innecesario como afirmar que estoy contra la enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte no me gustan, son dolorosas, nos dañan de formas inimaginables. Dejan marcas indelebles. Pero allí están. Y prohibirlas no las erradicaría. Apenas las volvería clandestinas. Y, por clandestinas, incontrolables. A ellas y sus consecuencias.

Soy pro-vida y estoy en contra del aborto. Quienes sostienen que si el aborto se legalizara –o se despenalizara- asistiríamos a una epidemia, deberían relajarse: ninguna mujer se hace un aborto simplemente porque sea posible.


No quiero centrarme en argumentos llenos de emotividad. Quienes sostienen la negación al aborto bajo todas sus formas han hecho uso y abuso de estos argumentos.  ¿Pero cómo no recordar a cada mujer que me ha confesado el haber interrumpido un embarazo, como quien confiesa un delito o un pecado que no está segura de que haya sido perdonado, y sin embargo sostiene la convicción de que no hubiese podido hacer otra cosa, y su no arrepentimiento?

Pienso en P., una paraguaya encantadora de voz alegre y ojos grandes. Cuando la conocí, andaba por los 25. Estaba contenta porque vivía con una tía abuela y su vida había mejorado porque “trabajaba por horas, no cama adentro”. Una buena familia la empleaba, un sueldo que le alcanzaba para sus gastos mínimos, pero sobre todo, a la noche volvía a una casa donde dormía en una cama que sentía propia. Y eran suyos los fines de semana. No siempre había sido así: cuando P. llegó de Paraguay, con apenas 13 años, fue colocada en una casa de buena familia, en la que aprendió el oficio hasta que fue de su exclusiva responsabilidad. Durante años fregó pisos y baños, lavó ropa, cocinó comidas sencillas –“de las de todos los días, porque para las ocasiones especiales contrataban a otra persona”- y sobre todo se perdió siestas cuando a pesar de ser su horario de descanso el trabajo se había retrasado, o la necesitaban. Pero P. estaba contenta: en esa casa se llenaba la panza todos los días, y había comodidades que en la suya –la lejana- no tenía. Hasta que quedó embarazada. Nunca me dijo quién la había embarazado, y yo nunca pregunté. Cuando me lo contó acotó que “la señora no preguntó, pero porque no le importaba”. En su acotación comprendí que diferenciaba mi silencio respetuoso de aquel otro, el silencio indiferente. O cómplice. Claro, no tan indiferente –pero sí suficientemente cómplice- como para ofrecerle una alternativa: con un niño no la iban a poder seguir empleando, pero le ofrecía pagarle un aborto, en un buen lugar, donde se la cuidaría. Y P. fue, convencida de que para las chicas como ella la alternativa es clara: o el aborto, o vuelta a Paraguay, con su madre, a compartir el hambre con una boca más. Años más tarde, me lo contaba deshecha en llanto. Pero ni una vez dijo que estaba arrepentida de haber abortado. Y agradecía que las circunstancias hubiesen cambiado. Soñaba con formar una familia con su novio. Y claro, con tener hijos.

El caso de M. fue distinto. Aunque no tanto. Estaba casada y era madre de una niña pequeña. Pero su marido se había quedado sin trabajo: épocas más difíciles que esta, de esas donde no hay nada, sólo más desempleados. M. trabajaba por su cuenta, en su casa, haciendo arreglitos de costura, lo justo para estirar lo que había quedado. Pero la crisis también había llegado a su máquina de coser: si no había trabajo, tampoco había dinero para arreglar ropa. Como si necesitara justificar anticipadamente lo que iba a contarme, me dice: “pasábamos tanta necesidad, que un vecino me daba la leche para la nena. A mí me daba vergüenza, pero la agarraba, porque uno por los hijos se aguanta. Pero en cuanto agarraba un pesito, iba a la panadería y compraba unas galletitas que yo sabía que le gustaban, y él me las agradecía como si fueran no sé qué…” Yo la escuchaba, y a las dos se nos llenaban los ojos de lágrimas. Y M. queda embarazada. Me cuenta que fue difícil la decisión, que ella se daba cuenta de que su marido pensaba lo mismo, pero no le decía nada. Entonces le puso voz al silencio, se abrazaron y lloraron: “las mujeres somos más fuertes, más decididas”. Averiguaron dónde ir y con quién, porque no querían arriesgarse a que les pasara lo que a la mamá de una amiguita del jardín de la nena, que había terminado desangrándose. Con los ojos llenos de una tristeza indecible, M. dice: “no podíamos hacer otra cosa, no teníamos nada. Vivíamos de prestado, en otra casa. Pero en cuanto las cosas mejoraron, lo primero que hicimos fue tener otro hijo”. Y M. y su marido nunca, después de aquel abrazo acongojado, volvieron a hablar del tema. Cuando me contó esto llevaban unos 30 años de casados, y eran una de esas parejas a las que se las nota especialmente compañeras. Pero un silencio los había atravesado. Quizás era la forma de imaginar que nunca había sucedido. O porque hay dolores que no pueden ser nombrados.

S., en cambio, tenía 16 años. Hacía menos de uno que había muerto su abuela, su adorada abuela, a cuya casa iba todos los días a almorzar después de la escuela y donde se quedaba hasta poco después de tomar la leche, desde que tenía recuerdos. Con su abuela hacía la tarea, con su abuela cocinaba, su abuela le estaba enseñando a tejer… pero su abuela enfermó y murió. Y S. entró en una depresión profunda, en una época en que los padres no sospechaban que los hijos pudieran padecerla. Subió de peso -mucho- comiendo cantidades exorbitantes en una época en que no parecía haberse inventado la bulimia, porque no se hablaba de ella. Y en medio de tanta tristeza conoció a un chico. Si no hubiese sido por lo que sucedió, reconoce que ni recordaría su nombre, como pasó antes y después con otros noviecitos. Pero en medio de tanta tristeza, y desesperanza, y desorientación, se embarazó. Décadas después, todavía no tiene muy claro cómo fue. Si no hubiese sido por lo que después sucedió, la represión de ese recuerdo habría sido tan efectiva que ni recordaría que pasó. Trató de ocultarlo hasta que la desesperación habló por ella. Y esa madre católica a rajatabla, de épocas de misa diaria, de bendición de la mesa, y de novenas, fue la que decidió por ella. Y S., por primera vez en mucho tiempo, esa noche durmió. Su madre había decidido lo que ella no se animaba a pedir. Hoy dice: “no habría podido otra cosa, estaba muy mal, estaba muy enferma”. Se interrumpió el embarazo, se despidió el noviecito, y se comenzó la terapia. No lo cuenta con dolor, lo cuenta como al recuerdo de una experiencia terrible que se ha superado. Sí se lamenta de, años después, haber perdido un embarazo por las cicatrices que, como recordatorio, le había dejado la interrupción de aquel otro. Un recordatorio que le permitió tomar ciertas prevenciones y cuidados, y hoy es madre de dos hijos.

A. también quedó embarazada muy jovencita. En su propia casa. En el seno de su propia familia. Esa que debía protegerla y cuidarla, y no la protegió ni la cuidó. Cuando el abuelo comenzó con los jugueteos, a todos les pareció que era una expresión normal de alguien cariñoso: es que el abuelo la adora. Cuando el abuelo la seguía obsesivamente, las expresiones eran apenas de cierto celo frente a la preferida. Cuando el acoso se volvió más físico, nadie pareció advertirlo. Había sido una lenta escalada en una relación que se había planteado bajo estos términos desde su más temprana infancia. Y todos parecían haber sido paulatinamente desensibilizados como para poder advertir lo evidente. Cuando el abuelo empezó a visitar su cama, nadie pareció escuchar nada, ni ver nada, ni presentir nada. Y nadie, nadie, dijo nada. A. me cuenta que a los 12 años tenía las tetitas chiquitas, y no le habían crecido las caderas; que sus piernas eran flaquitas, y ella parecía mucho más nena. Me cuenta de su desarrollo tardío como disculpándose de lo que le estaba sucediendo: no era ella quien lo provocaba; era él, el degenerado, el abuelo. Y con sus tetitas chiquitas, y sus caderas no crecidas, y sus piernas flaquitas, y su parecer una nena más chica, igual se embarazó. Porque para eso no hacen falta tetas grandes, ni caderas crecidas, ni piernas fuertes, ni parecer una mujer. Ni para ser violada. A. no cuenta detalles, sólo dice que todo se terminó recién cuando el abuelo murió. Pero que ella no perdonó. A nadie. Hoy se esfuerza por comprender tanta complicidad, y agradece que la vida la haya compensado con un marido -“que me salvó”- y tres hijos. Mientras me cuenta su historia el pasado y el futuro se le mezclan en la cara.

Ni P., ni M., ni S. ni A. son culpables de lo que les pasó. Fueron víctimas de la situación que en esos momentos les tocaba vivir. Ninguna de ellas tomó libremente la decisión de interrumpir su embarazo: no había opción. Simplemente, llevar el embarazo adelante era una empresa impracticable. Y ninguna se preguntó si quería ser madre, porque hasta entonces la libertad de decisión no formaba parte de la ecuación: sólo supieron que no podían. La maternidad nunca se les planteó hasta entonces como una opción, porque para las mujeres parece no ser elegible. Si se es mujer, el principio categórico es ser madre. Como sea. Aunque no se quiera. Porque el deseo sólo es admitido en afirmativo.

Todas ellas, además, cometieron un delito. Sólo A. podría escudarse -tal como lo plantea hoy la ley- en cierta inimputabilidad, si hubiera tenido un magnífico abogado. Y sin duda delinquieron quienes las socorrieron. 
A esta ley injusta se le han mezclado las víctimas, los verdugos y los culpables. 

Ellas, como muchas otras, interrumpieron sus embarazos donde pudieron, con quienes aceptaron ayudarlas. No tuvieron garantías de ser atendidas convenientemente si algo se iba de las manos, si ocurría un imprevisto. En alguno de estos casos sospecho que no se tuvieron medidas de antisepsia. Ni que hablar de asepsia.


El Dr. F. trabaja en un hospital del tercer cordón del conurbano bonaerense. No fui a buscar su testimonio. Coincidimos casualmente y le conté que estaba proyectando escribir algo sobre el tema. Se tomó unos segundos y pronunció sólo dos palabras: “es tremendo”. Y después de respirar hondo dejó salir toda su frustración y el dolor que le provocaban las chicas que llegan a las guardias de los hospitales desangrándose o con infecciones generalizadas por abortos mal hechos o sin condiciones de higiene. “Nosotros terminamos lo que otros empiezan”, “a veces se nos mueren”. Pasan los años pero no cambia esta situación: hace 20, cuando trabajaba en el Hospital Eva Perón –ex Castex- de San Martín, oía los mismos comentarios de los enfermeros y enfermeras que asistían, desde ese mismo y otros hospitales, a mis clases.

También recuerdo las largas discusiones que se generaban cuando un psiquiatra muy reconocido, el Dr. C., en otro hospital en el que también trabajé, recomendaba que les hiciesen las intervenciones sin anestesia para “que lo sientan”. Lo acusaban de machista y cruel. El, quién sabe si equivocado o no, decía que a la larga les hacía un bien: el dolor les hacía sentir que lavaban la culpa. Puedo comprender el concepto… pero me cuesta aceptarlo. No puedo.


Estos médicos abren la puerta para considerar el tema del aborto del único modo en que, a mi juicio, debería ser considerado al analizar su despenalización: como una cuestión de salud pública. Y es que los testimonios de estas mujeres, y otras miles –cientos de miles- avalan la creencia en que su penalización no sólo no los detiene, sino que la clandestinidad a la que quedan sometidos lleva a otros problemas, que no lograremos solucionar mientras no ataquemos la causa.

De hecho, la causa principal de la mortalidad materna en Argentina es la práctica de abortos inseguros. No cambié la expresión clandestino o ilegal por inseguro impensadamente. Las mujeres que estamos en condiciones de pagar un aborto seguro, aunque sea ilegal –y por ello se realice en la clandestinidad- estamos también en condiciones de acceder a una práctica médica con los controles y garantías necesarios para la preservación de nuestra salud. Los abortos inseguros son, en cambio, una práctica que afecta especialmente a las mujeres pobres, que no pueden pagar por una práctica que en los hospitales públicos les está vedada.



La tasa de mortalidad materna fue, en nuestro país, de 5,5 muertes por cada 10 mil nacidos vivos en 2009, según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien semejante proporción de muertes muchos profesionales la explican por el brote de la Gripe A que afectó a muchas embarazadas, en mayo de 2010 el propio Ministerio afirmó que las tasas seguían siendo altas y las tareas para bajarlas no estaban siendo satisfactorias, en comparación con las de otras naciones de la región. Y es lógica la preocupación: en el año 2000 la tasa era de 3,5 muertes por cada 10 mil nacidos vivos, y en 2008 de 4/10.000; de modo que estamos ante un incremento inaceptable, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de estos decesos maternos son evitables: desde hace tres décadas la causa principal de las muertes son los abortos inseguros. Aunque claro, esta es una sospecha difícil de probar. El doctor Jorge Vinacur, presidente de la SociedadArgentina de Obstetricia y Ginecología, aporta unos datos valiosos: “Analizamos 1.052 partes de defunción y hallamos que por cada muerte materna registrada había dos no informadas. Por ejemplo, en el parte de defunción figura paro cardio-respiratorio, pero no que se produjo por una sepsis en el embarazo.”

Más preocupante se vuelve la situación cuando se observa la desigual distribución de estas muertes maternas: un recién nacido o una mujer embarazada tiene mayores probabilidades de vivir en la región patagónica o en la ciudad de Buenos Aires (donde la tasa de muerte materna es de cerca del 1,8) que en el Noroeste y el Noreste (en Catamarca es del 16, en Formosa del 15 y en Jujuy del 10).

Todas las fuentes bibliográficas y profesionales consultadas acuerdan en que el incremento se debe a que las causas directas también aumentaron: hay más abortos inseguros, hemorragias y sepsis.


Pero… ¿cuántas de estas muertes se deben a abortos inseguros?

Eleonor Faur, sociólogay oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, sitúa el porcentaje en un 25%. Así de brutal, así de contundente: el 25% de las muertes maternas se producen por abortos inseguros. “Los estados de la ONU consensuaron en que para reducir la mortalidad materna se debe garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. En Argentina, el 40% de los nacimientos no fueron planificados. Que las mujeres puedan decidir garantizaría que haya menos embarazos no deseados y disminuiría drásticamente la mortalidad por abortos inseguros.


¿Por qué en Argentina estas tasas no bajan –incluso suben- a diferencia de nuestros países vecinos, que lograron reducir las tasas de mortalidad materna hasta un 60%, y a pesar de los varios años de crecimiento económico sostenido?

Por un lado, las diferencias regionales impactan en la cifra nacional: en el norte, 4 de cada 10 mujeres son pobres, y 5 de cada diez dependen exclusivamente de la salud pública: lo que el Estado no les provee, lo tienen vedado. Y los estados provinciales son pobres, proveen una salud pública pobre, de la que dependen mujeres pobres. Demasiada pobreza…

Paralelamente, las jurisdicciones con mayores ingresos per cápita tienen tasas muy inferiores en comparación con las jurisdicciones más pobres: es una cuestión básica de inequidad. Y las condiciones que genera la inequidad estructural no se solucionan con inyecciones de recursos: lleva mucho tiempo de esfuerzos sostenidos ver los primeros resultados. Esfuerzos para mejorar las condiciones laborales, productivas y económicas de las familias que han caído –o jamás han salido- de la pobreza, mejora de sus condiciones educativas, de acceso a la información, a la salud… Las personas más pobres son más vulnerables no sólo porque sus posibilidades económicas están descendidas, sino porque son pobres en sus posibilidades de acceso a otros bienes: los hospitales de mayor complejidad, las instituciones educativas y escolares mejor provistas, etc., suelen estar más lejos. Tan lejos como la posibilidad de llegar a ellas, porque la distancia se multiplica cuando el transporte es un bien caro y escaso.  

Así es como se va configurando una realidad en la que la mayoría de los logros –los relevantes- de toda política de Estado sostenida en el tiempo, recién se hacen evidentes intergeneracionalmente.

Sin dudas, se requieren verdaderas políticas de Estado, y no parches de gestión gubernamental.


El Dr. Germán Cardozo, en el marco del debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, el 27 de septiembre de 2012, abordó estas dos cuestiones: “siempre habrá mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado. Hay que despenalizar el aborto porque las cifras son alarmantes y siempre los sectores más pobres son los más perjudicados. En la Argentina hay más de 500.000 abortos clandestinos al año y son la principal causa de mortalidad materna. Los abortos clandestinos son un grave problema de salud y muestran la inequidad en salud según los estratos sociales, es por eso que debe considerarse la despenalización cuanto antes. Los embarazos no deseados y las muertes por aborto clandestino son una deuda social del Estado con los sectores menos favorecidos de esta sociedad, una deuda que el Estado debe saldar de inmediato. Está probado que cuando se despenaliza, disminuye la tasa de aborto. Los hijos tienen que provenir del deseo y de la planificación familiar, no de un embarazo no deseado”.


Claro que estas políticas de las que hablábamos son, además, difíciles de llevar adelante. Sobre todo aquellas que más directamente impactan en las condiciones en las que se resuelve la maternidad.

Un ejemplo es la obligatoriedad de la vacunación contra el HPV para todas las niñas de 11 años. Si bien el 94% recibió la primera dosis de la vacuna, muchas de quienes están dentro del 6% restante no han sido inmunizadas porque ciertas escuelas católicas (el caso paradigmático es Mendoza) han recomendado –e incluso prohibido- a sus padres aplicárselas. La misma provincia donde grupos integristas político-religiosos generaron el rumor de que la vacuna es parte de una política para matar niñas, ya que la vacuna causaría muerte súbita y el gobierno nacional estaría informado de este hecho. Son más honestos quienes explicaron que su oposición se debía a que temían que con la vacuna se estuviera incentivando una iniciación temprana a la sexualidad. Una postura, ciertamente, más cercana a quienes acuerdan con que la doctrina católica se inmiscuya en las políticas de un estado que no aceptan laico.

Pero esta no ha sido la única intervención. Si bien la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006, todavía no se la aplica en todos las jurisdicciones, ni en todas las escuelas, ni por todos los docentes. Como en el caso de la vacunación, el prejuicio más extendido es que su aplicación incitaría a una temprana iniciación en la sexualidad, al despertar artificialmente la curiosidad de los niños por temas para los que no estarían aún preparados. Y muchos sostienen la opinión de que se trata de un tema que debe ser abordado en la intimidad de las familias, y donde el Estado no tiene nada para aportar. En la afirmación obvian, entre otras cuestiones, el tema de que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares, y que la mayoría de los casos de embarazo precoz se deben a estos abusos en una relación que es inversamente proporcional: a menor edad, mayor probabilidad de que el embarazo se deba a esta causa. Va a ser difícil solucionar un problema tan emparentado a la educación –a través de la prevención de los abusos sexuales, la postergación del inicio de la sexualidad activa, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual- con tanta resistencia a educar.

Y quizás la más cruenta y cruel de todas las intervenciones es la que ha producido la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil Nº 106, quien decretó una medida cautelar que impidió la realización de un aborto que estaba previsto para el martes pasado, 8 de octubre, a una mujer víctima de la trata de personas, que había quedado embarazada a causa de una de las violaciones sufridas durante su secuestro. Esta jueza, vinculada familiarmente a un ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y relacionada con el movimiento católico ultraconservador Opus Dei, también prohibió que el mismo se realizara en cualquier otro hospital de la ciudad. Como era previsible, la Corte Suprema de Justicia suspendió la ejecución de la medida cautelar, lo que no evitó que una víctima fuese revictimizada por una jueza que no respetó lo que la ley le permitía, y avanzó sobre una jurisdicción sobre la que no tenía atribuciones, por un Jefe de Gobierno –Mauricio Macri- que anunció públicamente un acto privado desencadenando todas las reacciones posteriores, por la organización PROVIDA que fue quien pidió el amparo y uno (al menos) de cuyos integrantes tuvo el atrevimiento de entrevistarse con la mujer, por el sacerdote del hospital donde iba a realizarse el aborto que participó (no se pudo probar que la haya organizado) de un escrache en su domicilio… Toda buena gente, hiriendo a quien ya había sido herida.


Lo que los integristas católicos callan es que no todos sostienen lo mismo. Existe un movimiento de mujeres católicas, entre cuyas integrantes incluso hay religiosas, llamado Católicas por elDerecho a Decidir, que ha crecido mucho en los últimos años y tiene sedes en varios países.

Este movimiento trabaja denodadamente en favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En Argentina apoya la despenalización del aborto, con la esperanza de que sea un paso previo necesario para la discusión más amplia de la Ley IVE. Los puntos de la ley que proponen podrían resumirse en la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sin condicionamientos de causa.

Respecto de la necesidad de despenalizar el aborto en Argentina, coinciden en que se lo debe hacer en el marco de los derechos humanos de las mujeres, como una cuestión de justicia social e igualdad, y remarcan la importancia de tener en cuenta el impacto social que se produciría con el cambio de la norma.

La OMS aporta a este mismo argumento: asegura que en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros donde realizar una interrupción legal y voluntaria del embarazo, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos. Si consideramos que la media nacional está en 5,5 muertes maternas por cada 10.000 (o sea, 55 madres muertas de cada 100.000 nacidos, no de cada 100.000 abortos, de los que, por ser clandestinos, no hay posibilidades de tener más que estimaciones muy relativas) la diferencia es astronómica: no son siquiera comparables.


Durante el mismo debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación al que hice referencia antes, el Dr. Abramovich precisó que “hay un salto lógico entre decir que hay una obligación de proteger la vida prenatal a decir que hay que criminalizar el aborto. Estamos en un momento de avances en términos de derechos civiles y sociales y debemos generar ya la discusión sobre la despenalización del aborto. En este sentido es interesante ver cómo la Corte Suprema analiza el impacto social, las consecuencias sociales de determinadas regulaciones jurídicas, en condiciones de igualdad de género y de igualdad social. El dato social nos está demostrando que la penalización del aborto no sólo es inefectiva en términos de prohibición sino que tiene consecuencias perjudiciales, como por ejemplo la alta tasa de mortalidad materna, la situación de violencia institucional por el sometimiento a las burocracias médicas para acceder a abortos incluso en los supuestos que la ley establece, más las condiciones derivadas de la clandestinidad del aborto fruto de la prohibición. La judicialización de ciertas interrupciones voluntarias de embarazos, es violencia institucional, es decir, violencia del Estado, y somete a las mujeres a un trato denigrante e inhumano”.




Entre 2002 y 2008, de 1130 causas, 22 mujeres fueron condenadas por el delito de aborto. En cambio, ningún médico recibió condena.

Por Viviana Taylor