viernes, 20 de abril de 2012

Transferencia de pobres. De la Ciudad al Conurbano


La inquietud por este tema surgió cuando me encontré con la reiteración de una misma afirmación por parte de diferentes intendentes.  Estos denunciaban que mafias de okupas usurpan terrenos privados y los venden a personas de bajos recursos. Lo que más llamó mi atención es que casi todos ellos señalaban que estas personas llegan con dinero de subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad. Fue entonces que me puse a investigar un poquito, nada que no pueda hacerse en un rato de explorar en la web.

Resulta que mucha gente de las villas 31 y 1-11-14 se está instalando en varios municipios del Conurbano, y  lo hace gracias a un subsidio que les da la Ciudad a cambio de dejar sus hogares, y que asciende a montos de entre $10.000 y $15.000. Si bien muchos de los vecinos de las villas no quieren abandonarlas (sienten una fuerte pertenencia al barrio, están cerca de sus trabajos, y de las escuelas de sus hijos) denunciaron que el gobierno porteño no busca soluciones para revertir la precariedad de sus condiciones de vida, y que no cuentan siquiera con los servicios básicos. Se van sintiendo empujados a aceptar la oferta, y es así como se van vaciando estas villas, que se encuentran en zonas estratégicas, con alto valor en dólares por metro cuadrado,  por lo que tienen un valor inmobiliario impresionante.

Claro que ese dinero no alcanza para gran cosa, y menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay planes de vivienda en ejecución efectiva. Entonces, la gente va trasladándose hacia el Conurbano, donde, si bien están el  Plan Federal de Viviendas y las cooperativas de Argentina Trabaja, ambos están focalizados a la situación de los vecinos que hace años están radicados en esos municipios.

Así es que mucha de esta gente que llega desde la Capital Federal ocupa casas muy precarias, prefabricadas o muy rústicas, que tienen un muy bajo costo, pero que no reúnen condiciones mínimas de seguridad ni de habitabilidad. Paralelamente, están esos grupos organizados (las mafias de okupas que denuncian los intendentes)que les venden terrenos usurpados, con papeles fraudulentos, sobre los que instalan casillas prefabricadas de estas características. Entonces, al problema de la falta de seguridad por los peligros que la precariedad de estas casillas supone, se suma el problema de la ocupación ilícita de tierras que no son fiscales, sino que pertenecen a particulares. La contracara del problema es que esas personas en situación de ilegalidad, son a su vez víctimas de desarraigo, lo que las vuelve más vulnerables en cuestiones de empleabilidad, de la escolaridad de sus hijos, y del acceso a la asistencia. Todos problemas que se suman a los que ya tienen los municipios.