Contrapuntos: entre la libertad de empresa y la revancha persecutoria

 

Por Viviana Taylor

 

El punto

El 14 de mayo de 2013 el entonces Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) al que calificó para la “protección de la libertad de prensa”, en medio de uno de los momentos más álgidos de la confrontación entre el entonces Gobierno Nacional y el Grupo Clarín.

Por entonces, el Grupo Clarín se venía negando sistemáticamente a adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), y había logrado instalar en la opinión pública versiones sobre supuestos intentos de cierre e intervención de medios de comunicación opositores al kirchnerismo (entre los cuales sería la principal víctima) y la expropiación de Papel Prensa para entregarla a “manos amigas” del kirchnerismo. Seguramente recordarán a periodistas de TN y Canal 13 (¿cómo olvidar a Joaquín Morales Solá y Lanata?) despidiéndose del aire al término de sus programas anticipando que quizás no existiera una próxima emisión. Como hoy sabemos, nada de esto sucedió.

De acuerdo con el decreto, todas las cuestiones vinculadas con la libertad de prensa, los medios y los periodistas que pudieran ser blanco de persecución o de hostigamiento, podrían ser dirimidas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. 

En la conferencia de prensa por la presentación del DNU, Macri cuestionó fuertemente a la entonces Presidenta Cristina Kirchner, al afirmar que “no quiere que haya más prensa libre en la Argentina ”. Denunció que el Gobierno intentaba “silenciar a los periodistas y a los medios de comunicación”, cuestionó el manejo de la pauta oficial con esa finalidad y la intención de que “todos dependan del Gobierno”.

En la suposición de la certeza y veracidad de ese contexto, su valoración del Decreto fue precisa: “No es una alternativa, es una obligación”.

“Hay quienes creen que en democracia el que gana una elección hace lo que quiere, eso no es el espíritu de la democracia sino del autoritarismo”, sostuvo Macri, acompañado por su entonces vicejefa de gobierno y hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, ministros por entonces porteños que hoy son funcionarios nacionales, y legisladores.

Luego de la exposición de Macri, su Jefe de Gabinete (hoy Jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta, precisó que “no puede haber ninguna ley federal que atente contra la libertad de prensa” y señaló que “la preocupación es enorme”.

El decreto macrista consta de cinco artículos. El primero aprueba un extenso “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que queda expuesto en el Anexo 1. El Régimen -que constituye su anexo- apunta a proteger la tarea de los periodistas dentro de la jurisdicción de la Ciudad, y a preservar a los medios de comunicación. El artículo 18 le pone freno al presupuesto avance del Gobierno nacional, al plantear que “ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad”. Además, prohíbe la clausura de medios o la decomisación de equipos.

 

 

 

 

 

Las voces opositoras al gobierno porteño macrista se hicieron escuchar inmediatamente. Referentes políticos y constitucionalistas cuestionaron este DNU tildándolo de inconstitucional y lo calificaron como un mero acto político hecho para la tribuna. Y anunciaron la inmediata presentación de un amparo.

Sobre la posibilidad de expropiación de Papel Prensa, el senador Aníbal Fernández (FpV) dijo que "no es un proyecto del Poder Ejecutivo, sino de un legislador, y no sé qué posibilidad o grado de avance tiene", al tiempo que aclaró que "no hay ningún gesto del gobierno hoy que indique que tengamos que ir por esa vía". Y así fue.

El constitucionalista Roberto Boico consideró al DNU una "patética y tragicómica versión del separatismo porteño. Pretende sustraerse de la autoridad federal creando una suerte de inmunidad de los medios de comunicación", afirmó al entender que "la autoridad local debe sujetarse a los designios de la ley federal y no en el sentido contrario.”

Boico explicó que la vigencia del decreto implicaría que "ninguna autoridad federal administrativa o judicial podría tener alguna acción tendiente a aplicar una norma porque supuestamente la Ciudad estaría regida por este decreto". Como hoy sabemos, el decreto quedó vigente al ser ratificado  y adquirir status de ley. Sin embargo, como también sabemos, Boico se equivocó. Si así no hubiese sido, hoy no tendríamos la paradoja (¿o la ironía?) que señalaré en el contrapunto.

Pero lo más importante que el constitucionalista señaló fue la falacia de que el decreto se refiera a la "libertad de expresión de los periodistas" cuando en realidad "los periodistas son utilizados para darle cobertura supuestamente legal a las empresas comunicacionales y, especialmente, a los oligopolios". "El verdadero sujeto protegido es la ecuación económico-financiera de las empresas comunicacionales".

Sin embargo, (me permito anticiparme en el relato porque no estoy revelando un final que nos resulte desconocido) Boico se equivocó en algo más: estimó que el proyecto de ley que Macri enviaría a la Legislatura "difícilmente sea homologado" ya que "es inviable porque significaría alzarse contra la autoridad federal mediante un acto sedicioso". Pues lo fue: dos semanas después había sido convertido en ley.

Por su parte, un grupo de legisladores porteños de Nuevo Encuentro (entre ellos, Gabriela Cerruti) realizó una presentación judicial para que el decreto fuese declarado inconstitucional por la justicia, que tuvo como respuesta la medida cautelar dictada por el juez Osvaldo Otheguy, que suspendió el primer párrafo del artículo 14 y parte del artículo 16 referidos a la imposibilidad de fijar impuestos y la limitación de la ejecución de deudas tributarias de periodistas y medios de comunicación.

La iniciativa de la Ley de Libertad de Expresión se impulsó poco después de que se conociera la medida cautelar contra el DNU. El proyecto promovido por Mauricio Marcri se elaboró con propuestas de los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur) en coautoría con Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y de Jorge Selser, Pablo Bergel, Virginia González Gass, Adrián Camps (Proyecto Sur) y Alejandro García (PRO). Y fue aprobado con 35 votos positivos provenientes del PRO, Bases para la Unión, Coalición Cívica, UCR y Raffo (el único que votó por su bloque), mientras que los restantes miembros de la bancada que respondía a Fernando Solanas no acompañaron la iniciativa, al igual que el interbloque kirchnerista y Buenos Aires para todos.

Así, a los 15 días de su firma y a pesar de estar vigente una medida cautelar en su contra, la Legislatura porteña convirtió aquel decreto en la Ley de Defensa de la Libertad de Expresión, con leves modificaciones que no afectaron lo cuestionado. Tanto fue así que el diario La Nación dio muestras de su ánimo festivo repitiendo  los artículos cuyo matenimiento celebró: transcribió ¡dos! veces, por si con una única lectura no alcanzaba, justo los que trataban las cuestiones más criticadas… y por Clarín y La Nación más celebradas.

 

 

Lógicamente, la (¿todavía existente?) Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (AFSCA), que preside (¿presidía?) Martín Sabbatella pidió que se la declarara inconstitucional.

En primera instancia el planteo fue rechazado, pero en mayo de 2014 la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al pedido de la AFSCA y suspendió en medida cautelar la norma nacida del decreto de Macri.

En definitiva, la ley de medios porteña tuvo como origen un decreto sustentado en la necesidad y urgencia de Mauricio Macri de proteger a Clarín de los rumores que hablaban por entonces de una "inminente" intervención del Gobierno Nacional al Grupo Clarín, algo que nunca ocurrió.

El contrapunto

A pesar de que la imagen positiva de Mauricio Macri –promediando los resultados de diferentes consultoras- aún se concentra en alrededor del 50% de los encuestados, el gobierno está preocupado: a tres meses de su asunción ya ha sufrido una caída de 10 puntos, y su imagen negativa llega al 40%.

Frente a esta caída en las encuestas, el gobierno parece haber decidido arremeter contra los pocos medios de comunicación independientes que quedan en el país. Y lo que eran presiones para forzar el cambio de líneas editoriales y el despido de algunos periodistas cuya opinión le resulta adversa, está dando pasos a ataques cada vez menos sutiles (¿y desesperados?).

De hecho ayer, viernes 18 de mayo, efectivos de Prefectura y Gendarmería se apostaron para realizar un allanamiento en la puerta del edificio donde funciona el canal de noticias C5N, que forma parte del Grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López. “Empresario kirchnerista” gustan calificar algunos periodistas, como si cierta afinidad política (más o menos real) legitimara las presiones sufridas aunque está más cerca de abonar a la teoría de la persecución selectiva. Persecución que quizás no sería tan burda si no se tratara del canal de televisión donde más se cuestiona el gobierno de Mauricio Macri.
 

El operativo fue dispuesto por la jueza en lo penal económico María Verónica Straccia, como parte de una serie de allanamientos en distintas dependencias de las empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil (dos en Comodoro Rivadavia), la firma de auditoría contable Deloitte y dos sucursales de la AFIP además del edificio de C5N.

Lo interesante es que estos allanamientos ocurrían días después de que la AFIP denunciara penalmente a los titulares del Grupo Indalo (López y Fabián De Sousa) por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. Y apenas cuatro días después de que el mismo Macri se refiriera al tema en el programa Desde el Llano conducido por Joaquín Morales Solá en TN: “Vamos a usar todas las herramientas que podamos para cobrar esa deuda. Si alguien no paga los impuestos ni las cargas previsionales, voy a poner la misma energía que pongo para ayudar a crecer el país, pero para ponerlos a todos presos. Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente ocho mil millones de pesos.” “Pasividad es complicidad. Todos los que fueron parte de la tolerancia a este sistema van a tener que dar explicaciones. No pueden existir amiguismos de ese tamaño en la Argentina que necesitamos”.

El problema fue que la operatoria que desde la AFIP se explicó como un presunto delito consiste en dos Planes de Pago realizados en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, tal como estaba vigente al momento de la operatoria, que se extendió por los años 2012, 2013, 2014 y 2015. O sea, se trató de una operatoria no sólo habitual, sino legal.

La misma AFIP reconoció que dicho artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales, posibilidad que fue derogada por la actual administración, y reemplazada por la Resolución General 3827 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que rige desde el 10 de febrero de este año. O sea, la propia AFIP reconoce la legalidad de las operaciones realizadas por el Grupo Indalo, a pesar de lo cual realizaron la denuncia que derivó en los allanamientos a distintas empresas del Grupo, entre ellas a C5N.

Por su parte, De Souza declaró que “la compañía hoy tiene muchos más activos corrientes que el pasivo impositivo corriente. Tenemos toda nuestra deuda regularizada. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que se nos acusa”. Y remarcó que "la denuncia forma parte de una estrategia oficial destinada a silenciar a los medios de comunicación críticos al gobierno”.

Desde el Grupo sostienen que “el gobierno y ciertos grupos mediáticos han montado un show basado en la persecución de López y De Souza con el claro objetivo de cercenar las libertades de prensa y empresa, ya que no toleran la existencia de medios que tengan una mirada crítica de la realidad actual que vive nuestro país. Nuestra prioridad será la defensa de estos derechos y la de las fuentes de trabajo de más de 30 mil empleados del Grupo Indalo”.

Y lo cierto es que hay evidencias que parecen darles la razón:

·        La empresa ODS S.A. (perteneciente al Grupo Macri) también utilizó en 2013 el mismo artículo de la misma ley para regularizar sus deudas impositivas, tal como está consignado en la página 69 del Balance de la empresa correspondiente a ese año. Allí, en el ítem o) se aclara al pie que se “incluye deudas fiscales por las cuales la Sociedad con fecha 12 de julio de 2013, junto a ODS S.A., Creaurgan S.A. y Cincovial S.A. presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos una solicitud de plan especial contemplando los lineamientos del artículo 32 de la ley 11.683 t.o. y sus modificaciones. La deuda correspondiente a la Sociedad y a Cincovial S.A. fue consolidada a través de dichos planes con fecha 8 de marzo de 2014, mientras que los planes correspondientes a Creaurban S.A. y ODS S.A. se consolidaron con fecha 10 de marzo de 2014”.

·        La embestida mediática contra el Grupo Indalo y su deuda impositiva fue iniciada por una publicación de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas estrellas del diario La Nación. Sin embargo, tanto Alconada Mon como los medios que le sirvieron de eco olvidaron mencionar que La Nación también tiene una deuda millonaria con el Estado, y que el diario eligió ir a la Justicia para evitar pagarla antes que regularizarla a través de un plan de pagos, como sí hizo el Grupo que insiste en denunciar. Así fue como La Nación logró desde hace 13 años contar con la protección judicial que le impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en más de 280 millones de pesos. Pero el gran regalo de Navidad lo recibió directamente de la Corte Suprema el pasado diciembre, justo antes de que Carlos Fayt abandonara su actividad el 11 de diciembre: tal como lo había anunciado, la Corte aprobó una resolución por la cual los medios gráficos que habían acumulado grandes deudas impositivas en los últimos años seguirían sin ser considerados en mora. Así, el fallo dejó firme una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordena crear un régimen diferencial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) –tal como pedían las empresas periodísticas- y permite usar las contribuciones patronales como crédito fiscal. Esto último es muy interesante, dado que lo que se le permite expresamente a los medios gráficos es lo que se aduce como intencionalidad para atacar al Grupo Indalo, aun reconociendo la legalidad del plan de regularización de deuda al que adhirió. Dicho fallo, del 3 de diciembre. tiene las firmas del Presidente de la Corte Ricarto Lorenzetti, de Juan Carlos Maqueda y de Carlos Fayt; Elena Highton de Nolasco no firmó por estar en desacuerdo con el otorgamiento de un régimen de impuestos diferenciado. Si aplicáramos el 700% (que es la estimación de inflación de la última década que hizo Mauricio Macri en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso) para determinar a cuánto asciende hoy la deuda de La Nación, rondaría unos 3.300 millones de pesos. Podemos dejarle de changüí el acumulado de los tres meses de su gobierno.

·        Mientras se investiga al Grupo Indalo, cabría que el Presidente Mauricio Macri explicara por qué avisa que “embargará” al empresario Cristóbal López, con un espíritu tan contradictorio al expresado por el DNU que firmara en la Ciudad. Y por qué la Vicepresidenta Gabriela Michetti extiende la amenaza a Ricardo Echegaray –ex titular de la AFIP- sobre quien  hace apenas un día dijo que está evaluándose denunciarlo por defraudación al Estado por esa misma causa. Demasiada  concordancia con lo expresado por Macri en el programa de Morales Solá cuando afirmó que pondría toda su energía para verlos a todos presos, y aún después de que durante toda la semana se aclaró que no había delito y que empresas ligadas al mismo Macri habían incurrido en la misma operatoria. En tanto, cuando se refiere a las deudas de La Nación y Clarín sólo hace referencia a la dimensión informativa y no a la evasión impositiva de los empresarios propietarios.

 

A modo de no conclusión

Cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri pretendió legislar sobre una materia que no era competencia de un gobierno local: la libertad de expresión es un derecho consagrado por la Constitución y en los pactos y tratados internacionales.

Lejos de ellos, el DNU y la posterior Ley de Libertad de Expresión a la que dio origen se parecieron más a una embestida para defender los negocios de los monopolios informativos que a la libertad de prensa, información, expresión y opinión.

Una embestida que sin dudas fue funcional a su proyecto político: acompañó al clima instalado por los monopolios para defender sus negocios, que abonaron a la creación de sentido común en la opinión pública respecto de que durante el kirchnerismo –y sobre todo durante los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- no había libertad de expresión en Argentina.

A través de una puesta en escena en que se entramaron sobreactuaciones y simulaciones mediáticas, operaciones de prensa y políticas –de las que esta aventura legislativa fue apenas un punto más en el tejido- Macri fue construyendo una imagen de sí mismo como adalid de la libertad de expresión cuando en realidad sólo estaba defendiendo los intereses de grupos corporativos, entre los que el Grupo Clarín era no sólo un grupo corporativo aliado en los intereses empresariales, sino el portal de ingreso a la nueva dimensión de la realidad que estaban diseñando: una cuya percepción ilusoria terminó imponiéndose sobre la concretud de los hechos reales. Percepción que –aunque progresivamente menguada- continúa. Dicho de otro modo: el Grupo Clarín se encargó de diseñar un escenario para representar la realidad política y social del país , y de convencer a la opinión pública de que su diseño era fiel a la realidad. Ese clima emocional y cognitivo generado (que impactó en el sentir y en la interpretación de la realidad) fue lo que posicionó a Mauricio Macri en la recta final hacia el gobierno, y propiciativamente para con ellos -los grupos empresariales corporativos- hacia el poder. Hoy tanto Mauricio Macri como esos mismos grupos necesitan que la ilusión sobre la realidad continúe sosteniéndose... o su gobierno no se sostendrá.

Macri jugó –y sigue jugando- a confundir la libertad de expresión con los intereses empresarios. Y para poder hacerlo es preciso anular toda forma de expresión que lo contradiga.

Por eso, como Jefe de Gobierno, se atribuyó la prerrogativa para legislar en materia que no le correspondía. Y volvió a hacerlo como Presidente de la Nación, al firmar decretos que norman en materia penal y previsional.

Por eso, como Jefe de Gobierno, se atribuyó la prerrogativa de implementar un fuero judicial por encima de los jueces naturales de las causas. Y volvió a hacerlo como Presidente de la Nación, al firmar un decreto nombrando jueces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso, como Jefe de Gobierno, diseñó una Ciudad excluyente y exclusiva, donde no todos gozan de los mismos derechos ni tienen acceso a las mismas posibilidades. Y volvió a hacerlo como Presidente de la Nación… ¿hacen falta ejemplos?
Con abrir los ojos bastaría para que  nos sobren.
Si tuviésemos garantizado dónde verlos.

                                                                                  

Viviana Taylor

Charlas de pasillo

Toda semejanza con la realidad

no es pura coincidencia

 

 

Mi vuelo sale esta noche a México

Por Viviana Taylor

Calurosísima primera mañana de febrero. Sentado en el cafecito de la esquina, con su agenda y una carpeta llena de papeles sobre la mesa, esperaba.

El viernes a la mañana le habían anunciado que a partir de ese lunes habría una persona en el que ya no era su cargo. Le habían pedido colaboración, acotando que seguramente era innecesaria porque –como todos los otros- su disposición había sido la mejor y le habían agradecido que se hubiese quedado para darles tiempo a organizarse a pesar de las circunstancias. En su mente tradujo “de la derrota”.

Y así era: se había quedado. Aunque no para darles tiempo sino por la ingenuidad de haber creído que haciéndolo podría defender algo, lo que fuese que se pudiera, pelearla desde dentro. Ahora estaba a punto de comprobar hasta qué punto no había hecho más que intentar sostener a pura voluntad y mera presencia lo que ya había sido puesto bajo la picota.

Ese mismo viernes, a la tarde, le pasaron una llamada del nuevo director que quería saber dónde y cuándo podían reunirse “para hablar”. El novato no había ido nunca a La Plata y le parecía lo suficientemente lejana a Barrio Parque como para sugerir reunirse en Buenos Aires.

Pero no. Aunque fuese por última vez, la reunión iba a ser en la oficina que todavía era suya. Le explicó cómo llegar, aunque aceptó reunirse a las 11hs y no a las 9hs (para que no tuviese que levantarse demasiado temprano) y en tener el primer encuentro en el cafecito de la esquina.

 Y ahora el novato estaba allí. Unos (cuántos) minutos retrasado a pesar de la postergación de dos horas. Intentando identificar en cuál mesa lo estaban esperando.

Él, en cambio, lo reconoció de inmediato. Lo primero en lo que se fijó fue en su pantalón de lino claro. Se preguntó cómo era posible viajar desde Buenos Aires sin arrugarlo. A pesar del agobio veraniego, notó que su camisa blanca estaba impecable. Un cálculo rápido le hizo estimar que los timbos que llevaba debían costar al menos la mitad de su auto. Pero lo que más le llamó la atención es que no llevaba nada en las manos. Esperaba verlo entrar con una netbook.

Se presentaron. Amable. Encantador. Con una sonrisa de propaganda de producto dental.

Lo invitó con un café y lo primero que el novato le preguntó fue cuánto iba a ganar. La asignación le pareció tan magra que no pudo disimular su asombro espantado cuando le aclaró que ese monto era en todo concepto. “No importa, lo hablo con Mauricio” se tranquilizó a sí mismo en una voz alta que la prudencia indicaría que no debía haber sido. “Esto es la provincia”, le respondió su antecesor. “Sí, pero igual lo hablo con Mauricio. Todo lo hablamos con Mauricio” insistió, desnudando que la prudencia no era su única carencia.

Su segunda preocupación fue desde cuándo podía tomarse el mes de vacaciones. “Mi vuelo sale esta noche a México” explicó cuando le informó que estaba a cargo de la dirección desde ese momento. De todos modos, no era algo que tenía que arreglar con él. Ya se vería…

La cara del novato era de tal desasosiego que para darle tiempo a recomponerse (pero, sobre todo, para distender esa situación emocional en la que ya no sabía si sentía asombro, desprecio, lástima o miedo) lo invitó a conocer la oficina.

Pensó que quizás se acercaría entonces a su auto a buscar –ahora sí- una netbook. O una agenda. O un cuaderno Rivadavia. Algo…

Pero no.

Subieron.

Ya no sonreía con su dentadura de publicidad de producto odontológico.

Respondía a los saludos con apenas un gesto.

Cuando entraron en la oficina su reacción le recordó la de los personajes de Qué hacemos en las sombras gritando por las cortinas. Que no había. Cuando se le informó que si las quería, iba a tener que proveérselas, masculló “negligentes, qué negligentes”.

Su rostro, que había perdido la sonrisa, ahora también perdía la compostura.

Se paró en el único rincón de la oficina donde el sol de febrero no daba de pleno. La camisa impoluta se le había pegado al cuerpo, al pecho y la espalda transpirados. El pantalón ya no estaba impecable.

Pidió que encendieran el aire acondicionado. Que tampoco hay. Insistió: “cuánta negligencia”. Y siguió respondiendo lo mismo, cual si fuese un mantra, al preguntar por un inexistente mayordomo que le sirviera agua fresca que, le informaron, tenía que servirse él mismo de un dispenser común ubicado en el pasillo. Uno de los trabajadores aún sobrevivientes a la purga de supuestos ñoquis militantes lo escuchó quejarse y le acercó un vaso con agua, que agradeció con ese tipo de tono arrogante y displicente de quienes están acostumbrados a ser servidos.

Su antecesor decidió dejar para otro momento el asombro, el desprecio, la lástima y el miedo, y se revistió de paciencia franciscana. Comenzó a explicarle la estructura del ministerio, de la dirección y su funcionamiento. No le interesó. A cada intento de explicación respondió con un “yo no voy a hacerme cargo de eso” o “me dijeron que eso no va a seguir”.

Y antes de las 13hs se retiró.

Desde entonces, el novato no llegó a su nuevo trabajo antes de las 11hs ni se retiró después de las 13hs.

A partir del segundo día sí fue con su netbook, donde lee los diarios, sin asignarle ninguna tarea a la planta de empleados que no son suyos pero tiene a su cargo. Empleados temerosos de que esta no asignación de tareas sirva de argumento para despedirlos. Así que cumplen su horario de trabajo tras las pantallas, revisando mails con consultas que no pueden responder, leyendo los diarios, abriendo y cerrando archivos, volviendo a cargar datos ya cargados… Con la esperanza de que no les toque lo que a otros ya les tocó. Con una esperanza casi religiosa. Sólo sostenida en la fe de creer en lo que no se ve. Una fe que la mayor parte del tiempo no tienen.

Mientras tanto, la dirección está inactiva. Como si no existiera.

Tan inactiva que aún no se oficializó el nombre de quien la ocupa. Ni se informó que hay alguien ocupándola desde el 1º de febrero.

Quizás porque no es el primer novato y hay dudas de que se sostenga. Antes hubo otros dos, que se ilusionaron con los globos de la victoria y el cambio en marcha. Ilusión que se acabó en cuanto supieron qué poco paga el Estado por tanto trabajo que requiere y dedicación demanda.

Parece que business are business: esto no es cosa para empresarios. No si se trata de una dirección desde la que no pueden favorecer ningún interés propio ni sectario. Al menos, hasta que le encuentren la veta…

Mientras tanto, el antecesor volvió a ser tentado esa misma tarde de ese mismo segundo día.

Para quedarse como asesor.

En otras palabras, para seguir haciendo lo mismo que hacía, pero oculto tras la fachada del novato.

Casi, casi, por la misma plata.

Esa noche no durmió.

Pensó en cuánto podría salvar si se quedaba.

A la mañana siguiente respondió.

Con estos, no se salva nada.

 

Viviana Taylor

 

Posdata.

Confirmado: el vuelo salió esa noche a México. Él no.

A juzgar por las fotos que compartió durante todo febrero en las redes sociales, su familia tampoco.

 



 

Así intimidó la policía a CTERA

¿Ni una menos?

Por Viviana Taylor

Apenas habían pasado las 13 horas cuando escuché gritos que venían de la calle. Una voz de mujer pedía que la soltaran, que la dejaran ir. Me asomé al balcón de mi casa y un hombre de alrededor de 25 años aferraba a una mujer joven por sus dos brazos, tratando de impedirle que siguiera avanzando, mientras ella le pedía a los gritos que la soltara.
Desde el balcón –intentando la voz más firme que pude sostener- le ordené que la soltara o iba a llamar a la policía. Sin soltarla, alzó la vista con sorpresa, y me respondió a los gritos “no te metas en lo que no te importa, andate adentro”. Entonces la agarró del cuello y la arrinconó contra la pared para que no pudiera seguir caminando. La chica se dio vuelta para mirarme y me dijo que lo quería dejar porque le pegaba, pero  “no me deja que lo deje”. Como si necesitara darme una explicación para que no la abandonara. O por qué la agredía.

Les mostré que tenía el teléfono en la mano y volví a gritarle que la soltara y la dejara ir porque ya estaba llamando a la policía. No paró de insultarme e increparme, mientras trataba de mantenerla arrinconada contra la pared -entre zamarreos, apretujones y algunos golpes en los brazos y sujeciones de cuello- para evitar que se escapara.

Hice una primera llamada al 911. Me pidieron mis datos y me dijeron que me quedara tranquila que ya había un móvil policial en camino.
Él siguió zamarreándola mientras ella imploraba que la dejara.
Mientras tanto, viernes al mediodía, la Avenida Presidente Perón a pocos cientos de metros del centro de San Miguel, estaba llena de gente. Gente que los esquivaba y seguía caminando. Algunos, además, giraban para mirarlos una vez que ya habían pasado a su lado.
Nadie más se metió.
Nadie.
Bueno, quizás sí alguien más: pasó un camión y sonó su bocina dos veces. Como cuando se saluda a alguien. Así que no sé si le dedicaron los bocinazos para detener la agresión, o para vivarlo, o simplemente hicieron sonar la bocina por otro motivo.

Hice una segunda llamada, esta vez al 101. Me preguntaron si el joven estaba armado. Les respondí que desde donde los veía no me parecía, pero que vinieran igual porque la estaba golpeando. Volvieron a responderme que me quedara tranquila, que mientras estábamos hablando ya había un móvil en camino.
Cuando el joven me vio haciendo esta segunda llamada, comenzó a permitirle avanzar y así –a fuerza de empujones contra la pared y zamarreos- fueron hacia la esquina.
La fronda de los árboles ya no me permitió seguir viéndolos, pero estuvieron allí al menos un rato más porque los transeúntes volvían sus caras para mirarlos una vez que ya habían pasado.
Pero nadie parecía estar haciendo nada.
Pensé que debería ir y enfrentarlo físicamente. Ya en otras dos ocasiones me interpuse en agresiones callejeras: una hacia una joven estudiante a la salida de una escuela y otra a un adolescente al que querían golpear otros dos. Pero tuve miedo: conmigo estaba mi hija y si iba nada iba a detenerla a seguirme. Y ya aprendí lo feo que pueden volverse esas situaciones, y no quise arriesgarla.
Todavía siento culpa por no haber bajado a la calle, y no dejo de sentir que la presencia de mi hija es una excusa, aunque la racionalizo como válida. No puedo dejar de pensar en cómo se sentiría esa joven, a la que le pasaban por al lado ciegos, sordos y mudos mientras estaba siendo golpeada al mediodía en plena avenida llena de gente.

Después de un rato oí una sirena.
Pero no. Era una ambulancia.
No se detuvo. Afortunadamente.

La policía nunca llegó.
Y ya nadie se daba vuelta para mirar.
Al parecer, ya se habían ido.
Quizás espantados por ella.

Miré la hora. La ambulancia pasó a las 13:33 hs.
El registro de llamadas indica que la primera la hice a las 13:05 hs.
La segunda, a las 13:07 hs. Me sorprendí: habría jurado que entre una y otra habían pasado al menos 10 minutos.
¿Cómo se percibirá el paso del tiempo cuando se está bajo el puño que te golpea?

Viviana Taylor

 

La urgencia por suspender el nuevo Código Procesal Penal

Nuestro Decreto de cada día

 

 

Por Viviana Taylor

El gobierno nacional suspendió hoy –martes 29 de diciembre- la aplicación del nuevo Código Procesal de la Nación a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU)

 

Este DNU 257/2015 que suspende la implementación del nuevo Código Procesal Penal –que estaba pautada para el 1° de marzo de 2016- no parecería tener suficientemente justificadas ni su necesidad ni su urgencia.

Si bien apela a que "no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido", expresión que este decreto adjudica a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, dichas razones no terminan de estar claras.

De hecho, la Comisión Bicameral viene trabajando desde el 14 de abril de 2015 para cumplir con lo encomendado por la Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación (27.150), que le asignó el diseño de “propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación en la Justicia Federal y Nacional Penal, y elevarlas a los órganos competentes”.

En la reunión del 22 de septiembre la Comisión estuvo acompañada por un consejo asesor integrado por representantes de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio Público de la Defensa, de la Asociación de Magistrados y de los gremios judiciales. Lo que permitió que para el 23 de octubre ya estuviera trabajando en la creación de un  ”Registro Único de Aspirantes” al traspaso del Poder Judicial de la Nación hacia los Ministerios Públicos de la Nación.

 

No podemos saber cuándo se volvió a reunir para esta recomendación porque su agenda ya no está disponible.

 

Sin embargo, sí sabemos qué opinaban hasta el 30 de noviembre, cuando ya conocido quién sería el próximo presidente de la Nación, el entonces secretario de Justicia de la Nación Julián Álvarez afirmó en un diálogo por Radio Nacional con Roberto Caballero que con el sistema oral que regirá a partir de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, “se termina con los ritualismos, la formalidad y la chicana judicial”, lo que permitirá “que haya condena en un mes”.

Esa charla es muy importante porque nos permite formarnos una imagen acerca de cómo estaba la situación para ese momento, hace casi un mes.

“En un año se modificó toda la estructura jurídica”, dijo Álvarez. Y  destacó el hecho de que el impulso lo dio “la misma sociedad”, “lo tomaron los representantes políticos” y “lo aplicarán los operadores judiciales”.

Sin embargo el eje de la cuestión no lo puso en esta práctica participativa, democrática, sino en el cambio fundamental  que implica el nuevo código: el paso de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, con los fiscales investigando y el juez dando sentencia.

¿Podría haber alguna necesidad y urgencia en que esto no sea así? Bueno, muchos funcionarios y amigos de este gobierno podrían sentirse intimidados con la nueva situación –por decirlo de un modo amable-. Por citar algún caso aislado, de importancia menor para no meternos en cuestiones álgidas al gobierno y el poder judicial, no es lo mismo la muerte del fiscal Nisman investigada por la Jueza Palmaghini y acicateada por la Jueza Arroyo Salgado (como ahora está siendo), que investigada por la fiscal Fein que a pesar de todo tipo de hostigamiento (de la corporación judicial, la corporación mediática, los laderos políticos y hasta los matones de redes sociales que apelaron a todo tipo de descalificaciones por género, edad y apariencia física) no permitió que le inclinaran la balanza hacia ninguna hipótesis que no pudiera confrontar con algo más que meras evidencias instaladas a través los medios en la opinión pública. Así le fue.

Por citar otro, igualmente liviano en sus consecuencias políticas y sociales, podemos apelar al hostigamiento judicial del que fue víctima Amado Boudou –por entonces Vicepresidente de la Nación- por su supuesto favorecimiento a la empresa Ciccone a pesar de que el fiscal sostenía que no podía haber pruebas donde no había delito, pero el Juez no se dignaba siquiera a citarlo para su declaratoria. Y así se fue extendiendo en los medios una causa que no se sostenía ni se resolvía en los estrados.

Muy diferente a la causa por apropiación de Papel Prensa, que duerme el sueño de los justos del que sus apropiadores ya no van a tener que preocuparse por ser despertados. Al menos por un tiempo.

Por último, uno aún más irrelevante: la acusación de traición a la Patria contra Cristina Fernández de Kirchner por parte de un juez de la Cámara de Casación, Juan Carlos Gemignani, por el supuesto pacto de impunidad con Irán. Una causa que de prosperar y ser investigada por un juez bajo las nuevas reglas de juego que se están imponiendo puede ser eterna… Si es que no se animan (no creo que lleguen a tanto, aunque con ciertos tipejos nunca se sabe) a volverla condenatoria. Causa que podemos vincular con la de la muerte de Nisman que, como sabemos, el día en que fue conocida iba a presentarse al Congreso con las supuestas pruebas de esta traición, que terminaron siendo un montón de recortes del diario Clarín, más los dichos de los dichos que algunos dijeron, y que todo parece indicar que no había visto hasta el momento de volver precipitadamente de sus vacaciones familiares en Europa, porque ni estaban a la altura de su trabajo habitual, ni reflejaban su estilo de redacción y expresión, carecían del estilo jurídico pero desbordaban de recursos panfletarios... Y por el detalle nada menor de que sobre su mesa quedaron los papeles y los resaltadores en una disposición que cualquier estudiante reconocería. Y más aún: porque había otro informe, sobre idéntico asunto, con contradictorio contenido (o sea, favorecedor y hasta elogioso hacia Cristina y su gobierno).

Si cruzamos esta información con otra de ayer, por la que supimos que la bancada kirchnerista denunció penalmente al titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por no haber firmado el nombramiento del legislador Marcos Cleri en el Consejo de la Magistratura (cargo que denunció que estaba intentando usurpar el macrista Pablo Tonelli, cuya asunción fue frenada hoy por una cautelar minutos antes de que ocurriera), podríamos comenzar a sospechar que el oficialismo está garantizándose el camino para tener el control de designación y destitución de jueces.

 

 

Crucemos ahora estas dos informaciones con otra más: también nos enteramos anticipadamente por Garavano de otro DNU que también se publica hoy por el cual el control de las escuchas judiciales pasa a la Corte Suprema de Justicia. DNU que anunció en un brindis con periodistas (no es un detalle menor el contexto de los anuncios, al menos no me lo parece a mí), y con el hecho de que en ese mismo contexto insistió en que "Esperamos que muchos de los jueces, fiscales, procuradores que han tenido un protagonismo excesivo y que han sido muy cuestionados, y que quedaron muy comprometidos, den un paso al costado", haciendo especial referencia a la Procuradora Gils Carbó.

Grave. Gravísimo. Porque, aunque como los casos anteriores este también es menor-minorísimo, nuestro Presidente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri estuvo procesado justamente –entre otras- en una causa por escuchas ilegales vinculada por encubrimiento a la causa AMIA, y el fiscal que lo había procesado era –justamente- Nisman (cosa 'e Mandinga: en este mismo momento anuncian por la radio que acaba de ser sobreseído por el Juez Casanello). Ese mismo Nisman que apareció muerto, y cuya causa por muerte llevaba adelante la fiscal Fein hasta que recientemente fue apartada a pesar de que poquito-poquitísimo antes había sido creada una pseudofiscalía -la Unidad AMIA- con el pretexto de “colaborar con la fiscal Fein”. Como sabemos, Fein fue echada poco menos que a las patadas pero la Unidad AMIA sigue vivita y coleando, sumándose a las presiones para que la Procuradora Gils Carbó renuncie a su cargo, siguiendo lo que ya lograron con Vanoli en el Banco Central, Tristán Bauer en el Sistema de Medios Públicos, María Seoane en Radio Nacional, Mariano Recalde en Aerolíneas Argentinas, o con la amenaza nada sutil ni soslayada de que se atenga a lo que "le está pasando" a Martín Sabbatella en la AFSCA.

Si abrimos la mirada, todos los hilos de la urdimbre quedan tejidos en una misma trama. La pelea con Gils Cargó en el contexto de todos estos avances contra la Justicia a fuerza de golpes de decreto muestran no sólo la intención del macrismo de hacerse de la Procuración sino de todo el sistema judicial.

¿Para garantizarse impunidad por los delitos cometidos, por sí y por sus amigos?

Quizás.

Pero hay algo más.

Algo gravísimo que significa la expresión “a fuerza de golpes de decreto” en toda su brutalidad.

Copio de la Constitución Nacional:

 

CAPÍTULO TERCERO

ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 99o.- El presidente de la Nación tiene las siguientes

atribuciones:

(…)

3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la

     Constitución, las promulga y hace publicar.

     El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de

     nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de

     carácter legislativo.

     Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran

     imposible seguir los trámites ordinarios previstos por

     esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se

     trate de normas que regulen materia penal, tributaria,

     electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá

     dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los

     que serán decididos en acuerdo general de ministros que

     deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de

     gabinete de ministros.

 

     El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro

     de los diez días someterá la medida a consideración de la

     Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá

     respetar la proporción de las representaciones políticas

     de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un

     plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su

     expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las

     Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría

     absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara

     regulará el trámite y los alcances de la intervención del

     Congreso.

 

No puedo dejar de pensar en que el conjunto de estos DNU es parte de un corpus que es clave para encarar el proceso de criminalización de la protesta social necesario para poder desarrollar la reforma reaccionaria del modelo de Estado a la que estamos asistiendo.

Algo que el propio Garavano reconoció el día en que asumió.

Algo que anunció la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich en conferencia de prensa donde justificó la represión contra los trabajadores de Cresta Roja.

Algo que ratificó la Vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti.

Algo de lo que ni siquiera la angelical gobernadora de la Provincia de Buenos Aires quiso quedarse fuera.

 

Bienvenidos al Cambio.

Ya está en marcha.

Viviana Taylor