jueves, 31 de enero de 2013

Yo pago por sexo. ¿Qué? ¿Está mal?



Viviana Taylor
 
 
 
La triste, infame, participación del ex candidato a gobernador por la Provincia de Santa Fe Miguel del Sel en el show del humorista Jay Mammon hizo tantos méritos para que nos indignemos, que unos dichos terminaron opacando a otros.

Así, los agravios a la Presidenta en su investidura y en su persona fueron tan groseros, tan gruesos, tan violentos, que terminaron dejando en segundos, terceros, ultimísimos planos otros dichos. Otros, seguramente menos escandalizantes, pero –en sus consecuencias- mucho más graves.

 
 
 

 
 
 
Voy a dejar pasar el hecho de que si un referente político acusa a otros de robar y saquear el país, debe aportar pruebas que avalen sus dichos y hacer las denuncias pertinentes, o sujetarse a la sospecha de estar mintiendo o siendo cómplice por inacción. Así -si mintió- incurrió en injurias. Si dijo la verdad, en incumplimiento de sus deberes.
Voy a dejar pasar el hecho de que –estando en la posición que está- haya mentido respecto de que no se permitió que Boudou fuese investigado. Hasta los medios más reacios a favorecerlo fueron dando información sobre el avance de las causas que lo tienen como protagonista. O ha mentido, o ni siquiera lee los diarios.
Voy a dejar pasar el hecho de su referencia brutal a que las mujeres accedemos a espacios “chupándola”. Desde que jugaba a ser sólo un humorista, ha sostenido todo su discurso respecto de lo femenino en la más reaccionaria misoginia. No haré comentarios sobre esto porque elijo respetar a la mujer que fue su madre, a las mujeres que han compartido su cama, a la mujer que ha sido la madre de sus hijas, a sus hijas, a todas las mujeres que han formado de alguna manera parte de su familia, de sus relaciones, de su núcleo. Incluso, a las mujeres con las que comparte su propio espacio político. Por respeto a ellas –un respeto que el señor Del Sel no les tiene- no hablaré sobre este tema.
Pero sí elijo detenerme en que se haya confesado prostituyente. En que haya declarado –él, sí, tan referente político de un espacio partidario; tan aspirante a gobernador de una provincia- que paga por sexo. Y que le parece normal hacerlo.
Voy a plantar bandera: sin clientes no hay trata. Y voy a decirlo de nuevo: sin clientes no hay trata. Y por si no quedó claro, o por si no fue suficiente, va de nuevo: sin clientes no hay trata.
 
Hay trata de personas porque es un negocio. Y es un negocio porque hay clientes: clientes que pagan.
Clientes que pagan no porque no tengan otra posibilidad para acceder a un poco de sexo. Clientes que pagan porque les gusta el sexo pago, el orgasmo comprado, la mujer cosificada.
Y si vamos a hablar de esto, hablemos claro. Donde hay trata de personas, hay supresión de identidad.
Los casos más comunes de supresión de identidad son los devenidos de la apropiación de menores que son anotados como hijos propios por personas que no son sus padres biológicos, por fuera de los mecanismos legales de adopción. Es un delito tan común y naturalizado que permanece invisibilizado como tal, es una práctica socialmente aceptada. No es considerada delito por el común de la gente, ni escandaliza. Más bien se la justifica como un acto de bien y de amor. Pero los apropiadores saben que lo que hacen y continúan haciendo (porque el delito persiste mientras la identidad no es restituida) es ilegal y además ilegítimo: la culpa se hace presente, la apropiación se oculta.
 
En el acto de apropiación se cosifica y despersonaliza al niño, que es percibido como un objeto que viene a satisfacer la necesidad de una pareja de ser padres y se desvirtúa la idea de adopción, que se sostiene en el interés supremo del niño, y en su derecho a la identidad y a una familia. Y el tráfico de niños no debería pensarse como un fenómeno separado de la apropiación. Cuando hablamos de tráfico de niños nos referimos a la entrega, recepción o sustracción de un menor de 18 años, de cualquiera forma que suceda y con cualquier motivación, para cualquier fin, exista o no dinero de por medio.
 
Voy a escribirlo de nuevo, por si pasó inadvertido: Cuando hablamos de tráfico de niños nos referimos a la entrega, recepción o sustracción de un menor de 18 años, de cualquiera forma que suceda y con cualquier motivación, para cualquier fin, exista o no dinero de por medio.
 
¿Habrá leído el señor Del Sel acerca de todas las adolescentes –algunas apenas púberes- que desaparecen cotidianamente en nuestro país? ¿Sabrá que en la mayoría de los casos se las presume víctimas de trata, de tráfico de personas, en este caso de niños? ¿Se habrá enterado de que en la mayoría de los casos en que se las liberó porque se habían convertido en mercancía peligrosa debido a la difusión de sus fotografías por diversos medios, ellas mismas pudieron dar testimonio de esto? ¿Se habrá preguntado los apetitos de quiénes están destinadas a satisfacer estas niñas, víctimas de tráfico y trata? Y digo niñas porque son, abrumadoramente, mayoría. Pero también hay víctimas varones, niños arrancados de sus familias para ser prostituidos. Aunque supongo que de esto el señor Del Sel no debe saber: no creo que le simpaticen los hombres que yacen con hombres.
 
¿Por qué pensar en niñas, y no simplemente en mujeres? Porque hay un gusto especial por la carne fresca, por la inocencia en la mirada, por la sumisión que genera sentimientos de poder y dominación... y por la novedad. Aunque claro, niñas y niños no son las únicas víctimas de trata y tráfico.
De hecho, pensando en por qué razones su espacio político no habrá salido a desmarcarse de sus declaraciones, confesiones y agravios, recordé la presentación judicial que realizó la Asociación Pro Familia, con la intención de detener –cosa que en un principio había logrado con éxito- el aborto que se había autorizado en la Ciudad de Buenos Aires a una mujer víctima de la trata de personas, que había resultado embarazada como resultado de las violaciones que había sufrido durante su secuestro. No tuvieron pruritos en participar de/organizar un escrache en la puerta de su casa, revictimizándola; ni de presentárseles durante su internación para prometerle cuidarla durante el embarazo y hacerse cargo del niño, luego de haberla violentado en su decisión, amparada por la Justicia. Y pudieron hacerlo porque contaron con la complicidad del Jefe de Gobierno, Mauricio Macri –del mismo partido al que pertenece Del Sel- quien vetó la Ley de Aborto no Punible, la creación de una Oficina contra la Trata de Personas, y se negó a retirar la habilitación a los prostíbulos bajo su jurisdicción. Todos vetos vinculados con este caso.
Difícil de entender si no se contextualizan estos actos del gobierno de Macri en una doble fidelidad compartida -y en apariencia contradictoria- a dos patrones. Dos patrones que lo ponen, en razón de los favores que de ellos recibe, en una doble relación clientelar, que no deja de ser curiosa.
Por un lado, se sabe –por la acusación de Lorena Martins contra su propio padre- que Macri recibió dinero para su reelección de parte del proxeneta y ex agente de la SIDE Raúl Martins.
 
Y por el otro, con la Iglesia Católica, hacia quien la fidelidad de buen chico de escuela católica le garantiza el favor de cierto sector del núcleo duro de su electorado.
Más resonante es el caso de Marita Verón, la joven tucumana de 23 años desaparecida hace 10, que visibilizó en nuestro país la desaparición forzada de mujeres con fines de trata para la prostitución, que si bien no es exclusiva –ya que también hay desaparición forzada en relación con el trabajo esclavo- es mayoritaria.
Diana Maffía es Doctora en Filosofía, y actualmente se desempeña como consejera académica en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, e investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Fue, además, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y 2011.
Maffía, en declaraciones a El Diario –de Entre Ríos, el 10 de diciembre- sostiene que “los cuerpos de las mujeres siguen siendo un campo de batalla, una tensión de poder y siguen siendo disputados. Verlos desde de la política, es algo que hemos llevado las mujeres al Congreso. Yo creo que fue un aspecto iluminador. Todavía los cuerpos de las mujeres siguen siendo sometidos, esclavizados, vendidos y comprados.”
Su posición coincide con la postura de la legislación argentina, que no prohíbe la prostitución ni la considera un delito penal, pero concibe a la persona en situación de prostitución como una víctima de un sistema prostituyente. En consecuencia, las políticas que defiende no son de persecución de las personas en prostitución sino de protección y de lucha contra la trata, la explotación y el proxenetismo, a pesar de lo cual señala que “no se ve de qué manera se va a terminar con la trata, la explotación, el proxenetismo, la corrupción policial, judicial, y sobre todo con el financiamiento de la política”. Maffía sostiene que una ley es muy difícil de cumplir cuando está alejada de la cultura dominante. Una cultura y un sistema que van a ser muy difíciles de cambiar cuando los propios referentes políticos que deben motorizar estos cambios consideran normal prostituir mujeres, afirman que es a través del sexo que las mujeres encuentran su camino para realizarse, y ellos mismos se declaran orgullosamente prostituyentes.
 
El juicio por el caso de Marita dejó al descubierto la trama de la trata de personas en Tucumán, sus vínculos con el poder político y policial, y proveyó evidencias de sus ramificaciones a nivel nacional e internacional. Todo lo cual hacía suponer que semejante maquinaria se extendería hasta el poder judicial: de hecho, las condiciones para la impunidad estuvieron garantizadas desde el inicio, cuando no se facilitó en nada la investigación del caso, cuando se trató en todo momento de inclinar la sospecha hacia la familia, y desde algunos medios de comunicación se trabajó para instalar la hipótesis de una desaparición voluntaria. Tal como seguramente podría haber sospechado Del Sel: después de todo, según sus propios dichos, las jovencitas se embarazan por unas moneditas (en referenca a la Asignación Universal por Hijo), tienen sexo para llegar donde quieren, y es normal pagarles por sexo porque así lo quieren.
 
La trama de las redes que conforman la trata de personas con fines de prostitución es intrincada y complejísima. Y está enraizada en las propias formas culturales de la vida social de la que participan quienes tienen como tarea asignada combatirlas.
Las redes son difíciles de erradicar porque su ámbito es la noche. La misma noche de la que participan políticos, jueces, funcionarios, policías, periodistas. La misma noche que tanto habrá caminado sobre y debajo de las tablas el mismo Del Sel. La misma noche en la que los códigos indican que lo que sucede se silencia y se oculta… hasta que es redituable sacarlo a la luz. Y así, el silencio es un favor que se paga. Y se paga caro.
 
El silencio de las debilidades privadas que en la noche se viven en público es el favor que convierte a políticos, jueces, funcionarios y policías en clientes. Clientes que consumen lo que en la noche circula, y clientes que pagan con favores el silencio de quienes los vieron consumirlo.
Un silencio sórdido en el que se va conformando una percepción distorsionada sobre la realidad, en la que todo se tergiversa. Todo. Y lo procaz, lo ilícito, lo degradante se confunden con normalidad.
Quizás por eso quienes comparten su espacio político -el PRO- no han salido a desmarcarse más fuertemente de los dichos de Del Sel. Después de todo no ha declarado más que consumir y promover los mismos negocios que financian –al menos en parte- sus políticas. El círculo quedó cerrado.
 
Y lo otro… es lo otro. Apenas una forma no elegante de decir lo que piensan –también- todos ellos. No esperemos más de lo que están dispuestos a dar.
 
 
Viviana Taylor
 

 
 

lunes, 28 de enero de 2013

Avatares de la cumbre CELAC–UE: seguridad jurídica y apertura de mercados



Viviana Taylor

 

 

El pasado 26 de enero el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, inauguró la primera cumbre de la CELAC-UE, y lo hizo llamando a los mandatarios presentes a concretar una alianza estratégica para fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas regiones: la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y de la Unión Europea.

Quiero detenerme en un pasaje de su discurso inaugural: Piñera dijo que "esta cumbre no sólo es útil, es necesaria. No sólo es oportuna, es urgente. Y si bien la UE llega a esta cumbre en medio de una larga y dolorosa crisis, no podemos olvidar que ella sigue siendo la economía más grande del mundo, una cultura valiosa y milenaria y con un inmenso patrimonio científico y tecnológico. Y lo más importante tal vez, con un sólido compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos".

Sobre América Latina, en contraste, afirmó que está experimentando "un verdadero renacimiento, ha aprendido de sus errores del pasado y hoy se encuentra en un proceso de fortalecimiento de su desarrollo económico, de su democracia y también con un firme compromiso con esos valores que compartimos con la UE".

¿Tan así? ¿Compartimos los mismos valores? ¿Son compatibles las expectativas con que llega cada uno?

Las expectativas europeas son claras. Lo que la UE quiere es seguridad jurídica y apertura de mercados. Claro que, cuando Europa –y Rajoy lo dijo explícitamente, al halagar a Chile, que se ajusta a estas expectativas- habla de seguridad jurídica se está refiriendo, en realidad, al respeto a rajatabla de los TBI.

No voy a sobreabundar aquí sobre este tema, porque ya lo he hecho en otro post –De TBI, el CIADI, y los tratados bilaterales en cuestión- así que aquí sólo diré que:

Cuando Europa se para frente a América Latina, al hablar de seguridad jurídica se está refiriendo a los TBI. Un TBI es un  Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que se firma entre un Estado que busca promover los intereses de las empresas privadas de su país, y otro Estado que será quien las reciba.

Según estos tratados, las empresas pueden repatriar sus ganancias, o sea, sacarlas del país en que las produce y enviarlas a su país de origen. Así es que se produce la paradoja de países capaces de generar cuantiosas ganancias para empresas transnacionales y que, sin embargo, se mantienen pobres. En muchas ocasiones (como sucedió en nuestro país con REPSOL-YPF y Aerolíneas Argentinas, hasta que fueron renacionalizadas) esas empresas sacan, además de sus ganancias, los capitales que pertenecían al país receptor, generándole una enorme e irreparable pérdida de recursos.

¿Cómo es que logran hacerlo? Es que el propio texto de los TBI tiene una cláusula que les prohíbe a los Estados receptores dictar leyes que regulen el accionar de estas empresas extranjeras, y así se los  priva de soberanía legislativa.

Claro que esta situación genera numerosos conflictos. Pero los TBI también los previeron –y cómo no hacerlo- en su texto: sólo reconocen la autoridad del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que, a su vez,  sólo  reconoce como legislación al TBI. O sea… el TBI sólo responde al CIADI, que sólo responde al TBI. Como si ya no fuese bastante enredo, los laudos/sentencias  son inapelables e irreversibles. Así es como los países receptores pierden, junto con sus recursos y su soberanía legislativa, su  soberanía jurídica.

Cuando la UE pide seguridad jurídica lo que está pidiendo es que se firmen TBI entre los Estados de la CELAC y la UE. Y lo pide porque en América Latina y el Caribe hay un fuerte movimiento por ir saliendo del CIADI:

·        Bolivia, Ecuador y Venezuela ya lo hicieron (aunque Bolivia y Ecuador todavía deben responder a obligaciones hasta 2017 y 2019 respectivamente);

·        Argentina firmó 58 TBI: 54 Menem y 4 De la Rúa, por los que recibimos 49 demandas de entre U$S 13.000 y 20.000 millones. En la actualidad se están debatiendo estrategias para salir del CIADI -como parte de la reforma del Código Civil y Comercial- para recuperar la soberanía legislativa y jurídica a la que se renunció cuando se accedió a la firma de estos tratados.

Justamente, cuando la UE le está pidiendo a la CELAC seguridad jurídica, le pide mantenerse dentro del CIADI. Y cuando pide apertura de mercados, está pidiendo que se levanten las regulaciones con que sus Estados protegen a sus industrias de los productos que las industrias europeas no pueden ubicar en su mercado interno debido a la crisis económica que padece, y busca colocar a precios bajos -con los que no se podría competir- afectando a nuestras industrias locales.

Cuando Angela Merkel dice que “sólo juntos podemos mejorar la situación” debería sincerarse respecto de la mejoría de quiénes es la que le preocupa: en nuestra historia ya hemos experimentado el monopolio colonial, y tantas invasiones extranjeras promovidas por cuestiones de mercado, que deberíamos estar muy distraídos para no advertir quiénes serían favorecidos a costa de quiénes. O tener voluntad de vasallo. O ser cómplices. ¿Por qué otra razón América debería pagarle la crisis a Europa, después de haber superado la suya propia?

Por eso no es inocente que Rajoy se muestre habiendo hecho bien los deberes: en su participación en la cumbre destacó haber cambiado las leyes laborales que desprotegieron el trabajo (¿habrá contado con su propia versión de la banelco? Ni es inocente que, cuando a su tiempo le tocó pedir seguridad jurídica, lo haya hecho halagando a Chile.

 

Así como las expectativas europeas son claras, las americanas no son unívocas. La CELAC no es el Mercosur: la UE ha visto cumplidas sus expectativas en Chile, Perú y Colombia, aunados en sus discursos y sus actuaciones neoliberales; pero con el Mercosur no ha tenido el mismo éxito.

La postura argentina, en coherencia con la de sus socios locales, es que los primeros acuerdos deben ser intramercosur, y que se debe buscar proteger a las industrias propias de la evidente asimetría con las industrias europeas. Allí donde Piñera ve un ejemplo que copiar, el Mercosur todo ve un peligro del que protegerse. Dicho de otro modo, no hay voluntad ni disponibilidad para renunciar a la soberanía legislativa -firmando acuerdos que restrinjan la posibilidad de proteger a las economías nacionales- ni a la soberanía jurídica -aceptando tribunales al margen de los tribunales propios-.

Así –y sólo así- entienden la seguridad jurídica: garantizada por la soberanía legislativa y jurídica. No por tratados que sólo beneficien a las empresas privadas por las que la UE está dispuesta a sacrificar a sus propios pueblos, por cuyo bienestar debería bregar. Qué no serían capaces de hacer con nosotros…


Nadie más claro al desnudarlos que Evo Morales: necesitamos socios y no dueños que vengan a saquear nuestros recursos naturales”.

 

 
Viviana Taylor

 

 

El fin de la Argentina. Reloaded


Viviana Taylor

 

 

El 5 de junio del año pasado le dediqué un post a Federico Tessore, sobre quien me preguntaba si se trataba de un gurú de las finanzas –como desde ciertos medios se nos presentaba- o era, simple y llanamente, un chanta.

 

Hoy vuelvo a sacarlo desde las sombras en que –presumo que a su pesar- se mueve. Y ni decir de lo rápido que lo hace. En las versiones digitales de los medios periodísticos en los que suele publicitarse apareció con una nueva versión de su El fin de la Argentina. Y, según cuenta, el fin ya llegó.

 

Como les contaba en aquella ocasión -en el post al que pueden acceder con un solo click si les interesa saber más, para no sobreabundar aquí sobre lo ya publicado- Tessore apela a tergiversar la poca y distorsionada información que ofrece, sobredimensionando algunos aspectos descontextualizados y ocultando deliberadamente otros, con lo que apuesta a robustecer los prejuicios de quienes –sin tener demasiado conocimiento sobre el tema- pretenden cuidar sus ahorros. Así, no tiene empacho en recordarnos que ya alguna vez todos perdimos, excepto los pocos que supieron qué hacer. Y ofrece contarnos –generoso de su parte- cómo hicieron quienes lo hicieron bien.


Engañosamente, Tessore insiste en dos puntos:

1.     en que las personas no podemos influir en lo que sucede en la economía del país;

2.     y que el informe que nos presenta no es político.

 

Su primera afirmación -respecto de nuestra imposibilidad- parecería apuntar a dos objetivos:

·        Por un lado, no hay nada que podamos hacer más que defendernos de las crisis económicas. Así que mejor lo hacemos antes de que la crisis nos aplaste. ¡Y ya no insiste con que está por llegar, sino que debemos apurarnos porque la crisis está aquí!

·        Por otra parte, si alguien cuestiona que las estrategias que propone son justamente las mismas que generan crisis, Tessore ya se adelantó a responder por nosotros. No es posible: las personas, hagamos lo que hagamos, no podemos influir en la economía del país. ¡Así que no nos queda otra que defendernos! ¡Y mejor que lo hagamos ya, porque la crisis está aquí!

 

Respecto de su segunda afirmación, es difícil sostener que su informe no es político. Claro que el tipo de política que asume es esa aparente asepsia ideológica que defienden para sí quienes analizan toda la realidad sólo desde la perspectiva económica, y entienden que toda economía se reduce a lo financiero. Partiendo desde esta falsa premisa, va construyendo su análisis sobre la Argentina a partir de falacias y datos incomprobables. Lo hizo en sus informes de 2011 y 2012, y vuelve a hacerlo en el del 2013.

Un dato no menor: en los tres informes hace pasar tanta cantidad de estos datos manipulados, y con tal rapidez, que todo se vuelve confuso y hasta ilegible. Y es que lo que se busca no es apelar a nuestra racionalidad sino a la emocionalidad. No se busca ayudarnos a seguir un razonamiento, sino impactar contra nuestra afectividad. Y vaya si impacta: si nos toma desprevenidos, seguramente va a lograr asustarnos.

 

En definitiva, Tessore juega con nosotros, y lo hace con los mismos miedos que han sido abonados desde algunos medios masivos. Medios que han colaborado en la difusión de sus ideas, porque son las mismas que sostienen y con las que se enriquecen. Y medios con los que él mismo ha colaborado a través de sus aportes, que ya documenté en el post de referencia de junio de 2012.

 

Mientras Federico Tessore nos hace un recorrido por su tiendita de horrores, y nos promete una y otra vez que, por su inmensa y absoluta generosidad, va a compartir con nosotros sus estrategias de supervivencia, no hace otra cosa que alimentar miedos con el fin de promover a quienes sostienen sus mismas ideas. Esas con las que unos pocos –él mismo lo ha confesado- se enriquecieron. Y muchos –él mismo lo ha confesado- se han empobrecido. Y Argentina –siempre- salió perdiendo.


¿Por qué habría ahora de ser de otra manera? Después de todo, ya sabemos de qué lado nos ha tocado estar cada vez que se aplicaron estas recetas neoliberales. Aun cuando, al principio, podían hacernos creer que estábamos ganando.

 

Viviana Taylor

martes, 15 de enero de 2013

De TBI, CIADI, y los tratados bilaterales en cuestión



 
Viviana Taylor


Mucho vamos a escuchar durante este año discutir acerca de los TBI y el CIADI. Mucho más de lo que se hemos escuchado y leído durante este año. Quizás por eso, para evitar tergiversaciones, conviene aclarar un poco de qué estamos hablando.

Y para aclarar… nada como hacer un poco de historia.
Viajemos un poquito en el tiempo.
A partir de la década de los ’70 se consolidó el patrón de acumulación que colaboró en la consolidación del modelo neoliberal cuyo punto culminante vivimos en los años ’90. Un modelo que se sostiene en la libre circulación de los capitales, y que, por el reduccionismo de leer toda la realidad en clave económica, dio lugar a la pretensión de la globalización como rasgo definitorio de la época.
Claro que para que esa circulación estuviese garantizada, era necesario un marco legal internacional que contuviera el proceso, de tal manera que se diera cierta seguridad jurídica a las empresas transnacionales. Una seguridad jurídica más amplia que la provista por los sistemas nacionales. Así fue como a partir de los años ’90 la mayoría de los Estados del sur firmó acuerdos con los países más industrializados del norte: los TBI.

¿Qué son los TBI?
Los TBI (Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones) son instrumentos jurídicos internacionales firmados por dos estados, con el objeto de proteger recíprocamente inversiones a nivel internacional.
Hasta ahí su definición. Sin embargo, lo que en realidad protegen son las inversiones privadas de una empresa de un país, dentro de otro país.
En la actualidad, en el mundo hay alrededor de 2.807 TBIs en vigencia, que involucran a casi un cuarto de los países del mundo, no casualmente casi todos firmados en los años ‘90.

Hablar de los TBI conlleva, inevitablemente, a referirnos al CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), una institución del Banco Mundial creada en 1966 con sede en Washington cuya función es crear tribunales ad hoc, que sólo reconocen como marco legal a los TBI.

Sí, exactamente así como parece: los TBI sólo reconocen la jurisdicción del CIADI, que a su vez sólo reconoce como marco regulatorio a los TBI. Semejante engendro no reconoce otra posibilidad que la creación de tribunales ad hoc: o sea, que se crean para resolver un conflicto puntual, y luego se disuelven. Ni los TBI ni el CIADI reconocen instancias superiores a ellos: en consecuencia, los laudos del CIADI son inapelables, irreversibles y obligatorios.

Los Estados receptores no sólo resignan soberanía jurídica por semejante sujeción al CIADI. Los TBI, además, llevan siempre la cláusula “Nación Más Favorecida y Trato Justo y Equitativo”, por la cual quedan inhabilitados para establecer legislación regulatoria sobre las inversiones extranjeras, al prohibirse explícitamente medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra similar, incluyendo la modificación o derogación de leyes. Esta es la cláusula por la que, junto con la soberanía jurídica, se resigna además soberanía legislativa: algo sobre lo que tanto se estuvo hablando durante 2012 en relación con los reclamos de los fondos buitre y de REPSOL.

Otras cláusulas, además, garantizan la “repatriación” no sólo de las inversiones sino de las ganancias, con lo cual se transfieren ganancias (y capitales, como ha sucedido justamente en el caso de REPSOL-YPF) desde el país receptor hacia las empresas privadas extranjeras. Así, a la pérdida de soberanía jurídica y legislativa, se le suma la expoliación de recursos.

La frutilla de la torta: las demandas solo pueden ser planteadas desde la empresa transnacional contra el Estado, pero no por éste contra la empresa. Un detalle que define de modo muy particular de qué tipo de seguridad jurídica se está hablando. Una seguridad jurídica entendida como camino de una sola mano. Una pequeña y cotidiana muestra de esto: casi todos los TBI prevén una duración de 10 años; pero además incluyen una cláusula de ultractividad, por la cual son prorrogables automáticamente, con lo que la mayoría de ellos sobrevive 10 años más aún a pesar de la manifestación pública y soberana del Estado receptor de retirarse de tratado.

 

¿Por qué tanta presión sobre los Estados receptores?

La razón está en el hecho de que no son los TBI en sí quienes atraen las inversiones extranjeras, sino las acciones colaterales que estos acuerdos generan sobre la política de estabilidad macroeconómica en los países receptores. Lo que atrae a las inversiones es sólo en parte la estabilidad económica. La inestabilidad en el empleo, con su consecuente flexibilización laboral, y la posibilidad de evasión impositiva son factores sumamente atractivos que suelen ocultarse detrás de una pantalla de “garantía de seguridad jurídica” que no es tal.

Los TBI, es necesario decirlo clara y explícitamente, no son acuerdos neutrales y están lejos de serlo. Se trata de contratos que favorecen unilateralmente a las empresas inversionistas, en desmedro de los derechos e intereses de los pueblos, y de las necesidades y prioridades de las políticas públicas nacionales.

En este contexto, el CIADI tiene como única función vigilar y castigar toda iniciativa que genere cierta incertidumbre para la inversión, garantizándole siempre la ganancia: si no lo hacen los Estados, la aseguran sus tribunales.

En el caso particular de nuestra región, en los países latinoamericanos las inversiones se han concentrado mayoritariamente en la extracción o explotación de recursos naturales, como el gas, el petróleo, la minería, el agua, y el agro. La mitad de las demandas presentadas en el CIADI provienen de empresas de sectores energéticos y que proveen agua potable, y esto a pesar de que su accionar se ha caracterizado por la sobreexplotación, el deterioro del ambiente, y el avasallamiento de los derechos de los pueblos.

 

Pero… nuevos aires recorren América Latina.

En el 2007, el gobierno de Evo Morales decidió retirar a su país del CIADI. Por las cláusulas de ultractividad de los TBI –que los hacen automáticamente prorrogables- el retiro total será efectivo recién en 2017.

En 2009, el gobierno de Rafael Correa anunció el retiro de Ecuador, que por las mismas razones recién podrá hacerse efectivo en 2019.

Y el gobierno de Hugo Chávez anunció el retiro de Venezuela en enero de 2012. Como el ingreso se había efectuado en 1993 por un gobierno provisional sin mandato popular, agregó que no se reconocería ningún laudo sobre el tema, por lo que el retiro se efectivizó el 25 de julio pasado.


¿Y por Argentina, cómo andamos?
 
 
La Argentina ha firmado 58 tratados: 54 por Menem y 4 por De la Rúa. Uno de ellos fue modificado durante el gobierno de Néstor Kirchner, aunque se mantuvo –según la legislación vigente- dentro de sus parámetros definitorios.

Las inversiones más significativas se concentran en el sector energético (petróleo y gas el 37%, y electricidad el 22%) y el 19% pertenece a aguas. Pero claro, no son las únicas: en nuestro país hay innumerables casos de inversiones de empresas transnacionales vinculadas –entre otros ámbitos de la economía- a la megaminería y el agro.

De las 184 demandas que recibió el CIADI hasta el 2011 –todas invocando a los TBI como instrumento jurídico a aplicar- 49 fueron contra Argentina, cuyo monto se calcula entre U$S 13.000 y 20.000 millones.

Argentina ha recibido 4 laudos condenatorios contra el Estado. De ellos, 3 quedaron firmes y debemos indemnizar a las empresas que accionaron, y 1 tiene todavía en trámite un recurso de nulidad.

También obtuvimos 6 laudos a favor, aunque 2 de ellos fueron recurridos por las empresas demandantes, que lograron revertirlos.

 

Estamos en un año de elecciones legislativas. Y entre las discusiones aún abiertas por la reforma del Código Civil y Comercial están estos temas. Sería bueno que cada vez que se hable de megaminería, empresas vinculadas a la explotación y los servicios energéticos o el agua, o al agro, tuviésemos en cuenta este contexto. Será cuestión de estar atentos a quienes adscriben a qué posiciones, y los intereses de quiénes se representan y defienden.

 

Viviana Taylor