Es difícil
mirar la historia reciente, aspirando a ver algo con cierta claridad. Uno está
tan cerca que no puede ver el escenario completo… las emociones están tan
presentes que filtran la interpretación de los hechos… nos falta perspectiva
para recortar el contexto, un tipo de perspectiva que sólo da el tiempo
transcurrido. Más difícil es mirar de frente un hecho en ese instante preciso
en que está ocurriendo. Así es como me paro, en este momento, frente a
Paraguay. Miro, no sé si entiendo. Pero voy a tratar de hacerlo.
Miro un poquito hacia atrás. 21 de octubre de 2011.
Enzo Cardoso -ministro de Agricultura
y Ganadería de Paraguay- libera la siembra comercial de la semilla de algodón transgénico
Bollgard BT, de la compañía norteamericana en biotecnología Monsanto.
Casi de inmediato comienzan las protestas de campesinos y organizaciones
ambientalistas, que argumentan que este algodón está mezclado con el gen del Bacillus Thuringiensis.
¿Qué es este Bacillus
Thuringiensis? Se trata de una
bacteria que suele usarse como alternativa biológica a los pesticidas, y que
habita en el suelo, las superficies poco iluminadas de las plantas y el
intestino de las orugas de diferentes tipos de polillas y mariposas. Durante la
esporulación, muchas cepas de esta bacteria producen cristales proteínicos que
poseen propiedades insecticidas, y es por esta razón que desde 1920 se las ha
estado usando con este fin y actualmente se las puede encontrar bajo nombres
comerciales como Dipel y Thuricide. Además, desde 1985 se las ha
venido empleando para producir organismos genéticamente modificados con
tolerancia a los insectos, y es este uso el que está en discusión. Los
defensores de esta tecnología sostienen que aporta mayores beneficios para los
agricultores, sobre todo a aquellos con escasos recursos de los países en vías
de desarrollo; mientras que los detractores cuestionan esta ayuda. Una
discusión de difícil resolución ya que no hay suficientes investigaciones
independientes y escasean las comparaciones controladas.
En este
punto se vuelve importante aclarar que el principal cultivo de los pequeños
agricultores de los países en vías de desarrollo es el algodón. En general, los
estudios de distintos economistas agrarios han destacado que los beneficios
económicos son altamente variables según el año, el tipo de explotación y la
situación geográfica, aunque el balance general es prometedor. Respecto del
impacto ambiental, si bien los estudios parecieron ser positivos durante los
primeros diez años del uso de estos cultivos (1996-2005, sobre cultivos de
maíz, patata y algodón en Estados Unidos), en estudios de laboratorio se ha
probado que las toxinas pueden afectar a los organismos no objeto de control
que ingieren o consumen partes de estas plantas genéticamente modificadas. Lo
cierto es que, debido a la carencia de información significativa, las
consecuencias reales de los transgénicos son inciertas.
Otro
problema es que las plagas tienden a hacerse resistentes a la toxina. Un método
para reducir esta resistencia es la creación de refugios de cultivos no modificados,
de modo que algunos insectos no resistentes puedan sobrevivir y mantener así
una población vulnerable a la toxina. Esta estrategia se basa en la suposición
de que los genes resistentes serán recesivos. Es por esto que en 1996 la
comercialización de algodón y maíz transgénico se acompañó de una estrategia de
este tipo, y los planes de gestión de la resistencia de los insectos son
obligatorios para los cultivos, no sólo en Estados Unidos –donde se realizaron
los primeros estudios- sino en algunos otros países.
A pesar de
estos cuidados, en noviembre de 2009, un grupo de científicos de la empresa
californiana Monsanto informaron de la existencia en cuatro regiones
de la India de insectos que se habían vuelto resistentes al algodón modificado
genéticamente. Sin embargo, científicos independientes de India y de México
demostraron que el estudio de Monsanto era falso y había sido manipulado con la
intención de reemplazar el método ecológico de control de plagas por uno,
totalmente químico, y patentado por Monsanto. Desde entonces la empresa está
sospechada en muchos países y ha sido condenada en otros por modificar y/o
inventar estudios científicos para obtener réditos económicos. En el caso
particular de Paraguay, toda la soja cultivada es transgénica –con lo que no hay
gestión ecológica de la resistencia de plagas- en una extensión cercana a los
tres millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de
toneladas en el 2010. Sólo en concepto de royalties por el uso de estas
semillas transgénicas –y por eso mismo, sólo en Paraguay- Monsanto facturó el año pasado 30
millones de dólares; y libres de impuestos porque no declara esta parte de su
renta. Además, también factura por la venta de las semillas transgénicas.
Obviamente,
en este contexto, las consecuencias reales del uso de estos transgénicos –insisto-
siguen siendo inciertas.
Como venía
contando, el Ministro
de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Enzo Cardoso, liberó
la siembra comercial de la semilla de algodón transgénico de Monsanto.
Y esto a pesar de que el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de
Semillas, SENAVE, otra institución del Estado paraguayo, dirigido
por Miguel
Lovera, no la había inscripto en los registros por carecer de los
dictámenes correspondientes del Ministerio de Salud y de la Secretaría del Ambiente, tal como exige la
legislación paraguaya. Se entienden, entonces, las protestas de los campesinos
y ambientalistas que comenzaron a sucederse.
Claro que Monsanto no
se quedó tranquila. Durante los meses posteriores arremetió contra el SENAVE,
a través de la Unión de Gremios de
Producción - UGP, estrechamente ligada al Grupo Zuccolillo, que publica el diario ABC Color. Uno de los golpes decisivos lo dio una
nueva denuncia –por parte de una seudosindicalista del SENAVE, de nombre Silvia Martínez-
quien acusó el 7 de junio de junio a
Lovera
de corrupción y nepotismo en la institución que dirige, a través de ABC Color. ¿Y quién es Silvia Martínez? Martínez es la
esposa de Roberto Cáceres, representante técnico de varias empresas agrícolas,
entre ellas Agrosán, recientemente adquirida por 120 millones de dólares por
Syngenta –otra transnacional- todas socias de la UGP.
A partir de
esta denuncia los acontecimientos se precipitaron. Al otro día, viernes 8 de junio, la UGP publicó en ABC “Los 12 argumentos para destituir a Lovera”.
Estos presuntos argumentos fueron presentados al vicepresidente de la
República, correligionario
del ministro de Agricultura, el también liberal Federico Franco, quien en ese
momento estaba a cargo del Poder Ejecutivo de Paraguay en ausencia de Lugo,
de viaje por Asia.
El viernes 15 de junio, en la exposición
anual organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería la
transnacional Monsanto
presentó otra variedad de algodón, doblemente transgénico. Su pretensión era la
inscripción en Paraguay de esta semilla transgénica, tal como ya había ocurrido en la Argentina y otros países del mundo.Previamente, el diario ABC Color ya se había ocupado de denunciar sistemáticamente por presuntos hechos de corrupción a la ministra de Salud, Esperanza Martínez y al ministro del Ambiente, Oscar Rivas, dos funcionarios que –como ya conté más arriba- no habían dado dictamen favorable a Monsanto. El camino estaba siendo allanado.
En ocasión
de esta misma exposición, el ministro Enzo Cardozo deslizó ante la prensa que un supuesto grupo de
inversores del sector de los agroquímicos de la India, había cancelado un
proyecto de inversión en Paraguay por presunta corrupción en el SENAVE.
Llamativamente, nunca aclaró a qué grupo se refería. Y, llamativamente, en esas
horas de aquel día se sucedían los hechos trágicos de Curuguaty.
Sugestivamente, por otro lado la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Ley de Bioseguridad, que contempla crear una dirección de bioseguridad a cargo del Ministerio de Agricultura, con amplia potestad para la aprobación para su cultivo comercial de todas las semillas transgénicas, ya sean de soja, maíz, arroz, algodón y algunas hortalizas. Este proyecto de ley contempla la eliminación de la Comisión de Bioseguridad actual, que es un ente colegiado de funcionarios técnicos del Estado paraguayo. Las cartas ya habían sido acomodadas.
Mientras
ocurrían todos estos acontecimientos, la Unión de Gremios de
Producción - UGP preparaba un acto de protesta nacional contra el gobierno de
Fernando Lugo para el 25 de junio.
Aunque por obvias razones esta protesta ya no se realizará, es interesante
contar que se trataba de una manifestación con maquinarias agrícolas, cerrando
medias calzadas de las rutas en distintos puntos del país. Una de las
reivindicaciones de este tractorazo era
la destitución de Miguel Lovera del SENAVE, así como la
liberalización de todas las semillas transgénicas para su cultivo comercial.
¿Qué podemos contar de esta UGP?
Se trata de
una organización dirigida por Héctor Cristaldo.
Uno de sus laderos, Ramón Sánchez, tiene negocios con el sector de los agroquímicos.
Otros, son agentes de las transnacionales del agronegocio.
Cristaldo
integra el staff de varias empresas del Grupo Zuccolillo,
cuyo principal accionista es Aldo Zuccolillo,
director propietario del diario ABC Color desde que
fue fundado bajo el régimen de Stroessner, en 1967. Zuccolillo es, además, dirigente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.
El Grupo Zuccolillo también es socio principal en Paraguay de Cargill, una de las transnacionales más grandes del
agronegocio en el mundo. La sociedad construyó –sin ninguna restricción- uno de
los puertos graneleros más importante del Paraguay - Puerto Unión- a sólo 500
metros de la toma de agua de la empresa aguatera del Estado paraguayo, sobre el
Río Paraguay.
Una de las
grandes ventajas que obtienen las transnacionales del agronegocio en Paraguay es
que prácticamente no pagan impuestos. Esto lo han logrado gracias a la protección
que tienen en el Congreso, dominado por la derecha. Es interesante constatar
que la presión tributaria en Paraguay es apenas del 13% sobre el PIB, y que el 60
% del impuesto recaudado proviene del Impuesto al Valor Agregado –IVA- el
impuesto más regresivo de todos ya que, al gravar el consumo, afecta por igual
a los más ricos y los más pobres. Los latifundistas, en cambio, no pagan
impuestos; y el impuesto Inmobiliario representa apenas el 0,04% de la presión
tributaria. Todo esto a pesar de que el agronegocio produce rentas en torno al
30 % del PIB.Viendo estos datos es casi ocioso decir que Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo. El 85% de las tierras está en manos del 2% de propietarios, que se dedican a la producción meramente extractivista o en el peor de los casos a la especulación sobre la tierra.
La mayoría de estos grandes propietarios poseen mansiones en Punta del Este o Miami y tienen estrechas relaciones con las transnacionales del sector financiero, que guardan sus ganancias en los paraísos fiscales o le facilitan inversiones en el extranjero. Todos ellos, de alguna u otra manera, están ligados al agronegocio y dominan el espectro político nacional, con amplias influencias en los tres poderes del Estado. Este es el imperio de la UGP, apoyada por el poder político, y las transnacionales del sector financiero y del agronegocio.
Volvamos a
los hechos. Viernes 15 de junio de 2012.
Como venía relatando, en la exposición anual organizada por el Ministerio de
Agricultura y Ganadería la transnacional Monsanto presentaba una nueva variedad
de algodón, doblemente transgénico, mientras el ministro Enzo Cardozo
deslizaba ante la prensa la supuesta cancelación de una supuesta
inversión de un supuesto grupo por la supuesta corrupción del SENAVE.
Mientras tanto, un grupo de policías iba a cumplir una orden de desalojo en el departamento de Canindeyú -en la frontera con Brasil- para proteger a un
latifundista.
Curuguaty es una
ciudad ubicada al este de la Región Oriental del Paraguay, a unos 200 km de
Asunción. A unos kilómetros se halla la estancia Morombí, propiedad del terrateniente Blas Riquelme, con más de 70 mil hectáreas en ese lugar.
Riquelme hizo su
inmensa fortuna durante la dictadura de Stroessner (1954-1989, aliado al general
Andrés Rodríguez, quien ejecutó el golpe de Estado que derrocó al dictador. Fue
presidente del Partido Colorado por muchos años y Senador de la República,
dueño de varios supermercados y establecimientos ganaderos. Además es
apropiador alrededor de 2.000 hectáreas del Estado paraguayo. Y estas tierras
son el eje del conflicto que estalló ese maldito viernes 15. Resulta que parte
de estas parcelas fueron ocupadas por campesinos sin tierras que venían
solicitándole al gobierno de Fernando Lugo su
distribución. Un juez y una fiscal ordenaron el desalojo de los campesinos, a
través del Grupo Especial de Operaciones –GEO- de la Policía Nacional. Un
detalle a tener en cuenta es que la mayoría de sus miembros de élite fueron
entrenados en Colombia, bajo el gobierno de Uribe, para la lucha
contrainsurgente. Y este detalle a tener en cuenta es lo que vuelve tan extraño
que, justamente este grupo, haya sido emboscado por francotiradores que se
habían infiltrado entre los campesinos que reclamaban tierras para sobrevivir. Sólo
un sabotaje interno, desde dentro de los cuadros de inteligencia de la Policía
y con la complicidad de la Fiscalía, puede explicar la emboscada. Si no, es
incomprensible cómo policías altamente entrenados en el marco del Plan
Colombia, pudieron caer en semejante trampa. Cuando reaccionaron, acribillaron
a los campesinos. El resultado de la matanza fue de 17 muertos: 6 policías y 11
campesinos. Y esto sin contar los alrededor de 50 heridos.
Uno de los
policías muertos fue el jefe del GEO, el comisario Erven Lovera, quizás no casualmente
hermano del teniente coronel Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente Lugo.
Desde entonces la prensa, mayoritariamente, insiste en la versión de que fueron
los campesinos quienes tramaron la emboscada y asesinaron a los policías, implicados
en un plan para criminalizar a las organizaciones campesinas, y así empujar a
los campesinos a abandonar los campos para el uso exclusivo del agronegocio. Así
es como se ha ido produciendo el proceso de descampesinización del campo
paraguayo, lo que está atentando no sólo contra la cultura alimentaria del
pueblo paraguayo –heredero de la cultura guaraní-, sino contra la soberanía
alimentaria del país.
Ya era
obvio –y lo es más a la luz de los hechos que desde entonces se han ido
sucediendo- que el asesinato del hermano del jefe de seguridad del presidente
de la República era un mensaje directo a Fernando Lugo: su cabeza era el próximo
objetivo. Y él, que ya había derechizado su gobierno, lo derechizó aún más para
calmarlos: Carlos Filizzola fue desplazado del Ministerio del Interior y reemplazado
por Rubén Candia
Amarilla, del opositor Partido Colorado, al que Lugo derrotó en 2008,
luego de 60 años de dictadura colorada, incluyendo la tiranía de Alfredo
Stroessner.
Candia había sido
ministro de Justicia del gobierno colorado de Nicanor Duarte (2003-2008) y Fiscal
General del Estado desde 2005 hasta el año pasado –con apoyo del entonces embajador
de los Estados Unidos, John F. Keen- cuando fue desplazado por otro colorado,
Javier Díaz Verón, a instancias del propio Lugo. Y como favor con favor se paga, Candia
es señalado como el promotor de la represión a dirigentes de organizaciones
campesinas y de movimientos populares y fue acusado en los inicios del gobierno por
Fernando Lugo de conspirar en su contra. Con estos antecedentes, es
lógico su accionar apenas asumido como ministro: lo primero que anunció fue la
eliminación del protocolo de diálogo con los campesinos que invaden
propiedades, lo que significaba el
empleo de la fuerza policial represiva sin contemplación.
Dos días
después de su asunción, los miembros de la UGP, con Héctor Cristaldo a la cabeza, lo visitaron para solicitarle
garantías para la realización del denominado tractorazo. Casi proféticamente Cristaldo dijo que la medida de
fuerza podía ser suspendida en caso de nuevas señales favorables para la UGP. En
ese momento tales señales favorables se podían interpretar como la liberación
de las semillas transgénicas de Monsanto, y la destitución de Lovera y otros ministros, derechizando
todavía más el gobierno. Hoy está claro que fueron favorecidos en todo lo que
anhelaban.
En
resumidas cuentas, el ya débil gobierno de Fernando Lugo quedó en una situación de debilidad ascendente y
extrema, cada vez más derechizado, y arrastrado a un juicio político por un Congreso
ya totalmente dominado por la derecha. La izquierda resultó golpeada como nunca,
con las organizaciones sociales y campesinas acusadas por la oligarquía
terrateniente de instigar a los campesinos y haber provocado la tragedia de
Curuguaty. El agronegocio extractivista, en manos de las transnacionales como Monsanto,
quedó en una situación inmejorable de avance, y con el campo liberado por la
persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras. Y los partidos de
derecha, por supuesto, con el camino totalmente preparado para el retorno en
las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo.
La UGP, algunos integrantes del Partido Colorado y los
propios integrantes del Partido Liberal Radical Auténtico –dirigido por el
Senador Blas Llano y aliado del gobierno- fueron los primeros en amenazar con
un juicio político a Fernando Lugo para destituirlo como Presidente de la
República del Paraguay. El Partido Colorado, aliado de otros
partidos minoritarios de la oposición, ya contaba solo con la mayoría necesaria
como para destituirlo. Y sus aliados liberales estaban buscando en él más
espacios de poder, que no estaba en condiciones de negociar. La suerte estaba
echada. A nadie sorprendió su destitución el fatídico 22 de junio de 2012.
¿Y ahora?
Durante su
gobierno, se aprobó la Ley Antiterrorista, propiciada por Estados Unidos en
todo el mundo después del 11S. Y en 2010 autorizó la implementación de la
Iniciativa Zona Norte (la instalación y despliegue de tropas y civiles norteamericanos
en el norte de la Región Oriental, supuestamente para desarrollar actividades a
favor de las comunidades campesinas).
En este
contexto es entendible que los Presidentes de la Región hayan salido a
responder en bloque, en especial Dilma Rousseff, de Brasil, en cuya frontera se
están produciendo estos hechos sangrientos, claramente dirigidos por intereses
políticos, militares y económicos de Estados Unidos, cuyos teatros de
operaciones se pueden observar en Irak, Libia, Afganistán y ahora Siria. Brasil
está construyendo un nuevo orden junto a Rusia, India, China y el recientemente
incorporado Sudáfrica -denominado BRICS-, por lo que Estados Unidos no ceja en
sus intentos de influir sobre su política, y estrechar vínculos comerciales,
tecnológicos y militares. Por lo pronto, ya ha logrado intervenir en la
conformación del nuevo eje comercial integrado por México, Panamá, Colombia,
Perú y Chile, a quienes usa como muro de contención a los deseos expansionistas
del Brasil hacia el Pacífico. Mientras tanto, la IV Flota de los Estados
Unidos, reactivada hace unos años después de estar fuera de servicio apenas
culminó la Segunda Guerra Mundial, vigila todo el Atlántico Sur, como un cerco a
Brasil algo más amenazante que la vía diplomática.
Paraguay
quedó en medio de la disputa entre ambos
países, pero dominado fuertemente por los Estados Unidos a través de todas
estas estrategias que van desde lo militar hasta lo económico, pasando por la
intervención en la política –aún la más doméstica-. Y por eso lo de Curuguaty
es una señal para Brasil: Paraguay puede convertirse en un polvorín, lo que repercutiría
sobre el desarrollo del suroeste del Brasil.
Pero los muertos de Curuguaty son también una señal para Argentina, y no sólo por lo anterior. Son una señal del extractivismo expoliador, que nos muestra obscenamente hasta dónde es capaz de llegar, y que está dispuesto a hacerlo. Quizás no sufrimos el algodón de Monsanto: a nosotros nos inundó con su soja. Y padecemos la misma concentración de la tierra, el mismo sistema regresivo de impuestos, las mismas protestas de los mismos grupos concentrados de poder, y con idénticas estrategias.
Fuente bibliográfica básica: Idilio Méndez Grimaldi; Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo.
Idilio Méndez Grimaldi es periodista, investigador y analista. Miembro de la Sociedad de Economía Política del Paraguay, SEPPY. También autor del libro Los Herederos de Stroessner.
