Ferro: vista desde el escenario donde minutos después iba a hablar Hugo Moyano, reelecto Secretario General de la CGT
Hace apenas unos meses, Hugo Moyano llamaba a los trabajadores a apoyar la reelección de Cristina. Hace apenas unos minutos, recientemente reelecto como Secretario General de una CGT fracturada, los invitaba a no votar a quienes no los respetan, en clara alusión a la misma Cristina. De amiga a enemiga; de seguida a repudiada; y todo en apenas unos meses... ¿qué les pasó?
Lo que les pasó -como conté, hace un tiempo, entre otras cosas, en un artículo de este mismo blog- tiene un nombre claro: Fondo Solidario de Redistribución. Ese es el nombre del culpable del
enfrentamiento. Se trata de una caja millonaria que hoy supera los 11 mil
millones de pesos y que se forma con un porcentaje que varía entre el 10 y el
20% —según el nivel salarial— de todos los aportes sociales de los trabajadores
y empleadores. El dinero que se recauda tiene como finalidad apoyar a las obras
sociales en los tratamientos de alta complejidad y cubrir los gastos
administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Ese dinero fue parte de un pacto de no agresión entre Moyano y el
kirchnerismo en marzo del año pasado. El problema fue que el gobierno le liberó
parte de los fondos –unos 300 millones- pero cesó el envío cuando la economía
comenzó a volverse permeable a la crisis internacional. Y comenzaron las
versiones acerca de la estatización de esa millonaria caja, una amenaza que si
bien permanece latente incomoda –por decir poco- a Moyano. Sobre todo porque recientemente acaba de recibir un golpe, quizás inesperado. Resulta que a menos de una semana del primer acto de Hugo Moyano contra el kirchnerismo en la Plaza de Mayo, el Gobierno Nacional dio de baja el Régimen de Compensación de Aranceles (RCA) del examen psicofísico que deben realizar los camioneros una vez al año para conseguir o conservar su licencia de conducir. Por prestar ese servicio, que ahora deberán pagar las empresas contratantes, la obra social de Camioneros recibía un subsidio de unos $70 millones anuales.
Por la resolución 32/2012 publicada el 2 de julio en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, no sólo se dispone dejar sin efecto el RCA “de la Evaluación Psicofísica de los Conductores Profesionales de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales y Peligrosas de Jurisdicción Nacional”, sino que además se anula “la Formación Profesional de los Conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas Generales de Jurisdicción Nacional”, que estaba a cargo de la Fundación para la Formación Profesional del Transporte.
Y no se trata precisamente de una suma menor: según informó el Diario Clarín el 3 de julio, la obra social de Camioneros recibía del Estado entre $ 320 y $380 por cada examen psicofísico realizado, mientras que a la Fundación le ingresaban otros $120 por cada chofer que tomaba el curso de capacitación.
La obra social de Camioneros estaba habilitada para realizar los estudios de revisación médica, oftamológica, dental y psicológica desde diciembre de 2003 por concurso público nacional CNRT N° 1/2003, al igual que la Fundación por el Concurso CNRT 3/2003. Solo en el mes de marzo de 2011, la obra social habría recibido por psicofísicos realizados un reintegro de $5.595.790 millones y según el balance de 2009 –el último difundido– de la obra social de camioneros, ese año realizaron 198.421 exámenes marcando un crecimiento del 3,3% respecto del año anterior.
Si bien la Resolución del 2 de julio no advierte sobre la caída del convenio con la obra social de Camioneros –prorrogado de hecho en 2011 porque la adjudicación fue observada–, no se descarta que las empresas pudieran exigir una nueva licitación para seleccionar al prestador del servicio.
Así, en los hechos la obra social del gremio conducido por Moyano vería afectada la cantidad de examenes que realiza cada mes, puesto que hasta ahora no solo los 200 mil camioneros afiliados al sindicato se realizaban los estudios, sino también personas sin empleo que apostaban a conseguir una ocupacíon en este rubro.
Con esta decisión -definida por Randazzo como un “acto de justicia”- el recientemente reelecto jefe de la CGT recibe un nuevo revés, que se suma al pedido de investigación de un negocio millonario en el puerto porteño. Esta investigación la estaría llevando el juez Rodolfo Canicoba Corral, a partir de una denuncia presentada por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Guillermo Noailles, por el presunto cobro de un canon ilegítimo a cada camión que ingresa al puerto de Buenos Aires a través de la empresa Ivetra SA, ligada a Moyano.
A través de la empresa Ivetra SA, de la que es miembro el abogado de Camioneros Daniel Llermanos, se cobra a cada camión que ingresa al puerto un canon de 14 dólares . La FIA denunció penalmente a Moyano e Ivetra por presunta “defraudación a la administración pública” . Y el propio ministro del Interior y Transporte lo denunció penalmente por el paro del transporte de combustible del mes pasado.
Otra razón que recalienta aún más el enfrentamiento es que hay más causas penales que penden sobre la cabeza de Moyano, y dadas las circunstancias, no es de paranoico ponerse suspicaz.
La pregunta que se hace es: si esos expedientes los manejan jueces que supuestamente controla el
kirchnerismo, ¿por qué seguían abiertos, si las relaciones eran amables y fluídas? Quizás hasta ahora sentía que esto le daba un margen
de negociación al gobierno que lo dejaba en desventaja; ahora es más probable que tema ser el chivo
expiatorio que cargará con las culpas. Y hasta quizás por eso es probable que su reelección frente a la CGT la sienta como una pobre victoria amarga: no son tiempos de centrales divididas, sino más bien de uniones, aún en el espanto... Una unión que quizás lleve las banderas de los reclamos comunes, como el cese
del pago del impuesto a las ganancias y la participación de los trabajadores en
las mismas, o que incluso intente sumar a sectores hasta ahora reacios a su figura, a través de los pedidos por más seguridad, críticas a los controles sobre el dólar, y contra la inflación; una unión que, en fin, más allá de las razones explícitas, llevan el sello de la debilidad de las rupturas que las las uniones estratégicas y coyunturales no llegan a compensar.
En este contexto, una pregunta clave es si será cierto que, anticipando el quiebre real que hoy se verifica, el
gobierno habría hecho contacto el año pasado con el Juez Oyarbide para tener preparado un auto de procesamiento
contra Moyano en el marco del expediente que investiga la mafia de los
medicamentos.
Será cuestión de buscarse un sillón bien cómodo, y sentarse a esperar. Lo demás, sólo es cuestión de estar atentos a qué película nos van a pasar.
El guardaespaldas de Moyano, Dany "la muerte", con afiliados al gremio de camioneros
