Viviana Taylor
El pasado 26 de enero el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, inauguró la primera
cumbre de la CELAC-UE, y lo hizo
llamando a los mandatarios presentes a concretar una alianza estratégica para
fortalecer las relaciones bilaterales entre ambas regiones: la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe, y de la Unión Europea.
Quiero detenerme en un pasaje de su
discurso inaugural: Piñera dijo que "esta cumbre no sólo es útil, es necesaria.
No sólo es oportuna, es urgente. Y si bien la UE llega a esta cumbre en medio
de una larga y dolorosa crisis, no podemos olvidar que ella sigue siendo la
economía más grande del mundo, una cultura valiosa y milenaria y con un inmenso
patrimonio científico y tecnológico. Y lo más importante tal vez, con un sólido
compromiso con la libertad, la democracia y el Estado de Derecho y el respeto a
los Derechos Humanos".
Sobre América Latina, en contraste,
afirmó que está experimentando "un
verdadero renacimiento, ha aprendido de sus errores del pasado y hoy se
encuentra en un proceso de fortalecimiento de su desarrollo económico, de su
democracia y también con un firme compromiso con esos valores que compartimos
con la UE".
¿Tan
así? ¿Compartimos los mismos valores? ¿Son compatibles las expectativas con que
llega cada uno?
Las expectativas europeas son claras. Lo que la UE quiere es seguridad jurídica y
apertura de mercados. Claro que, cuando Europa –y Rajoy lo dijo explícitamente, al halagar a Chile, que se ajusta a
estas expectativas- habla de seguridad jurídica se está refiriendo, en
realidad, al respeto a rajatabla de los TBI.
No voy a sobreabundar aquí sobre este
tema, porque ya lo he hecho en otro post –De TBI, el CIADI, y los tratados bilaterales en cuestión- así que aquí sólo diré que:
Cuando Europa se para frente a América Latina, al hablar de seguridad
jurídica se está refiriendo a los TBI.
Un TBI es un Tratado
Bilateral de Protección de Inversiones que se
firma entre un Estado que busca
promover los intereses de las empresas privadas de su país, y otro Estado que
será quien las reciba.
Según estos tratados, las empresas pueden repatriar sus ganancias, o sea, sacarlas del
país en que las produce y enviarlas a su país de origen. Así es que se produce
la paradoja de países capaces de generar cuantiosas ganancias para empresas
transnacionales y que, sin embargo, se mantienen pobres. En muchas ocasiones
(como sucedió en nuestro país con REPSOL-YPF y Aerolíneas Argentinas, hasta que
fueron renacionalizadas) esas empresas sacan, además de sus ganancias, los capitales
que pertenecían al país receptor, generándole una enorme e irreparable pérdida de recursos.
¿Cómo es que
logran hacerlo? Es que el propio texto de los TBI tiene una cláusula que les prohíbe a los Estados receptores dictar
leyes que regulen el accionar de estas empresas extranjeras, y así se los priva de soberanía
legislativa.
Claro que
esta situación genera numerosos conflictos. Pero los TBI también los previeron –y cómo no hacerlo- en su texto: sólo
reconocen la autoridad del CIADI (Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) que, a su
vez, sólo reconoce como legislación al TBI. O sea… el
TBI sólo responde al CIADI, que sólo responde al TBI. Como si ya no fuese
bastante enredo, los laudos/sentencias son inapelables e irreversibles. Así es como los países receptores pierden,
junto con sus recursos y su soberanía legislativa, su soberanía jurídica.
Cuando la UE pide seguridad jurídica lo que está
pidiendo es que se firmen TBI entre
los Estados de la CELAC y la UE. Y lo pide porque en América Latina y el Caribe
hay un fuerte movimiento por ir saliendo del CIADI:
·
Bolivia, Ecuador y Venezuela ya lo hicieron (aunque Bolivia y
Ecuador todavía deben responder a obligaciones hasta 2017 y 2019
respectivamente);
·
Argentina firmó 58 TBI: 54 Menem y 4 De la Rúa, por los que recibimos 49 demandas de entre U$S 13.000 y 20.000
millones. En la actualidad se están debatiendo estrategias para salir del CIADI
-como parte de la reforma del Código Civil y Comercial- para recuperar la soberanía
legislativa y jurídica a la que se renunció cuando se accedió a la firma de
estos tratados.
Justamente,
cuando la UE le está pidiendo a la CELAC seguridad jurídica, le pide mantenerse
dentro del CIADI. Y cuando pide apertura de mercados, está pidiendo que se
levanten las regulaciones con que sus Estados protegen a sus industrias de los
productos que las industrias europeas no pueden ubicar en su mercado interno
debido a la crisis económica que padece, y busca colocar a precios bajos -con
los que no se podría competir- afectando a nuestras industrias locales.
Cuando Angela Merkel dice que “sólo juntos podemos mejorar la situación”
debería sincerarse respecto de la mejoría de quiénes es la que le preocupa: en
nuestra historia ya hemos experimentado el monopolio colonial, y tantas
invasiones extranjeras promovidas por cuestiones de mercado, que deberíamos
estar muy distraídos para no advertir quiénes serían favorecidos a costa de
quiénes. O tener voluntad de vasallo. O ser cómplices. ¿Por qué otra razón
América debería pagarle la crisis a Europa, después de haber superado la suya
propia?
Por eso no es
inocente que Rajoy se muestre
habiendo hecho bien los deberes: en su participación en la cumbre destacó haber
cambiado las leyes laborales que desprotegieron el trabajo (¿habrá contado con
su propia versión de la banelco? Ni
es inocente que, cuando a su tiempo le tocó pedir seguridad jurídica, lo haya
hecho halagando a Chile.
Así como las
expectativas europeas son claras, las americanas no son unívocas. La CELAC no es el Mercosur: la UE ha visto cumplidas sus expectativas
en Chile, Perú y Colombia, aunados en sus discursos y sus actuaciones neoliberales;
pero con el Mercosur no ha tenido el mismo éxito.
La postura
argentina, en coherencia con la de sus socios locales, es que los primeros
acuerdos deben ser intramercosur, y que se debe buscar proteger a las
industrias propias de la evidente asimetría con las industrias europeas. Allí
donde Piñera ve un ejemplo que copiar, el Mercosur todo ve un peligro del que
protegerse. Dicho de otro modo, no hay voluntad ni disponibilidad para renunciar
a la soberanía legislativa -firmando
acuerdos que restrinjan la posibilidad de proteger a las economías nacionales-
ni a la soberanía jurídica -aceptando
tribunales al margen de los tribunales propios-.
Así –y sólo así- entienden
la seguridad jurídica: garantizada por la soberanía legislativa y jurídica. No
por tratados que sólo beneficien a las empresas privadas por las que la UE está
dispuesta a sacrificar a sus propios pueblos, por cuyo bienestar debería bregar.
Qué no serían capaces de hacer con nosotros…
Nadie más claro
al desnudarlos que Evo Morales: “necesitamos
socios y no dueños que vengan a saquear nuestros recursos naturales”.
Viviana Taylor
