Por
Viviana Taylor
Mucho se ha hablado estos días acerca de los fondos buitres. Mientras algunos
-como los medios el Grupo Clarín- insisten en describirlos como fondos de jubilados, otros –como La
Nación- han usado en varias ocasiones la expresión inversores ángeles asimilándolos a otra categoría y así, por
confusión, han procurado disolver su verdadera significación.
¿De qué estamos hablando, entonces, cuando hablamos de “fondos
buitres”? Para poder
entender este fenómeno, que es bastante complejo, vamos a ir por partes… a fin
de que lo complejo no se nos vuelva complicado.
¿Cuál es la lógica
según la que operan los bancos?
Son
apenas 2 minutos, y vale la pena verlo por su claridad.
De pronto se echa luz sobre algunas situaciones
que a los legos en la materia se nos vuelven difíciles de comprender: como el
hecho de que en algunas ciudades –por ejemplo en Suecia- las monedas y billetes
representen apenas el 3% del dinero circulante (el promedio en la Eurozona es
del 9%). Puestas así las cosas… parece que estamos en problemas. ¿Qué sucedería
si, de pronto, todos quisiésemos nuestro dinero en papel real y concreto, en la
mano?
Bien, esa historia ya la conocemos: nos
ocurrió. La recesión más prolongada de nuestra historia se inició hacia el
final del segundo mandato de Carlos Menem, época
de la que provienen los bonos que hoy nos tienen tan preocupados. Su
sucesor, Fernando de la Rúa, heredó un déficit fiscal de $7.350 millones, y
tomó una serie de medidas de ajuste que intentaron –fallidamente- sanear las
finanzas, manteniendo la convertibilidad. Me voy a permitir una pequeña digresión:
llamamos convertibilidad a un tipo de
cambio estáticamente anclado al dólar estadounidense y que no era otra cosa que
un subsidio por parte del Estado para mantener un tipo de cambio a dólar
barato, en el que el Estado Argentino, o sea todos nosotros, pagábamos la
diferencia entre el valor del dólar real y el que establecía dicha
convertibilidad (en épocas de $ 1 X U$S 1
eso sólo valía fronteras hacia dentro; no era el mismo cambio fronteras hacia
fuera, cosa que cualquier viajero habitual u ocasional de la época seguramente
recuerde). Consecuentemente, el peso de la deuda no disminuía sino que
aumentaba: ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal. Se comenzó a
pensar en la posibilidad de que el Estado entrara en suspensión de pagos, y de
una corrida bancaria. Fue en este contexto que el ministro de economía José
Luis Machinea negoció un salvataje de alrededor de U$S 40.000 millones, que seguramente
recordarán como Blindaje, que
consistió en la postergación de pagos de capital e intereses, como un intento de
descomprimir la situación financiera. Así y todo, en marzo de 2001 comenzó la
fuga de depósitos de los bancos. Se fue Machinea, López Murphy pasó por el
cargo dos tristemente recordadas semanas, y fue –nuevamente- el turno de Domingo
Cavallo, el padre de la convertibilidad.
A partir de ahí, toda una serie de medidas grandilocuentes que no lograron
acertar en sus pretensiones: el Megacanje, las leyes de Déficit Cero y de Intangibilidad
de los Depósitos… mientras tanto, en octubre de 2001 el desempleo llegó al
18,3% de la población activa (34,6% si consideramos a los subocupados), en
noviembre la caída de la industria llegó al 11,6%, al 18,1% en la construcción
y al 27,5% en la industria automotriz; y el riesgo país escaló a los 5000
puntos básicos. En ese contexto, el 3 de diciembre de 2001 fue que se publicó
el decreto 1570/2001 estableciendo prohibiciones para las entidades financieras
y el público, como un intento de detener la fuga de depósitos y la especulación sobre una posible salida de
la convertibilidad.
Es sobre este segundo punto que me quiero
detener. Las consecuencias que este decreto provocó en la vida de nosotros, los
comunes mortales, las tenemos gravadas a fuego y sangre, así que no es necesario
que se las recuerde a nadie. Pero la segunda cuestión -las especulaciones sobre
una posible salida de la convertibilidad- fue, justamente, la que alimentó la
voracidad de esa subclase de fondos de
inversión cuya comprensión hoy nos ocupa, y que hemos dado en llamar fondos buitres.
Cuando luego de idas y venidas, vueltas y
revueltas, Eduardo Duhalde asumió la presidencia, aseguró que “…van a ser respetadas las monedas en que
fueron pactados originalmente los depósitos (…) el que depositó dólares
recibirá dólares… el que depositó pesos recibirá pesos”. Probablemente, los
ahorristas que no presentaron amparos ni aceptaron canjear sus ahorros por
bonos, a la luz de lo ocurrido durante estos años y sobre todo del reciente
rescate, hayan sido los más perjudicados. Pero los fondos de inversión que
tienen en su propiedad bonos desde hace décadas, y que no se acogieron a ningún
plan de rescate, ¿a qué apostaron?
La mejor explicación, la más sencilla y
gráfica, la más elocuente, la encontré en este otro videíto: las metáforas
siempre proveen las mejores explicaciones a estos fenómenos tan complejos:
No
quedan dudas: no se acogieron a ningún canje, simplemente porque el negocio no
está en cobrar las deudas, sino en que se sigan manteniendo.
Volviendo a
los fondos buitres: así operan ellos
Los fondos buitres son inversores oportunistas,
especializados en la compra de activos dañados. Por ejemplo, durante estos últimos
dos años, en España han estado sobrevolando las entidades financieras para
comprarles inmuebles, ofreciendo el 20 ó 30% de su valor real. Aunque al
principio los bancos dijeron estar rechazando estas ofertas lo cierto es que
las están aceptando, con lo que se ha provocado un derrumbe de precios. El
mismo, exacto proceso que antes se pudo observar en EE.UU. cuando explotó la
burbuja inmobiliaria, llenando barrios con carteles de venta de casas que ya
nadie puede comprar. Excepto, claro, los inversores oportunistas.
¿Quiénes son? Normalmente son grupos
internacionales, en su mayoría estadounidenses y europeos (sí, carroñan en su
propio territorio, sobre la carne de sus connacionales) ligados a grandes
grupos de inversión (entre ellos Goldman Sachs, Bank of America y Deutsche
Bank).
¿Cómo es esto? ¿Los mismos bancos que ofrecen
préstamos supuestamente flexibles, luego venden las propiedades embargadas a quienes
no pudieron sostenerlos, y lo hacen a fondos de inversión de los que ellos mismos
participan? Exactamente, así es. El negocio es redondo: hacen circular y
recircular el dinero de los depósitos, como vimos en el primer video; invierten
en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos; ofrecen préstamos flexibles
a pagadores de riesgo (porque la apuesta es a que no puedan pagar); y se venden
a sí mismos –con otro nombre y a precio vil- las propiedades embargadas a sus
propios deudores. Nada puede salir mal… lo peor, es que sus deudores paguen las
deudas.
¿Y los jubilados, de los que hablan algunos medios de comunicación como de los verdaderos perjudicados por el no pago de las supuestas deudas pendientes? Los jubilados, en el caso de existir, son apenas los depositantes originales del único dinero real y en moneda contante y sonante de la ecuación: ellos también fueron estafados, por estos fondos, que durante todo este tiempo sí han estado cobrando intereses sobre cada eslabón de la cadena, esforzándose por que no se achique la deuda de capital, que es la que sostiene el círculo vicioso de ganancia indebida; y que, a pesar de ello, hacen figurar como pérdida sobre el capital aportado en las cuentas de los fondos de pensión las deudas impagas en las que se invirtió el dinero. Y sobre las que ellos hicieron negocios, que siguen circulando.
¿Y los jubilados, de los que hablan algunos medios de comunicación como de los verdaderos perjudicados por el no pago de las supuestas deudas pendientes? Los jubilados, en el caso de existir, son apenas los depositantes originales del único dinero real y en moneda contante y sonante de la ecuación: ellos también fueron estafados, por estos fondos, que durante todo este tiempo sí han estado cobrando intereses sobre cada eslabón de la cadena, esforzándose por que no se achique la deuda de capital, que es la que sostiene el círculo vicioso de ganancia indebida; y que, a pesar de ello, hacen figurar como pérdida sobre el capital aportado en las cuentas de los fondos de pensión las deudas impagas en las que se invirtió el dinero. Y sobre las que ellos hicieron negocios, que siguen circulando.
¿Qué argumentan quienes los defienden? Donde
unos denunciamos un intento descarado de imponer condiciones abusivas, de hurgar
en la debilidad y la impaciencia de los sistemas financieros, de sostener
ilegítimamente deudas de capital para seguir cobrando intereses y sobreintereses
usurarios, de apropiarse indebidamente del capital aportado por los ahorristas,
los defensores de estas inversiones
hablan de libre mercado. Arguyen que dos no firman si uno no quiere. Como si
uno y otro estuviesen en las mismas condiciones, en igual situación. Extraña
manera de entender la libertad.
Si bien
hasta hace relativamente poco alcanzaban estos ejemplos casi domésticos para
explicar qué hacen los fondos buitres, en los últimos años han ampliado sus
horizontes. Encabalgados en la globalización del libre mercado –que no hace
distinciones entre un particular o una empresa quebrados, y una nación indigente
o empobrecida- están interviniendo los procesos de desendeudamiento que comenzaron
en 1996 en procura de liberar de deuda a los países que luchan por emerger
económicamente, corrompiendo estos procesos.
Vamos con
ejemplos:
Zambia inició un proceso de negociación
para reducir la deuda contraída con Rumania en 1979, por la compra de tractores
rumanos. En 1999 Rumania había acordado liquidar el préstamo entero –de unos
U$S 40 millones- por sólo U$S 3 millones, a cambio de que Zambia usara esos fondos
remanentes para invertir en enfermeras, profesores e infraestructura básica,
acogiéndose al sistema “canje de deuda
por desarrollo”. Cuando ya casi estaba acordado el trato, los
inversionistas del fondo buitre británico Donegal
International le compraron el préstamo a Rumania por U$S 4 millones, y
demandaron a Zambia por más de los U$S 40 millones iniciales. El 15 de febrero
de 2007 una corte inglesa dictaminó que Donegal tiene derecho a –incluso- más
de lo que buscaba (por lo menos, 15 millones más, considerando los intereses,
sanciones y gastos del proceso judicial). Para más precisiones ver: Ashley Seager; Court
Lets Vulture Fund Claw Back Zambian Millions; The Guardian, February 16,
2007.
¿Por qué comprar
deuda de un país pobre como Zambia? Porque a pesar de su falta de liquidez,
tiene acceso a recursos considerables: cobre, cobalto, piedras preciosas,
carbón, uranio, mármol… Las obras públicas y los proyectos cívicos de mejoramiento
también pueden ser liquidados, y posteriormente revendidos. Esos bienes son lo
que están buscando.
República Democrática del Congo: FG Hemisphere,
con sede en Delaware (EE.UU.) compró en septiembre de 2004 una deuda de U$S 18 millones
con SNEL (empresa pública de electricidad del Congo), que originalmente se había
contraído en los ’80, durante la dictadura de Mobutu. En 2007 la justicia
estadounidense obligó a Congo a pagar U$S 104 millones, lo que derivó en 2009
en la autorización de la incautación de los beneficios obtenidos por SNEL –durante
15 años- sobre la corriente vendida a Sudáfrica (estimados en U$S 105 millones:
nada mal, una ganancia de más de 583%).
Perú: En 1996 Elliot Associates pagó U$S 11 millones
por una deuda peruana descontada, y amenazó con arruinar al país si no le
pagaban U$S 58 millones. Consiguió lo pedido en los tribunales de Nueva York en
1999: más que suculenta ganancia y en sólo tres años. Y Congo Brazzaville demanda U$S 400 millones por una deuda que compró
a U$S 10 millones.
Nicaragua:
también en 1999, y también en un tribunal estadounidense, fue obligada a pagar U$S
87 millones por una deuda de U$S 1,14 millones adquirida por el fondo Leucadia: una plusvalía de apenas el 7.500%; casi un vuelto...
¿Cómo es que los fondos buitres logran encontrar estos
negocios?
Por un lado,
tienen equipos de abogados especialmente entrenados para detectar a lo largo y
ancho del mundo los activos que pueden ser apropiados. Claro que esto no
alcanzaría si no hubiesen logrado consolidar lazos con los líderes más
poderosos del mundo, algo que vienen haciendo sobre todo desde la administración
Bush, pero que se extiende hasta la actualidad. Justamente, en medio de la
orden de evacuación de la Fragata Libertad, embargada en Ghana, se supo que la esposa del
candidato a presidente de Estados Unidos, Ann Ronmey, invirtió cerca de un
millón de dólares en el mismo fondo especulativo que logró el bloqueo del
buque. Esta inversión resulta por demás sospechosa, dado que en la lista de
donantes a los fondos de campaña de su marido, Mitt Romney, aparece Paul Singer,
con lo que podría tratarse de un segundo aporte encubierto como inversión. Paul
Singer es, justamente, el propietario de Elliott Managment, el fondo que logró
la captura judicial de la fragata para presionar por el pago de u$s 1.600
millones de bonos que, según el fondo, están en default.
Así, el
riesgo que estos fondos podrían tener como inversionistas es eliminado dada la
influencia política que pueden ejercer sobre la nación que están demandando:
justamente, levantan la mayor parte de su dinero con demandas legales en las
cortes de EE.UU., donde el cabildeo y las contribuciones políticas adquieren
demasiada influencia; lazos que tampoco son menores en Inglaterra. No en vano el
ex canciller Gordon Brown, y luego primer ministro de Inglaterra, calificó de “perversos e inmorales” a los fondos buitre.
Oxfam y la Campaña Jubileo –dos organizaciones que velan por los derechos de
los países pobres- lo urgieron en su momento para que utilizara su influencia
en el comité de toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional, para
lograr que se adoptaran nuevas regulaciones para evitar que las compañías
privadas ignoren las reglas internacionales sobre la deuda y los acreedores sigan
persiguiendo a los países pobres.
¿Cómo se lucha contra estos fondos?
Si una organización merece ser considerada, es el Servicio Africano de Apoyo Jurídico (en
inglés ALSF), iniciado por el consejero jurídico general del Banco Africano de
Desarrollo (BAD) Kalidou Gadio, para proporcionar asistencia jurídica a los
Estados atacados por fondos buitres. Se logró constituir el 29 de junio de 2009
después de dos largos años de consultas y negociaciones con grandes bufetes de
abogados de Londres, París y Nueva York, con un presupuesto inicial de U$S 20
millones.
Su intervención apunta a dos etapas. Inicialmente,
financia el servicio jurídico para negociar la reducción de las deudas
reclamadas; y en caso de fracaso, financia la ayuda jurídica durante los
procesos ante tribunales y órganos de arbitraje. Lo más interesante es que este
dispositivo no está destinado exclusivamente a países africanos, sino que es
extensivo a todos los Estados miembros del BAD (son 77, de los cuales 53 son africanos)
y de los países no miembros que lo soliciten, como los de América Latina, que
fueron las primeras víctimas de estos fondos.
La preocupación del BAD –que es un banco regional
de desarrollo- es que en el actual contexto de crisis sistémica mundial -que está
golpeando al continente africano con más violencia que a los demás- sus
iniciativas sólo permitan aliviar un poco a los países de las garras de los
fondos buitres, reduciendo los importes ilegítimamente añadidos que consiguen
en las cortes de los países donde tienen vínculos políticos. Pero van por más:
lo que buscan es que se les niegue el título de acreedores, algo que no sería
difícil si es que los juzgados intervinientes decidieran sancionar las
maniobras de corrupción que han sido comprobadas. Y es que –al menos por ahora-
sólo estos juzgados pueden detener la larga serie de victorias judiciales
ganadas por los fondos buitres. Si deciden hacer justicia, claro.
La nueva crisis de la deuda es maná caído del cielo
para los fondos buitres. O carne fresca, bah. Estos fondos seguirán comprando
por precio vil las deudas impagas de los países en desarrollo y, en cuanto
logren mejorar su estado financiero, los atacarán judicialmente, reclamando
mucho más que el pago de la misma. Por eso la única defensa posible es la
acción colectiva.
Bélgica,
después de haber sufrido en carne propia las garras de estos fondos, ha abierto
el camino ya en enero de 2008 con una ley que tiene como artículo único una
disposición para luchar contra ellos: «Las sumas y bienes destinados a la cooperación internacional belga, así como las sumas y bienes destinados a la ayuda pública belga al desarrollo –y las demás que conciernen a la cooperación internacional belga-, son inembargables e intransmisibles»
Si bien la ley sólo concierne a los fondos belgas,
es un interesante precedente para ser adoptado por el conjunto de los países en
peligro.
Otro ejemplo proviene de Francia, que ya en 2007 había presentado un proyecto para rechazar
cualquier acción judicial intentada por un fondo buitre ante los tribunales
franceses. Dice en su texto: «No se puede pronunciar ninguna condena ni
conceder ningún efecto en Francia a un juicio extranjero pronunciado contra un
deudor… cuando aparece a la vista de las circunstancia que la adquisición de la
deuda procede de una especulación sobre los procedimientos susceptibles de
intentarse contra lo cedido y los terceros y no sobre el valor de mercado de la
deuda y su evolución».
Más esperanzador aún es
el hecho de que tanto Estados Unidos como Reino Unido también hayan
presentado proyectos en este mismo sentido, ya que los buitres utilizan
exclusivamente el derecho anglosajón para fundamentar sus reclamos. Esta predilección
obedece a que dicha legislación es muy favorable para los acreedores: la cesión
de la deuda es totalmente libre para el acreedor, y está prevista la suspensión
de la inmunidad de los bienes del Estado endeudado o avalista. Esta es la razón
por la cual –como ha contado recientemente el canciller Héctor Timerman- en los
últimos años pudieron confiscar temporalmente 28 importantes propiedades del
Estado.
A pesar de lo
esperanzador, cabe aclarar que estos proyectos no avanzan sobre las desventajas
y peligros reales, sino que se reducen a limitar el importe de los reclamos y
sólo conciernen a un número limitado de países, decidido por el Banco Mundial.
Pero podría ser un primer paso… Claro que no debemos desconsiderar el hecho de
que quizás gran parte de la motivación por proteger a esos países deudores está
en el hecho de que también ellos –como estados- son tenedores de deuda:
posiblemente sólo estén asegurándose el que sus deudores puedan seguir pagando.
Por ahora la única salida
para los países endeudados parece ser el acogimiento a la doctrina Calvo,
confiando los litigios sobre la deuda pública a los tribunales nacionales. Se trata
de una doctrina del derecho internacional, establecida en 1863 por el
diplomático argentino Carlos Calvo, que prevé que las personas físicas o
jurídicas extranjeras deben someterse a la jurisdicción de los tribunales
locales para impedir que recurran a las presiones diplomáticas de su Estado o
gobierno. Según esta doctrina, todos los bienes, tangibles e intangibles, materiales
e inmateriales, están sometidos a la ley del Estado soberano y en caso de
diferencias son competentes los tribunales nacionales. El
derecho de auditar la deuda pública y repudiarla también es una competencia
soberana de los Estados. Algo que todos los países deudores -seamos emergentes,
en desarrollo o francamente pobres- deberíamos realizar, ya que muchas de estas
deudas podrían ser declaradas nulas por ilegales: un proceso de revisión que ya
hizo Ecuador en 2007-2008.
El repudio, no lo olvidemos, es un acto unilateral
reconocido en el derecho internacional. Un acto que podría traer un poco de
justicia frente tanta iniquidad.
