Apurados antes de que se les haga tarde
Viviana Taylor
Hace unos días, el 3
de agosto para ser precisa, nos enteramos por un tuit de la propia Cancillería
argentina que “el canciller Jorge Faurie
fue recibido por su par del Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en el Palacio Santos de
Montevideo”.
Alicia Castro, quien
fue embajadora argentina en la República Bolivariana de Venezuela y ante el
Reino Unido -y que sobre esto la sabe
lunga- lo retuiteó interpretando que “Mejor
explicado: Jorge Faurie fue a Montevideo a presionar a su par para expulsar a
Venezuela del Mercosur.” Concisa, pero no tan reveladora como su acotación: “Apurando Libre Comercio con la UE”.
Esta mañana nos
desayunamos con la noticia de que así, efectivamente, ha sido. Al menos la
primera parte. Según ámbito.com Faurie “respaldó” la postura uruguaya de haberse
sumado a los países que elevaron las sanciones a Venezuela. Curiosa elección
del verbo, cuando el supuesto respaldo consiste en la celebración de la propia
efectividad para ejercer presión. Curiosa elección cuya propia efectividad se
disuelve en el mal disimulado desprecio por los valores de la izquierda que
supuestamente le reconocería al gobierno uruguayo, con el revelador uso del adverbio
también: “Hay que reconocer que es una actitud de coraje por parte de Uruguay,
gobernado por un frente político asentado en valores de izquierda, y ser de
izquierda también significa respetar las libertades, respetar el republicanismo
y el respeto a los derechos humanos, frente a todo lo que ocurre en Venezuela”.
Delicias del pensamiento cuya verdad se cuela por los intersticios del
lenguaje.
Para Faurie la
solución en Venezuela “pasa por generar una
transición validada por un proceso electivo (…) legítimo y que durante él no se
reprima, no se encarcele, pero Argentina no es la que pone condiciones”.
Mal parado está el gobierno argentino para poner condiciones cuando hoy se
cumplen 568 días de la detención ilegal de la dirigente social y Parlamentaria
del Parlasur Milagro Sala por disposición del gobernador jujeño Gerardo
Morales, detención sobre la que pesa la disposición de liberación de la CIDH, y
cuando seguimos reclamando la inmediata aparición con vida de Santiago
Maldonado, desaparecido desde el 1º de agosto en medio de la violenta represión
de Gendarmería al Lof Cushamen (Chubut). Mal parado como para poner condiciones,
pero -sin embargo- lo hace. Incluso presionando gobiernos de países hermanos en
complicidad con el golpista Temer, al frente del ejecutivo brasileño.
¿Quién es Faurie?
Jorge Faurie fue
vicecanciller de Ruckauf durante el gobierno de Duhalde, hasta que renunció en
medio de una muy complicada situación, y fue enviado a desempeñarse como
embajador en Lisboa, donde estuvo 9 años. Uno de los hechos por los que se lo
recuerda por aquel paso por la Cancillería es por haber sido quien acompañó al
entonces presidente uruguayo Battle a la quinta de Olivos a entrevistarse con
Duhalde, cuando le pidió disculpas al pueblo argentino por habernos llamado
“ladrones”. Sin dudas, es mucho más interesante la historia acerca de por qué y
cómo dejó su cargo.
Y lo cuenta Clarín, quien por entonces no se
imaginaba que 12 años más tarde Faurie sería uno de los hombres del equipo de
política exterior de Sergio Massa (junto con Santiago Cantón, Andrés
Cisneros y Martín Redrado, con Sebastián Velesquen como
armador) ni que el propio Massa sería uno
de sus candidatos de alternancia. Mucho
menos imaginaba que 15 años después Massa se lo cedería como prenda al gobierno
del PRO-Cambiemos en una nueva evidencia de que todos los huevos de Magnetto terminan
en la misma canasta.
Vamos a la nota de Clarín, del 16 de agosto de
2002, en la que calificaba a Faurie como “la primera víctima política del
escándalo por las cuentas menemistas en Suiza”.
En ella se cuenta que Faurie era quien le había
renovado el pasaporte diplomático a Ramón Hernández, amigo, secretario privado
y socio comercial de Menem (en Costes S.R.L., con domicilio legal en el Alvear
Palace Hotel, una empresa que además no tenía declarada). Y el pasaporte
diplomático en cuestión le había permitido pasar aduanas sin ningún control.
Pasaporte que, además, Hernández nunca devolvió.
A pesar del escándalo (que no terminó de
estallar) la historia no terminó tan mal: el castigo se revistió de traslado, y
así fue como Faurie fue a dar a la embajada argentina en Portugal. Dicho sea de
paso, destino que le vino de maravillas para perfeccionar su portugués, que le
serviría para entenderse tan bien con el gobierno del golpista Temer, para
colaborar en la re-derechización de la región durante este nuevo período de
restauración conservadora neoliberal.
Para ocupar el cargo que dejó vacante en la
vicecancillería, fue designado Martín Redrado (con quien tiempo después coincidirían
en el equipo de política exterior massista, como ya vimos), quien hasta
entonces estaba a cargo de la secretaría de Relaciones Económicas
Internacionales.
Y 15 años más tarde Faurie vuelve a probar las
mieles de los gobiernos neoliberales con Macri. Como si no tuviera capacidad de
enmienda, otra vez está enrollado con un presidente implicado en un escándalo
internacional por cuentas offshore vinculadas a la evasión: esta vez no en
Suiza sino en Panamá. Conociendo el paño, no vendría mal ir controlando a quién
le está concediendo pasaportes diplomáticos: no vaya a ser cosa que nos estén
filtrando las fronteras…
Faurie y las
mieles del libre comercio
Hago estas referencias a su participación en el mismo equipo con Redrado,
Cantón y Cisneros (para saber quiénes son: Sergio Massa presentó su equipo
de Política Exterior) porque es clave para entender no sólo su posicionamiento ideológico frente
a la política exterior argentina, sino que permite comprender el encabalgamiento (por
no decir identidad compartida) entre las políticas del Frente Renovador y del
PRO, núcleos duros de las actuales alianzas coyunturales dadas en llamarse
1País y Cambiemos.
Seguramente recordarán el momento en
que estalló el escándalo por la filtración de los cables de las embajadas
de Estados Unidos, a través de Wikileaks. En ese momento, Redrado quedó
expuesto como el economista de cabecera de la embajada estadounidense en
Argentina, muy a pesar de ambas partes, que sin dudas habrían preferido que
esto quedara en las sombras. Tanto es así que en uno de los cables filtrado,
fechado en marzo de 2007, quedó escrito que Redrado había pedido dos veces que
se protegiera estrictamente su identidad para preservarlo como informante
privilegiado de la embajada. Y a partir de allí, todos los cables que lo
mencionan agregan a su nombre la referencia “(PROTEGER ESTRICTAMENTE)”. A su
vez, la embajada le pidió en numerosas ocasiones hacer lobby en el gobierno en
favor de sus intereses: la reserva estaba mutuamente garantizada, y ninguna de
las partes contaba con que la filtración iba a ser posible.
Lo que no es tan conocido es cuándo fue la
primera vez que Martín Redrado apareció en cable: no fue esa, ni fue en
Argentina. Redrado fue nombrado por primera vez en un cable de octubre de 2003
de la embajada estadounidense en Brasilia, cuando era vicecanciller de Duhalde,
puesto en el que como ya vimos había sucedido a Faurie (parafraseando a Mariano
Moreno, habían mudado de operador sin cambiar de operación; o, con más
justicia, apelando al gatopardismo, habían cambiado algo para poder mantener
todo igual). En ese cable se lo señala como un aliado en el proyecto de EEUU
para crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta Tierra del Fuego: el ALCA.
Este
cable es muy importante para comenzar a devanar la madeja cuyo hilo seguimos
desenredando hoy: en él, la entonces embajadora de EEUU en Brasil Donna Hrinak,
cuenta que el único obstáculo para la creación de un tratado de libre comercio
continental era el gobierno de Luiz Inácio da Silva (Lula), quien apoyaba la
propuesta que había presentado su canciller Celso Amorim en la cumbre de
cancilleres del Mercosur, que se había celebrado en Trinidad y Tobago la semana
anterior. La propuesta que Amorim había presentado en nombre del Mercosur
reducía al ALCA a casi nada, ya que delegaba los temas que le interesaban a
EEUU a la negociación dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El
cable también cuenta cómo operó Martín
Redrado -quien era el presidente de la delegación argentina y que por entonces
era secretario de Comercio Exterior-: se había retirado de la cumbre un día
antes para no estar en la votación, y así lograr disimular con su estratégica
ausencia la toma de distancia de Brasil y del Mercosur, en favor de los
intereses de EEUU.
Para esa fecha, Néstor Kirchner hacía apenas 6
meses que estaba en el gobierno, y Hugo Chávez 4 años. Todavía nada permitía
imaginar que dos años más tarde, Lula, Néstor y Chávez se unirían para derrotar
al ALCA en la histórica cumbre de Mar del Plata en 2005, a partir de la cual
pasó a ser considerado un proyecto prácticamente muerto. Esa misma cumbre que
Andrés Cisneros (otro de los miembros
del equipo de política exterior de Massa antes nombrado) calificó en su momento
como “el papelón de Mar del Plata” y que dejó a Martín Redrado tratando
de hacer un malogrado equilibrio entre los intereses de la embajada a la que
servía y sirve (que no es precisamente la argentina) y el gobierno del que
participaba (que sí era argentino y contra cuyos intereses soberanos y
regionalistas luchaba).
¿Cuáles eran esos intereses que la embajada de
EEUU buscaba proteger y el ALCA pretendía instrumentar?
Acuerdos de servicios, inversión, propiedad intelectual y compras del gobierno. En un posteo que publiqué el 3 de agosto de 2014 me ocupo de este tema (hay toda una sección que hoy nos puede ayudar a comprender la crisis de precios de los medicamentos en nuestro país), imprescindible para cualquier análisis sobre qué es lo por entonces que estaba en juego, y por qué hoy salta a nuestra agenda, compartida por el gobierno del PRO-Cambiemos, cuyos intereses parecerían ser subsidiarios de los de EEUU y -sin dudas- de las corporaciones que representa. Un simple vistazo alcanza para avizorar cómo fue que pasamos tan rápidamente de un modelo de país a uno de dependencia.
Acuerdos de servicios, inversión, propiedad intelectual y compras del gobierno. En un posteo que publiqué el 3 de agosto de 2014 me ocupo de este tema (hay toda una sección que hoy nos puede ayudar a comprender la crisis de precios de los medicamentos en nuestro país), imprescindible para cualquier análisis sobre qué es lo por entonces que estaba en juego, y por qué hoy salta a nuestra agenda, compartida por el gobierno del PRO-Cambiemos, cuyos intereses parecerían ser subsidiarios de los de EEUU y -sin dudas- de las corporaciones que representa. Un simple vistazo alcanza para avizorar cómo fue que pasamos tan rápidamente de un modelo de país a uno de dependencia.
Volvamos a la historia: caído en desgracia el
ALCA, la embajada de EEUU comenzó a mostrar un creciente interés por la
Organización Mundial del Comercio (recordemos que la propuesta de Amorim le delegaba
la negociación de los temas que le interesaban a EEUU). Pero no le salió bien:
la OMC también sumó fracasos en sus intentos por lograr un acuerdo a nivel
mundial: Argentina -como la mayoría de los países en desarrollo- se negaba a
cualquier acuerdo si antes los países desarrollados no reducían los subsidios e
impuestos a las importaciones en el sector agrícola; y los EEUU –como la
mayoría de los países desarrollados- bregaban por un tratado que incluyera
transparencia en las compras de gobierno, reglas aduaneras uniformes y acuerdos
para facilitar la inversión extranjera y garantizar la competitividad. Dicho de
otro modo, mientras los países desarrollados pedían un acuerdo igualitario entre desiguales, los países en desarrollo
pedían hacer efectivas esas supuestas condiciones de igualdad a través de un trato equitativo.
Una pequeña acotación al margen: es interesante recordar que mientras
EEUU, la OMC y el representante de estos intereses en Argentina Martín Redrado
(por entonces Presidente del Banco Central) presionaban a Argentina para
liberar los impuestos a las importaciones agrícolas (tal como años después
haría apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri) internamente
se promovió el enfrentamiento entre el gobierno y "el
campo" contra las retenciones, que fogonearon empresas multinacionales
vinculadas con estos intereses externos. Sugestivo ataque de pinzas con pedidos
contradictorios cuya conciliación sólo podía llevar a la quiebra del mercado
interno y de los pequeños productores agrícolas, como podemos constatar un año
y medio después de -finalmente- tomadas estas medidas. Esas presiones llevaron
a la derrota del oficialismo (por entonces el primer mandato de la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner) en las elecciones legislativas del 2009, e
inició un período de dos años en que se consolidó el autodenominado Grupo A
(legisladores opositores al entonces gobierno nacional, encabezados por
Patricia Bullrich, que mantuvieron inmovilizada la actividad parlamentaria) que
si bien perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones de 2011 no dejó de
operar contra el gobierno a través del intento de obstaculización
del tratamiento de proyectos o el denuncialismo serial). Las fuerzas
políticas que conformaron el Grupo A lograron acceder al gobierno nacional en
2015 participando de la alianza electoral bajo la denominación Cambiemos, y
dejaron en claro el rumbo de los nuevos objetivos: en apenas 7 días lograron
que Argentina retrocediera 40 años, y en un año y medio la sumieron en una
crisis económica y social comparable a la del 2001, acompañada por censura
mediática y represión, como no se habían vuelto a vivir desde la vuelta de la
democracia en 1983).
Si bien el fracaso de los intereses de EEUU en la OMC se debió a que la mayoría de los países en
vías de desarrollo se negaron a suscribir acuerdos de los que no habían
participado (a los que se pretendía llegar a través del sistema de la Sala
Verde, que consiste en que un
pequeño grupo redacte los acuerdos a los que los demás países deben suscribir);
el golpe más fuerte lo dieron los organismos regionales y de países
emergentes, que le confirieron un marco más equitativo y económicamente
sustentable a la proliferación de acuerdos bilaterales y regionales por fuera
del control de Estados Unidos, Canadá, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial.
Estos
hechos son los que le dan contexto y permiten significar la propuesta de
política exterior sobre la que mediáticamente se insistió durante la campaña
electoral 2015 -sumarnos a la Alianza del Pacífico- y no
casualmente coincidió con el progresivo retiro de los gobiernos populares de
América Latina, que habían construido este proceso de fortalecimiento de la
región. Un proceso de fortalecimiento que posibilitó que el Mercosur pudiera ser
replanteado en su matriz política, social y cultural, y que se pudieran
conformar la UNASUR y la CELAC, generando una nueva institucionalidad pensada
desde la perspectiva de la generación de empleo, la inclusión social, la
distribución de la riqueza, la integración productiva, la potenciación del
mercado regional, y la complementariedad entre pueblos y gobiernos.
Un proceso de
fortalecimiento que fue revertido por los nuevos gobiernos de derecha que en la
región han vuelto a su viejo apotegma de cambiar futuro por pasado, y que
parecen estar autogenerando su propia crisis fatal. Una reversión que ya
durante la cumbre de la CELAC-UE del 2013 se podía anticipar en caso de que las
derechas volvieran a ser hegemonía en la región, cuando en Santiago de Chile se produjo el encuentro de los mandatarios de
los países de América Latina y de Europa. Durante esa cumbre quedaron en claro
las diferencias entre los por entonces dos bloques regionales latinoamericanos:
un bloque congregado en torno del Mercosur, que desconfiaba de la globalización
y otorgaba al Estado un papel más importante en la economía; y otro bloque,
compuesto por los gobiernos adscriptos a la Alianza del Pacífico, que promovía
el libre comercio y la apertura del mercado.
En síntesis,
dos posiciones diferentes, que representan procesos diferentes, con objetivos contradictorios
y que implican modelos políticos que benefician a sectores sociales distintos.
No son compatibles. No son combinables. Y viendo el proceso que se está
desarrollando en el interior de cada país respecto del impacto en la calidad de
vida y en la equidad de acceso a los bienes materiales y simbólicos entre
distintos sectores de su población, está cada vez más claro cuánto hemos
perdido con el cambio: quienes nos proponían alinearnos con la Alianza del
Pacífico, la OMC y la UE son funcionales a los intereses que se impulsan desde
los Estados Unidos y que están al servicio del capital financiero globalizado,
tan alejado de los intereses del pueblo… que es un concepto que ni siquiera
contemplan en sus argumentos.
Apurando
tratados con la Unión Europea
Volvamos a Faurie, su viajecito a Uruguay, y al
comentario de Alicia Castro, que pone el foco en las intenciones del gobierno
de Mauricio Macri: alcanzar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la
Unión Europea (UE) antes de fin de año.
Hasta ahora este acuerdo no había sido posible
por la vocación proteccionista de los gobiernos de cuna populista, pero puesta
de costado Venezuela esta posición se debilitó aún más, ya herida por el cambio
de orientación de los gobiernos, especialmente de Argentina y Brasil.
El proteccionismo regional hasta no hace mucho
imperante se proponía -valga la redundancia- proteger los procesos de
industrialización de los países del Mercosur, ante la amenaza de tratados
inequitativos que llevarían a que los países más desarrollados los condenaran a
exportar bienes primarios, con el consecuente deterioro de sus precios frente a
los más elaborados.
Los argumentos que buscan borrar estas barreras
sostienen que la extensión del proteccionismo a través de los derechos de
importación produjo un deterioro de la competitividad industrial, con menores
salarios y menos crecimiento. Sin embargo, las políticas económicas de apertura
que están llevando estos gobiernos al interior de cada país han redundado en
mayor ajuste, caída de la capacidad de consumo, deterioro de las condiciones de
trabajo y aumento del desempleo, y están revirtiendo los procesos de
industrialización a través del cierre de industrias y la reconversión de un
creciente número de empresas antes productivas en importadoras… Todo esto sin
impacto verificable en el crecimiento preanunciado.
Sólo por acercar algunos datos para clarificar el
grado de verdad de estos argumentos:
·
Durante la
etapa inicial de este proceso proteccionista, y según datos del Banco Mundial,
en Argentina la clase media se duplicó entre 2003 y 2009 (de 9,3 millones a
18,6 millones). Y, aunque sin ese dramatismo, siguió creciendo hasta 2015
inclusive.
·
La
transferencia regresiva que está llevando a cabo el gobierno de Mauricio Macri
comenzó con la eliminación total de las retenciones a las exportaciones
agrarias y la reducción de 5 puntos a la de la soja: en 2016 representaron una
pérdida de recursos fiscales de 5.000 millones de dólares (1 punto del PBI). El
efecto inflacionario de la combinación 0 retenciones + devaluación impactó
directamente en el precio de los productos de consumo popular.
·
La quita de
retenciones a las empresas mineras generó un negocio mayor a las
multinacionales: la salida de minerales sin valor agregado. Fray Luis Beltrán
(Santa Fe) es uno de los pueblos amenazados con convertirse en fantasma, por el
cierre de la fábrica que producía ácido sulfúrico y zinc electrolítico (lo que
impactó directa e indirectamente en todos los sectores del pueblo). En idéntica
situación de peligro de extinción está desde enero de 2017 el 40% de los
pueblos rurales argentinos.
·
La producción
de calzado entre 2001 y 2015 creció de 36 a 125 millones de pares. Con la
apertura de las importaciones la producción local bajó a 111 millones en 2016,
mientras la importación subió de 21 a 27 millones de pares entre 2015 y 2016
(28,6%)
·
El impacto
sobre la industria textil llevó a la declaración de emergencia económica a
Luján y San Martín (Pcia de Buenos Aires).
·
Macri firmó
un acuerdo bilateral comercial con el magnate
chino Liang Wengen (Macri tiene inversiones privadas en su empresa China
Communications Construction Company, que ya ha participado de uniones
transitorias con IECSA). Por este acuerdo Wegen construirá viviendas en las
provincias beneficiadas con el Plan Belgrano y participará en el equipamiento
para la generación de energía eólica y solar. Paralelamente, la Cámara
Argentina de la Construcción denuncia 245.466 despedidos y suspendidos desde
mediados de 2016.
·
En febrero de
2017 Atanor cerró sus plantas de Munro y Baradero, y se transformó en
importadora de parte de su antigua producción de glifosato. A mediados de abril
el conflicto se extendió a otras plantas del sector químico-petroquímico: Linde
(San Martín), Quipro (Campana), Carboclor (Campana), Agrofina (Vicente López).
·
Un ejemplo
curioso: YPF compró este año 500 mil pelotas de fútbol chinas para canjear en
su sistema de puntos. Antes las compraba en Bell Ville (Córdoba): la fábrica “Dale
más” echó trabajadores por primera vez en décadas y está complicada la
situación económica de toda la localidad.
·
Desde 2016
más del 50% de la población percibe ingresos por debajo de los necesarios para
cubrir la canasta básica (datos del INDEC. Encuesta Permanente de Hogares).
Joseph Stiglitz –economista estadounidense,
ganador del Premio Nobel en 2001- ha analizado en varios artículos que pueden
encontrarse en la red, que a menudo muchos países aceptan los tratados de libre
comercio bajo la promesa de que permitirán lograr mejores tasas de empleo,
mayores índices de inversión y ayudarán a alcanzar un crecimiento sostenido.
Esta es la base de los argumentos que sostiene
el gobierno de Cambiemos y el equipo de política exterior que comparte con
1País (que no se sonroja ante las contradicciones con lo que parecería proponer
su equipo económico): Si hay confianza habrá inversiones y volverán los
flujos de dólares. Y esa confianza
la traducen en eliminación de retenciones, reducción al mínimo del control de
las importaciones, anulación del control de cambio de divisas, y subordinación
de la soberanía jurídica a los tribunales extranjeros afines al capitalismo
financiero.
Sin embargo, las regulaciones que se empeñan en
desconocer fueron creadas para otorgar cierta protección a los trabajadores (a
los que combaten con propuestas de flexibilización laboral y estigmatización/persecución
de los abogados laboralistas), a las industrias nacionales (a las que someten a
la competencia entre desiguales, concentrando la producción y destruyendo el
incipiente proceso de industrialización que se estaba desarrollando), y el
medio ambiente (al que soslayan completamente). Sin importar los argumentos que
esgriman, ya es cada vez más evidente que desmantelar las regulaciones significó
debilitar a los actores nacionales frente a los internacionales. Amparados en el
discurso de una libertad que prometen, sólo garantizan dependencia. Una
dependencia que, dados los antecedentes que cargan sobre sus espaldas, no
podemos considerar que se deban solo a cuestiones ideológicas: cuando se han
puesto tan directamente al servicio de intereses ajenos al país y al orden
democrático, exceden la consideración de la posible honestidad intelectual de
sus argumentos. Son lobbistas. Están dispuestos a todo. Y no están al servicio
de los intereses argentinos.
Por otra parte, ¿cómo distraernos de que
esta es una película que ya hemos visto y cuyo final conocemos?
Viviana Taylor
