Contrapuntos: entre la libertad de empresa y la revancha persecutoria

 

Por Viviana Taylor

 

El punto

El 14 de mayo de 2013 el entonces Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) al que calificó para la “protección de la libertad de prensa”, en medio de uno de los momentos más álgidos de la confrontación entre el entonces Gobierno Nacional y el Grupo Clarín.

Por entonces, el Grupo Clarín se venía negando sistemáticamente a adecuarse a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), y había logrado instalar en la opinión pública versiones sobre supuestos intentos de cierre e intervención de medios de comunicación opositores al kirchnerismo (entre los cuales sería la principal víctima) y la expropiación de Papel Prensa para entregarla a “manos amigas” del kirchnerismo. Seguramente recordarán a periodistas de TN y Canal 13 (¿cómo olvidar a Joaquín Morales Solá y Lanata?) despidiéndose del aire al término de sus programas anticipando que quizás no existiera una próxima emisión. Como hoy sabemos, nada de esto sucedió.

De acuerdo con el decreto, todas las cuestiones vinculadas con la libertad de prensa, los medios y los periodistas que pudieran ser blanco de persecución o de hostigamiento, podrían ser dirimidas ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad. 

En la conferencia de prensa por la presentación del DNU, Macri cuestionó fuertemente a la entonces Presidenta Cristina Kirchner, al afirmar que “no quiere que haya más prensa libre en la Argentina ”. Denunció que el Gobierno intentaba “silenciar a los periodistas y a los medios de comunicación”, cuestionó el manejo de la pauta oficial con esa finalidad y la intención de que “todos dependan del Gobierno”.

En la suposición de la certeza y veracidad de ese contexto, su valoración del Decreto fue precisa: “No es una alternativa, es una obligación”.

“Hay quienes creen que en democracia el que gana una elección hace lo que quiere, eso no es el espíritu de la democracia sino del autoritarismo”, sostuvo Macri, acompañado por su entonces vicejefa de gobierno y hoy Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, ministros por entonces porteños que hoy son funcionarios nacionales, y legisladores.

Luego de la exposición de Macri, su Jefe de Gabinete (hoy Jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta, precisó que “no puede haber ninguna ley federal que atente contra la libertad de prensa” y señaló que “la preocupación es enorme”.

El decreto macrista consta de cinco artículos. El primero aprueba un extenso “Régimen de Defensa de la Libertad de Expresión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que queda expuesto en el Anexo 1. El Régimen -que constituye su anexo- apunta a proteger la tarea de los periodistas dentro de la jurisdicción de la Ciudad, y a preservar a los medios de comunicación. El artículo 18 le pone freno al presupuesto avance del Gobierno nacional, al plantear que “ninguna autoridad pública podrá intervenir en manera alguna, ni designar ni interventores ni administradores coadyuvantes, ni veedores con o sin derecho a veto, ni participar, ni directa ni indirectamente, en la dirección, gerenciamiento o control societario de los medios de comunicación con domicilio en la Ciudad”. Además, prohíbe la clausura de medios o la decomisación de equipos.

 

 

 

 

 

Las voces opositoras al gobierno porteño macrista se hicieron escuchar inmediatamente. Referentes políticos y constitucionalistas cuestionaron este DNU tildándolo de inconstitucional y lo calificaron como un mero acto político hecho para la tribuna. Y anunciaron la inmediata presentación de un amparo.

Sobre la posibilidad de expropiación de Papel Prensa, el senador Aníbal Fernández (FpV) dijo que "no es un proyecto del Poder Ejecutivo, sino de un legislador, y no sé qué posibilidad o grado de avance tiene", al tiempo que aclaró que "no hay ningún gesto del gobierno hoy que indique que tengamos que ir por esa vía". Y así fue.

El constitucionalista Roberto Boico consideró al DNU una "patética y tragicómica versión del separatismo porteño. Pretende sustraerse de la autoridad federal creando una suerte de inmunidad de los medios de comunicación", afirmó al entender que "la autoridad local debe sujetarse a los designios de la ley federal y no en el sentido contrario.”

Boico explicó que la vigencia del decreto implicaría que "ninguna autoridad federal administrativa o judicial podría tener alguna acción tendiente a aplicar una norma porque supuestamente la Ciudad estaría regida por este decreto". Como hoy sabemos, el decreto quedó vigente al ser ratificado  y adquirir status de ley. Sin embargo, como también sabemos, Boico se equivocó. Si así no hubiese sido, hoy no tendríamos la paradoja (¿o la ironía?) que señalaré en el contrapunto.

Pero lo más importante que el constitucionalista señaló fue la falacia de que el decreto se refiera a la "libertad de expresión de los periodistas" cuando en realidad "los periodistas son utilizados para darle cobertura supuestamente legal a las empresas comunicacionales y, especialmente, a los oligopolios". "El verdadero sujeto protegido es la ecuación económico-financiera de las empresas comunicacionales".

Sin embargo, (me permito anticiparme en el relato porque no estoy revelando un final que nos resulte desconocido) Boico se equivocó en algo más: estimó que el proyecto de ley que Macri enviaría a la Legislatura "difícilmente sea homologado" ya que "es inviable porque significaría alzarse contra la autoridad federal mediante un acto sedicioso". Pues lo fue: dos semanas después había sido convertido en ley.

Por su parte, un grupo de legisladores porteños de Nuevo Encuentro (entre ellos, Gabriela Cerruti) realizó una presentación judicial para que el decreto fuese declarado inconstitucional por la justicia, que tuvo como respuesta la medida cautelar dictada por el juez Osvaldo Otheguy, que suspendió el primer párrafo del artículo 14 y parte del artículo 16 referidos a la imposibilidad de fijar impuestos y la limitación de la ejecución de deudas tributarias de periodistas y medios de comunicación.

La iniciativa de la Ley de Libertad de Expresión se impulsó poco después de que se conociera la medida cautelar contra el DNU. El proyecto promovido por Mauricio Marcri se elaboró con propuestas de los diputados Julio Raffo (Proyecto Sur) en coautoría con Fernando Sánchez (Coalición Cívica) y de Jorge Selser, Pablo Bergel, Virginia González Gass, Adrián Camps (Proyecto Sur) y Alejandro García (PRO). Y fue aprobado con 35 votos positivos provenientes del PRO, Bases para la Unión, Coalición Cívica, UCR y Raffo (el único que votó por su bloque), mientras que los restantes miembros de la bancada que respondía a Fernando Solanas no acompañaron la iniciativa, al igual que el interbloque kirchnerista y Buenos Aires para todos.

Así, a los 15 días de su firma y a pesar de estar vigente una medida cautelar en su contra, la Legislatura porteña convirtió aquel decreto en la Ley de Defensa de la Libertad de Expresión, con leves modificaciones que no afectaron lo cuestionado. Tanto fue así que el diario La Nación dio muestras de su ánimo festivo repitiendo  los artículos cuyo matenimiento celebró: transcribió ¡dos! veces, por si con una única lectura no alcanzaba, justo los que trataban las cuestiones más criticadas… y por Clarín y La Nación más celebradas.

 

 

Lógicamente, la (¿todavía existente?) Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales (AFSCA), que preside (¿presidía?) Martín Sabbatella pidió que se la declarara inconstitucional.

En primera instancia el planteo fue rechazado, pero en mayo de 2014 la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al pedido de la AFSCA y suspendió en medida cautelar la norma nacida del decreto de Macri.

En definitiva, la ley de medios porteña tuvo como origen un decreto sustentado en la necesidad y urgencia de Mauricio Macri de proteger a Clarín de los rumores que hablaban por entonces de una "inminente" intervención del Gobierno Nacional al Grupo Clarín, algo que nunca ocurrió.

El contrapunto

A pesar de que la imagen positiva de Mauricio Macri –promediando los resultados de diferentes consultoras- aún se concentra en alrededor del 50% de los encuestados, el gobierno está preocupado: a tres meses de su asunción ya ha sufrido una caída de 10 puntos, y su imagen negativa llega al 40%.

Frente a esta caída en las encuestas, el gobierno parece haber decidido arremeter contra los pocos medios de comunicación independientes que quedan en el país. Y lo que eran presiones para forzar el cambio de líneas editoriales y el despido de algunos periodistas cuya opinión le resulta adversa, está dando pasos a ataques cada vez menos sutiles (¿y desesperados?).

De hecho ayer, viernes 18 de mayo, efectivos de Prefectura y Gendarmería se apostaron para realizar un allanamiento en la puerta del edificio donde funciona el canal de noticias C5N, que forma parte del Grupo Indalo, perteneciente al empresario Cristóbal López. “Empresario kirchnerista” gustan calificar algunos periodistas, como si cierta afinidad política (más o menos real) legitimara las presiones sufridas aunque está más cerca de abonar a la teoría de la persecución selectiva. Persecución que quizás no sería tan burda si no se tratara del canal de televisión donde más se cuestiona el gobierno de Mauricio Macri.
 

El operativo fue dispuesto por la jueza en lo penal económico María Verónica Straccia, como parte de una serie de allanamientos en distintas dependencias de las empresas del Grupo Indalo: la petrolera Oil (dos en Comodoro Rivadavia), la firma de auditoría contable Deloitte y dos sucursales de la AFIP además del edificio de C5N.

Lo interesante es que estos allanamientos ocurrían días después de que la AFIP denunciara penalmente a los titulares del Grupo Indalo (López y Fabián De Sousa) por el presunto delito de insolvencia fiscal fraudulenta. Y apenas cuatro días después de que el mismo Macri se refiriera al tema en el programa Desde el Llano conducido por Joaquín Morales Solá en TN: “Vamos a usar todas las herramientas que podamos para cobrar esa deuda. Si alguien no paga los impuestos ni las cargas previsionales, voy a poner la misma energía que pongo para ayudar a crecer el país, pero para ponerlos a todos presos. Cristóbal López tiene que explicar por qué retuvo indebidamente ocho mil millones de pesos.” “Pasividad es complicidad. Todos los que fueron parte de la tolerancia a este sistema van a tener que dar explicaciones. No pueden existir amiguismos de ese tamaño en la Argentina que necesitamos”.

El problema fue que la operatoria que desde la AFIP se explicó como un presunto delito consiste en dos Planes de Pago realizados en los términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional, tal como estaba vigente al momento de la operatoria, que se extendió por los años 2012, 2013, 2014 y 2015. O sea, se trató de una operatoria no sólo habitual, sino legal.

La misma AFIP reconoció que dicho artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario Nacional permitía al Administrador Federal brindar planes de pago especiales, posibilidad que fue derogada por la actual administración, y reemplazada por la Resolución General 3827 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que rige desde el 10 de febrero de este año. O sea, la propia AFIP reconoce la legalidad de las operaciones realizadas por el Grupo Indalo, a pesar de lo cual realizaron la denuncia que derivó en los allanamientos a distintas empresas del Grupo, entre ellas a C5N.

Por su parte, De Souza declaró que “la compañía hoy tiene muchos más activos corrientes que el pasivo impositivo corriente. Tenemos toda nuestra deuda regularizada. Hemos hecho exactamente lo contrario de lo que se nos acusa”. Y remarcó que "la denuncia forma parte de una estrategia oficial destinada a silenciar a los medios de comunicación críticos al gobierno”.

Desde el Grupo sostienen que “el gobierno y ciertos grupos mediáticos han montado un show basado en la persecución de López y De Souza con el claro objetivo de cercenar las libertades de prensa y empresa, ya que no toleran la existencia de medios que tengan una mirada crítica de la realidad actual que vive nuestro país. Nuestra prioridad será la defensa de estos derechos y la de las fuentes de trabajo de más de 30 mil empleados del Grupo Indalo”.

Y lo cierto es que hay evidencias que parecen darles la razón:

·        La empresa ODS S.A. (perteneciente al Grupo Macri) también utilizó en 2013 el mismo artículo de la misma ley para regularizar sus deudas impositivas, tal como está consignado en la página 69 del Balance de la empresa correspondiente a ese año. Allí, en el ítem o) se aclara al pie que se “incluye deudas fiscales por las cuales la Sociedad con fecha 12 de julio de 2013, junto a ODS S.A., Creaurgan S.A. y Cincovial S.A. presentó ante la Administración Federal de Ingresos Públicos una solicitud de plan especial contemplando los lineamientos del artículo 32 de la ley 11.683 t.o. y sus modificaciones. La deuda correspondiente a la Sociedad y a Cincovial S.A. fue consolidada a través de dichos planes con fecha 8 de marzo de 2014, mientras que los planes correspondientes a Creaurban S.A. y ODS S.A. se consolidaron con fecha 10 de marzo de 2014”.

·        La embestida mediática contra el Grupo Indalo y su deuda impositiva fue iniciada por una publicación de Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas estrellas del diario La Nación. Sin embargo, tanto Alconada Mon como los medios que le sirvieron de eco olvidaron mencionar que La Nación también tiene una deuda millonaria con el Estado, y que el diario eligió ir a la Justicia para evitar pagarla antes que regularizarla a través de un plan de pagos, como sí hizo el Grupo que insiste en denunciar. Así fue como La Nación logró desde hace 13 años contar con la protección judicial que le impide a la AFIP cobrarle una deuda estimada en más de 280 millones de pesos. Pero el gran regalo de Navidad lo recibió directamente de la Corte Suprema el pasado diciembre, justo antes de que Carlos Fayt abandonara su actividad el 11 de diciembre: tal como lo había anunciado, la Corte aprobó una resolución por la cual los medios gráficos que habían acumulado grandes deudas impositivas en los últimos años seguirían sin ser considerados en mora. Así, el fallo dejó firme una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que ordena crear un régimen diferencial del Impuesto al Valor Agregado (IVA) –tal como pedían las empresas periodísticas- y permite usar las contribuciones patronales como crédito fiscal. Esto último es muy interesante, dado que lo que se le permite expresamente a los medios gráficos es lo que se aduce como intencionalidad para atacar al Grupo Indalo, aun reconociendo la legalidad del plan de regularización de deuda al que adhirió. Dicho fallo, del 3 de diciembre. tiene las firmas del Presidente de la Corte Ricarto Lorenzetti, de Juan Carlos Maqueda y de Carlos Fayt; Elena Highton de Nolasco no firmó por estar en desacuerdo con el otorgamiento de un régimen de impuestos diferenciado. Si aplicáramos el 700% (que es la estimación de inflación de la última década que hizo Mauricio Macri en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso) para determinar a cuánto asciende hoy la deuda de La Nación, rondaría unos 3.300 millones de pesos. Podemos dejarle de changüí el acumulado de los tres meses de su gobierno.

·        Mientras se investiga al Grupo Indalo, cabría que el Presidente Mauricio Macri explicara por qué avisa que “embargará” al empresario Cristóbal López, con un espíritu tan contradictorio al expresado por el DNU que firmara en la Ciudad. Y por qué la Vicepresidenta Gabriela Michetti extiende la amenaza a Ricardo Echegaray –ex titular de la AFIP- sobre quien  hace apenas un día dijo que está evaluándose denunciarlo por defraudación al Estado por esa misma causa. Demasiada  concordancia con lo expresado por Macri en el programa de Morales Solá cuando afirmó que pondría toda su energía para verlos a todos presos, y aún después de que durante toda la semana se aclaró que no había delito y que empresas ligadas al mismo Macri habían incurrido en la misma operatoria. En tanto, cuando se refiere a las deudas de La Nación y Clarín sólo hace referencia a la dimensión informativa y no a la evasión impositiva de los empresarios propietarios.

 

A modo de no conclusión

Cuando fungía como Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri pretendió legislar sobre una materia que no era competencia de un gobierno local: la libertad de expresión es un derecho consagrado por la Constitución y en los pactos y tratados internacionales.

Lejos de ellos, el DNU y la posterior Ley de Libertad de Expresión a la que dio origen se parecieron más a una embestida para defender los negocios de los monopolios informativos que a la libertad de prensa, información, expresión y opinión.

Una embestida que sin dudas fue funcional a su proyecto político: acompañó al clima instalado por los monopolios para defender sus negocios, que abonaron a la creación de sentido común en la opinión pública respecto de que durante el kirchnerismo –y sobre todo durante los años de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner- no había libertad de expresión en Argentina.

A través de una puesta en escena en que se entramaron sobreactuaciones y simulaciones mediáticas, operaciones de prensa y políticas –de las que esta aventura legislativa fue apenas un punto más en el tejido- Macri fue construyendo una imagen de sí mismo como adalid de la libertad de expresión cuando en realidad sólo estaba defendiendo los intereses de grupos corporativos, entre los que el Grupo Clarín era no sólo un grupo corporativo aliado en los intereses empresariales, sino el portal de ingreso a la nueva dimensión de la realidad que estaban diseñando: una cuya percepción ilusoria terminó imponiéndose sobre la concretud de los hechos reales. Percepción que –aunque progresivamente menguada- continúa. Dicho de otro modo: el Grupo Clarín se encargó de diseñar un escenario para representar la realidad política y social del país , y de convencer a la opinión pública de que su diseño era fiel a la realidad. Ese clima emocional y cognitivo generado (que impactó en el sentir y en la interpretación de la realidad) fue lo que posicionó a Mauricio Macri en la recta final hacia el gobierno, y propiciativamente para con ellos -los grupos empresariales corporativos- hacia el poder. Hoy tanto Mauricio Macri como esos mismos grupos necesitan que la ilusión sobre la realidad continúe sosteniéndose... o su gobierno no se sostendrá.

Macri jugó –y sigue jugando- a confundir la libertad de expresión con los intereses empresarios. Y para poder hacerlo es preciso anular toda forma de expresión que lo contradiga.

Por eso, como Jefe de Gobierno, se atribuyó la prerrogativa para legislar en materia que no le correspondía. Y volvió a hacerlo como Presidente de la Nación, al firmar decretos que norman en materia penal y previsional.

Por eso, como Jefe de Gobierno, se atribuyó la prerrogativa de implementar un fuero judicial por encima de los jueces naturales de las causas. Y volvió a hacerlo como Presidente de la Nación, al firmar un decreto nombrando jueces en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por eso, como Jefe de Gobierno, diseñó una Ciudad excluyente y exclusiva, donde no todos gozan de los mismos derechos ni tienen acceso a las mismas posibilidades. Y volvió a hacerlo como Presidente de la Nación… ¿hacen falta ejemplos?
Con abrir los ojos bastaría para que  nos sobren.
Si tuviésemos garantizado dónde verlos.

                                                                                  

Viviana Taylor