La
inquietud por este tema surgió cuando me encontré con la reiteración de una
misma afirmación por parte de diferentes intendentes. Estos denunciaban que mafias de okupas usurpan
terrenos privados y los venden a personas de bajos recursos. Lo que más llamó
mi atención es que casi todos ellos señalaban que estas personas llegan con
dinero de subsidios otorgados por el Gobierno de la Ciudad. Fue entonces que me
puse a investigar un poquito, nada que no pueda hacerse en un rato de explorar en
la web.
Resulta
que mucha gente de las villas 31 y 1-11-14 se está instalando en varios municipios
del Conurbano, y lo hace gracias a un
subsidio que les da la Ciudad a cambio de dejar sus hogares, y que asciende a
montos de entre $10.000 y $15.000. Si bien muchos de los vecinos de las
villas no quieren abandonarlas (sienten una fuerte pertenencia al barrio, están
cerca de sus trabajos, y de las escuelas de sus hijos) denunciaron que el
gobierno porteño no busca soluciones para revertir la precariedad de sus
condiciones de vida, y que no cuentan siquiera con los servicios básicos. Se
van sintiendo empujados a aceptar la oferta, y es así como se van vaciando estas villas, que se
encuentran en zonas estratégicas, con alto valor en dólares por metro
cuadrado, por lo que tienen un valor
inmobiliario impresionante.
Claro
que ese dinero no alcanza para gran cosa, y menos en la Ciudad de Buenos Aires,
donde no hay planes de vivienda en ejecución efectiva. Entonces, la gente va
trasladándose hacia el Conurbano, donde, si bien están el Plan Federal de Viviendas y las cooperativas
de Argentina Trabaja, ambos están focalizados a la situación de los vecinos que
hace años están radicados en esos municipios.
Así es
que mucha de esta gente que llega desde la Capital Federal ocupa casas muy
precarias, prefabricadas o muy rústicas, que tienen un muy bajo costo, pero que
no reúnen condiciones mínimas de seguridad ni de habitabilidad. Paralelamente, están
esos grupos organizados (las mafias de okupas que denuncian los intendentes)que
les venden terrenos usurpados, con papeles fraudulentos, sobre los que instalan
casillas prefabricadas de estas características. Entonces, al problema de la
falta de seguridad por los peligros que la precariedad de estas casillas supone,
se suma el problema de la ocupación ilícita de tierras que no son fiscales,
sino que pertenecen a particulares. La contracara del problema es que esas
personas en situación de ilegalidad, son a su vez víctimas de desarraigo, lo
que las vuelve más vulnerables en cuestiones de empleabilidad, de la
escolaridad de sus hijos, y del acceso a la asistencia. Todos problemas que se
suman a los que ya tienen los municipios.
