Las quejas supuestas del gobierno norteamericano sobre el también supuesto "Proteccionismo" del gobierno argentino, tienen poco fundamento coyuntural e histórico.
Ya se señaló en Ramble y se observa en el cuadro que publicara originalmente Baleno , que las importaciones apenas cayeron un 1% respecto al año anterior, muy lejos del cepo absoluto que plantean los medios opositores y la dirigencia política por ellos editorializada.
Con respecto a la queja yanqui , sinceramente da risa leyendo a Mario Rapoport y Leandro Morgenfeld:
Hace más de un siglo que los grandes
productores agropecuarios del país del norte presionan al Capitolio y a la Casa
Blanca para impedir la competencia de bienes primarios provenientes de la
Argentina. Se pueden citar varios ejemplos de vieja data respecto de las
dificultades que encontró nuestro país para exportar a los Estados
Unidos.
- Hacia 1867, tras la Guerra Civil, el
Parlamento norteamericano cerró virtualmente la importación de lanas argentinas
al dictar la ley de Lanas y Manufacturas de Lanas. Este producto era el rubro
principal dentro de la estructura exportadora de la época, y Estados Unidos
absorbía una cuarta parte de las colocaciones argentinas. Esta medida llevó a la
quiebra a muchos productores y debieron sacrificarse millones de
ovejas.
- En 1921, el presidente norteamericano W.
H. Harding pidió al Congreso una ley de emergencia tarifaria señalando: “Creo en
la protección a la industria norteamericana y es nuestro propósito que
Norteamérica prospere primero”. En consecuencia, en 1922, se promulgó el arancel
(Tariff Act) Fordney-McCumber, que representaba volver a los niveles de
protección previos a la Primera Guerra Mundial y afectaba entre otras cosas el
comercio de carnes, cereales y frutas.
- A pesar de que a mediados de la década del
’20 el mercado norteamericano no era de un volumen importante para las
exportaciones de nuestro país, prometía incrementos sustanciales a fin de poder
equilibrar un comercio cada vez más desigual a favor de Washington. Sin embargo,
en septiembre de 1926, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
emitió una disposición por la cual se prohibía la entrada de carnes frescas o
refrigeradas de regiones con aftosa, perjudicando especialmente a la economía
argentina cuyas principales zonas ganaderas se consideraban afectadas por esta
enfermedad aún cuando muchos de esos productos eran aceptados en Inglaterra y
Europa continental. Londres no aplicó las mismas políticas que el país del
norte, en tanto esto hubiese perjudicado seriamente su economía doméstica, que
podía resultar afectada por un aumento del costo de vida. Lo que ocurrió en
Estados Unidos es que se impusieron los intereses del Farm Bloc (bloque
agrícola), que pretendían y lograron evitar la competencia de la carne
argentina. En este episodio encuentra su justificativo el lema de “comprar a
quien nos compra” enarbolado por la Sociedad Rural Argentina, que constituye el
primer antecedente del acuerdo comercial más importante firmado por la Argentina
en la década siguiente: el controvertido Tratado Roca-Runciman.
- En diciembre de 1930, luego de la caída de
Wall Street, el Congreso norteamericano instrumentó la ley arancelaria
Smoot-Hawley, que impuso las tarifas aduaneras más altas en la historia de los
Estados Unidos. En consecuencia, las exportaciones argentinas a Estados Unidos
se redujeron casi un 75 por ciento entre 1929 y 1931. Hubo así en el país una
considerable agitación pública contra Washington. De acuerdo con esa ley
arancelaria, las tarifas promedio llegaron al 59,1 por ciento en 1932.
- Otro incidente sucedió durante la
implementación del programa de reconstrucción europea en la posguerra (el
llamado Plan Marshall), ya que los países latinoamericanos tenían la expectativa
de participar como proveedores de productos agropecuarios. No obstante, ninguno
de ellos pudo incorporarse, ya que Estados Unidos, cuyo poder en la orientación
de las compras era determinante dado que proveía las divisas, no autorizó la
concreción de tales negocios, que perjudicaban la colocación de sus excedentes
agrarios. Una vez más, el lobby agropecuario borró de un plumazo las ilusiones
argentinas.
- Ante la crisis mundial, y luego, en la
posguerra, como parte de su prédica de libre comercio, se reemplazaron los
aranceles por cuantiosos subsidios agrícolas, que se triplicaron en la última
década del siglo XX. El proteccionismo estadounidense abandonó la clásica forma
de las barreras arancelarias, pero se mantuvo vigente de una manera
distinta.
- En los últimos años, Washington había dado
claras señales de que iba a disminuir esos subsidios (haciéndolos menos
distorsivos) y se esperaba que, en el marco de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), los redujera. Pero esto no ocurrió, se empantanaron las
negociaciones y hasta cayeron acuerdos como el ALCA, por la negativa
estadounidense a desmantelar el proteccionismo vía subsidios agropecuarios. En
cambio, la situación empeoró en forma considerable con la aprobación por parte
del gobierno de George W. Bush (h) de una nueva Ley Agrícola (Farm Bill), en la
que se profundizaron las medidas de apoyo al sector agropecuario norteamericano.
Esta nueva ley significó un giro de 180 grados en comparación con la vieja ley,
Fair Act, que rigió entre 1996 y 2002. La Fair Act buscaba que los agricultores
decidieran qué producir, cómo producir y en qué cantidad producir teniendo en
cuenta los precios del mercado y no los incentivos que otorgaba el gobierno. La
nueva legislación se apartaba considerablemente de dicho enfoque, ya que
procuraba garantizar niveles de rentabilidad mínima para la producción
sectorial, más desprendidos de las señales del mercado.
- Esta ley agrícola fue aprobada el 13 de
mayo de 2002, teniendo como objetivo reemplazar a la ley de 1996. Entró en
vigencia a partir de septiembre del mismo año, autorizando un gasto estimado
superior a los 100.000 millones de dólares (o 19.000 millones anuales), y
representaba un incremento en el monto de los subsidios del 70 por ciento con
respecto a la ley anterior de 1996 (51.700 millones).
Ciadi
En resumen, Estados Unidos es el principal
productor agrícola del mundo y, a la vez, un gran exportador. En consecuencia,
juega un papel clave en la formación de los precios internacionales y, de este
modo, cualquier distorsión que se genere en su mercado tiene amplias
repercusiones en los mercados mundiales y afecta a numerosos países, en este
caso particularmente al nuestro.
La actual negativa a habilitar el ingreso
de carnes y limones argentinos, con la excusa de medidas sanitarias, no es más
que la vieja práctica de proteger a los grandes productores agropecuarios
norteamericanos. Y explica, en parte, por qué la balanza comercial bilateral
favoreció en el último año a Washington por más de 4000 millones de dólares, a
pesar de las recientes quejas de su gobierno por la regulación argentina de sus
importaciones. Es más, la Argentina es uno de los pocos países con los cuales
Estados Unidos tiene en la actualidad un comercio superavitario.
Finalmente, el Ciadi. Surgido como tribunal
arbitral para dirimir controversias entre los inversores extranjeros y los
Estados adheridos representa un caso de renuncia a la soberanía nacional. A
través de él, bancos, multinacionales y operadores financieros tratan de
proteger sus intereses en países periféricos.
A comienzos del siglo XX, las doctrinas
Calvo y Drago, que mencionamos al inicio de este artículo, procuraron defender
el sistema legal argentino con respecto al capital o a residentes extranjeros,
ante pretendidas excepciones a la jurisdicción interna o el intento compulsivo
del cobro de deudas de naciones latinoamericanas por parte de acreedores
europeos. No por casualidad, en los años ’50 surgió una idea opuesta en las
economías centrales: crear una institución para amparar a sus empresas en casos
como la expropiación de compañías petroleras en Irán, la nacionalización del
canal de Suez, el intento de reforma agraria que afectó a la United Fruit
Company en Guatemala (tras lo cual se derrocó al presidente Jacobo Arbenz). Esa
institución fue fundada finalmente en 1965 como una dependencia del Banco
Mundial. Argentina adhirió a él en 1994, en plena furia privatista. Tras la
salida de la convertibilidad sufrió el record mundial de demandas en este
organismo (por 17.000 millones de dólares), que por supuesto falló en favor de
las empresas trasnacionales. A pesar de que las dos compañías que actualmente
litigan contra la Argentina incumplieron sus contratos, dejando a miles de
familias sin servicios básicos esenciales, logran a través de este tipo de
“tribunales” indemnizaciones multitudinarias.
Es hora de abandonar la idea de que la
función de gobiernos de países como el nuestro es dar garantías a las empresas
trasnacionales y a los fondos de inversión. Para tomar medidas soberanas, como
la anulación de contratos cuando se incumplen las cláusulas, es necesario salir
del Ciadi. Venezuela, Ecuador y Bolivia ya lo hicieron. Y Brasil, un país que
nunca dejó de recibir inversiones, jamás adhirió a este organismo. Más que
cargar las tintas sobre los incumplimientos argentinos de fallos aberrantes, es
necesario debatir en el ámbito de la Unasur y la Celac retirarse en forma
conjunta de este “tribunal” creado en exclusivo beneficio del gran capital de
las potencias centrales, y contra las atribuciones soberanas de los Estados de
los países periféricos.
Publicado por Artemio López
