como caso de análisis
Por Viviana Taylor
En mi posteo anterior, 497 días para el fin. ¿Entre el postkirchnerismoy la política vintage?, indagué acerca de algunos de los vínculos entre el
equipo de política exterior del Frente Renovador y los
intereses de Estados Unidos sobre la región: acuerdos de servicios, inversión,
propiedad intelectual y compras de
gobierno.
En este nuevo posteo me propongo
abordar uno de estos intereses en particular, la defensa de la propiedad
intelectual, para que echemos un poco de luz sobre el modo en que los Estados
Unidos –particularmente en nuestro caso, a través de su embajada en Buenos
Aires- busca proteger los intereses que luego instrumenta a través de la
manipulación política de los gobiernos locales y la acción directa de los
organismos multilaterales en los que participa y promueve.
Como suelo proponer, hagamos un poco de historia
La defensa de la propiedad
intelectual estadounidense ha sido una de las prioridades de la embajada de
EEUU en Argentina, y fue uno de los temas casi excluyentes que el embajador
Earl Anthony Wayne asumió durante su gestión.
Sus esfuerzos en este tema pueden
seguirse en la lectura de los cables que firmó la embajada entre enero de 2007
y abril de 2009, que fueron filtrados por Wikileaks.
Partamos de una aclaración
necesaria: al referirnos a propiedad intelectual, vamos a tener en cuenta que
estamos considerando dos grandes categorías.
1. patentes
y marcas
2. derechos
de autor
En las negociaciones de comercio
internacional, lo que típicamente exigen los países desarrollados es que sus
patentes, marcas y derechos de autor sean respetados en los países en
desarrollo con los que firman acuerdos y tratados. A cambio, los países en
desarrollo exigen que los desarrollados abran sus mercados a los productos
agrícolas que producen, y que no subsidien más a sus propios agricultores, para
poder acceder a condiciones equitativas de competencia.
Esto fue lo que sucedió durante la
Ronda de Uruguay, que es el nombre con que se llama a la octava reunión de
países de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se inició en Punta del
Este en 1986 y concluyó en 1993 en
Marrakech. Esta Ronda tenía por objetivo negociar la política de aranceles y la
liberalización de mercados a nivel mundial, y Estados Unidos logró imponer un
tratado de propiedad intelectual conocido como TRIPS (Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights).
Para adecuarse al TRIPS, la
Argentina aprobó una modificación a la Ley de Patentes de Invención y Modelosde Utilidad a principios del gobierno de Néstor Kirchner,
con el apoyo de todas las bancadas excepto las del socialismo y la Izquierda
Unida. El gobierno argentino dio por cumplidas sus obligaciones con lo que le
exigía la OMC (o más bien, lo que exigía Estados Unidos a través de ella), pero
el gobierno de Washington no se dio por satisfecho, y decidió mantener a
Argentina en una lista de países que no alcanzan el grado de cooperación
suficiente, en la que había sido confinada desde 1996.
Esta lista de no cooperación es
realmente un caso de análisis muy interesante, y por eso merece que nos
detengamos a ver qué es y cómo funciona. Se trata de una lista doble o doble
categorización que confecciona la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados
Unidos: la “Special 301 Priority Watch
List” en la figuran todos los países que no alcanzan el grado de
cooperación suficiente que esa Oficina de EEUU considera adecuado y para los
que se sugiere una vigilancia prioritaria –en 2013 los tres países
sudamericanos que quedamos en ella somos Argentina, Chile y Venezuela- y la “Special 301 Watch List”, en la que
figuran los países que no requieren una vigilancia prioritaria, pero cuya
legislación no alcanza a satisfacer los estándares de la Oficina. En esta
segunda lista están el resto de los países sudamericanos, excepto Uruguay que
fue quitado en 2007. Ese mismo año Brasil pasó de estar en la primera lista a
esta segunda. El resto sigue sin cambios interesantes desde su creación, en los
años ’90.
Digo que es un caso de análisis
interesante porque esta doble lista que confecciona la Oficina de Patentes y
Marcas de los Estados Unidos no es una mera clasificación, sino que tiene
una consecuencia concreta y directa: habilita
al Departamento de Comercio estadounidense a presentar denuncias ante la OMC y
así logra justificar la remoción de las preferencias arancelarias que le
concede a los países en desarrollo.
Efectivamente, es así como parece:
Estados Unidos es legislador, juez y parte. Y la OMC lo ampara.
Sin embargo la decisión de
remover las preferencias arancelarias no se toma por el solo hecho de estar en
la lista, sino en función de un entramado de decisiones políticas más
complejas. A Argentina, a pesar de que estamos en la lista desde 1996, las
preferencias arancelarias le fueron retiradas recién en mayo de 2012, y nada
tuvo que ver con cuestiones de propiedad intelectual. Fueron retiradas por una
orden ejecutiva firmada por el presidente Barak Obama, en la que se aduce que Argentina
no actúo “de buena fe en el cumplimiento
de fallos arbitrales a favor de empresas o ciudadanos de los Estados Unidos”:
habíamos recibido un fallo adverso del CIADI en favor de dos empresas
estadounidenses que se negaron a iniciar los trámites del cobro de la sentencia,
respetando el reglamento del CIADI y de la legislación argentina. Argentina le
solicitó a las autoridades comerciales de EEUU que resolvieran el diferendo
interpretativo, pero estas autoridades aceptaron la postura de las empresas e insistieron
en la pretensión de obligar a que se aplique un mecanismo a medida de los
fondos buitres y contrario al sistema legal vigente en Argentina. Como esa
sentencia sigue sin ejecutarse, el castigo fue el retiro de estas preferencias
arancelarias.
La OMC no es el único organismo
que –revestido de multilateralidad e internacionalismo- ampara los intereses de
Estados Unidos. Antes lo amparaba el ALCA, hasta que la herida de muerte que le
asestaron Néstor Kirchner, Hugo Chávez y Lula da Silva en Mar del Plata en 2005
lo dejó fuera de juego. Y desde 2011 lo ampara la Alianza del Pacífico, que
integra como país observador pero con altísima incidencia sobre la política de
los países que la componen como miembros plenos y –consecuentemente- sobre los
acuerdos que se alcanzan en su seno.
Volviendo: desde que existe este
mecanismo específico de vigilancia y control instituido por su Oficina de
Patentes, cada embajador estadounidense elevó un informe anual al Departamento
de Estado sobre la situación de la propiedad intelectual en Argentina, junto
con la recomendación de mantenernos en la lista de seguimiento prioritario.
Los dos temas álgidos que
determinan que sigamos allí son la comercialización de medicamentos y la
circulación de software no registrado y libre.
La cuestión de los medicamentos
En varios informes de la embajada
de EEUU se incluyen quejas de los laboratorios Bristol-Myers Squibb, Eli
Lilly and Company y Merk, Sharpe & Dohme. Todas estas
quejas coinciden en que en Argentina existen “trampas regulatorias” (en referencia a las leyes que regulan el
patentamiento de medicamentos) que permiten a los laboratorios nacionales
ignorar las patentes estadounidenses y comercializar libremente medicamentos.
Vamos a focalizar sobre una de estas denuncias, para
entender la envergadura de lo que se discute. En enero de 2007, la empresa
farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS) y el laboratorio Pfizer -ambos
estadounidenses- obtuvieron la patente de la didanosina, un antirretroviral para
tratar el VIH-sida. Inmediatamente BMS solicitó (y logró rápidamente) una
medida cautelar en contra del local laboratorio Richmond, que había ofrecido
vender didanosina al Programa de VIH-sida del gobierno argentino.
La Cámara Industrial de
Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y la Cámara Empresaria de Laboratorios
Farmacéuticos sacaron un aviso de una página completa en la mayoría de los
diarios denunciando la situación porque “genera
monopolios y pone en riesgo la provisión de medicamentos” y nombrando al juez que tomó la causa:
Alejandro Saint Genes, del Juzgado Nacional Civil y Comercial Nº 9.
La Cámara Argentina de
Especialidades Medicinales, a la que pertenece BMS, defendió la decisión del
juez Saint Genes en una gacetilla que distribuyó a la prensa: “las patentes no generan monopolios; por el
contrario, alientan la competencia por generar productos innovadores en
beneficio de la sociedad”.
Al día siguiente, el ministro de
Salud, Ginés González, se sumó a la disputa diciendo que las patentes
medicinales “generan monopolios y ponen
en riesgo el acceso a los medicamentos”. También escribió un editorial el 20 de abril en el que tildó a los pacientes de VIH-sida de “rehenes” de las
empresas multinacionales.
La repetición de este tipo de
casos, que impulsaron una enorme cantidad de pedido de cautelares abusivas de
laboratorios y farmacéuticas extranjeros (especialmente estadounidenses) contra
laboratorios locales, profundizó las decisiones regulatorias en torno de la
propiedad intelectual en productos medicinales. Y, desde entonces, la situación ha cambiado radicalmente.
En mayo de 2012 Argentina puso en
vigencia rigurosas pautas de examen de patentes farmacéuticas, que instruyen a
los examinadores del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Estas
pautas indican que las combinaciones de
compuestos ya existentes no son patentables, puesto que carecen de novedad y
actividad inventiva que justifique el otorgamiento de una nueva patente
sobre los principios activos que se encuentran en dominio público o prontos a
expirar las patentes. Sin embargo, sigue siendo muy común que las compañías
farmacéuticas intenten repatentar las mismas moléculas realizándoles pequeños
cambios, o combinando drogas ya existentes, o que reclamen la perpetuidad de
las patentes, para poder cobrar precios exorbitantes por medicamentos que son
accesibles en el mercado como genéricos de calidad y a buen precio.
Esta práctica de patentamiento
abusivo había sido tan común hasta la normalización de estas pautas, que una de
las tareas del INPI durante 2012 consistió en la revisión de las 186 patentes
que se habían otorgado el año anterior, de las cuales el 94,6% eran de
titularidad de no residentes en el país. Y la revisión reveló una realidad
escalofriante: apenas el 2,7% correspondían a nuevos productos identificados mediante
estructura y nombre.
El 61,3% de las solicitudes correspondían
a patentes del tipo Markush, que son
las que comprenden una estructura madre que puede dar lugar a un conjunto de
millones de compuestos y permiten protegerlos a todos, sin necesidad de
fabricar cada uno de ellos, ensayarlos o siquiera de identificarlos. Y en un
porcentaje menor, a patentes tipo evergreening:
una estrategia semejante a las de tipo Markush
pero focalizada en una combinación específica de drogas ya existentes.
A pesar de las revisiones, BMS y
Laboratorios Gilead volvieron a intentarlo: solicitaron el patentamiento con el
nombre de ATRIPLA® para una combinación evergreening de antirretrovirales (TDF + FTC + EFV) de uso prioritario en el país, lo que motivó la presentación de la primera oposición (Llamado de
Atención) en nuestro país, en diciembre de 2013.
Al dar a conocer públicamente el llamado de oposición, el presentante Pablo García (Secretario General de la Red Argentina de
Personas Positivas, una organización que trabaja desde 1998 para mejorar la
calidad de vida de personas con VIH-Sida) afirmó que “este medicamento es muy importante para nuestra población porque es de
muy fácil administración en una sola toma diaria, es decir, una sola pastilla
por día”. Y un estudio de precios realizado por la Red Latinoamericana por
el Acceso a los Medicamentos, demostró que el medicamento TDF + FTC + EFV que
se comercializa en exclusividad en Argentina bajo el nombre comercial de ATRIPLA®, le cuesta al programa de provisión pública U$S 2605 por persona por
año.
Pablo
García sostiene que “Nos preocupa la
sostenibilidad del Programa de Provisión de Medicamentos, y más aún cuando con
las nuevas guías de tratamiento, más personas necesitan comenzar el tratamiento
con antirretrovirales en forma temprana y como vemos los precios son cada vez
más altos a causa de la protección de patentes.”
Por su
parte, Lorena Di Giano (Fundación GEP, otra de las presentantes) expresó que “La legislación nacional argentina en materia
de patentes cuenta con mecanismos legales que permiten accionar en los casos de
abusos de la industria farmacéutica y por ello hemos presentado la oposición a
la patente solicitada por Gilead Sciences y Bristol Myers”.
Y el
legislador Alex Freyre, presidente de la Fundación GEP, acotó: “Las patentes farmacéuticas retrasan la
entrada de medicamentos genéricos al mercado, impiden la competencia de precios
y ponen grandes desafíos para el acceso a la salud de la población”.
Acompañaron
la oposición:
·
Red Argentina de Personas Positivas (Redar
Positiva)
·
Fundación Buenos Aires SIDA
·
Fundación Grupo Efecto Positivo (Fundación GEP)
·
Vox Asociación Civil
·
Gente Buena del Sur Asociación Civil
·
RAJAP -Red Argentina de Jóvenes Positivos
·
Red Formoseña de Personas que Viven con VIH
·
Asociación Civil Nokanchis
Por un caso similar al presentado
por BMS, en 2003 Aventis Pharma S.A. (hoy Sanofi Aventis) solicitó una cautelar
contra Microsules Argentina S.A., por una patente de procedimiento sobre el
polimorfo trihidrato del principio activo oncológico docetaxel. En diciembre de
2013 la justicia determinó que la medida cautelar había sido abusiva, y Aventis
Pharma fue condenada a pagarle a Microsules una indemnización para resarcirla
de los prejuicios ocasionados, que –con intereses- supera los $15 millones.
Por otro caso semejante, apenas
unos meses antes -en mayo de 2013- el también quejoso de embajadas Laboratorio
Eli Lilly, había perdido un juicio iniciado en 2003 contra Ivax por el
antipsicótico Olanzapina.
Estos fueron apenas dos ejemplos
de los muchos casos que se precipitaron a partir de la nueva reglamentación del
INPI, que tuvo como consecuencia adicional la exigencia a la Justicia de la
obligación de considerar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de
patentamiento antes de otorgar medidas cautelares.
Esta preocupación por el modo en
que los países desarrollados presionan sobre los países en desarrollo para
imponerles condiciones de protección sobre sus marcas y patentes no es
exclusiva de Argentina.
El Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en abril de 20012 un documento de
discusión titulado La declaración de Doha 10 años después y su impacto en el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud.
En el documento la PNUD alerta
sobre la proliferación de tratados de libre comercio que contienen normas sobre
propiedad intelectual, ya que considera que impactan negativamente en el acceso
a los medicamentos y que pueden impedir la sustentabilidad de los tratamientos
contra el HIV y enfermedades relacionadas. Por eso alerta a los países en
desarrollo que no hayan incorporado las flexibilidades del acuerdo sobre los ADPIC vinculadas con la promoción del acceso a los medicamentos, a que lo hagan
inmediatamente, asegurándose de que existan procedimientos de oposición previos
y posteriores a la concesión de una patente, y a que revisen sus políticas de
patentabilidad de productos farmacéuticos para evitar la proliferación de patentes
con baja o inexistente novedad, actividad inventiva y/o aplicabilidad.
Como hemos analizado, Argentina
ya estaba trabajando en esto e introdujo las nuevas reglamentaciones en mayo
de 2012, apenas un mes después del llamado de alerta de la PNUD.
Pero el compromiso que
nuestro país ha asumido sobre el tema va más allá de la revisión de normas
internas: ha asumido una posición activa al respecto en los organismos
multilaterales en lo que participa.
En el marco de la 19ª sesión del Comité Permanente sobre el
Derecho de Patentes de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
(OMPI), que se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de febrero de 2013, Argentina
intervino durante el debate del tema “Las Patentes y la Salud”.
Nuestra delegación apoyó la
propuesta del Grupo Africano y del Grupo de la Agenda para el Desarrollo, para
implementar un programa de trabajo dirigido a fortalecer la capacidad de los
estados miembros para adaptar sus sistemas de patentes y utilizar plenamente
las flexibilidades del sistema internacional para fomentar las prioridades de
política pública en el ámbito de la salud.
Este apoyo estuvo en clara
oposición a la propuesta de EEUU, quien pretendía instalar un programa de
trabajo para borrar las regulaciones locales para el patentamiento, con la
pretensión de que es la existencia de estas regulaciones la que vuelve difícil
la disponibilidad de medicamentos seguros y eficaces. Y así fue manifestado:
Argentina aclaró que no es competencia de la OMPI discutir temas como
medicamentos falsificados y de calidad inferior, ya que “la cuestión de medicamentos falsificados no tiene relación con la
observancia del derecho de patentes sino con las leyes sobre comercialización
de los medicamentos”, por lo que el foro adecuado “para tratar las metodologías que permitan garantizar la calidad, la
seguridad y la eficacia de los medicamentos y productos para la salud es la OMS”.
También preocupado por este lobby de los
países desarrollados (especialmente EEUU) a través de su participación en los
organismos multilaterales, el Max Planck
Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI) elaboró los Principios para las Disposiciones sobre Propiedad Intelectual en Acuerdos Bilaterales y Regionales, que fueron formalmente presentados en
junio de 2013, en el marco del XXXII Congreso Anual de la Association for the
Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP).
El documento advierte que los
países desarrollados presionan para que sean aceptadas sus disposiciones de propiedad intelectual
al celebrar acuerdos bilaterales con países no desarrollados y emergentes, incluyéndolas
como moneda de cambio: las usan como condición para su firma, valiéndose de las
normas internacionales que ellos mismos promueven y de la falta de
transparencia e inclusión en los procesos de negociación (que llevan adelante,
por ejemplo, a través del procedimiento de Sala
Verde de la OMC –que expliqué en detalle en mi posteo anterior- según el
cual un número reducido de países llega a los acuerdos, que el resto debe
consensuar sin haber sido consultado).
En este contexto, el Max Planck Institute presentó este documento de discusión, que
busca promover una mejor reglamentación de la propiedad intelectual
internacional que resulte equilibrada y mutuamente beneficiosa (lo que está
en línea con la posición asumida por Argentina) y que se encuentra abierto a la
adhesión de académicos, investigadores y practicantes.
Esta vez no tengo un cable
filtrado de la embajada con el último informe sobre nuestro país,
correspondiente al año 2013, para constatar cuál es la lista de la Oficina de
Patentes en que se recomienda incluir a Argentina en 2014. Pero sospecho cuál ha sido, porque nuestra
calificación no cambiado.
La cuestión del software
Durante la representación de
Wayne, la embajada de los Estados Unidos también acusó recurrentemente al
Estado argentino de abastecerse hasta un 90% de software no registrado. Sin embargo, más allá de las denuncias explícitas, lo que en realidad lo preocupaba era el software libre (al que incluía en
sus informes como parte de aquella categoría) dado que, a pesar de ser completamente legal y no
estar en conflicto con la propiedad intelectual, consideraba que era una amenaza para los posibles contratos que empresas informáticas estadounidenses podrían obtener en Argentina. Y razón no le faltaba: el entonces Jefe de Gabinete Aníbal Fernández había firmado un convenio con Red Hat para impulsa el uso de software libre en la administración pública del Estado, en la que -según afirmaba- su uso ya había alcanzado el 60%.
Es que la cuestión de las patentes es, antes que nada –y después de todo- una cuestión de negocios.
Pero seguramente su preocupación se extendía más allá de la pérdida de negocios para unas cuántas empresas estadounidenses. Quizás lo que más le preocupaba fuese que se cerraran las puertas que le había abierto Ricardo Lorenzetti el 27 de enero de 2006.
Resulta que ese día fue la
segunda vez en que Lorenzetti concurrió a la embajada para reunirse con Wayne,
y la primera en que iba solo y ya como presidente de la Corte Suprema de
Justicia. Durante la reunión, el embajador Wayne le preguntó si el presupuesto
judicial (que administra la Corte) alcanzaba para que funcionara bien, a lo que
Lorenzetti respondió que la falta de recursos le impedía adquirir la tecnología
necesaria para mejorar su eficiencia.
A pesar de este pedido disfrazado de
queja, no existían tales problemas de presupuesto: el gobierno argentino ya
había dispuesto fondos para inversiones en tecnología. Aun así, la embajada
ofreció que sus especialistas accedieran a la red informática del sistema judicial
argentino para proveer asistencia técnica. Y
Lorenzetti lo permitió.
La versión oficial es que tal
asistencia proveyó de asesoramiento técnico directo al equipo de
investigaciones de la oficina de Derecho Comparado de la Corte Suprema y de acceso
directo a su colección virtual de recursos legales de los Estados Unidos. Pero
conocida la red de espionaje con que los Estados Unidos intervino (e
interviene) sobre otros Estados, parece que los permisos que autorizó Lorenzetti fueron excesivos. Sobre todo si
no fueron debidamente informados. Y eso sin entrar a considerar si la provisión
de acceso directo a los recursos legales de los Estados Unidos es de doble vía.
De lo que no tengo dudas es de que todo
se debe haber hecho con software debidamente registrado.
Una batalla comercial, legal, cultural, y política
La batalla que se empeña en
librar los Estados Unidos para garantizar la defensa de la propiedad
intelectual de los estadounidenses ha sido larga, y estratégicamente ordenada.
Luego de que Argentina aprobara
en 2003 una modificación a la Ley de Patentes que no satisfizo a los intereses
que pretendían proteger los TRIPS a través de la OMC, la estrategia no
consistió únicamente en mantener al país en la lista de vigilancia prioritaria
en la que estábamos desde 1996, sino que la embajada decidió alentar la
redacción secreta de un nuevo proyecto de ley de marcas registradas, que
alcanzara amplias facultades jurisdiccionales y duras sanciones para los
infractores.
El primer paso de la estrategia consistía en redactar una ley a
gusto y conveniencia de los intereses estadounidenses, e introducirlo en el
Congreso para su tratamiento legislativo. Lo logró en agosto de 2004 con un
proyecto que involucraba a la Agencia Impositiva (AFIP) en investigaciones de
piratería, expandía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para incluir
la piratería de marcas entre los crímenes que le corresponder investigar, y
aumentaba las penas para los convictos de piratería de marcas, eliminando el
servicio comunitario como una sentencia posible, volviéndola de encarcelamiento
efectivo. Pero no tuvo éxito.
Un abogado que ayudó a redactarlo
(y que no es nombrado en los cables filtrados por Wikileaks) le aseguró a la
embajada que el proyecto sería reintroducido en 2006, y culpó por el fracaso de
la legislación al letargo de las
cámaras de comercio argentinas que –según consta en los cables- habría
asegurado que no apoyaron el esfuerzo.
El Dr Porcel es un interesante
personaje: socio del Jockey Club Argentino y del Buenos Aires Rowing Club, su
estudio está registrado en la International Trademark Association (INTA). Amigo íntimo de Sergio Massa (que no se cansa de aparecer en todas las investigaciones como
promotor de los intereses de los EEUU), cuando éste era Jefe de Gabinete, en
los medios se especuló que Porcel podría ser nombrado ministro de Justicia de la
Nación en reemplazo de Aníbal Fernández. Y es un nombre que sigue barajándose
cuando se piensa en la conformación de su equipo de funcionarios propuestos
para el 2015. Actualmente, está abiertamente comprometido en la defensa del
fiscal Campagnoli, en la oposición más rancia al kirchnerismo, en favor de
los fondos buitre, y es abogado y asesor de Jesús Cariglino, el massista intendente del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.
Como a principios de 2007 el
tratamiento del proyecto de ley seguía trabado, la embajada le encargó a la
Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) que escribiera
su propio proyecto, inspirándose en el aquel otro que no había prosperado a
pesar de su reintroducción el año anterior.
Queda claro que la redacción de
una ley hecha al gusto y medida de los intereses estadounidenses no era
suficiente sin este imprescindible segundo
paso de la estrategia: el reclutamiento de legisladores afines para que la
presentaran en el Congreso argentino a título propio, y no en nombre de la
embajada ni de la cámara.
La propia embajada afirma en un
cable fechado el 11 de mayo de 2007 que no va admitir que está detrás del
proyecto de ley redactado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en
Argentina, porque sería “contraproducente”.
La estrategia era bien explícita: trabajar con las cámaras de negociones y
representaciones diplomáticas, y con los miembros del Congreso de la Argentina
que “piensen como nosotros”.
Pero esto tampoco era
suficiente para garantizar el éxito buscado. El tercer paso propuesto fue trabajar con la Cámara de Comercio,
las escuelas, universidades, medios de comunicación y referentes culturales,
para instalar la idea de que es necesario defender la propiedad intelectual y
aplicar penas de cárcel a los infractores.
Una de las acciones en este
sentido fue la celebración conjunta, entre la embajada y la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos, del Día de la Propiedad Intelecual, el 26 de abril de
2007. Y lo hicieron con el lanzamiento de un concurso organizado por la Cámara
y con el embajador como anfitrión, destinado a estudiantes universitarios y
jóvenes profesionales. Los participantes debían escribir un ensayo sobre cómo
la propiedad intelectual beneficia a la Argentina, y los ganadores recibirían
cursos de posgrado gratis en una universidad local.
Además, se lanzó una campaña de
prensa para intentar compensar el escándalo por las patentes de medicación para
el VIH-Sida, que había estallado sobre
los laboratorios farmacéuticos estadounidenses BMS y Pfizer. El Cronista Comercial colocó el tema de
la defensa de la propiedad intelectual en tapa, y publicó un editorial de tres cuartos de página firmado por el embajador Wayne, sobre su relación con la creatividad.
Por su parte, la
Oficina de Prensa de la embajada trabajó con un editorialista local cuya
identidad preservó, para coordinar un segundo editorial que salió sin firma esa misma mañana en La Nación, para asociar la piratería
a la pérdida de creatividad y el empobrecimiento cultural. ¿Habrá sido Joaquín
Morales Solá, a quien a través de los años la embajada ha
reconocido como su principal portavoz para transmitir sus mensajes a la opinión
pública argentina, a través de sus columnas dominicales en ese mismo diario?
Por su parte, la
Oficina de Prensa de la embajada trabajó con un editorialista local cuya
identidad preservó, para coordinar un segundo editorial que salió sin firma esa misma mañana en La Nación, para asociar la piratería
a la pérdida de creatividad y el empobrecimiento cultural. ¿Habrá sido Joaquín
Morales Solá, a quien a través de los años la embajada ha
reconocido como su principal portavoz para transmitir sus mensajes a la opinión
pública argentina, a través de sus columnas dominicales en ese mismo diario?
En agosto la embajada llevó
adelante un taller multidisciplinario sobre el derecho a la propiedad
intelectual, diseñado y dirigido por el director del programa de OPDAT (Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training) del departamento de Justicia y su equipo de entrenadores. El taller se aprovechó para la redacción de
un borrador de manual de buenas prácticas para la defensa de la propiedad
intelectual, específico sobre y para la Argentina.
Entre los participantes argentinos estuvieron un juez federal criminal, fiscales (federales, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires), investigadores de Gendarmería y de Prefectura, autoridades impositivas y aduaneras, abogados privados que trabajan temas de propiedad intelectual y representantes de organizaciones privadas.
Llamativamente a nadie le llamó la atención que además se hubiese invitado a un funcionario aduanero y otro de la fiscalía de la región de la Triple Frontera “por el alto nivel de crímenes vinculados con la piratería en la región”, y que se aprovechara su nada casual presencia para justificar la presentación de las agencias de seguridad de la embajada (FBI y DEA) en un evento cuyo tema de tratamiento era la propiedad intelectual: “una oportunidad importante ya que muchos de los participantes tienen responsabilidades que se extienden más allá del tema de propiedad intelectual”, quedó escrito en el cable del 30 de agosto de 2007.
Entre los participantes argentinos estuvieron un juez federal criminal, fiscales (federales, de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires), investigadores de Gendarmería y de Prefectura, autoridades impositivas y aduaneras, abogados privados que trabajan temas de propiedad intelectual y representantes de organizaciones privadas.
Llamativamente a nadie le llamó la atención que además se hubiese invitado a un funcionario aduanero y otro de la fiscalía de la región de la Triple Frontera “por el alto nivel de crímenes vinculados con la piratería en la región”, y que se aprovechara su nada casual presencia para justificar la presentación de las agencias de seguridad de la embajada (FBI y DEA) en un evento cuyo tema de tratamiento era la propiedad intelectual: “una oportunidad importante ya que muchos de los participantes tienen responsabilidades que se extienden más allá del tema de propiedad intelectual”, quedó escrito en el cable del 30 de agosto de 2007.
El 11 de septiembre de 2007, le
volvió a tocar a la AmCham ser sede de una nueva actividad. Esta vez se trató
de una conferencia académica internacional sobre propiedad intelectual, de la
que participaron Nike, Ford y Microsoft. Un cable de la embajada fechado el 20
de septiembre destaca que considera que la misma logró relevancia gracias a un editorial de Wayne oportunamente publicado por Clarín el día anterior.
A través de estas actividades la
AmCham cumplió con el doble cometido de crear una Ley de Marcas Registradas
usando como modelo el proyecto de 2004, que como ya vimos había sido presentado
en el Congreso por Mirian Curletti, a quien los cables nombran como “un parlamentario que piensa como nosotros”;
y difundir sus intereses para naturalizarlos y volverlos de sentido común.
La suerte, sin embargo, no
siempre estuvo de su parte. A pesar de los esfuerzos y de las estrategias
desplegadas, el escándalo recurrente que provocaron las repetidas demandas de empresas farmacéuticas develó que todo se
reduce a una cuestión de negocios en los que no se juega limpio. Y el proyecto
–una vez más- naufragó.
Pero el tema viene con epílogo.
Tras la partida de Wayne, en 2009, la embajada no pareció volver a preocuparse
por el tema de la propiedad intelectual.
El manual de buenas prácticas, que iba a ser financiado por la embajada y distribuido en 2008, nunca apareció. Al menos, como documento de la embajada o de la AmCham. Aunque podría haber tenido cierta influencia sobre la Guía de buenas Prácticas en Gestión de la Transferencia de Tecnología y la Propiedad Intelectual, que presentó en noviembre de 2012 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en la que se reconoce la colaboración de Innovos Group S.A. (Argentina), Neos Ltda. (Chile) y The International Technology Transfer Institute –ITTI, University of Hampshire School of Law (Estados Unidos) y se cita abundante bibliografía de universidades estadounidenses.
El manual de buenas prácticas, que iba a ser financiado por la embajada y distribuido en 2008, nunca apareció. Al menos, como documento de la embajada o de la AmCham. Aunque podría haber tenido cierta influencia sobre la Guía de buenas Prácticas en Gestión de la Transferencia de Tecnología y la Propiedad Intelectual, que presentó en noviembre de 2012 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y en la que se reconoce la colaboración de Innovos Group S.A. (Argentina), Neos Ltda. (Chile) y The International Technology Transfer Institute –ITTI, University of Hampshire School of Law (Estados Unidos) y se cita abundante bibliografía de universidades estadounidenses.
El cuarto y último aspecto de la estrategia desarrollada
por la embajada fue la organización de un grupo de fiscales, jueces, y funcionarios
del gobierno argentino dispuestos a trabajar en coordinación con ella para
mejorar la protección de la propiedad intelectual estadounidense en Argentina. Cuarto y último a los efectos de explicarlos ordenadamente... porque en realidad todos estos aspectos se tuvieron en cuenta permanente y sinérgicamente.
Para hacerlo, la embajada se
valió de un programa organizado desde 2001, “Justicia para el Cambio”, que consiste en el financiamiento de un viaje anual a los
Estados Unidos para estudiar administración de justicia. De hecho, el embajador
Wayne conversó en 2008 con el presidente de la Corte Suprema de Justicia
Lorenzetti sobre su viaje anual junto con Maqueda, por invitación del Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) y con el financiamiento de la
embajada. E incluyó en la charla la posibilidad de invitar a participar ese año
a algunos miembros del equipo técnico del Plan Nacional de Gestión Judicial.
El embajador le mencionó, tres formas en que la embajada podía
cooperar con la gestión del sistema judicial argentino:
1. organizando conferencias para formar
formadores con especialistas de instituciones judiciales de los Estados Unidos,
como el Centro Judicial
Federal, y funcionarios judiciales, entre ellos el secretario para el Distrito
de Puerto Rico;
2. la
organización de programas de formación de educación a distancia a través de
videoconferencias digitales
3. traer
a un experto en evaluación para identificar posibles mejoras en la
implementación del Plan de Gestión Judicial.
Más directo es el caso de los jueces, fiscales y
funcionarios que participaron en las reuniones con los expertos en propiedad
intelectual en la embajada y que luego viajaron a los Estados Unidos para
recibir entrenamiento: así como los informes de Wayne no nombran a los
legisladores argentinos que presentaron proyectos de ley en el Congreso,
tampoco lo hace con ellos. Y han sido muy cuidadosos al proteger su identidad:
los viajes no fueron financiados por la embajada sino triangulados a través del Bureau of
International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), la agencia
internacional antinarcóticos del Departamento de Estado. Quedaron bajo la órbita de su seguridad nacional.
A pesar de tanto silencio, la presencia
insoslayable parecería ser la de Ricardo Lorenzetti: se reunió en siete
ocasiones con el embajador norteamericano, entre mediados del 2006 y principios
del 2010. Un cable diplomático dice que la embajada le pagó un viaje, otro que
se comprometió a buscar recursos para financiar un congreso de jueces que
Lorenzetti estaba organizando y un tercero que especialistas contratados por la
embajada modernizaron el sistema informático de la Corte Suprema. Cada una de
estas referencias es por sí suficientemente sugestiva como para que merezca ser
analizada.
En su segunda visita del 27 de
enero de 2006 (la primera a la que fue solo, ya que en la anterior había
acompañado a Petracchi y se había mantenido en silencio),además de pedir ayuda
para la modernización tecnológica del sistema (como ya detallamos), Lorenzetti elogió
el sistema jurídico estadounidense y le anunció a la embajada que “espera promover” una conferencia
judicial panamericana similar a una que la Corte Suprema de los Estados Unidos
había organizado en 1995, y que había
sido financiada por Unaited States Agency for International Development (USAID),
la oficina de desarrollo del Departamento estadounidense.
Cada vez que leo este párrafo –o
el cable del que tomé la información- me pregunto qué posibilidades había de que
Lorenzetti no supiera qué es y qué hace la USAID. ¿Qué tan ingenuo podía ser
frente a la ficción de que es una agencia de asistencia independiente y no
parte del esquema de seguridad nacional estadounidense? ¿Qué tan ingenuo podía
ser, cuando para pedir financiamiento acomodó tan bien su discurso al de los
intereses estadounidenses, al explicitar que los temas de la conferencia serían
el estado de derecho y la protección de derechos en América? Los mismos temas
que Estados Unidos había pretendido instalar como preocupación continental a
través del ALCA, malogrado meses antes en Mar del Plata.
Lo que sí es seguro es que lo que
entonces debía haber sido al menos una sospecha para quien ocupaba la
presidencia de la Suprema Corte, hoy es una certeza: el presupuesto del Departamento
de Estado y de la USAID pasaron desde este año a ser parte del presupuesto de
seguridad nacional. Así, los Estados Unidos asumieron sin ocultamientos que el Departamento de Estado forma parte de su estructura de consolidación del poder.
Si volvemos sobre la cuestión de
que fue en esta misma reunión que Lorenzetti abrió las puertas para una posible
(¿segura?) infiltración por parte de las agencias estadounidenses, me siento
inclinada a afirmar que ese día fue aciago para la seguridad de nuestro Estado
y de los intereses de todos los argentinos. Una amenaza que –me temo- aún pende
sobre nuestras cabezas.
La embajada, a través de sus
cables, también da cuenta de que financió el viaje que Lorenzetti hizo a
Washington entre el 1º y el 5 de octubre, para reunirse con varios miembros de
la Corte Suprema de Estados Unidos, del Centro Judicial Federal, del American
Law Institute y profesores de derecho de la Georgetown University y de la
University of Maryland.
A su vuelta, Lorenzetti se reunió con Wayne para informarlo acerca del viaje y para retomar el tema de la conferencia
judicial que se había pospuesto a julio de 2009: expresó su preocupación por la
“amenaza a las libertades fundamentales
en Bolivia y Venezuela” y comunicó que los otros miembros del Mercosur
querían asistir y apoyaban su enfoque. Pero el financiamiento que esperaba de
la USAID no sería tal: la embajada le hizo saber que la USAID sólo ofrecía cubrir los gastos de viaje de los
jueces de los países más pobres.
La conferencia volvió a
postergarse, esta vez para septiembre de 2009. Y Lorenzetti y Maqueda volvieron a viajar
a los Estados Unidos para su organización. Una frase muy interesante para el análisis es que el embajador Wayne no le
solicitó al Departamento de Estado su apoyo para la organización de la conferencia, sino para el proyecto
de Lorenzetti de creación de un cuerpo regional para defender el Estado
de derecho en América. Para la creación de la Alianza del Pacífico -que ha asumido ese propósito en articulación con el gobierno de Washington- todavía faltaban casi dos años. ¿Andaría en eso, por entonces, don Ricardo Lorenzetti?
La página web del Centro de Información Judicial (CIJ)
registra que la Conferencia de Cortes Supremas de las Américas finalmente se realizó el 3 y 4 de septiembre de
2009 en el hotel Hilton de Puerto Madero. Asistieron treinta magistrados de la
región. En la apertura hablaron Lorenzetti y el secretario general de la OEA,
José Miguel Insulza. El cierre lo compartieron Lorenzetti y la jueza de la
Corte Suprema estadounidense Ruth Bader Ginsburg. No constan referencias sobre
su financiamiento.
Poco tiempo después de finalizada la conferencia, Wayne dejó su cargo y fue sucedido por Vilma Socorro Martínez. Bajo la nueva administración, tanto la embajada como Lorenzetti parecieron perder interés mutuamente.
Aparentemente.
El nombre de Lorenzetti volvió a
aparecer abrupta e impensadamente en un cable fechado en enero de 2010 en el
que se da cuenta de una reunión entre la nueva embajadora y la diputada
nacional por el PRO Gabriela Michetti. Sorpresivamente, Michetti comenzó a dar
detalles de la existencia de un grupo informal de políticos opositores, jueces
y empresarios que se reunían en secreto. Como si con la confidencia no
alcanzara, agregó que le gustaría que la embajadora conociera al grupo. Y entre
los integrantes que nombró incluyó al presidente de la Corte Suprema de
Justicia.
Según contó, este grupo informal está formado, además de por sí misma y por Ricardo Lorenzetti, por el diputado nacional por la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay; el gobernador peronista de Salta Juan Manuel Urtubey, el presidente del Partido Radical Ernesto Sanz, y empresarios y banqueros. Y se encargó de aclarar que la mayoría de los principales líderes de la oposición podría incluirse en el mismo. A la única que dejó afuera, explícitamente, fue a Elisa Carrió. Y eso que presumen de ser buenas amigas.
Según contó, este grupo informal está formado, además de por sí misma y por Ricardo Lorenzetti, por el diputado nacional por la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay; el gobernador peronista de Salta Juan Manuel Urtubey, el presidente del Partido Radical Ernesto Sanz, y empresarios y banqueros. Y se encargó de aclarar que la mayoría de los principales líderes de la oposición podría incluirse en el mismo. A la única que dejó afuera, explícitamente, fue a Elisa Carrió. Y eso que presumen de ser buenas amigas.
Pero lo más revelador llegó al
final: cuando invitó a la embajadora a conocer al grupo, le preguntó si algún
experto de los Estados Unidos podría hablarle al grupo de algún tema que fuera
de su interés. Supongo que es lógico: si uno va a avasallarse, hay que hacerlo
apropiadamente. No es cuestión de errarle a los deseos del señor.
Concluyendo…
Tantos hilos se soltaron al ir abriendo esta madeja, que va a
ser necesario volver a juntarlos para no olvidar con qué habíamos comenzado.
Para ir concluyendo, voy a apelar a una anécdota que grafica
claramente lo que hemos venido deshilvanando sobre el modo en que Estados
Unidos concibe la propiedad intelectual y la protección de sus marcas y
patentes.
El 7 de octubre de 2009 la embajadora Vilma Socorro Martínez
firmó un cable titulado “Liderando el
camino hacia la edificación verde en la Argentina”, en el que habla de las
dificultades para vender una certificación estadounidense de “edificios verdes” llamada LEED
(Leadership in Energy & Enviromental Design).
El informe va más allá del análisis de las ventajas con que
este tipo de edificios (de bajo consumo energético) favorece el medio ambiente:
destaca que la venta de certificaciones ayuda a las empresas de Estados Unidos
porque éstas tienen los materiales y la experiencia que hace falta para
fabricar edificios de ese tipo que cumplan con la norma LEED.
El Argentina Green Building Council (Consejo Argentino de Edificios Verdes) organizó un evento para promocionar
la norma LEED. Y en un extraño rapto de sinceridad, la embajada admite en el cable
en el que lo cuenta que “La certificación
de edificios verdes aporta un ejemplo interesante del delicado balance que
deben mantener los argentinos entre el reconocimiento del valor de la
tecnología y las ideas de los Estados Unidos y sus sospechas de estar siendo
cooptados por reglas estadounidenses.”
Parece que, se trate de medicamentos, software, edificios
verdes, o lo que sea que esté en cuestión, no podemos distraernos del peligro de
estar siendo cooptados por reglas al servicio de los intereses estadounidenses.
Después de todo, hasta ellos mismos admiten la posibilidad.
A nuestro alrededor abundan quienes lo han sido.
Viviana Taylor
