Soberanía Alimentaria en riesgo
Por Viviana Taylor
En junio del 2013 la
Conferencia de la FAO aprobó por unanimidad celebrar el Día Mundial del Suelo, debido
a su importancia crítica en los sistemas naturales y su contribución vital al
bienestar de la humanidad. Y durante la 68th Asamblea General de las Naciones
Unidas se declaró al 5 de Diciembre como la fecha oficial para esta celebración
a nivel mundial.
Parece obvio afirmar que sin el suelo no podríamos seguir
produciendo alimentos. Sin embargo, cuando sondeamos cómo se lo trata en las
políticas públicas la obviedad desaparece: estamos transitando por un camino en
el que –de persistir- no podremos resguardar la seguridad y soberanía
alimentaria de nuestro Pueblo, a la vez que perderemos productividad.
Interesante paradoja, porque es en nombre de esta última que se están tomando
las decisiones que –lejos de beneficiarnos- serán nuestra condena.
Veamos. En su
informe "El estado de los bosques en el mundo 2016", la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus
siglas en inglés) señaló que “la
agricultura comercial origina casi el 70 % de la deforestación en América
Latina”. Los países examinados fueron Argentina,
Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia y Perú.
Aunque este
estudio abarca el período 1990-2005, conviene tenerlo en cuenta porque coincide
con el escenario político, económico e ideológico que fue germen de la
situación actual: el modelo neoliberal del agronegocio. Modelo que básicamente podríamos describir
como la articulación de un complejo agroexportador, con grandes productores y exportadoras
a la cabeza, denominados “pool de siembra”.
Este modelo
se estableció a lo ancho del mundo desde la década de los 70, y en Argentina
logró su máximo esplendor a partir de los 90, cuando se firmó el Decreto de
Desregulación de 1991, por el cual fueron eliminados los organismos que tenían
por finalidad regular la actividad agraria: la Junta Nacional de Granos, la
Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc.
Este nuevo escenario posibilitó -y promovió- la
intensificación de la plantación y comercialización de la soja. Y cobró un nuevo impulso con
la aparición en el mercado la soja transgénica, que rápidamente sustituyó a la
convencional y se convirtió en uno de los principales productos de exportación.
Así, de la mano de la soja transgénica, la siembra directa, la semilla
RR resistente al glifosato, y el modelo expansivo, las empresas transnacionales
se convirtieron en sus principales beneficiarias. Y el impacto negativo cayó
sobre cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de salud pública.
En términos generales, durante el período abordado por este estudio, que
pocas voces se preguntaron en qué medida era perjudicial una excesiva
especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva
dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Un silencio generalizado que fue cómplice
de la creciente pérdida de la soberanía alimentaria, del deterioro ambiental, (con el incremento
en un 43% de las tierras cultivables que avanzaron sobre vastas extensiones,
como la yunga norteña y la deforestación del 45% de los bosques, provocando una
creciente desertificación de los suelos y el agravamiento de inundaciones,
incluso en zonas que hasta entonces no eran inundables; la contaminación con agrotóxicos
de napas de agua y del aire), de enormes
perjuicios para la salud pública (alarmante aumento de la morbilidad y de
la prevalencia de enfermedades asociadas a este tipo contaminación, malformaciones
embrionarias humanas y animales, presencia de glifosatos en la composición de
alimentos de origen animal y vegetal) y
del desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus
hábitats habituales.
Me detengo un párrafo para poner en relieve la gravedad de la pérdida de
bosques. Dado que contienen el 65% de la diversidad biológica terrestre del
planeta, su desaparición no sólo afecta a esta diversidad, sino que se resiente
la provisión de proteínas y plantas medicinales, la conservación de fuentes de
agua, la prevención de inundaciones, y la protección de los suelos
de la erosión. Por otra parte, dado que también funcionan como depósito de
dióxido de carbono –uno de los principales gases de efecto invernadero- la
deforestación se ha vuelto uno de los elementos que contribuyen al cambio
climático. Y el agronegocio se ha vuelto la principal razón de la
deforestación.
Así fue como, a partir del citado Decreto de Desregulación de 1991 –cuando
el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del
mundo- cambiaron los arreglos institucionales referidos a la coexistencia de la
pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria.
Otras medidas adoptadas durante los años 90 se articularon con ésta
conformando la base de sustento para un gran ajuste estructural de corte
neoliberal que contribuyó a la desaparición de numerosas explotaciones
agropecuarias (fundamentalmente aquellas que tenían menos de 200 Hectáreas) y a
la consolidación de los agronegocios de las grandes empresas del sistema
agroalimentario: la liberación al mercado de la semilla transgénica round up
ready RR en 1996; las privatizaciones, desregulaciones y la apertura casi
indiscriminada al exterior, aplicadas al conjunto de la economía en aras de
lograr “una mayor integración a la economía mundial”; las transformaciones del
sistema de procesamiento industrial, la comercialización y la distribución
final de alimentos; y la provisión de insumos (en particular, de semillas, que
le impidió a los agricultores resembrarlas en beneficio del reconocimiento de propiedad
intelectual a Monsanto).
Un gran ajuste estructural –como decía- que repercutió sobre las
tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su
producción y de sus insumos; y que redujo a Argentina a ser considerada como un
país de provisión de recursos, sin importar las consecuencias que su
explotación conllevara.
Un gran ajuste estructural y un magnífico negocio para estos pools de
siembra que se convirtieron en los principales beneficiados del proceso. Tanto
que, cuando durante su primer mandato como Presidenta, las políticas encaradas
por Cristina Fernández de Kirchner tocaron
los intereses de estos pools, fueron defendidos por una alianza entre
opositores políticos, poder mediático y poder judicial, provocando la mayor
crisis política que debió atravesar el kirchnerismo durante sus 12 años de
gobierno.
Desde entonces –y a pesar del vendaval en contra- pudo comenzar
recorrerse un interesante camino. La defensa de la semilla como patrimonio de
los pueblos, la revalorización de los saberes de la agricultura a pequeña
escala y su transmisión a las nuevas generaciones comenzaron a cambiar el
escenario, a partir del esfuerzo de los trabajadores de diversos organismos
como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), que impulsó la
capacitación, formación y dio respaldo a miles de pequeños productores en todo
el país. Según el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el 50% de los
productores de la región pampeana son familiares con fuerte incidencia en la horticultura, apicultura, floricultura y porcinos.
Y si bien hay registradas 27.000 explotaciones o unidades productivas
familiares, se estima que funcionan unas 35.000. El otro 50% son medianos productores
capitalizados y grandes productores.
Esas cifras ponen en evidencia el desarrollo que en los
últimos años adquirieron los pequeños productores y la agricultura familiar
como valor cultural y económico de nuestro país.
Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno del
PRO/Cambiemos este camino se está abandonando.
Durante 2016 –además del
desfinanciamiento de programas- los agricultores familiares no recibieron a
tiempo para su siembra las semillas para la temporada primavera-verano, lo que retrasó
el ciclo natural de las plantas. Y eso sin tener en cuenta que alguna inclemencia climática ponga en más riesgo de fracaso a los cultivos. Pero hay
más: cuando no llega la semilla, también se cae el técnico que asiste
gratuitamente a un grupo de productores para que no tengan que pagar a un
agrónomo. Y así se van desarmando los programas, con una sistematicidad que
durante este año el gobierno mostró en todos los ámbitos de la administración
pública que sabe perfectamente cómo instrumentar: desarticular sin cerrar.
Nada hace prever que situación vaya a mejorar, sino todo
lo contrario. El Presupuesto para 2017 prevé recortes sustanciales en
organismos como el INTA, el SENASA
y otros, amenazando aún más el trabajo territorial con productores y
organizaciones de la agricultura familiar, perjudicando la continuidad de las
actividades de extensión e investigación en los territorios, y afectando
gravemente las economías regionales. Y dado que cerca del 80% de los alimentos
que se consumen en el país son generados por agricultores familiares, muchos los
cuales desaparecerán, se prevén dificultades en el abastecimiento de alimentos
con un consecuente aumento de sus
precios… Por lo que también podemos sospechar que la inflación –a pesar de los
oráculos oficialistas- probablemente no va a bajar. No al menos en lo referente
a la canasta básica.
Una razón adicional por la que es preocupante el
desfinanciamiento de estos programas en el contexto actual de crisis económica,
de ajuste y de empleo, es la que enuncia Marcelo Miranda, técnico del INTA y
referente del Programa ProHuerta para Berisso y Ensenada. Miranda, biólogo de
profesión que trabaja con plantas nativas, plantas medicinales, mimbre y sauce,
afirmó en una entrevista al diario Contexto publicada el 2 de octubre que “se está notando bastante fuerte que la gente
recurre a la huerta para hacer economía en su hogar y porque tiene más tiempo
ocioso, porque el perfil con el que trabajamos nosotros tiene changas o empleos
temporarios. La gente está más tiempo en la casa y necesita parar la olla de
alguna manera”.
Por su parte, Alicia Alem, descendiente de Leandro N. Alem y al frente de una cooperativa
de Cañuelas que participó de la 6º Feria Provincial de Semillas
Nativas y Criollas que se realizó el 1º de octubre en la Estación Experimental
J. Hirschhon, en Los Hornos (La Plata) cuenta que: “Ahora a
la cooperativa están viniendo a pedirnos herramientas, semillas y animales
reproductores. Me hace acordar a 2001 y me asusta”. “Una parte de la sociedad que fue cómplice de la dictadura está
volviendo a instalar el mismo sistema de concentración de la riqueza, de
desigualdad y de exclusión, y eso genera violencia más tarde o más temprano y
no sabemos cómo puede terminar”. “El
camino es la movilización social y las propuestas sin negociar la dignidad”.
Este nuevo camino que hoy nos desafía, de movilización
social sin negociar dignidad, ya ha comenzado a generar acciones de
resistencia, aunque –al menos por ahora- no tengan la publicidad necesaria.
Por un lado, productores, universitarios y representantes
de diversos organismos están enfrascados en pleno debate sobre los dos
proyectos de ley de semillas que están en danza en el Congreso, uno de ellos
impulsado por la Federación Agraria llamado “el anteproyecto Príncipe” (en
referencia a Omar Príncipe, su presidente) y el otro al que llaman la “Ley
Monsanto”, en referencia al proyecto que el gobierno de Macri acordó con el
gigante multinacional transgénico.
Por otro, también hay un interesante trabajo de análisis
sobre la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena que defiende a la agricultura familiar como aporte para la
soberanía alimentaria y la construcción de un modelo de agricultura más
sustentable, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso en diciembre de
2014, pero que todavía no está reglamentada ni tiene financiación.
La conservación, multiplicación y uso de las semillas
nativas y criollas contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria y el
desarrollo integral de los productores familiares en el territorio mediante la
ejecución de políticas de Estado para el sector con la participación de las
organizaciones de la agricultura familiar, campesina y pueblos originarios.
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a
decidir su propio sistema alimentario y productivo; su derecho a consumir
alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma
sustentable y ecológica.
Viviana
Taylor
