Una mirada a las políticas de financiamiento
en Educación Superior
en la Provincia de Buenos Aires
El caso de la Región 9
(y su comparación con algunos datos de la Ciudad de
Buenos Aires)
Por Viviana Taylor
La Provincia de Buenos Aires, con
sus 15,9 millones de habitantes, tiene más población y más superficie que la
mayoría de los países (que 125 de los 196 países) y concentra alrededor del 39%
de la población argentina.
Por eso, para poder entender
hacia dónde va la educación argentina, y cuál es el rumbo que va a tomar en los
próximos 4 años de llegar Scioli a la presidencia, viene bien asomarse a la
educación de la provincia de Buenos Aires.
Y como quizás para muestra basta
un botón, voy a centrarme en la Región 9 (Moreno, Malvinas Argentinas, José C.
Paz, San Miguel). ¿Por qué me parece significativa? Porque está en el segundo
cordón del conurbano bonaerense, densamente poblada, con históricas carencias
que comenzaron a ser atendidas con sistematicidad y respondiendo a un proyecto
de desarrollo con inclusión recién durante los gobiernos kirchneristas, después
de un largo olvido desde las dos primeras presidencias de Perón.
Por eso, esta región de esta
provincia me parece un buen ejemplo para proyectar la dirección posible de
algunas acciones concretas de política educativa, con impacto directo y real en
las personas.
Y como mucho se ha hablado de la
formación de los docentes en relación con la mejora de la calidad de la
educación, voy a focalizar en la inversión presupuestaria realizada durante este año 2015 en Educación
Superior en la Región 9 de la Provincia de Buenos Aires.
Comencemos con algunos datos
generales referidos a la oferta académica.
Sigamos con la cantidad de estudiantes y cuántos perciben programas y
becas que posibilitan el acceso y la continuidad de sus estudios superiores:
Si los desglosamos por instituto,
para que las cantidades no nos abrumen y podamos ver cuántos de ellos asisten a
cada uno:
No es
un detalle menor aclarar que para que estas becas puedan llegar a todos se ha
creado un nuevo cargo para cada instituto: Coordinador Institucional de
Políticas Estudiantiles (CIPE). Los CIPEs articulan las acciones necesarias
para que la información esté disponible para todos los estudiantes del instituto
al que pertenecen, y realizan las gestiones que posibilitan el acceso a las
becas a quienes las demandan.
Además, estos institutos han sido
objeto de inversión presupuestaria para infraestructura, equipamientos y
materiales… pero también para la oferta de postítulos que, en relación con otros
programas y planes –como el Plan Nacional de Formación Permanente Nuestra
Escuela- constituyen y concretizan la formación permanente de los docentes.
Estos números son apenas un
detalle. Los he tomado para divulgarlos porque son los que suelen quedar
invisibilizados, incluso para muchos docentes que –por ejemplo- desconocemos
cuántos de nuestros estudiantes comparten con nosotros la cotidianeidad
académica gracias a las becas que sostienen la continuidad de sus estudios. O
que no reparamos –porque durante estos años lo hemos naturalizado- en la
permanente provisión de nuevos recursos y materiales.
Pero estos números, que de por sí
son sumamente significativos y relevantes, no están contemplando los subsidios
por $80.000 que recibieron las escuelas (no sólo institutos superiores) en
diciembre de 2014 para reparaciones edilicias y que –gracias a las obras que se
realizaron durante el verano, con el compromiso de muchos equipos directivos
que no se tomaron las vacaciones para poder controlarlas- permitieron que
docentes y estudiantes se encontraran a la vuelta de sus vacaciones con sus
escuelas en mejores condiciones que como las habían dejado en diciembre. Por
citar un ejemplo, el edificio que comparten la unidad académica de la Escuela
Normal Superior de San Miguel (ex Nacional) y la EES 6 Juana Manso en San
Miguel percibió el subsidio para cada nivel (sin contar con el Jardín 913, ya
que se estaba construyendo el nuevo edificio que ya fue inaugurado en
septiembre) con lo que las reparaciones
y mejoras edilicias contaron en realidad con $320.000.
Estos números tampoco contemplan
los viajes a Tecnópolis, en Mi Primer Vuelo y la visita a ciudades turísticas
(estos dos últimos durante dos días, con alojamiento en hoteles con pensión
completa) en los FFCC recuperados que hicieron muchísimos contingentes de
estudiantes, sin otro esfuerzo que el de subirse a los medios de transporte que
los llevarían y traerían. Ni los viajes de egresados para chicos que no
hubiesen podido acceder a ellos de otro modo. Ni el encuentro de Jóvenes y
Memoria –que se está realizando en este mismo momento en Chapadmalal y donde nuestros
jóvenes muestran y se muestran el trabajo realizado durante el año en talleres realizados
en centros de agrupaciones políticas y comunitarios, universidades, y escuelas
fuera del horario escolar-. Ni el trabajo desde los Patios Abiertos y los
Centros de Actividades Juveniles que llenan tantas escuelas los días sábado,
con actividades recreativas, deportivas y educativas que son una alternativa
para el ocio y el tiempo libre.
Frente a estos datos, ¿cómo se
posiciona Mauricio Macri al frente de la alianza PRO/Cambiemos?
Vayamos a algunos ejemplos bien
puntuales: hace apenas unos días, a través del Decreto 2358/15, el Gobierno
Nacional promulgó la Ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del
Estado en Educación Superior (más conocida como Ley Puiggrós) por la cual el
Estado Nacional garantiza la gratuidad de la educación universitaria y los
estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires garantizan la de la educación
superior (los institutos superiores de formación docente y técnica),
considerando a la educación un “bien público” y un “derecho humano”.
El 5 de junio de 2013 esta ley
había obtenido media sanción en Diputados, cuando el único bloque que se opuso
fue el del PRO, del que formaban parte la ahora candidata a vicepresidente
Gabriela Michetti, y un eventual candidato a ministro de economía Alfonso Prat
Gay. El diputado Eduardo Amadeo, que por entonces pertenecía al bloque Frente
Peronista y ahora está en Cambiemos se opuso al proyecto porque consideró que
en la universidad pública “hay una
invasión de extranjeros y de gente que viene de la escuela privada”. Cuando
hace unos días se volvió a debatir la ley en el Senado, el candidato a
presidente Mauricio Macri ya había cambiado su discurso en los medios (aunque
no así “puertas adentro” entre quienes considera afines a sus propuestas) y por
eso, aunque el bloque de senadores del PRO había adelantado que votaría en
contra, a último momento los dos
senadores que lo componen (Gabriela Michetti y Diego Santilli) se retiraron del
recinto, por lo que figuran como ausentes.
No debemos olvidar que, además,
este año 5000 niños volvieron a quedarse fuera de la escuela pública en la
Ciudad de Buenos Aires, a la par que se cerraban grados y se perdían cargos
docentes por supuesta falta de matrícula. Ni podemos obviar contextualizar
estos datos en un presupuesto educativo del cual el 16% se destina a la
educación privada mientras que apenas el 1,8% a la infraestructura escolar
pública (las transferencias a la educación privada se incrementaron 291% entre
2007 y 2013, coincidiendo con el primer mandato y parte del segundo de Macri
como Jefe de Gobierno de la Ciudad, mientras que la inversión en
infraestructura y equipamiento bajó un 55% entre 2001 y 2012, y volvió a bajar otro
19% entre 2012 y 2013).
Con dos botones de distinta
muestra, alcanza para comparar. Y aquí tenemos varios.
Viviana Taylor
