viernes, 8 de marzo de 2013

Expoagro 2013: de esto no se habla


Por Viviana Taylor

 

Mientras lo difundía por Facebook y Twitter, estuve bromeando con que mi post sobre los asistentes a la inauguración de Expoagro parecía un “post en vivo” por la celeridad con que iba actualizándolo.

Esta vez, nada de ediciones ni actualizaciones. Lo que voy a relatar merece un posteo propio, con señalizaciones y luces de colores invitando a entrar. Así que avisé: va con señalizaciones e invitaciones. Así de relevante lo creo.

Y la cosa no es para menos. Los hechos ocurrieron durante la inauguración de Expoagro 2013, a la que ya me estuve refiriendo.

Resulta que después de compartir un lunch con otros funcionarios del PRO, el inefable intendente del Municipio de Malvinas Argentinas (Conurbano Bonaerense) Jesús Cariglino, levantó su copa y pidió un brindis.

El asombro de varios de los asistentes no fue menor: el brindis pedido era por la desaparición física (sic) de Hugo Chávez.

Claro que el asombro no siempre termina en desaprobación. El asombro no es más que sorpresa por la ocurrencia de lo inesperado. Por eso, recuperados de su asombro, algunos reaccionaron con beneplácito. Y así fue como el intendente de San Isidro -Gustavo Posse- , el de Vicente López –Jorge Macri- y el cómico sojero devenido político Miguel Del Sel también levantaron sus copas, sumándose al mismo.


Lo que sus allegados comentan que hizo en privado al enterarse del fallecimiento de Néstor Kirchner, esta vez se animó a hacerlo en público. Quizás, porque el contexto de Expoagro le resulta más acogedor a sus motivaciones e intereses. Quizás, porque nadie puede engañar a todos durante todo el tiempo. Quizás porque la compañía era de su extrema confianza y eso debilitó la inhibición a la que -si no nos somete la moral ni la ética- nos aconseja la prudencia. Quizás.

Lo que sí es seguro es que este es el año electoral más honesto de todos: más allá de lo que se diga y publicite en los medios, las caretas se han ido cayendo como nunca antes; las miserias privadas se han expuesto en público de un modo sólo comparable al del menemismo, y –al menos en esto- lo ha superado. Es el año electoral más honesto de todos porque no ha quedado lugar para la excusarse en ingenuidades ni inocencias. Quien los vote, los votará conociéndolos: no sólo por lo que dicen y prometen, sino esencialmente por lo que son y hacen. Nunca antes elegidos y electores tuvieron la oportunidad de identificarse de semejante manera.
 
Por Viviana Taylor
 



 
A las personas nombradas en este posteo les envié un mensaje para pedir confirmación de la información. Si hay respuestas, serán publicadas.
 
 

miércoles, 6 de marzo de 2013

Expoagro 2013: Pero mirá quién vino a la fiesta...

 
Por Viviana Taylor

En estos días, entre el martes 5 y el viernes 8 de marzo, se está desarrollando Expoagro en el Corredor Productivo Baradero – San Pedro.

Para muchos, quizás una presencia entre las personalidades destacadas puede haber llamado la atención. La mujer que se ve sobre el margen izquierdo de la fotografía es Marcela (Noble) Herrera. Sí, una de las herederas de Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín, emblema del Grupo.


¿Qué hacía Marcela (Noble) Herrera inaugurando Expoagro 2013?

Tanto Clarín como La Nación están asociados en la organización de la feria anual Expoagro, en la que todos los años se realizan negocios millonarios vinculados a los productos transgénicos y los agroquímicos.

Los datos están en la propia página oficial de la organización, que cuenta que “Expoagro es una muestra agropecuaria a campo abierto que se realiza una vez por año y dura cuatro días. Se emplaza siempre en diferentes campos de las zonas agrícolas con mayor potencial productivo de Argentina; de las mejores tierras del mundo. Allí se acondiciona el predio para la exposición donde casi un millar de stands de diferentes empresas expondrán los bienes, insumos y servicios que se necesitan en el campo para producir granos y carne”.


Es el propio sitio el que cuenta que sus accionistas son los diarios Clarín y La Nación, no dando cuenta de ningún otro. Y le dedica un apartado a la indicación de que promociona semilleros y agroquímicos, “donde las empresas líderes en investigación biotecnológica y agroquímica exhiben en cada campaña los materiales y soluciones que sustentan la rentabilidad del productor agropecuario”.

Y es precisamente en el punto de esas palabras donde podemos ver entrar a jugar a un tercer socio: la empresa Monsanto.

 

El 1 de marzo de 2006, en su sitio oficial en Argentina, Monsanto publicó un artículo llamado 50 Años de compromiso con el campo argentino.

En él cuenta que la compañía había decidido celebrar 50 años en Argentina con una importante presencia en Expochacra y Feriagro, y con el relanzamiento de la UEDAP (Unidades Experimentales de Alta Producción).

 

¿Por qué era tan importante la presencia en estas ferias y el relanzamiento de la institución?

En el mismo artículo se da cuenta de que toda la acción estaba centrada en la promoción de una única idea dominante: una nueva generación de semillas transgénicas. Nuevas semillas sobre las que se fundamenta el gran negocio de Monsanto: la venta agroquímicos y de semillas resistentes a los altos niveles de contaminación que generan y genéticamente estériles (lo que obliga a la recompra para una nueva siembra).

Pero había algo más: el relanzamiento de la UEDAP.

Las UEDAP son centros de transferencia tecnológica al campo. En ellas se realizan los ensayos de investigación y desarrollo cuyo principal objetivo es generar y transferir información relacionada con el cultivo del maíz en distintas zonas agroecológicas. Las instituciones que la conforman son AAPRESID y AACREA, junto con las siguientes empresas:


AGRINPLEX - Silo Bolsa
BALANZAS HOOK - Balanzas
BANCO GALICIA
BAYER - Agroquímicos
BERTINI - Sembradoras
BASF - Agroquímicos para girasol
CESTARI - Tolvas
CLAAS - Cosechadoras
MERCOBRAS - Equipos meteorológicos
PALOU - Embolsadota
PLA - Fumigadoras
PROFERTIL - Fertilizantes
RIZOBACTER - Agroquímicos
TOYOTA - Pick Up
VALTRA – Tractores
CLARÍN RURAL – Medios de comunicación

Y con esta última empresa se cierra el círculo de la asociación entre Clarín, La Nación, y Monsanto. Un círculo cuyos hilos se anudan en Expoagro a través de la UEDAP.


Por supuesto que a esta asociación entre medios de comunicación y multinacionales, hay que sumarle la pata del Estado. Claro que aquí el análisis no es tan simple.

Por un lado, es cierto que el Estado recauda una importante cantidad de dinero a través de las retenciones que fija a los productores de granos.

Por otro, también es cierto que no hay controles rigurosos ni suficiente atención a las denuncias motivadas en las pocas investigaciones serias sobre los efectos de los agroquímicos sobre la salud y el ambiente. Y esto en gran parte debido a que los proyectos que se remiten al Congreso para regular el uso de agroquímicos nunca terminan de llegar al recinto para su aprobación. Y la razón fundamental es que hay muy fuertes intereses tanto de las multinacionales como Monsanto, como de los grandes pooles de siembra –atrincherados en la Sociedad Rural- que ejercen presiones para nosotros ya bien conocidas cuando ven afectados sus intereses.


Si hacemos un poco de historia (un poquito, nada más) podemos ejemplificar claramente cómo actúan en asociación:

El 19 de enero de 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dictó el Decreto 21/2009, a través del cual se creó la Comisión Nacional de Investigación, que funciona con sede en el Ministerio de Salud. Entre sus objetivos, señala:
3º- Delinear pautas para contribuir al uso racional de químicos y agroquímicos.
9º-Proponer campañas de concientización y educación sobre el uso, manipulación de químicos y agroquímicos.
Y si los consideramos en relación con el 5º- Identificar los problemas generales en la atención sanitaria de la población afectada, se puede comprender que la empresa Monsanto estuviera particularmente preocupada por el destino de sus negocios en el país. Sobre todo cuando leemos en los considerandos del Decreto que se hace mención especial al Barrio Ituzaingó, un caso emblemático de contaminación por las fumigaciones con glifosato en zonas urbanas y periurbanas. No quedaban dudas de que era una destinataria clara de las acciones de la Comisión recién creada. Rápidamente acusó el golpe, y de la manera en que suele hacerlo en cada país y en cada situación en la que se siente amenazada.
Como si fuera poco, el 15 de abril de 2009, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas inició una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que solicitó una serie de medidas de protección del ambiente y la salud de la población nacional ante las consecuencias de la utilización del glifosato (el agrotóxico comercializado por Monsanto), invocando el principio precautorio del derecho ambiental. Si bien los demandados fueron el Estado Nacional y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, a Monsanto se lo cita como “tercero interesado”.
Justamente fue para esta época que los medios periodísticos anunciaron un trabajo de investigación de Andrés Carrasco al que me referí en un artículo anterior –La guerra de la triple alianza: Monsanto–Clarín–La Nación- sobre malformaciones neuronales, intestinales y cardíacas producidas por el glifosato sobre embriones humanos. Además de su cargo de subsecretario de Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Defensa, Carrasco tenía una larga experiencia como investigador del CONICET; pero nada de esto lo salvó de ser difamado tanto en los diarios Clarín como La Nación, como también conté en ese mismo artículo. Sin embargo, diversas instituciones y organizaciones se solidarizaron, denunciando la campaña de difamación y amenazas.
La interpretación más curiosa fue la de las cámaras del sector agropecuario, que adhirieron a las versiones de que todo se trataba de una campaña de desprestigio, pero se erigieron a sí mismas en las víctimas de la misma, sosteniendo que el trabajo de Carrasco había sido orquestado por el Poder Ejecutivo en venganza por el paro de las patronales agropecuarias en 2008, debido a las retenciones a las exportaciones de soja.

A partir de entonces se han sumado investigaciones que han dado cuenta de la presencia de sustancias tóxicas derivadas del uso de glifosato en granos maduros y verdes de soja, en el suelo para la siembra, y las napas freáticas. Pero también se han seguido publicando notas en Clarín y La Nación en apoyo de su uso.


¿Por qué Clarín y La Nación apoyan el uso de glifosato?

La respuesta es simple: porque mueve miles de millones de dólares por año. Y el hecho de que ha ido dejando cientos de pueblos contaminados a su paso parece –frente a la contundencia de los números verde soja/verde dólar- un costo menor.

15 de junio de 2012:
Mientras en Paraguay se estaba produciendo la tragedia de Curuguaty, cuyas consecuencias se proyectarían hacia la destitución del Presidente Lugo, Monsanto –entramada en la red de asociaciones que derivó en el asunto en cuestión- anunciaba inversiones en Argentina por más de $1.600 millones. Las amenazas del 2009 demandando a nuestro país el reconocimiento de la propiedad intelectual de sus tecnologías, evidentemente habían sido bien entendidas y las cartas se estaban acomodando a su gusto y antojo.

El anuncio se hizo en el contexto de la reunión que se produjo en Nueva York, entre la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los directivos de la empresa, quienes le anunciaron el plan de inversiones, que contempla el desarrollo de una planta de producción de maíz en Córdoba, de Programas de Investigación y Desarrollo de maíz y soja, la construcción de dos nuevas Estaciones Experimentales (una en Córdoba y otra en Tucumán); investigación local en biotecnología y la expansión de laboratorios. Al igual que en las otras ocasiones, las inversiones cubren todos los flancos de la empresa. Y es evidente que se prevé un rol clave de Argentina en sus negocios, ya que estarán aquí las dos plantas más grandes del mundo en producción de semillas –ambas pertenecientes a la firma Monsanto-.

Para algunos medios no alineados a Clarín y La Nación –recordémoslo, asociados a Monsanto- la reunión fue un real retroceso en el marco de la lucha contra la empresa. Sin embargo, no debería desconsiderarse que son demasiados los sectores sentados al otro lado de la mesa. Junto con Monsanto, además de Clarín y La Nación, se alinearon la Sociedad Rural, los gobernadores de Córdoba y Tucumán –directamente interesados en el acuerdo- y los socios políticos de la patria sojera en pleno, con Santa Fe a la cabeza. No es poca cosa.


Estos días vuelven a reunirse en donde más cómodos se sienten. Expoagro los convoca y espera.

 
 

Una perlita:
Hoy, miércoles 6 de marzo, mirá quién viene a las 15 hs…

Seguramente a defender los derechos de sus representados. O no.

 
 
 
 



El Momo Venegas, Roberto Lavagna y Eduardo Amadeo.



Para el final... el jueves siguió la fiesta. Y mirá quiénes se sentaron a comer juntos:
Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente no necesita presentación, así que comenzaré desde ahí. A su izquierda se sentó José Claudio Escribano, accionista de La Nación quien -hasta hace poco- ofició como subdirector del diario. Se especula con que, además de la evidente protección mediática que le brinda el diario, Escribano será nombrado como asesor de Macri. Si bien esta fotografía fue publicada el viernes por el Diario Clarín, no es nombrado entre los presentes, y estos datos no menores -por supuesto- tampoco aparecen.
Sí, en cambio, en la publicación se nombra a Roberto Lavagna, a quien señala como candidato a senador por el PRO.
También se pueden ver al referente de la UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, al diputado Eduardo Amadeo, a Carlos Melconian (ex economista de Carlos Menem y posible candidato del PRO en la Pcia de Buenos Aires), a Alfredo De Angeli -de la Federación Agraria-, al ministro de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Guillermo Montenegro, y al intendente de Malvinas Argentinas Jesús Cariglino, de quien contaré algo más en un post aparte.



 
Por Viviana Taylor

jueves, 7 de febrero de 2013

Tribilín: los jardines maternales en la mira


Viviana Taylor
 

Tribilín es un personaje de historieta. Lo sé porque cuando era pequeña leí varias, y lo sé porque hoy –con mucha escuela caminada- estoy escuchando azorada la historieta que se está escribiendo sobre este supuesto Jardín Tribilín.

Las de mi infancia llenaron el concepto con justicia. Estas no: lo que debería ser un escándalo por los hechos y los responsables, se está convirtiendo en un escándalo por los hechos y lo que se oculta. Aunque, la verdad, no veo muchos escandalizados por esto último.

Lo que no termino de entender es si se trata de un verdadero ocultamiento, que en el momento en que escribo estas palabras –escucho sorprendida, pero no del todo, que me cuentan las noticias América- se está cobrando chivos expiatorios corporizados en dos inspectoras de educación; o si se trata de lisa y llana ignorancia, que también se está cobrando dos chivos expiatorios.

Vamos de a poco, porque el tema es complejo. Espero echar un poco de claridad sobre tanta oscuridad que estratégica y políticamente ampara demasiada e injustificada inoperancia.


Hablando de los jardines de San Isidro

La Municipalidad de San Isidro cuenta con 12 jardines de infantes propios (esto es, aparte de los que gestiona la Provincia de Buenos Aires dentro de su territorio). Todos ellos funcionan en dos turnos: de 8 a 12 y de 13 a 17 hs.

Cualquier inquietud o consulta que se tenga sobre ellos puede ser evacuada en la Dirección de Educación (Ituzaingó 531) de lunes a viernes, entre las 8 y las 16 hs. O llamando a 4512-3361/ 3243/ 3219.

Hasta ahí, todo bien. Pero resulta que, según el blog Comunidad Educativa Zona Norte, además –a través de la Subsecretaría de Acción Social- “mantiene jardines maternales que atienden las necesidades de los vecinos más pequeños del distrito, como así también sus padres.”

¿Por qué a través de la Subsecretaría de Acción Social y no de la Dirección de Educación?

En el blog se cita al Jardín Maternal Municipal Santa Rita, ubicado en Céspedes 2942, Villa Adelina (4513-7825): “Este establecimiento tiene una capacidad para 120 niños, de entre 45 días a 3 años. Se trata de una institución que atiende las necesidades biológicas y psicosociales de los niños en las edades establecidas precedentemente, apuntando al desarrollo integral de la personalidad”.

Nombra, además, al Jardín Maternal Municipal Santa Marina, ubicado en Tiradentes 1676, Boulogne (4513-7812): “Cuenta con capacidad para recibir 30 niños de entre 45 días y 3 años, su organización y objetivos, así como los servicios que prestan (sic) tienen las mismas características que los (sic) del  Jardín Maternal Santa Rita”.

Y por último al Jardín Maternal Municipal San Antonio, en Tomkinson 2300, San Isidro (4512-3182): “Cuenta con capacidad para recibir 40 niños de entre 45 días y 3 años. Su objetivo principal apunta a satisfacer todas las necesidades biológicas del niño, estimular y controlar (sic) su estructura psíquica, teniendo en cuenta el desarrollo integral del mismo. A su vez, brinda apoyo a las necesidades socioeconómicas y psicológicas de las familias.”

La referencia para pedir información sobre los jardines maternales municipales es la Subsecretaría de Acción Social -Don Bosco 411, San Isidro- 4512-3174/75. Y es aquí donde comienzan las irregularidades. Si hacemos un poco de historia, va a quedar claro por qué:


Hablando de los jardines de infantes. Un poco de historia
Hay una razón histórica que explica por qué los jardines maternales pueden haber quedado bajo la órbita de Acción Social. Que explica pero que no justifica, claro. De hecho, cuando se trata de hacer un poco de historia del Nivel Inicial en Argentina, el primer antecedente del cuidado de la infancia lo encontramos en la Casa de Niños Expósitos, fundada en 1779 por el Virrey Vértiz, para el cuidado de los niños abandonados.

Cuando se comenzó a pensar en la estructuración del sistema de instrucción pública estatal, se lo hizo en respuesta a un orden conservador cuya meta era la homogeneización, la centralización y el disciplinamiento de la sociedad. Dentro de ese contexto de ideas, Sarmiento propuso un modelo de institución educativa para la primera infancia, inspirado en el modelo de las cunas públicas y las salas de asilo de Francia, destacando su importancia justamente como lugares de homogeneización social temprana, capaces de modificar las pautas culturales familiares.

A pesar de que en 1870 ya había sido creado el primer jardín de infantes -fundado por Juana Manso, con subvención del Estado de la Ciudad de Buenos Aires-, y de que en 1875 se había sancionado la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires, que estipuló que la función de los Consejos Escolares de Distrito era la creación de escuelas y de jardines de infantes, a principios del siglo XX el jardín de infantes era todavía fuertemente cuestionado. Leopoldo Lugones defendía la idea de que eran poco eficaces y perjudiciales para los niños, y que no debían iniciar su escolaridad antes de los 7 años. Paralelamente, la inserción laboral de la mujer a través de la docencia era fuertemente cuestionada por una sociedad católica y patriarcal. Y así fue como no sólo el crecimiento del nivel se detuvo, sino que se cerraron muchos jardines.

Con Yrigoyen llegaron las influencias de la llamada Escuela Nueva: un movimiento de renovación pedagógica basado en el respeto por las diferencias y los deseos de los alumnos, el aprendizaje en contacto con la naturaleza, el aprendizaje placentero, por el arte y la libre expresión. La educación inicial comenzó un proceso de jerarquización, e inició el camino para abandonar la idea de “guarderías” y avanzar hacia la de “jardines maternales”. Pero con el golpe militar del 76, el nivel volvió a sufrir ajustes y reestructuraciones; se prohibieron libros de niños y se determinaron qué canciones podían escuchar.

Con el regreso de la democracia, el Nivel volvió a tomar impulso, aunque recién con la Ley Federal de Educación (1993) se definieron sus objetivos y explicitaron los contenidos a través de los Contenidos Básicos Comunes.

A pesar de todos sus vicios, la Ley Federal de Educación tiene un mérito: fue la primera en organizar la educación argentina. Es la ley que plateó la obligatoriedad de la sala de 5 años, aunque no definió la responsabilidad político-económica de las salas de 4 y 3 años, ni del jardín maternal, quedando delegada la responsabilidad a las posibilidades de cada jurisdicción.

En el año 2006 se sancionó la Ley de Educación Nacional  26206, hoy vigente. Esta ley reconoce al Nivel Inicial desde los 45 días hasta los 5 años, quedando así jurídicamente organizado.

De esta manera, el Jardín Maternal forma parte del Nivel Inicial, aunque en la Provincia de Buenos Aires –y seguramente en todas las otras jurisdicciones- todavía no se cuenten los suficientes jardines estatales para dar respuesta a esta necesidad.

La primera y obvia consecuencia del hecho de que los jardines maternales formen parte de la estructura del sistema educativo es que estos son instituciones educativas y no de asistencia social. En consecuencia, deben cumplir con los contenidos que tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecen.

Otra consecuencia es que, al formar parte de la estructura del sistema, el Nivel Inicial está atravesado por diferentes modalidades:

·        Educación Artística: y así acceden a profesores de las especialidades.

·       Educación Domiciliaria y Hospitalaria: que garantiza el acceso a la educación de los niños que por razones de salud se encuentran imposibilitados de asistir a la escuela.

·       Educación en Contextos de Encierro: sostiene la escolaridad para los niños menores a 4 años que están acompañando a sus madres, en situación de cárcel, promoviendo –además- su socialización fuera del contexto carcelario.

·       Educación Especial: para garantizar el acceso a la educación de los niños con necesidades educativas especiales, derivadas de alguna forma de discapacidad temporal o permanente.

·       Educación Intercultural Bilingüe: para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer su cultura, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica.

·       Educación Rural: a través de estrategias de fortalecimiento del nivel y capacitación de los docentes para el trabajo en salas multiedad.


¿Quién enseña en los jardines?
La formación de los docentes se realiza en los Institutos Superiores de Formación Docente, que comprenden tanto las Escuelas Normales en su nivel superior como los Institutos Superiores de Formación Docente dependientes de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.

·       A nivel nacional, se definen los marcos, principios, criterios, contenidos comunes y formas de organización.

·       A nivel jurisdiccional, de cada provincia y de la CABA, se desarrolla el diseño y plan de formación.

·       A nivel de cada institución, se definen las propuestas y acciones concretas.

La carrera de Profesorado de Nivel Inicial comprende un mínimo de 2600 horas reloj, a lo largo de cuatro años de estudios de educación superior. Y el título que se obtiene es Profesor/a de Educación Inicial.

Para acceder se debe poseer un título de nivel medio/secundario. Muchas jurisdicciones exigen además un examen psicofísico, y algunas –como en el caso de la Provincia de Buenos Aires- exigen uno de aptitud fonoaudiológica para poder realizar las prácticas docentes a partir de 2º año.


¿La educación privada también debe respetar estos principios?
La Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) tiene la responsabilidad de administrar, supervisar y acompañar al subsistema de Gestión Privada conforme con las políticas del Ministerio de Educación (Decreto 2075/07).

La Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, DIPREGEP, dependiente de la Subsecretaría de Educación, es el área específica para la supervisión, fiscalización, control y acompañamiento de las instituciones educativas de gestión privada. Entre sus obligaciones reconoce la aplicación estricta de los diseños curriculares aprobados para el conjunto del sistema educativo.
 
O sea, más allá de los mitos y creencias, la educación privada está controlada por el Estado, y debe cumplir con los mismos lineamientos que la educación estatal.


¿Qué dicen quienes tienen algo que decir
sobre el Jardín Tribilín?

En su blog Comunidad Educativa Zona Norte, la periodista Lea Giarrocco publica un artículo titulado San Isidro: Maltrato en el Jardín Tribilín. Con los chicos, NO, también publicado en otro de sus blogs, El Sanisidrense.

Como casi todos los medios, aclara que el jardín no estaba inscripto en la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada, pero en un párrafo se juega con una afirmación que llama mi atención. Copio textualmente:

“Toda la comunidad educativa esta (sic) en el ojo de tormenta tras este problema. Desde DIPREGEP tendrían que salir todos los Inspectores a verificar Jardín por Jardín, ya que se comenta en el ambiente que hay varios establecimientos que no están en regla.”

Cuando dice “todos los Inspectores”, ¿a quiénes se refiere? ¿A todos, todos? ¿O a quien tiene a su cargo la supervisión del nivel?

Por otra parte, ¿cómo supervisar lo que, según el párrafo anterior, para la Dirección no existe?

¿Se espera que tracen una cuadrícula en San Isidro y peinen todo su territorio, buscando en cada casa de familia, en cada salón infantil, en cada patio de juegos, en cada club de barrio, si está funcionando un jardín clandestinamente?
Y cuando habla de "ambiente", ¿de qué ambiente habla? Y si en cierto ambiente se habla del conocimiento de irregularidades de este tipo, ¿cómo es que no se denuncian? ¿Están esperando a que ocurra algo para -como muchos vecinos dijeron ante las cámaras- salir en público a comentar lo que ellos ya sabían y callaron? ¿Nadie se siente culpable por encubrimiento? ¿Nadie tiene, al menos, el pudor de callar ya que no habló cuando debió hacerlo? Ese misterioso ambiente en el que se comentan cosas, tiene ahora la oportunidad de hacer lo correcto. O sumarse a las huestes de los que no hablan cuando deben, pero fabulan cuando otros salen a hablar...

En el mismo artículo, se cita a la Tesorera del Consejo Escolar, Carolina Petikic, quien explicó las condiciones que debe cumplir un jardín privado:

a- Inscripción en DIPREGEP con su número correspondiente.

b- Habilitación edilicia municipal.

c- Personal educativo idóneo con título habilitante, auxiliares y médico pediatra.

Pasemos de la inscripción en DIPREGEP, que ya sabemos que no existió. Y, en la lógica de la burocracia, lo que no existe no se controla: porque no existe.

Pero respecto de la habilitación municipal no podemos decir lo mismo. Numerosas versiones sostuvieron durante estos días que había una habilitación del lugar como salón de fiestas infantiles, pero que dicha habilitación estaba vencida.  Si esta habilitación existió, durante algún momento de los 16 años de vida de este jardín, ¿en ningún momento se acercó un inspector municipal a controlar que lo que allí funcionaba era lo que estaba declarado? ¿No se pidió habilitación para el cartel del frente, o eso tampoco fue controlado? ¿Durante 16 años no se programó ninguna desinfección, desinsectación ni desratización, en el transcurso de las cuales se hubiese llegado a sospechar irregularidades? Si allí se suponía que funcionaba un salón de fiestas infantiles, y si estaba habilitado para servir comida, ¿nunca intervino bromatología? ¿Cuántas personas tienen que estar distraídas, durante 16 años, para que nadie –nunca- haya advertido nada?

De hecho, en la página oficial San Isidro/Prensa, respecto de las habilitaciones de comercios, dice: “La Municipalidad tiene la responsabilidad sobre el inicio como también sobre el retiro de habilitaciones comerciales, industriales, depósitos y extensión de permisos de electromecánica (instalaciones eléctricas y ascensores).”
Entonces, me pregunto: cuando la habilitación venció, ¿nadie controló si el negocio declarado seguía existiendo? Y si se la había dado de baja, ¿nadie controló que se estuviesen cumpliendo las condiciones para su retiro?

Por eso las declaraciones -al menos tal como están citadas en la nota- de la vicepresidente del Consejo Escolar de San Isidro Mirta Ramírez, respecto de que “es responsabilidad de los Inspectores de gestión privada (DIPREGEP), y que tanto el Consejo Escolar de San Isidro como así la Municipalidad no son responsables del accionar privado educativo” suenan a palabras vanas. En este caso, la no responsabilidad del municipio no es algo que se pueda seguir sosteniendo sobre la base de estos hechos.

Por supuesto, tanto las Consejeras Carolina Petikic como Mirta Ramírez, repudiaron el proceder del Jardín Tribilín y recomendaron a los padres que antes de inscribir a sus hijos en un jardín de educación privada corroboren si están habilitados y con personal con título habilitante.

Pero no es fácil hacerlo. La mayoría de los padres no es capaz de distinguir entre una habilitación municipal como local comercial y un nº de DIPREGEP que reconoce a una escuela; ni entre un título docente habilitante y uno de esos cursos tan publicitados para recibirse de maestra jardinera en 1 año. Para eso está el Estado, en este caso municipal: para ejercer la vigilancia y los controles que los vecinos le han delegado.

Por su parte, la Directora General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires Nora De Lucía, y el Secretario de Niñez y Adolescencia Pablo Navarro, denunciaron ante la fiscalía de turno a los dueños, directivos y maestras del jardín. Podríamos preguntarnos qué jurisdicción tienen para intervenir, dado que este jardín no pertenece a la estructura del sistema educativo de la provincia. Bien, fueron rápidos de reflejos e hicieron lo que debían hacer: la denuncia fue por maltrato a los niños. Unos reflejos que debió haber tenido el Intendente Gustavo Posse, quien se preocupó más por excusarse en la ignorancia y mostrarse antes víctima que buscar a los verdaderos corresponsables por incumplimiento de sus funciones de control en el ámbito municipal. Una corresponsabilidad cuyo eco sonaba demasiado cerca.

De Lucía, además, instruyó a la Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social para que preste asistencia profesional a los niños que concurrían a este jardín.

Y fue más allá todavía: inició un sumario administrativo y separó de sus cargos a la Inspectora Regional Mónica Seal y a la Inspectora Distrital de San Isidro Patricia Naso, mientras dure la investigación para determinar presuntas responsabilidades. Por mi conocimiento sobre el sistema, y en relación con los datos que manejo (si no hay otros que desconozco) me atrevo a aventurar que las Inspectoras serán restituidas en sus funciones, libres de toda culpa y cargo. Me gustaría que se avanzara en investigaciones a nivel municipal porque todo parecería indicar que lo ocurrido estuvo facilitado por una cadena de corrupción y desidia vinculada con los mecanismos de habilitación municipal.


Y ahora… ¿qué?

Según los datos disponibles, la educación inicial en nuestro país avanza. Tiene sus muchas luces y brillos, pero también sus sombras; sus  avances y sus déficits.

La inclusión de niños de entre 45 días y 2 años en los centros educativos del país no llega todavía al 10%, pero se ha avanzado mucho en los últimos 4 años.

De los niños de 3 años, más del 40% concurre a establecimientos educativos. A los 4 años llegan al 75% y a partir de los 5 años la asistencia es casi total. No es poco en un país donde el 23,7% de los chicos menores de seis años vive en la pobreza, y para los que la educación la única esperanza para superarla.

Con la promulgación en el 2006 de la Ley Nacional de Educación, vigente en la actualidad, se incorporaron los jardines maternales a la organización de la Educación Inicial, y se promueve la universalización de la sala de 4 años (es decir que, sin hacerla obligatoria, esté garantizado que todos los niños tengan vacantes disponibles para su asistencia).

Y con la sanción en 2007 de la Ley Nº 26.233 sobre Centros de Desarrollo Infantil, a través de la cual se los promueve y regula, se crearon estos “espacios de atención integral de niños y niñas de hasta 4 años de edad, que además realicen acciones para instalar, en los ámbitos familiar y comunitario, capacidades que favorezcan la promoción y protección de los derechos de niños y niñas”.
 
Lo que se busca es subsanar las consecuencias de las desigualdades socioeconómicas en el rendimiento escolar de los alumnos más pequeños. Dar más y mejor cobertura a la escolaridad de los sectores sociales que más podrían beneficiarse de ella.

 

Viviana Taylor


Al cierre de esta nota: Concejales descubrieron que San Isidro reconocía al jardín de los maltratos como establecimiento educacional

La intendencia lo calificó de esa manera en un decreto de 2002, publicado en el Boletín Oficial, para eximirlo del pago de tasas. "Esto implica que el municipio conocía al establecimiento y la actividad que se realizaba en él”, consideraron los ediles Leandro Martin y Marcos Hilding Ohlsson, quienes ahora presentarán un pedido de informes. Para leer la nota completa

San Isidro: la suegra de Posse era la que tenía que controlar el jardín Tribilín

María de los Ángeles Broggi es la directora de Educación del distrito y quien debía advertir a la comuna que la institución funcionaba y se maltrataban a los chicos. La oposición detectó que Posse la había eximido de impuestos, por lo que sabía de su existencia. Para leer la nota completa