Elecciones 2021 - Cómo pensamos San Miguel desde el Frente de Todos-PJ - 2° parte

 

Juanjo Castro – Sabrina Del Oro

#AhoraJuanjo

 

Por Viviana Taylor

 

En la introducción a esta serie de artículos afirmé que estas elecciones de medio término son una oportunidad para que en San Miguel  comencemos a transitar el camino hacia un gobierno municipal alineado con los intereses de todos. Y que para lograrlo necesitamos compromiso, honestidad  y preparación. Pero que sólo con eso no es suficiente. También es necesario tener un proyecto claro: saber dónde estamos, con qué contamos, qué necesitamos, qué soñamos, hacia dónde queremos ir, y cómo llegar.

También expuse algunas de las ideas sobre economía, comercio, obras y servicios públicos, que nos motivan para recorrer ese camino. (Enlace a la 1° parte)

Hoy me ocuparé de la salud.

 

Salud

Sobra decir la importancia que cobró durante estos dos últimos años la atención de salud, y cómo se convirtió en una de nuestras principales preocupaciones.

Nuestras propuestas, sin embargo, no son fruto de esta reciente preocupación: venimos sosteniéndolas y profundizándolas desde hace varios años, tanto en campaña como en nuestra militancia permanente, y desde nuestra labor en el Concejo Deliberante. Sin embargo, no hemos logrado que esta misma preocupación se extienda al gobierno municipal: si queremos un sistema de salud mejor integrado, más eficiente, y que responda a las necesidades de los sanmiguelinos, la única solución es el cambio de gestión. Y el primer paso lo tenemos que dar en estas elecciones: que pierdan la mayoría automática en el Concejo Deliberante, ya que han demostrado no estar dispuestos a escuchar las necesidades de salud de nuestros vecinos y archivan todos los pedidos de informe y reclamos. Basta recordar la falta de justificación sobre las 450 vacunas correspondientes a los turnos que no fueron respetados cuando en enero comenzó a vacunarse al personal de salud; el silencio frente a la denuncia por abuso de autoridad y abandono de persona de familiares por  la actuación del protocolo que resultó en la muerte de 16 residentes de un geriátrico, que habían sido evacuados por el municipio para ser aislados por un caso de coronavirus; y la ausencia de respuestas sobre las condiciones de habilitación en plena pandemia del bar Zar donde murió Lucía Costa y otros 8 jóvenes resultaron heridos, víctimas del incendio en su interior. Pandemia durante la cual, además, fueron alineando las aperturas, controles y restricciones en adecuación a los mandatos de la oposición a los gobiernos nacional y provincial, antes que a la situación real de nuestro municipio. Una pequeña disgresión: en la vereda de enfrente al edificio donde funcionaba el bar, hasta hace unos días se podía ver un mural pintado en memoria de Lucía, siempre con algún ramito de flores frescas. Ya no está: fue cubierto por una mano de pintura blanca, en coincidencia con la apertura a pocos metros de un local de campaña de Juntos. Pero la memoria no se tapa.

 

Para lograr mejorar el sistema de salud en San Miguel, es urgente:

·        👉 La creación de una red integrada de salud pública, que articule los servicios de los centros de atención primaria y los hospitales. Para esto es necesario equipar los centros de atención primaria para que puedan constituirse efectiva y eficientemente en el primer nivel de atención, descomprimiendo los hospitales Santa María, San Miguel Arcángel y  Larcade, para que se concentren en el segundo nivel de atención. Este último, con proyección a asumir el tercer nivel de atención en el mediano plazo.

·      👉 Extender el horario de atención de los centros de atención primaria desde las 7hs hasta las 20hs, con guardias permanentes de 24hs, y una ambulancia propia para garantizar la prontitud de respuesta ante la necesidad de traslados.

·         👉 Establecer el sistema de guardias pediátricas de 24 hs en los hospitales municipales.

·         👉 Aumentar la cantidad de camas reales disponibles para internación hospitalaria.

·         👉 Establecer el sistema de guardias de 24 hs en los hospitales Odontológico y Oftalmológico.

·         👉 La creación de un programa municipal que garantice la provisión gratuita de medicación prescripta.

·        👉La reorganización de los servicios de ginecología y obstetricia, adecuándolos a la legislación vigente, desde una perspectiva respetuosa y promotora de los derechos reproductivos y sexuales de las personas.

·      👉 Garantizar la debida atención en todos los centros de salud municipales, asumiendo una perspectiva inclusiva y con una mirada respetuosa de la singularidad de las personas, con particular atención a las derivadas de su condición de género. Todos los centros de salud y hospitales municipales deben ser inclusivos.

·     👉La creación en el Hospital Larcade del Servicio de Salud Integral para Personas Transexuales y Transgénero, para la atención de necesidades de salud específicas.

·     👉 Nada de esto será posible hasta tanto no se proceda a la normalización orgánico-administrativa del sistema municipal de salud: casi un tercio de los sueldos corresponden a jefes, asesores y personal de mantenimiento. No sorprende, con este dato, la renuncia de servicios completos del hospital Larcade (cardiología y clínica médica) denunciando precarización laboral, salarios un 40% por debajo de sus pares provinciales, desplazamientos arbitrarios de jefes de servicio, y cesantías y sumarios como método para acallar los reclamos. Sin dudas, esto podría ser apenas la punta del iceberg.

 

Viviana Taylor

 

Elecciones 2021 - Cómo pensamos San Miguel desde el Frente de Todos – PJ

 

Juanjo Castro – Sabrina Del Oro

#AhoraJuanjo

 

Por Viviana Taylor

 

Ya falta poco para las elecciones de medio término. Históricamente, suelen ser elecciones desapasionadas en comparación con aquellas en  las que se juegan cargos ejecutivos. Sobre todo a nivel local, donde persiste la creencia de que los cambios en el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar no hacen diferencia en lo que a la gestión municipal se refiere.

No es así.

En San Miguel el tándem De la Torre-Méndez ya lleva 14 años en la gestión de gobierno, acompañado por la mayoría tanto en el Concejo Deliberante como en el Consejo Escolar. De tratarse de un gobierno comprometido con las necesidades de quienes habitamos y transitamos por San Miguel, hubiera sido una enorme ventaja a favor del crecimiento y el desarrollo local, que habría impactado en la mejora de nuestra calidad de vida. Sin embargo, esa mayoría automática es la que ha obstaculizado toda posibilidad de control y equilibrio en la gestión de gobierno municipal: los pedidos de informe se archivan sin ser respondidos, las demandas e iniciativas se rechazan o aprueban sin más trámite según respondan o no a  sus intereses políticos o incluso personales, y las rendiciones de cuenta son una mera puesta en escena. Es imprescindible una revisión detallada y completa de gastos, y de constatarse subejecuciones del presupuesto Municipal, que se dé debida cuenta de las razones que la justifican y el destino de los fondos subejecutados.

Estas elecciones de medio término son una oportunidad para ponerle freno a estas prácticas  que se disfrazan de políticas, pero que en realidad son en beneficio de los propios. Y para comenzar a transitar el camino hacia un gobierno municipal alineado con los intereses de todos.

Para lograrlo son necesarios compromiso, honestidad  y preparación. Pero no son suficientes. También es necesario tener un proyecto claro: saber dónde estamos, con qué contamos, qué necesitamos, qué soñamos, hacia dónde queremos ir, y cómo llegar.

Les propongo que me acompañen en una serie de artículos en los que voy a exponer algunas de las ideas que nos motivan para recorrer ese camino.

 

Economía y Comercio

San Miguel es un municipio con una fuerte impronta comercial, punto de referencia de vecinos y vecinas de otros municipios, que convergen diariamente para adquirir y hacer uso de bienes y servicios de todo tipo.

Nuestro desafío es generar las condiciones para posibilitar y promover en San Miguel la etapa de recuperación económica en la que como Nación y Provincia estamos entrando, gestionando la llegada e implementación de todas las herramientas, planes y programas que impulsen los gobiernos nacional y provincial, complementándolos con iniciativas propias. Para eso, desde el Concejo Deliberante se impone la discusión sobre:

·         La necesidad de retraer las tasas municipales a abonarse en 2022 a los montos correspondientes a diciembre de 2019 y mantenerlos congelados hasta marzo de 2023. Así, quienes abonen la cuota anual correspondiente al 2023 lo harán sobre el valor previo a su ajuste más los descuentos por pago anual y buen contribuyente, pudiendo en los hechos extender este beneficio por un año más.  

·         La importancia de diferir el pago de las habilitaciones municipales comerciales a un año posterior a la habilitación, para darle tiempo a los nuevos comercios a que se acomoden económica y financieramente antes de erogar este gasto.

·         La obligatoriedad para que las compras y contrataciones municipales se realicen con proveedores locales cada vez que sea posible, privilegiando las cooperativas de producción y trabajo, y los servicios provistos por los Centros de Formación Profesional.

·         La promoción de ferias barriales –tanto fijas como itinerantes- de pequeños productores y de productores locales/regionales.

·         La creación de una Escuela Municipal de Oficios para promover y facilitar la vinculación laboral entre empleadores y egresados, con el fin de dar respuesta a las necesidades laborales locales y facilitar el acceso al trabajo de cercanía, que consolida el sentimiento de pertenencia a la comunidad, e impacta directamente en la disponibilidad de tiempo libre y dinero que no se destinan a largos traslados a los lugares de trabajo.

·         La creación del Boleto Obrero Gratuito, a través de la carga de la tarjeta SUBE.

 

Obras y Servicios Públicos

Otra de las características de nuestro municipio es el acceso desigual a los servicios públicos, que impacta en todos los órdenes de la vida desde la salud y la higiene, hasta la movilidad.

·         Se impone la planificación y ejecución con carácter de urgente de un plan integral de extensión de la red cloacal y de agua corriente. Las obras proyectadas con una mirada focalizada, en zonas específicas, son una solución parcial que impactan negativamente en las zonas aledañas excluidas, provocando inundaciones por acumulación de agua de lluvia donde antes no se inundaba, desbordes cloacales, y cortes en el suministro de agua. Y su ejecución debe ser  efectiva y eficiente: no es aceptable que se abra una zanja, y que permanezca abierta semanas e incluso meses, con la obra suspendida; ni que se pavimente una calle para ser zanjeada un par de meses más tarde. El dinero de nuestros impuestos no se puede ir por la canaleta de la corrupción, pero tampoco es aceptable que se vaya por la canaleta de la imprevisión y la mala planificación.

·         Debemos ir más allá, y comenzar a repensar y planificar el desarrollo del suelo y el hábitat, con el objetivo de propender al mejor desarrollo social y superar carencias de vivienda (con planes de acceso y de readecuación, y estrategias de apoyo a quienes las autoproducen), de servicios (además de los ya explicitados de  agua y cloacas, también de seguridad, transporte, disposición de residuos), de trabajo, y ambientales (espacios verdes, zonas inundables y drenaje).

Nuestro horizonte es un municipio mejor equilibrado, más equitativo e inclusivo. Un San Miguel donde podamos proyectar un mejor vivir.

 

Si me seguiste hasta acá, y te interesa el desarrollo de estas propuestas, te invito a leer los próximos artículos sobre salud, seguridad social, educación, cultura, derechos humanos, género, y gestión municipal.

 

Viviana Taylor

 

 

Peronismo en clave feminista como garantía de Justicia Social

Por Viviana Taylor

El 18 de octubre, en la CTA Regional General Sarmiento (San Miguel – Malvinas Argentinas – José C. Paz), se realizó la presentación del libro “Feminismo y Peronismo. Reflexiones históricas y actuales de una articulación negada”, con la presencia de su compiladora Estela Díaz, y Cristina Álvarez Rodríguez, una de sus autoras.

Del panel participaron, además, Graciela “Cacha” Rodríguez –Secretaria de DDHH de SUTEBA-, Claudia Borras -dirigente del Movimiento Evita de San Miguel-, Delfina del Carmen Pérez –Secretaria de la Mujer del PJ San Miguel- y yo, Viviana Taylor, referente de “Educación y Territorio San Miguel”, todas por entonces candidatas por el Frente de TODOS de San Miguel.

Al final, se invitó a sumarse con unas palabras a Gabriela Diker –rectora de la UNGS- quien estaba en el público. Y a Franco La Porta –candidato a intendente por el Frente de TODOS de San Miguel-  quien dedicó unas palabras de reconocimiento a las autoras y al panel.

A continuación mi participación, sobre feminismo y Justicia Social

Aquí en San Miguel, nuestro peronismo feminista nació de la práctica política militante, que está construyendo colectivamente una síntesis entre una nueva forma de ser peronistas, enarbolando las banderas que nos identifican a través del camino del feminismo popular; y una nueva forma de ser feministas, a través de la organización política, para promover políticas que incidan directamente sobre la situación concreta de la vida de mujeres y disidentes sexuales y de género, sobre las diferencias determinadas por nuestras condiciones de clase, de origen étnico, de género y sexuales.

Sostenemos que la INDEPENDENCIA ECONÓMICA no será, si no es a través de la eliminación de las brechas salariales y las condiciones laborales diferenciales entre varones, mujeres y disidentes.

No será hasta la plena vigencia del derecho al trabajo para todes, que hoy requiere del efectivo cumplimiento de la Ley de Cupo Laboral Travesti-trans, que en San Miguel está aprobado hace más de un año y no es aplicado. Pero tampoco será si el cupo, al igual que el destinado a personas con discapacidad, se convierte en objetivo último y no en estrategia de construcción hacia el verdadero objetivo que es el logro del derecho que exigimos: trabajo para todes, con la misma remuneración e idénticos derechos.

No podemos seguir tolerando que a parte de nuestra sociedad se le ofrezca la explotación sexual y laboral como único camino, y la condena a una expectativa de vida de 35 años, menos de la mitad que la del resto de la población. Tolerar es avalar un genocidio por goteo, que es lo que definitiva está proponiendo un sistema del que se ufanan públicamente algunes polítiques, como la legisladora Elisa Carrió. Es hora de que dejemos de tolerar lo intolerable.

INDEPENDENCIA ECONÓMICA que tampoco no será mientras las amas de casa no sean reconocidas como trabajadoras que sostienen el sistema económico, y junto con trabajadoras domésticas y otres trabajadores precarizades, no vuelvan a acceder al derecho jubilatorio.

Un reconocimiento que debe ir acompañado por el compromiso del Estado en:

Ø  su participación en las tareas  de cuidado, a través de la creación de jardines maternales y de infantes, de escuelas infantiles, y centros de encuentro para adultos mayores, que sean suficientes y con extensión al turno vespertino, para garantizar el derecho de les cuidadores al estudio, el trabajo, y el tiempo libre, que es condición de salud;

Ø  y en la creación de programas de incentivo para el establecimiento de proyectos productivos, destinados a víctimas de violencia de género y personas en riesgo social y económico.

También luchamos por nuestra SOBERANÍA POLÍTICA, y por eso exigimos paridad en la representación para igualdad en el poder.

Hemos logrado paridad de mujeres en las listas, pero vamos por más. Nuestro desafío es que sea con feministas en las listas, y con paridad en cada ámbito del gobierno y de la vida pública: paridad de políticas, de periodistas, de deportistas, de científicas, de académicas, de editoras, de juristas, de artistas… Y que avancemos en la representación de travestis, trans y no binaries: así como las mujeres aprendimos que los varones no pueden ser nuestra voz, nosotras tampoco podemos ser la voz de les disidentes.

Afirmamos que la JUSTICIA SOCIAL sólo es alcanzable a través de la integración real y efectiva, que permita a cada uno, cada una y cada une elegir y desarrollar su propio proyecto de vida.

Por eso proponemos un sistema municipal de salud pública integral, con equipos interdisciplinarios de profesionales especializados en salud transexual-transgénero; con acceso libre y gratuito a los métodos anticonceptivos, y libre disponibilidad de kits de anticoncepción hormonal y antirretrovirales para casos de violación y abuso. Con atención inmediata a casos encuadrados en la ILE (interrupción legal de embarazo), y con atención efectiva a la interrupción voluntaria de embarazo en cuanto se apruebe la ley que garantice aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos, ley que no dejamos de exigir para terminar con la clandestinidad que condena a la pérdida de capacidad reproductiva y la muerte a miles de mujeres por año, para beneficio del enorme negocio que los laboratorios medicinales hacen con el misoprostol.

Como parte de este enorme negocio, del que es cómplice un gobierno sólo presente para favorecerlos, hoy –en la salud pública de nuestro país- no se provee de testosterona a los varones trans, ya que el laboratorio que la produce prefiere pagar la multa con que se pena su falta de provisión antes que afrontar los costos incrementados por la devaluación. Y el gobierno, coherente en su lógica antiderechos, prefiere hacer caso omiso a los reclamos por el riesgo en la salud que esta falta conlleva, y que pone a los varones trans en riesgo de muerte, y cobrar la multa mientras ajusta: doble ganancia. La misma situación la están sufriendo quienes esperan la provisión de hormonas para tratamientos de fertilidad.

Exigimos que en San Miguel se cumpla con el protocolo de la ILE, que nos es negada, y que se erradiquen las prácticas de violencia sexual y obstétrica, enraizadas en la Consejería Guadalupe.

Una salud pública integral que respete en todo momento el derecho a la intimidad, a la integridad, y a la identidad. Que articule con el sistema educativo programas de ESINB (Educación Sexual Integral No Binaria), con proyectos específicos para acompañar a niñes y adolescentes trans y a sus familias y docentes: infancias y adolescencias libres y felices generan adultes sanes y sociedades mejores.

Y que se articule con una red integrada e integral de instituciones educativas, culturales, deportivas, recreativas, comunitarias…, que promuevan actividades inclusivas y equitativas para varones, mujeres y otres.

Una JUSTICIA SOCIAL que, además, exige acceso a la Justicia: que dé respuestas inmediatas ante las denuncias de violencia de género, y que sea capaz de actuar preventivamente, con centros de cercanía. No queremos seguir llorando ausencias previsibles por inacción del Estado.

SIN PERONISMO FEMINISTA NO HAY JUSTICIA SOCIAL

VIVES, SANES, LIBRES, EDUCADES, TRABAJADORES, ORGANIZADES Y GOBERNANDO

NOS QUEREMOS

¡NI UNE MENOS!

   

    

Viviana Taylor

La entrega del Poder Judicial argentino a EEUU

Entre embajadores, jueces y juristas

La entrega del Poder Judicial llave en mano

Viviana Taylor

Entre allanamientos viciados de ilegalidad, presos políticos, fotocopias seleccionadas de páginas escogidas de improbables kuadernos, legiones de aportantes truchos entre afiliados insuficientes, marchas invisibilizadas, escuelas cerradas durante 3 semanas por inseguridad edilicia que no escandalizan a quienes se proponían como voluntarios docentes para romper 3 días de huelga; mientras silban balas de represión que a veces son de goma, y otras matan por la espalda; entre supermercados vacíos y comedores populares llenos…   

En medio de un clima en el que no habiendo pan abunda el circo, y mientras se nos vuelve familiar esa palabra -lawfare- hasta hace poco desconocida, recuerdo que en 2014 escribí una serie de posteos en los que puse el foco de análisis sobre algunos de los modos en que Estados Unidos coopta voluntades en favor de sus intereses, promoviendo y estableciendo sus relaciones de política exterior, particularmente con Argentina:

• 497 días para el fin: ¿Entre el postkirchnerismo y la política vintage? 
• La defensa de la propiedad intelectual como caso de análisis
• Así interviene la CIA en Argentina

No era novedad por entonces, y mucho menos lo es ahora, que el sistema capitalista mundial está atravesando una crisis estructural integral.  Para evitar ser arrastrado por ella, Washington ha apelado a dos estrategias complementarias: 

·                     En principio, la utilización de la guerra como mecanismo de disciplinamiento de la población mundial, con el fin de generar cambios geopolíticos en todo el mundo, a través de operaciones irregulares, clandestinas, y encubiertas, que incluyen a la guerra psicológica, cibernética, y mediática (es lo que llamamos guerra de cuarta generación)

·                     Consecuentemente, la intensificación de una diplomacia de guerra, ampliado sus redes globales de inteligencia para espiar aliados, adversarios y aún a sus propios ciudadanos.

Sólo en el marco de esta diplomacia de guerra puede comprenderse que en marzo de este año, al exponer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense para ser aprobado como nuevo embajador en Argentina, Edward Prado haya expresado que su llegada a Buenos Aires tendría como misión “mejorar el sistema judicial”. Misión que desde el punto de vista de los intereses soberanos de los argentinos excede las funciones de cualquier representante diplomático, a la vez que desnuda groseramente la matriz de coloniaje con que el gobierno de  Estados Unidos aborda sus vínculos de política exterior.

Sus palabras textuales fueron: “Sé cuán importante es el Estado de Derecho y cuán importante puede ser una rama judicial fuerte e independiente para un país que va a ser una democracia sólida.” (…) “Mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial”.  Testimonio que consta en la transcripción del Senado.

Al ser consultado por el presidente del Comité, Senador Rubio, y por el Senador demócrata Cardin sobre el atentado a la AMIA y la muerte del exfiscal Nisman, después de destacar que el gobierno de Macri está avanzando con la investigación, respondió: “Espero poder ayudar en este proceso en todo lo que se pueda con la asistencia que podamos brindar”.

A pesar de que lo esperable (y deseable) habría sido que estas palabras generaran malestar entre los jueces y abogados argentinos, y al menos una rectificación de algún funcionario del gobierno acerca de que, dada la republicana separación de poderes en el país, las causas sobre el atentado a la AMIA y la muerte de Nisman no están en sus manos sino en las del Poder Judicial, y que no se espera ese tipo de injerencia de un mandatario extranjero, apenas tuvieron algún eco mediático menor, sin consecuencias.

Sin embargo, no las pasemos de largo tan rápidamente. ¿Es casualidad que el ahora embajador Edward Prado haya tenido una larga carrera judicial, al punto de que llegó a ser mencionado como candidato para integrar la Corte Suprema de Estados Unidos? ¿O fue elegido justamente por eso?

Cuando dice que su “intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina”, ¿sólo se refiere a sus visitas en 2002, cuando llegó por primera vez invitado por el grupo Justicia en Cambio, integrado por Germán Garavano, Highton de Nolasco y Santiago Otamendi entre otros, a la de 2009 cuando participó de una charla sobre Administración de Justicia en la Universidad de Buenos Aires, a la de 2012 a la que corresponde esta fotografía, y la de 2016 para un seminario de juicios por jurados organizado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y otro en la Provincia de Neuquén? ¿O no hace alusión a sí mismo sino a la intervención que Washington viene realizando hace años sobre el sistema judicial argentino? 

Quizás para muchos la idea de este tipo de intervención sea fruto de una pura ficción conspirativa. Sin embargo, esta ceguera ante lo evidente es refutada por las pruebas que se van sumando y son afanosamente alimentada por los formadores de opinión aliados o cooptados por la diplomacia estadounidense a través de sus embajadas, como ha quedado revelado por  las filtraciones divulgadas por Assange y Snowden, que han dado cuenta de la compleja red de organismos que articulan sus acciones en torno del espionaje, la formación de cuadros políticos y dirigenciales, y la desestabilización de gobiernos y economías.

A quienes les interese profundizar sobre el fundamento de estas afirmaciones, los invito a releer los tres posteos que cito más arriba, que son su marco contextual de interpretación. Aquí, en cambio, me focalizaré específicamente en una serie de hechos del pasado reciente que implican directamente al poder judicial, y que le dan un sentido más profundo -y preocupante- a las palabras de Prado, y al modo en que se entraman con la actualidad política. 

Según consta en los cables de la embajada estadounidense en Argentina, filtrados por WikiLeaks, el 27 de enero de 2006, el presidente de la Corte Suprema de la Nación Ricardo Lorenzetti asistió a la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires. Durante la reunión, el entonces embajador Anthony Earl Wayne le preguntó si el presupuesto judicial alcanzaba para que el sistema funcionara bien, a lo que Lorenzetti respondió que la falta de recursos le impedía adquirir la “tecnología” necesaria para mejorar la eficiencia del sistema.

En una nueva reunión que tuvieron casi dos años después, el 15 de noviembre de 2007, Lorenzetti ya no hablaba de falta de recursos: el gobierno de Néstor Kirchner había destinado fondos adicionales para la inversión en tecnología, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le proveía la asistencia técnica necesaria para aportar asesores para el proyecto. 

De lo que sí habló Lorenzetti fue de su agradecimiento por los especialistas que había aportado la embajada de Estados Unidos, a quienes les había permitido el acceso a la red informática del sistema judicial argentino, comprometiendo la seguridad del sistema frente a una potencia cuya afición al espionaje ya era harto conocida.

No fue esa la única vez en que Lorenzetti le solicitó recursos a la Embajada de Estados Unidos. En aquella misma reunión del 27 de enero de 2006, también le anunció al embajador su interés por ser el anfitrión de una conferencia judicial panamericana, similar a la que la Corte Suprema de los Estados Unidos había organizado en 1995, con financiamiento de la USAID. Obviamente, para solicitar algo así, Lorenzetti tenía que estar seguro de la relevancia que para la USAID –y para la embajada, que intercedería en su pedido- podría tener una reunión de ese tipo. Sobre todo porque no había sido tímido para solicitar financiamiento: pidió que se incluyeran los gastos de traslado y estadía de los juristas de todos los países de la región.

A pesar de la aparente desmesura del pedido, debe haber sido efectivamente de interés para la USAID porque la Conferencia de las Cortes de las Supremas Cortes de las Américas se realizó. Pero en la página de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no consta cómo fue financiada.

¿Podría haber existido alguna traza de ingenuidad en Lorenzetti frente a sus pedidos a la embajada?

Sería rara una ingenuidad de ese tipo abrigada por alguien que llega a un puesto tan alto como el de presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se las arregla para -a pesar de y contra todo- seguir siéndolo.

Pero hay una razón más fuerte que abona el argumento en contra de cualquier posibilidad de ingenuidad: en enero de 2010, la por entonces diputada PRO Gabriela Michetti le informó a la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez sobre la existencia de un grupo de políticos opositores, jueces y empresarios que se reunían en secreto con Lorenzetti. Y la invitó a conocerlos, además de pedirle que les sugiriese una lista de especialistas que pudieran asesorarlos sobre temas de interés para la embajada. Sí, leyó bien: no de interés para Argentina, sino para Estados Unidos. Tiempo después sabríamos, por Mauricio Macri, que el grupo tenía nombre: Círculo Rojo.

No fue casualidad, entonces, la tibieza tardía de las expresiones de Lorenzetti sobre las demandas de los fondos buitre durante el gobierno de Cristina, ni son casualidad las cada vez menos discretas reuniones secretas con el presidente Mauricio Macri, del mismo modo que ni ahora ni antes son casualidad los aprietes desvergonzados que recibía y recibe desde las pantallas del poder mediático cada vez que podría tomar alguna distancia con las decisiones que el Círculo considera aceptables.

Fue sobre todo gracias a sus buenos oficios, al abrirle la puerta grande a través de los especialistas que le proveyó, que la USAID logró intervenir directamente en la capacitación tecnológica de personal del sistema judicial argentino. Y es prudente sospechar que, si no lo hackeó, es porque no necesitó hacerlo dado que contó con el acceso directo a su red informática.  

USAID que, tal como ya detallé, concentra en Argentina una red de organizaciones, fundaciones, académicos, periodistas y políticos que operan por su cuenta y orden. Tal como lo hace en cada país de América Latina, librando una lucha denodada contra sus políticas soberanas, los gobiernos populistas, y dirigentes políticos y sociales que representan los intereses populares. Desde el propio corazón de la República, entregada llave en mano.

Viviana Taylor