domingo, 18 de diciembre de 2016

La pesada herencia macrista en la CABA que contagia al país: Precarización Laboral


Viviana Taylor

Para muestra vale un botón, reza un viejo dicho popular, ya más viejo que popular.

Por eso esta vez, para abordar un tema que hace al núcleo de la inclusión, me hago eco de un caso que muestra como pocos –dada su claridad- la ausencia de políticas de inclusión laboral, más allá de sus habituales disfraces  meramente discursivos.

La política de inclusión implica un plan de acciones estratégicamente articuladas, y transversales a todos los ámbitos de la vida pública, que garantice la extensión de los mismos derechos a todas las personas. Y para que su cumplimiento sea posible -y efectivamente alcanzable- requiere estrategias de compensación para quienes no parten de las mismas condiciones que los otros.

Como quedará descripto, estas políticas no se han hecho efectivas en la Ciudad de Buenos Aires, por falta de compromiso político del gobierno del PRO. Y por el avance de la precarización laboral desde su asunción en el gobierno nacional (muy particularmente verificable en la provincia de Buenos Aires, donde también gobierna la coalición PRO/Cambiemos en alianza con el massismo) es posible no sólo aventurar que la situación se agravará en todo el país, sino que las personas con discapacidad están en máximo riesgo de pasar de la vulnerabilidad a la exclusión laboral.




LA PRECARIZACIÓN LABORAL DE LA HERENCIA MACRISTA:
Experiencia en primera persona


Hola:
Mi nombre es Natalia Verónica Gulino.
Me dirijo a ustedes con el fin de hacerles llegar mi testimonio y
denuncia. Necesito contarles la situación de precariedad laboral por
la que me encuentro pasando desde hace ya 8 años en el Gobierno de la
Ciudad, en COPIDIS, que es la Comisión de Discapacidad del Ejecutivo
Porteño, siendo aún yo una persona discapacitada. Me pagan menos del
salario mínimo, vital y móvil y año tras año me amenazan con no
renovarme el contrato  y cuando se renuevan los mismos, estoy muchos
meses sin cobrar. También,  me persiguen y hostigan todo el tiempo por
no hacer trabajos partidarios para el PRO.
Tengo 34 años y ya es insostenible seguir de este modo, cuando además,
hay legislación laboral que regula un cupo en el estado que está
reservado para personas con discapacidad. Dicho cupo, tanto en nación
como en ciudad, no son topes, sino mínimos que deben cumplirse y en
casi ningún organismo los cumplen porque no les interesa la
empleabilidad formal de los discapacitados.
Pese a tener buena formación y experiencia, no me valoran y el
maltrato es constante. Me siento muy sola porque son muchos años que
vengo peleando por mi estabilidad laboral, la que es un derecho y no
logro ser escuchada.
Mi reclamo concreto, es el inmediato pase a la planta permanente con
el reconocimiento de la antigüedad acumulada a lo largo de todos estos
años y la actualización salarial.
Les solicito, tengan a bien tomarse un momento para interiorizarse
sobre mi situación, la que necesito visibilizar en los medios masivos
de comunicación. También, les pido, que puedan compartir entre sus
colegas dicho material, así más compañeros pueden tomar conocimiento
de lo que me pasa y darle difusión.
Sé que son tiempos difíciles, pero espero que puedan conocerme y
atender mi caso, dedicándole un espacio en sus programas de radio y TV,
en diarios y portales de internet, así como también, en sus
agrupaciones sociales y de militancia política, de la mejor manera que
lo crean conveniente.





lunes, 5 de diciembre de 2016

Suelo y Soberanía Alimentaria




Soberanía Alimentaria en riesgo



Por Viviana Taylor

En junio del 2013 la Conferencia de la FAO aprobó por unanimidad celebrar el Día Mundial del Suelo, debido a su importancia crítica en los sistemas naturales y su contribución vital al bienestar de la humanidad. Y durante la 68th Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró al 5 de Diciembre como la fecha oficial para esta celebración a nivel mundial.

Parece obvio afirmar que sin el suelo no podríamos seguir produciendo alimentos. Sin embargo, cuando sondeamos cómo se lo trata en las políticas públicas la obviedad desaparece: estamos transitando por un camino en el que –de persistir- no podremos resguardar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro Pueblo, a la vez que perderemos productividad. Interesante paradoja, porque es en nombre de esta última que se están tomando las decisiones que –lejos de beneficiarnos- serán nuestra condena.


Veamos. En su informe "El estado de los bosques en el mundo 2016", la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) señaló que “la agricultura comercial origina casi el 70 % de la deforestación en América Latina”. Los países examinados fueron Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Colombia y Perú.

Aunque este estudio abarca el período 1990-2005, conviene tenerlo en cuenta porque coincide con el escenario político, económico e ideológico que fue germen de la situación actual: el modelo neoliberal del agronegocio.  Modelo que básicamente podríamos describir como la articulación de un complejo agroexportador, con grandes productores y exportadoras a la cabeza, denominados “pool de siembra”.

Este modelo se estableció a lo ancho del mundo desde la década de los 70, y en Argentina logró su máximo esplendor a partir de los 90, cuando se firmó el Decreto de Desregulación de 1991, por el cual fueron eliminados los organismos que tenían por finalidad regular la actividad agraria: la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Dirección Nacional del Azúcar, etc.

Este nuevo escenario posibilitó -y promovió- la intensificación de la plantación y comercialización de la soja. Y cobró un nuevo impulso con la aparición en el mercado la soja transgénica, que rápidamente sustituyó a la convencional y se convirtió en uno de los principales productos de exportación.

Así, de la mano de la soja transgénica, la siembra directa, la semilla RR resistente al glifosato, y el modelo expansivo, las empresas transnacionales se convirtieron en sus principales beneficiarias. Y el impacto negativo cayó sobre cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de salud pública.

En términos generales, durante el período abordado por este estudio, que pocas voces se preguntaron en qué medida era perjudicial una excesiva especialización en este cultivo y la gran vulnerabilidad a una excesiva dependencia de un producto casi exclusivamente de exportación. Un silencio generalizado que fue cómplice de la creciente pérdida de la soberanía alimentaria,  del deterioro ambiental, (con el incremento en un 43% de las tierras cultivables que avanzaron sobre vastas extensiones, como la yunga norteña y la deforestación del 45% de los bosques, provocando una creciente desertificación de los suelos y el agravamiento de inundaciones, incluso en zonas que hasta entonces no eran inundables; la contaminación con agrotóxicos de napas de agua y del aire), de enormes perjuicios para la salud pública (alarmante aumento de la morbilidad y de la prevalencia de enfermedades asociadas a este tipo contaminación, malformaciones embrionarias humanas y animales, presencia de glifosatos en la composición de alimentos de origen animal y vegetal) y del desplazamiento con violencia de comunidades campesinas e indígenas de sus hábitats habituales.

Me detengo un párrafo para poner en relieve la gravedad de la pérdida de bosques. Dado que contienen el 65% de la diversidad biológica terrestre del planeta, su desaparición no sólo afecta a esta diversidad, sino que se resiente la provisión de proteínas y plantas medicinales, la conservación de fuentes de agua, la prevención de inundaciones, y la protección de los suelos de la erosión. Por otra parte, dado que también funcionan como depósito de dióxido de carbono –uno de los principales gases de efecto invernadero- la deforestación se ha vuelto uno de los elementos que contribuyen al cambio climático. Y el agronegocio se ha vuelto la principal razón de la deforestación.




Así fue como, a partir del citado Decreto de Desregulación de 1991 –cuando el sector agrario argentino se transformó en uno de los menos regulados del mundo- cambiaron los arreglos institucionales referidos a la coexistencia de la pequeña unidad agraria con la gran explotación ganadera y agraria.

Otras medidas adoptadas durante los años 90 se articularon con ésta conformando la base de sustento para un gran ajuste estructural de corte neoliberal que contribuyó a la desaparición de numerosas explotaciones agropecuarias (fundamentalmente aquellas que tenían menos de 200 Hectáreas) y a la consolidación de los agronegocios de las grandes empresas del sistema agroalimentario: la liberación al mercado de la semilla transgénica round up ready RR en 1996; las privatizaciones, desregulaciones y la apertura casi indiscriminada al exterior, aplicadas al conjunto de la economía en aras de lograr “una mayor integración a la economía mundial”; las transformaciones del sistema de procesamiento industrial, la comercialización y la distribución final de alimentos; y la provisión de insumos (en particular, de semillas, que le impidió a los agricultores resembrarlas en beneficio del reconocimiento de propiedad intelectual a Monsanto).

Un gran ajuste estructural –como decía- que repercutió sobre las tendencias y la variabilidad de la actividad agropecuaria, los precios de su producción y de sus insumos; y que redujo a Argentina a ser considerada como un país de provisión de recursos, sin importar las consecuencias que su explotación conllevara.

Un gran ajuste estructural y un magnífico negocio para estos pools de siembra que se convirtieron en los principales beneficiados del proceso. Tanto que, cuando durante su primer mandato como Presidenta, las políticas encaradas por Cristina Fernández de Kirchner tocaron  los intereses de estos pools, fueron defendidos por una alianza entre opositores políticos, poder mediático y poder judicial, provocando la mayor crisis política que debió atravesar el kirchnerismo durante sus 12 años de gobierno.

Desde entonces –y a pesar del vendaval en contra- pudo comenzar recorrerse un interesante camino. La defensa de la semilla como patrimonio de los pueblos, la revalorización de los saberes de la agricultura a pequeña escala y su transmisión a las nuevas generaciones comenzaron a cambiar el escenario, a partir del esfuerzo de los trabajadores de diversos organismos como el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), que impulsó la capacitación, formación y dio respaldo a miles de pequeños productores en todo el país. Según el Registro Nacional de Agricultura Familiar, el 50% de los productores de la región pampeana son familiares con fuerte incidencia en la horticultura, apicultura, floricultura y porcinos. Y si bien hay registradas 27.000 explotaciones o unidades productivas familiares, se estima que funcionan unas 35.000. El otro 50% son medianos productores capitalizados y grandes productores.


Esas cifras ponen en evidencia el desarrollo que en los últimos años adquirieron los pequeños productores y la agricultura familiar como valor cultural y económico de nuestro país.


Sin embargo, desde la asunción del nuevo gobierno del PRO/Cambiemos este camino se está abandonando.
Durante 2016 –además del desfinanciamiento de programas- los agricultores familiares no recibieron a tiempo para su siembra las semillas para la temporada primavera-verano, lo que retrasó el ciclo natural de las plantas. Y eso sin tener en cuenta  que alguna inclemencia climática ponga en  más riesgo de fracaso a los cultivos. Pero hay más: cuando no llega la semilla, también se cae el técnico que asiste gratuitamente a un grupo de productores para que no tengan que pagar a un agrónomo. Y así se van desarmando los programas, con una sistematicidad que durante este año el gobierno mostró en todos los ámbitos de la administración pública que sabe perfectamente cómo instrumentar: desarticular sin cerrar.

Nada hace prever que situación vaya a mejorar, sino todo lo contrario. El Presupuesto para 2017 prevé recortes sustanciales en organismos como el INTA, el SENASA y otros, amenazando aún más el trabajo territorial con productores y organizaciones de la agricultura familiar, perjudicando la continuidad de las actividades de extensión e investigación en los territorios, y afectando gravemente las economías regionales. Y dado que cerca del 80% de los alimentos que se consumen en el país son generados por agricultores familiares, muchos los cuales desaparecerán, se prevén dificultades en el abastecimiento de alimentos con un  consecuente aumento de sus precios… Por lo que también podemos sospechar que la inflación –a pesar de los oráculos oficialistas- probablemente no va a bajar. No al menos en lo referente a la canasta básica.


Una razón adicional por la que es preocupante el desfinanciamiento de estos programas en el contexto actual de crisis económica, de ajuste y de empleo, es la que enuncia Marcelo Miranda, técnico del INTA y referente del Programa ProHuerta para Berisso y Ensenada. Miranda, biólogo de profesión que trabaja con plantas nativas, plantas medicinales, mimbre y sauce, afirmó en una entrevista al diario Contexto publicada el 2 de octubre que “se está notando bastante fuerte que la gente recurre a la huerta para hacer economía en su hogar y porque tiene más tiempo ocioso, porque el perfil con el que trabajamos nosotros tiene changas o empleos temporarios. La gente está más tiempo en la casa y necesita parar la olla de alguna manera”.


Por su parte, Alicia Alem, descendiente de Leandro N.  Alem y al frente de una cooperativa de Cañuelas que participó de la 6º Feria Provincial de Semillas Nativas y Criollas que se realizó el 1º de octubre en la Estación Experimental J. Hirschhon, en Los Hornos (La Plata) cuenta que:  Ahora a la cooperativa están viniendo a pedirnos herramientas, semillas y animales reproductores. Me hace acordar a 2001 y me asusta”. “Una parte de la sociedad que fue cómplice de la dictadura está volviendo a instalar el mismo sistema de concentración de la riqueza, de desigualdad y de exclusión, y eso genera violencia más tarde o más temprano y no sabemos cómo puede terminar”. “El camino es la movilización social y las propuestas sin negociar la dignidad”.



Este nuevo camino que hoy nos desafía, de movilización social sin negociar dignidad, ya ha comenzado a generar acciones de resistencia, aunque –al menos por ahora- no tengan la publicidad necesaria.

Por un lado, productores, universitarios y representantes de diversos organismos están enfrascados en pleno debate sobre los dos proyectos de ley de semillas que están en danza en el Congreso, uno de ellos impulsado por la Federación Agraria llamado “el anteproyecto Príncipe” (en referencia a Omar Príncipe, su presidente) y el otro al que llaman la “Ley Monsanto”, en referencia al proyecto que el gobierno de Macri acordó con el gigante multinacional transgénico.

Por otro, también hay un interesante trabajo de análisis sobre la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que defiende a la agricultura familiar como aporte para la soberanía alimentaria y la construcción de un modelo de agricultura más sustentable, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso en diciembre de 2014, pero que todavía no está reglamentada ni tiene financiación.



La conservación, multiplicación y uso de las semillas nativas y criollas contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo integral de los productores familiares en el territorio mediante la ejecución de políticas de Estado para el sector con la participación de las organizaciones de la agricultura familiar, campesina y pueblos originarios.

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo; su derecho a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica.




Viviana Taylor