viernes, 26 de octubre de 2012

Los buitres vienen marchando


Por Viviana Taylor


 

Mucho se ha hablado estos días acerca de los fondos buitres. Mientras algunos -como los medios el Grupo Clarín- insisten en describirlos como fondos de jubilados, otros –como La Nación- han usado en varias ocasiones la expresión inversores ángeles asimilándolos a otra categoría y así, por confusión, han procurado disolver su verdadera significación.


¿De qué estamos hablando, entonces, cuando hablamos de “fondos buitres”? Para poder entender este fenómeno, que es bastante complejo, vamos a ir por partes… a fin de que lo complejo no se nos vuelva complicado.


 

¿Cuál es la lógica según la que operan los bancos?

Son apenas 2 minutos, y vale la pena verlo por su claridad.

 





De pronto se echa luz sobre algunas situaciones que a los legos en la materia se nos vuelven difíciles de comprender: como el hecho de que en algunas ciudades –por ejemplo en Suecia- las monedas y billetes representen apenas el 3% del dinero circulante (el promedio en la Eurozona es del 9%). Puestas así las cosas… parece que estamos en problemas. ¿Qué sucedería si, de pronto, todos quisiésemos nuestro dinero en papel real y concreto, en la mano?

Bien, esa historia ya la conocemos: nos ocurrió. La recesión más prolongada de nuestra historia se inició hacia el final del segundo mandato de Carlos Menem, época de la que provienen los bonos que hoy nos tienen tan preocupados. Su sucesor, Fernando de la Rúa, heredó un déficit fiscal de $7.350 millones, y tomó una serie de medidas de ajuste que intentaron –fallidamente- sanear las finanzas, manteniendo la convertibilidad. Me voy a permitir una pequeña digresión: llamamos convertibilidad a un tipo de cambio estáticamente anclado al dólar estadounidense y que no era otra cosa que un subsidio por parte del Estado para mantener un tipo de cambio a dólar barato, en el que el Estado Argentino, o sea todos nosotros, pagábamos la diferencia entre el valor del dólar real y el que establecía dicha convertibilidad (en épocas de $ 1 X U$S 1 eso sólo valía fronteras hacia dentro; no era el mismo cambio fronteras hacia fuera, cosa que cualquier viajero habitual u ocasional de la época seguramente recuerde). Consecuentemente, el peso de la deuda no disminuía sino que aumentaba: ahogaba al gobierno y aumentaba el déficit fiscal. Se comenzó a pensar en la posibilidad de que el Estado entrara en suspensión de pagos, y de una corrida bancaria. Fue en este contexto que el ministro de economía José Luis Machinea negoció un salvataje de alrededor de U$S 40.000 millones, que seguramente recordarán como Blindaje, que consistió en la postergación de pagos de capital e intereses, como un intento de descomprimir la situación financiera. Así y todo, en marzo de 2001 comenzó la fuga de depósitos de los bancos. Se fue Machinea, López Murphy pasó por el cargo dos tristemente recordadas semanas, y fue –nuevamente- el turno de Domingo Cavallo, el padre de la convertibilidad. A partir de ahí, toda una serie de medidas grandilocuentes que no lograron acertar en sus pretensiones: el Megacanje, las leyes de Déficit Cero y de Intangibilidad de los Depósitos… mientras tanto, en octubre de 2001 el desempleo llegó al 18,3% de la población activa (34,6% si consideramos a los subocupados), en noviembre la caída de la industria llegó al 11,6%, al 18,1% en la construcción y al 27,5% en la industria automotriz; y el riesgo país escaló a los 5000 puntos básicos. En ese contexto, el 3 de diciembre de 2001 fue que se publicó el decreto 1570/2001 estableciendo prohibiciones para las entidades financieras y el público, como un intento de detener la fuga de depósitos y la especulación sobre una posible salida de la convertibilidad.

Es sobre este segundo punto que me quiero detener. Las consecuencias que este decreto provocó en la vida de nosotros, los comunes mortales, las tenemos gravadas a fuego y sangre, así que no es necesario que se las recuerde a nadie. Pero la segunda cuestión -las especulaciones sobre una posible salida de la convertibilidad- fue, justamente, la que alimentó la voracidad de esa subclase de fondos de inversión cuya comprensión hoy nos ocupa, y que hemos dado en llamar fondos buitres.

Cuando luego de idas y venidas, vueltas y revueltas, Eduardo Duhalde asumió la presidencia, aseguró que “…van a ser respetadas las monedas en que fueron pactados originalmente los depósitos (…) el que depositó dólares recibirá dólares… el que depositó pesos recibirá pesos”. Probablemente, los ahorristas que no presentaron amparos ni aceptaron canjear sus ahorros por bonos, a la luz de lo ocurrido durante estos años y sobre todo del reciente rescate, hayan sido los más perjudicados. Pero los fondos de inversión que tienen en su propiedad bonos desde hace décadas, y que no se acogieron a ningún plan de rescate, ¿a qué apostaron?

La mejor explicación, la más sencilla y gráfica, la más elocuente, la encontré en este otro videíto: las metáforas siempre proveen las mejores explicaciones a estos fenómenos tan complejos:






No quedan dudas: no se acogieron a ningún canje, simplemente porque el negocio no está en cobrar las deudas, sino en que se sigan manteniendo.

 

Volviendo a los fondos buitres: así operan ellos

Los fondos buitres son inversores oportunistas, especializados en la compra de activos dañados. Por ejemplo, durante estos últimos dos años, en España han estado sobrevolando las entidades financieras para comprarles inmuebles, ofreciendo el 20 ó 30% de su valor real. Aunque al principio los bancos dijeron estar rechazando estas ofertas lo cierto es que las están aceptando, con lo que se ha provocado un derrumbe de precios. El mismo, exacto proceso que antes se pudo observar en EE.UU. cuando explotó la burbuja inmobiliaria, llenando barrios con carteles de venta de casas que ya nadie puede comprar. Excepto, claro, los inversores oportunistas.

¿Quiénes son? Normalmente son grupos internacionales, en su mayoría estadounidenses y europeos (sí, carroñan en su propio territorio, sobre la carne de sus connacionales) ligados a grandes grupos de inversión (entre ellos Goldman Sachs, Bank of America y Deutsche Bank).

¿Cómo es esto? ¿Los mismos bancos que ofrecen préstamos supuestamente flexibles, luego venden las propiedades embargadas a quienes no pudieron sostenerlos, y lo hacen a fondos de inversión de los que ellos mismos participan? Exactamente, así es. El negocio es redondo: hacen circular y recircular el dinero de los depósitos, como vimos en el primer video; invierten en negocios inmobiliarios a través de fideicomisos; ofrecen préstamos flexibles a pagadores de riesgo (porque la apuesta es a que no puedan pagar); y se venden a sí mismos –con otro nombre y a precio vil- las propiedades embargadas a sus propios deudores. Nada puede salir mal… lo peor, es que sus deudores paguen las deudas.
¿Y los jubilados, de los que hablan algunos medios de comunicación como de los verdaderos perjudicados por el no pago de las supuestas deudas pendientes? Los jubilados, en el caso de existir, son apenas los depositantes originales del único dinero real y en moneda contante y sonante de la ecuación: ellos también fueron estafados, por estos fondos, que durante todo este tiempo sí han estado cobrando intereses sobre cada eslabón de la cadena, esforzándose por que no se achique la deuda de capital, que es la que sostiene el círculo vicioso de ganancia indebida; y que, a pesar de ello, hacen figurar como pérdida sobre el capital aportado en las cuentas de los fondos de pensión las deudas impagas en las que se invirtió el dinero. Y sobre las que ellos hicieron negocios, que siguen circulando.

¿Qué argumentan quienes los defienden? Donde unos denunciamos un intento descarado de imponer condiciones abusivas, de hurgar en la debilidad y la impaciencia de los sistemas financieros, de sostener ilegítimamente deudas de capital para seguir cobrando intereses y sobreintereses usurarios, de apropiarse indebidamente del capital aportado por los ahorristas, los defensores de estas inversiones hablan de libre mercado. Arguyen que dos no firman si uno no quiere. Como si uno y otro estuviesen en las mismas condiciones, en igual situación. Extraña manera de entender la libertad.

 

Si bien hasta hace relativamente poco alcanzaban estos ejemplos casi domésticos para explicar qué hacen los fondos buitres, en los últimos años han ampliado sus horizontes. Encabalgados en la globalización del libre mercado –que no hace distinciones entre un particular o una empresa quebrados, y una nación indigente o empobrecida- están interviniendo los procesos de desendeudamiento que comenzaron en 1996 en procura de liberar de deuda a los países que luchan por emerger económicamente, corrompiendo estos procesos.

Vamos con ejemplos:

Zambia inició un proceso de negociación para reducir la deuda contraída con Rumania en 1979, por la compra de tractores rumanos. En 1999 Rumania había acordado liquidar el préstamo entero –de unos U$S 40 millones- por sólo U$S 3 millones, a cambio de que Zambia usara esos fondos remanentes para invertir en enfermeras, profesores e infraestructura básica, acogiéndose al sistema “canje de deuda por desarrollo”. Cuando ya casi estaba acordado el trato, los inversionistas del fondo buitre británico Donegal International le compraron el préstamo a Rumania por U$S 4 millones, y demandaron a Zambia por más de los U$S 40 millones iniciales. El 15 de febrero de 2007 una corte inglesa dictaminó que Donegal tiene derecho a –incluso- más de lo que buscaba (por lo menos, 15 millones más, considerando los intereses, sanciones y gastos del proceso judicial). Para más precisiones ver: Ashley Seager; Court Lets Vulture Fund Claw Back Zambian Millions; The Guardian, February 16, 2007.

¿Por qué comprar deuda de un país pobre como Zambia? Porque a pesar de su falta de liquidez, tiene acceso a recursos considerables: cobre, cobalto, piedras preciosas, carbón, uranio, mármol… Las obras públicas y los proyectos cívicos de mejoramiento también pueden ser liquidados, y posteriormente revendidos. Esos bienes son lo que están buscando.

República Democrática del Congo: FG Hemisphere, con sede en Delaware (EE.UU.) compró en septiembre de 2004 una deuda de U$S 18 millones con SNEL (empresa pública de electricidad del Congo), que originalmente se había contraído en los ’80, durante la dictadura de Mobutu. En 2007 la justicia estadounidense obligó a Congo a pagar U$S 104 millones, lo que derivó en 2009 en la autorización de la incautación de los beneficios obtenidos por SNEL –durante 15 años- sobre la corriente vendida a Sudáfrica (estimados en U$S 105 millones: nada mal, una ganancia de más de 583%).

Perú: En 1996 Elliot Associates pagó U$S 11 millones por una deuda peruana descontada, y amenazó con arruinar al país si no le pagaban U$S 58 millones. Consiguió lo pedido en los tribunales de Nueva York en 1999: más que suculenta ganancia y en sólo tres años. Y Congo Brazzaville demanda U$S 400 millones por una deuda que compró a U$S 10 millones.

Nicaragua: también en 1999, y también en un tribunal estadounidense, fue obligada a pagar U$S 87 millones por una deuda de U$S 1,14 millones adquirida por el fondo Leucadia: una plusvalía de apenas el 7.500%; casi un vuelto... 

 

 

¿Cómo es que los fondos buitres logran encontrar estos negocios?


Por un lado, tienen equipos de abogados especialmente entrenados para detectar a lo largo y ancho del mundo los activos que pueden ser apropiados. Claro que esto no alcanzaría si no hubiesen logrado consolidar lazos con los líderes más poderosos del mundo, algo que vienen haciendo sobre todo desde la administración Bush, pero que se extiende hasta la actualidad. Justamente, en medio de la orden de evacuación de la Fragata Libertad, embargada en Ghana, se supo que la esposa del candidato a presidente de Estados Unidos, Ann Ronmey, invirtió cerca de un millón de dólares en el mismo fondo especulativo que logró el bloqueo del buque. Esta inversión resulta por demás sospechosa, dado que en la lista de donantes a los fondos de campaña de su marido, Mitt Romney, aparece Paul Singer, con lo que podría tratarse de un segundo aporte encubierto como inversión. Paul Singer es, justamente, el propietario de Elliott Managment, el fondo que logró la captura judicial de la fragata para presionar por el pago de u$s 1.600 millones de bonos que, según el fondo, están en default.

Así, el riesgo que estos fondos podrían tener como inversionistas es eliminado dada la influencia política que pueden ejercer sobre la nación que están demandando: justamente, levantan la mayor parte de su dinero con demandas legales en las cortes de EE.UU., donde el cabildeo y las contribuciones políticas adquieren demasiada influencia; lazos que tampoco son menores en Inglaterra. No en vano el ex canciller Gordon Brown, y luego primer ministro de Inglaterra, calificó de “perversos e inmorales” a los fondos buitre. Oxfam y la Campaña Jubileo –dos organizaciones que velan por los derechos de los países pobres- lo urgieron en su momento para que utilizara su influencia en el comité de toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional, para lograr que se adoptaran nuevas regulaciones para evitar que las compañías privadas ignoren las reglas internacionales sobre la deuda y los acreedores sigan persiguiendo a los países pobres.

 


¿Cómo se lucha contra estos fondos?

Si una organización merece ser considerada, es el Servicio Africano de Apoyo Jurídico (en inglés ALSF), iniciado por el consejero jurídico general del Banco Africano de Desarrollo (BAD) Kalidou Gadio, para proporcionar asistencia jurídica a los Estados atacados por fondos buitres. Se logró constituir el 29 de junio de 2009 después de dos largos años de consultas y negociaciones con grandes bufetes de abogados de Londres, París y Nueva York, con un presupuesto inicial de U$S 20 millones.

Su intervención apunta a dos etapas. Inicialmente, financia el servicio jurídico para negociar la reducción de las deudas reclamadas; y en caso de fracaso, financia la ayuda jurídica durante los procesos ante tribunales y órganos de arbitraje. Lo más interesante es que este dispositivo no está destinado exclusivamente a países africanos, sino que es extensivo a todos los Estados miembros del BAD (son 77, de los cuales 53 son africanos) y de los países no miembros que lo soliciten, como los de América Latina, que fueron las primeras víctimas de estos fondos.

 

La preocupación del BAD –que es un banco regional de desarrollo- es que en el actual contexto de crisis sistémica mundial -que está golpeando al continente africano con más violencia que a los demás- sus iniciativas sólo permitan aliviar un poco a los países de las garras de los fondos buitres, reduciendo los importes ilegítimamente añadidos que consiguen en las cortes de los países donde tienen vínculos políticos. Pero van por más: lo que buscan es que se les niegue el título de acreedores, algo que no sería difícil si es que los juzgados intervinientes decidieran sancionar las maniobras de corrupción que han sido comprobadas. Y es que –al menos por ahora- sólo estos juzgados pueden detener la larga serie de victorias judiciales ganadas por los fondos buitres. Si deciden hacer justicia, claro.

 

La nueva crisis de la deuda es maná caído del cielo para los fondos buitres. O carne fresca, bah. Estos fondos seguirán comprando por precio vil las deudas impagas de los países en desarrollo y, en cuanto logren mejorar su estado financiero, los atacarán judicialmente, reclamando mucho más que el pago de la misma. Por eso la única defensa posible es la acción colectiva.

 

Bélgica, después de haber sufrido en carne propia las garras de estos fondos, ha abierto el camino ya en enero de 2008 con una ley que tiene como artículo único una disposición para luchar contra ellos: «Las sumas y bienes destinados a la cooperación internacional belga, así como las sumas y bienes destinados a la ayuda pública belga al desarrollo –y las demás que conciernen a la cooperación internacional belga-, son inembargables e intransmisibles»

 

 

Si bien la ley sólo concierne a los fondos belgas, es un interesante precedente para ser adoptado por el conjunto de los países en peligro.

 

Otro ejemplo proviene de Francia, que ya en 2007 había presentado un proyecto para rechazar cualquier acción judicial intentada por un fondo buitre ante los tribunales franceses. Dice en su texto: «No se puede pronunciar ninguna condena ni conceder ningún efecto en Francia a un juicio extranjero pronunciado contra un deudor… cuando aparece a la vista de las circunstancia que la adquisición de la deuda procede de una especulación sobre los procedimientos susceptibles de intentarse contra lo cedido y los terceros y no sobre el valor de mercado de la deuda y su evolución».

 

Más esperanzador aún es el hecho de que tanto Estados Unidos como Reino Unido también hayan presentado proyectos en este mismo sentido, ya que los buitres utilizan exclusivamente el derecho anglosajón para fundamentar sus reclamos. Esta predilección obedece a que dicha legislación es muy favorable para los acreedores: la cesión de la deuda es totalmente libre para el acreedor, y está prevista la suspensión de la inmunidad de los bienes del Estado endeudado o avalista. Esta es la razón por la cual –como ha contado recientemente el canciller Héctor Timerman- en los últimos años pudieron confiscar temporalmente 28 importantes propiedades del Estado.

 

 

A pesar de lo esperanzador, cabe aclarar que estos proyectos no avanzan sobre las desventajas y peligros reales, sino que se reducen a limitar el importe de los reclamos y sólo conciernen a un número limitado de países, decidido por el Banco Mundial. Pero podría ser un primer paso… Claro que no debemos desconsiderar el hecho de que quizás gran parte de la motivación por proteger a esos países deudores está en el hecho de que también ellos –como estados- son tenedores de deuda: posiblemente sólo estén asegurándose el que sus deudores puedan seguir pagando.

 

Por ahora la única salida para los países endeudados parece ser el acogimiento a la doctrina Calvo, confiando los litigios sobre la deuda pública a los tribunales nacionales. Se trata de una doctrina del derecho internacional, establecida en 1863 por el diplomático argentino Carlos Calvo, que prevé que las personas físicas o jurídicas extranjeras deben someterse a la jurisdicción de los tribunales locales para impedir que recurran a las presiones diplomáticas de su Estado o gobierno. Según esta doctrina, todos los bienes, tangibles e intangibles, materiales e inmateriales, están sometidos a la ley del Estado soberano y en caso de diferencias son competentes los tribunales nacionales. El derecho de auditar la deuda pública y repudiarla también es una competencia soberana de los Estados. Algo que todos los países deudores -seamos emergentes, en desarrollo o francamente pobres- deberíamos realizar, ya que muchas de estas deudas podrían ser declaradas nulas por ilegales: un proceso de revisión que ya hizo Ecuador en 2007-2008.

 

El repudio, no lo olvidemos, es un acto unilateral reconocido en el derecho internacional. Un acto que podría traer un poco de justicia frente tanta iniquidad.

 


Por Viviana Taylor

sábado, 13 de octubre de 2012

¿Pro-vida o abortista?


 

Por Viviana Taylor

 

 
 
Las palabras nombran. Y cuando nombran, las palabras iluminan. Podemos pensar lo que ponemos en palabras.

Pero las palabras también ocultan. Iluminar un aspecto de la realidad implica dejar otros a oscuras, o en penumbras. Las palabras, cuando nombran, ocultan, esconden, silencian… y deforman.

Podemos pensar lo que ponemos en palabras. Pero sólo hacerlo según cómo lo nombramos.

 

Quise empezar con esta reflexión/aclaración porque me resulta importante dejar algo en claro, para que se sepa desde dónde digo lo que digo: estoy a favor de la vida. Soy pro-vida, y creo que la vida de toda persona debe ser defendida integralmente desde el momento de su nacimiento hasta el de su muerte. Estoy a favor, por ello, de todo lo que se haga en función de su protección y cuidado. Y creo –sostengo firmemente- que esta es una función que le corresponde al Estado: el Estado debe garantizar esta protección para todos, en toda situación.

No soy abortista. No estoy a favor del aborto. No imagino que alguien pueda estarlo. El aborto es una decisión que ninguna mujer debería tener que tomar, porque cuando se llega a él es porque fallaron otras cosas antes. Cosas que no deberían haber fallado. Pero la realidad es lo que es, y no siempre se comporta del modo en que lo deseamos. O debería. Y a menudo sucede lo que no debería.

Estoy a favor de la vida y en contra del aborto. Aclarar esto me parece tan innecesario como afirmar que estoy contra la enfermedad y la muerte. La enfermedad y la muerte no me gustan, son dolorosas, nos dañan de formas inimaginables. Pero allí están. Y prohibirlas no las erradicaría. Apenas las volvería clandestinas. Y, por clandestinas, incontrolables. A ellas y sus consecuencias.

Soy pro-vida y estoy en contra del aborto. Quienes sostienen que si el aborto se legalizara –o se despenalizara- asistiríamos a una epidemia, deberían relajarse: ninguna mujer se hace un aborto simplemente porque sea posible.

 

No quiero centrarme en argumentos llenos de emotividad. Quienes sostienen la negación al aborto bajo todas sus formas han hecho uso y abuso de estos recursos. ¿Pero cómo no recordar a cada mujer que me ha confesado el haber interrumpido un embarazo, como quien confiesa un delito o un pecado que no está segura de que haya sido perdonado, y sin embargo sostiene la convicción de que no hubiese podido hacer otra cosa, y su no arrepentimiento?

Pienso en P., una paraguaya encantadora de voz alegre y ojos grandes. Cuando la conocí, andaba por los 25. Estaba contenta porque vivía con una tía abuela y su vida había mejorado porque “trabajaba por horas, no cama adentro”. Una buena familia la empleaba, un sueldo que le alcanzaba para sus gastos mínimos, pero sobre todo, a la noche volvía a una casa donde dormía en una cama que sentía propia. Y eran suyos los fines de semana. No siempre había sido así: cuando P. llegó de Paraguay, con apenas 13 años, fue colocada en una casa de buena familia, en la que aprendió el oficio hasta que fue de su exclusiva responsabilidad. Durante años fregó pisos y baños, lavó ropa, cocinó comidas sencillas –“de las de todos los días, porque para las ocasiones especiales contrataban a otra persona”- y sobre todo se perdió siestas cuando a pesar de ser su horario de descanso el trabajo se había retrasado, o la necesitaban. Pero P. estaba contenta: en esa casa se llenaba la panza todos los días, y había comodidades que en la suya –la lejana- no tenía. Hasta que quedó embarazada. Nunca me dijo quién la había embarazado, y yo nunca pregunté. Cuando me lo contó acotó que “la señora no preguntó, pero porque no le importaba”. En su acotación comprendí que diferenciaba mi silencio respetuoso de aquel otro, el silencio indiferente. O cómplice. Claro, no tan indiferente –pero sí suficientemente cómplice- como para ofrecerle una alternativa: con un niño no la iban a poder seguir empleando, pero le ofrecía pagarle un aborto, en un buen lugar, donde se la cuidaría. Y P. fue, convencida de que para las chicas como ella la alternativa es clara: o el aborto, o vuelta a Paraguay, con su madre, a compartir el hambre con una boca más. Años más tarde, me lo contaba deshecha en llanto. Pero ni una vez dijo que estaba arrepentida de haber abortado. Y agradecía que las circunstancias hubiesen cambiado. Soñaba con formar una familia con su novio. Y claro, con tener hijos.

El caso de M. fue distinto. Aunque no tanto. Estaba casada y era madre de una niña pequeña. Pero su marido se había quedado sin trabajo: épocas más difíciles que esta, de esas donde no hay nada, sólo más desempleados. M. trabajaba por su cuenta, en su casa, haciendo arreglitos de costura, lo justo para estirar lo que había quedado. Pero la crisis también había llegado a su máquina de coser: si no había trabajo, tampoco había dinero para arreglar ropa. Como si necesitara justificar anticipadamente lo que iba a contarme, me dice: “pasábamos tanta necesidad, que un vecino me daba la leche para la nena. A mí me daba vergüenza, pero la agarraba, porque uno por los hijos se aguanta. Pero en cuanto agarraba un pesito, iba a la panadería y compraba unas galletitas que yo sabía que le gustaban, y él me las agradecía como si fueran no sé qué…” Yo la escuchaba, y a las dos se nos llenaban los ojos de lágrimas. Y M. queda embarazada. Me cuenta que fue difícil la decisión, que ella se daba cuenta de que su marido pensaba lo mismo, pero no le decía nada. Entonces le puso voz al silencio, se abrazaron y lloraron: “las mujeres somos más fuertes, más decididas”. Averiguaron dónde ir y con quién, porque no querían arriesgarse a que les pasara lo que a la mamá de una amiguita del jardín de la nena, que había terminado desangrándose. Con los ojos llenos de una tristeza indecible, M. dice: “no podíamos hacer otra cosa, no teníamos nada. Vivíamos de prestado, en otra casa. Pero en cuanto las cosas mejoraron, lo primero que hicimos fue tener otro hijo”. Y M. y su marido nunca, después de aquel abrazo acongojado, volvieron a hablar del tema. Cuando me contó esto llevaban unos 30 años de casados, y eran una de esas parejas a las que se las nota especialmente compañeras. Pero un silencio los había atravesado. Quizás era la forma de imaginar que nunca había sucedido. O porque hay dolores que no pueden ser nombrados.

S., en cambio, tenía 16 años. Hacía menos de uno que había muerto su abuela, su adorada abuela, a cuya casa iba todos los días a almorzar después de la escuela y donde se quedaba hasta poco después de tomar la leche, desde que tenía recuerdos. Con su abuela hacía la tarea, con su abuela cocinaba, su abuela le estaba enseñando a tejer… pero su abuela enfermó y murió. Y S. entró en una depresión profunda, en una época en que los padres no sospechaban que los hijos pudieran padecerla. Subió de peso -mucho- comiendo cantidades exorbitantes en una época en que no parecía haberse inventado la bulimia, porque no se hablaba de ella. Y en medio de tanta tristeza conoció a un chico. Si no hubiese sido por lo que sucedió, reconoce que ni recordaría su nombre, como pasó antes y después con otros noviecitos. Pero en medio de tanta tristeza, y desesperanza, y desorientación, se embarazó. Décadas después, todavía no tiene muy claro cómo fue. Si no hubiese sido por lo que después sucedió, la represión de ese recuerdo habría sido tan efectiva que ni recordaría que pasó. Trató de ocultarlo hasta que la desesperación habló por ella. Y esa madre católica a rajatabla, de épocas de misa diaria, de bendición de la mesa, y de novenas, fue la que decidió por ella. Y S., por primera vez en mucho tiempo, esa noche durmió. Su madre había decidido lo que ella no se animaba a pedir. Hoy dice: “no habría podido otra cosa, estaba muy mal, estaba muy enferma”. Se interrumpió el embarazo, se despidió el noviecito, y se comenzó la terapia. No lo cuenta con dolor, lo cuenta como al recuerdo de una experiencia terrible que se ha superado. Sí se lamenta de, años después, haber perdido un embarazo por las cicatrices que, como recordatorio, le había dejado la interrupción de aquel otro. Un recordatorio que le permitió tomar ciertas prevenciones y cuidados, y hoy es madre de dos hijos.

A. también quedó embarazada muy jovencita. En su propia casa. En el seno de su propia familia. Esa que debía protegerla y cuidarla, y no la protegió ni la cuidó. Cuando el abuelo comenzó con los jugueteos, a todos les pareció que era una expresión normal de alguien cariñoso: es que el abuelo la adora. Cuando el abuelo la seguía obsesivamente, las expresiones eran apenas de cierto celo frente a la preferida. Cuando el acoso se volvió más físico, nadie pareció advertirlo. Había sido una lenta escalada en una relación que se había planteado bajo estos términos desde su más temprana infancia. Y todos parecían haber sido paulatinamente desensibilizados como para poder advertir lo evidente. Cuando el abuelo empezó a visitar su cama, nadie pareció escuchar nada, ni ver nada, ni presentir nada. Y nadie, nadie, dijo nada. A. me cuenta que a los 12 años tenía las tetitas chiquitas, y no le habían crecido las caderas; que sus piernas eran flaquitas, y ella parecía mucho más nena. Me cuenta de su desarrollo tardío como disculpándose de lo que le estaba sucediendo: no era ella quien lo provocaba; era él, el degenerado, el abuelo. Y con sus tetitas chiquitas, y sus caderas no crecidas, y sus piernas flaquitas, y su parecer una nena más chica, igual se embarazó. Porque para eso no hacen falta tetas grandes, ni caderas crecidas, ni piernas fuertes, ni parecer una mujer. Ni para ser violada. A. no cuenta detalles, sólo dice que todo se terminó recién cuando el abuelo murió. Pero que ella no perdonó. A nadie. Hoy se esfuerza por comprender tanta complicidad, y agradece que la vida la haya compensado con un marido -“que me salvó”- y tres hijos. Mientras me cuenta su historia el pasado y el futuro se le mezclan en la cara.

Ni P., ni M., ni S. ni A. son culpables de lo que les pasó. Fueron víctimas de la situación que en esos momentos les tocaba vivir. Ninguna de ellas tomó libremente la decisión de interrumpir su embarazo: no había opción. Simplemente, llevar el embarazo adelante era una empresa impracticable.

Todas ellas, además, cometieron un delito. Sólo A. podría escudarse en cierta inimputabilidad. Y sin duda delinquieron quienes las socorrieron.

Ellas, como muchas otras, interrumpieron sus embarazos donde pudieron, con quienes aceptaron hacerlo. No tuvieron garantías de ser atendidas convenientemente si algo se iba de las manos, si ocurría un imprevisto. En alguno de estos casos sospecho que no se tuvieron medidas de antisepsia. Ni que hablar de asepsia.

 

El Dr. F. trabaja en un hospital del tercer cordón del conurbano bonaerense. No fui a buscar su testimonio. Coincidimos casualmente y le conté que estaba proyectando escribir algo sobre el tema. Se tomó unos segundos y pronunció sólo dos palabras: “es tremendo”. Y después de respirar hondo dejó salir toda su frustración y el dolor que le provocaban las chicas que llegan a las guardias de los hospitales desangrándose o con infecciones generalizadas por abortos mal hechos o sin condiciones de higiene. “Nosotros terminamos lo que otros empiezan”, “a veces se nos mueren”. Pasan los años pero no cambia esta situación: hace 20, cuando trabajaba en el Hospital Eva Perón –ex Castex- de San Martín, oía los mismos comentarios de los enfermeros y enfermeras que asistían, desde ese mismo y otros hospitales, a mis clases.

También recuerdo las largas discusiones que se generaban cuando un psiquiatra muy reconocido, el Dr. C., en otro hospital en el que también trabajé, recomendaba que les hiciesen las intervenciones sin anestesia para “que lo sientan”. Lo acusaban de machista y cruel. El, quién sabe si equivocado o no, decía que a la larga les hacía un bien: el dolor les hacía sentir que lavaban la culpa. Puedo comprender el concepto… pero me cuesta aceptarlo. No puedo.

 

Estos médicos abren la puerta para considerar el tema del aborto del único modo en que, a mi juicio, debería ser considerado al analizar su despenalización: como una cuestión de salud pública. Y es que los testimonios de estas mujeres, y otras miles –cientos de miles- avalan la creencia en que su penalización no sólo no los detiene, sino que la clandestinidad a la que quedan sometidos lleva a otros problemas, que no lograremos solucionar mientras no ataquemos la causa.

De hecho, la causa principal de la mortalidad materna en Argentina es la práctica de abortos inseguros. No cambié la expresión clandestino o ilegal por inseguro impensadamente. Las mujeres que estamos en condiciones de pagar un aborto seguro, aunque sea ilegal –y por ello se realice en la clandestinidad- estamos también en condiciones de acceder a una práctica médica con los controles y garantías necesarios para la preservación de nuestra salud. Los abortos inseguros son, en cambio, una práctica que afecta especialmente a las mujeres pobres, que no pueden pagar por una práctica que en los hospitales públicos les está vedada.

 
 

La tasa de mortalidad materna fue, en nuestro país, de 5,5 muertes por cada 10 mil nacidos vivos en 2009, según las cifras del Ministerio de Salud de la Nación. Si bien semejante proporción de muertes muchos profesionales la explican por el brote de la Gripe A que afectó a muchas embarazadas, en mayo de 2010 el propio Ministerio afirmó que las tasas seguían siendo altas y las tareas para bajarlas no estaban siendo satisfactorias, en comparación con las de otras naciones de la región. Y es lógica la preocupación: en el año 2000 la tasa era de 3,5 muertes por cada 10 mil nacidos vivos, y en 2008 de 4/10.000; de modo que estamos ante un incremento inaceptable, sobre todo si tenemos en cuenta que la mayoría de estos decesos maternos son evitables: desde hace tres décadas la causa principal de las muertes son los abortos inseguros. Aunque claro, esta es una sospecha difícil de probar. El doctor Jorge Vinacur, presidente de la SociedadArgentina de Obstetricia y Ginecología, aporta unos datos valiosos: “Analizamos 1.052 partes de defunción y hallamos que por cada muerte materna registrada había dos no informadas. Por ejemplo, en el parte de defunción figura paro cardio-respiratorio, pero no que se produjo por una sepsis en el embarazo.”

Más preocupante se vuelve la situación cuando se observa la desigual distribución de estas muertes maternas: un recién nacido o una mujer embarazada tiene mayores probabilidades de vivir en la región patagónica o en la ciudad de Buenos Aires (donde la tasa de muerte materna es de cerca del 1,8) que en el Noroeste y el Noreste (en Catamarca es del 16, en Formosa del 15 y en Jujuy del 10).

Todas las fuentes bibliográficas y profesionales consultadas acuerdan en que el incremento se debe a que las causas directas también aumentaron: hay más abortos inseguros, hemorragias y sepsis.

 

Pero… ¿cuántas de estas muertes se deben a abortos inseguros?

Eleonor Faur, sociólogay oficial de enlace del Fondo de Población de las Naciones Unidas, sitúa el porcentaje en un 25%. Así de brutal, así de contundente: el 25% de las muertes maternas se producen por abortos inseguros. “Los estados de la ONU consensuaron en que para reducir la mortalidad materna se debe garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva. En Argentina, el 40% de los nacimientos no fueron planificados. Que las mujeres puedan decidir garantizaría que haya menos embarazos no deseados y disminuiría drásticamente la mortalidad por abortos inseguros.

 

¿Por qué en Argentina estas tasas no bajan –incluso suben- a diferencia de nuestros países vecinos, que lograron reducir las tasas de mortalidad materna hasta un 60%, y a pesar de los varios años de crecimiento económico sostenido?

Por un lado, las diferencias regionales impactan en la cifra nacional: en el norte, 4 de cada 10 mujeres son pobres, y 5 de cada diez dependen exclusivamente de la salud pública: lo que el Estado no les provee, lo tienen vedado. Y los estados provinciales son pobres, proveen una salud pública pobre, de la que dependen mujeres pobres. Demasiada pobreza…

Paralelamente, las jurisdicciones con mayores ingresos per cápita tienen tasas muy inferiores en comparación con las jurisdicciones más pobres: es una cuestión básica de inequidad. Y las condiciones que genera la inequidad estructural no se solucionan con inyecciones de recursos: lleva mucho tiempo de esfuerzos sostenidos ver los primeros resultados. Esfuerzos para mejorar las condiciones laborales, productivas y económicas de las familias que han caído –o jamás han salido- de la pobreza, mejora de sus condiciones educativas, de acceso a la información, a la salud… Las personas más pobres son más vulnerables no sólo porque sus posibilidades económicas están descendidas, sino porque son pobres en sus posibilidades de acceso a otros bienes: los hospitales de mayor complejidad, las instituciones educativas y escolares mejor provistas, etc., suelen estar más lejos. Tan lejos como la posibilidad de llegar a ellas, porque la distancia se multiplica cuando el transporte es un bien caro y escaso.  

Así es como se va configurando una realidad en la que la mayoría de los logros –los relevantes- de toda política de Estado sostenida en el tiempo, recién se hacen evidentes intergeneracionalmente.

Sin dudas, se requieren verdaderas políticas de Estado, y no parches de gestión gubernamental.

 

El Dr. Germán Cardozo, en el marco del debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación, el 27 de septiembre de 2012, abordó estas dos cuestiones: “siempre habrá mujeres que quieran interrumpir un embarazo no deseado. Hay que despenalizar el aborto porque las cifras son alarmantes y siempre los sectores más pobres son los más perjudicados. En la Argentina hay más de 500.000 abortos clandestinos al año y son la principal causa de mortalidad materna. Los abortos clandestinos son un grave problema de salud y muestran la inequidad en salud según los estratos sociales, es por eso que debe considerarse la despenalización cuanto antes. Los embarazos no deseados y las muertes por aborto clandestino son una deuda social del Estado con los sectores menos favorecidos de esta sociedad, una deuda que el Estado debe saldar de inmediato. Está probado que cuando se despenaliza, disminuye la tasa de aborto. Los hijos tienen que provenir del deseo y de la planificación familiar, no de un embarazo no deseado”.

 

Claro que estas políticas de las que hablábamos son, además, difíciles de llevar adelante. Sobre todo aquellas que más directamente impactan en las condiciones en las que se resuelve la maternidad.

Un ejemplo es la obligatoriedad de la vacunación contra el HPV para todas las niñas de 11 años. Si bien el 94% recibió la primera dosis de la vacuna, muchas de quienes están dentro del 6% restante no han sido inmunizadas porque ciertas escuelas católicas (el caso paradigmático es Mendoza) han recomendado –e incluso prohibido- a sus padres aplicárselas. La misma provincia donde grupos integristas político-religiosos generaron el rumor de que la vacuna es parte de una política para matar niñas, ya que la vacuna causaría muerte súbita y el gobierno nacional estaría informado de este hecho. Son más honestos quienes explicaron que su oposición se debía a que temían que con la vacuna se estuviera incentivando una iniciación temprana a la sexualidad. Una postura, ciertamente, más cercana a quienes acuerdan con que la doctrina católica se inmiscuya en las políticas de un estado que no aceptan laico.

Pero esta no ha sido la única intervención. Si bien la Ley de Educación Sexual Integral fue sancionada en el año 2006, todavía no se la aplica en todos las jurisdicciones, ni en todas las escuelas, ni por todos los docentes. Como en el caso de la vacunación, el prejuicio más extendido es que su aplicación incitaría a una temprana iniciación en la sexualidad, al despertar artificialmente la curiosidad de los niños por temas para los que no estarían aún preparados. Y muchos sostienen la opinión de que se trata de un tema que debe ser abordado en la intimidad de las familias, y donde el Estado no tiene nada para aportar. En la afirmación obvian, entre otras cuestiones, el tema de que la mayoría de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares, y que la mayoría de los casos de embarazo precoz se deben a estos abusos en una relación que es inversamente proporcional: a menor edad, mayor probabilidad de que el embarazo se deba a esta causa. Va a ser difícil solucionar un problema tan emparentado a la educación –a través de la prevención de los abusos sexuales, la postergación del inicio de la sexualidad activa, la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual- con tanta resistencia a educar.

Y quizás la más cruenta y cruel de todas las intervenciones es la que ha producido la jueza nacional Myriam Rustán de Estrada, a cargo del Juzgado en lo Civil Nº 106, quien decretó una medida cautelar que impidió la realización de un aborto que estaba previsto para el martes pasado, 8 de octubre, a una mujer víctima de la trata de personas, que había quedado embarazada a causa de una de las violaciones sufridas durante su secuestro. Esta jueza, vinculada familiarmente a un ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y relacionada con el movimiento católico ultraconservador Opus Dei, también prohibió que el mismo se realizara en cualquier otro hospital de la ciudad. Como era previsible, la Corte Suprema de Justicia suspendió la ejecución de la medida cautelar, lo que no evitó que una víctima fuese revictimizada por una jueza que no respetó lo que la ley le permitía, y avanzó sobre una jurisdicción sobre la que no tenía atribuciones, por un Jefe de Gobierno –Mauricio Macri- que anunció públicamente un acto privado desencadenando todas las reacciones posteriores, por la organización PROVIDA que fue quien pidió el amparo y uno (al menos) de cuyos integrantes tuvo el atrevimiento de entrevistarse con la mujer, por el sacerdote del hospital donde iba a realizarse el aborto que participó (no se pudo probar que la haya organizado) de un escrache en su domicilio… Toda buena gente, hiriendo a quien ya había sido herida.

 
 

Lo que los integristas católicos callan es que no todos sostienen lo mismo. Existe un movimiento de mujeres católicas, entre cuyas integrantes incluso hay religiosas, llamado Católicas por elDerecho a Decidir, que ha crecido mucho en los últimos años y tiene sedes en varios países.

Este movimiento trabaja denodadamente en favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En Argentina apoya la despenalización del aborto, con la esperanza de que sea un paso previo necesario para la discusión más amplia de la Ley IVE. Los puntos de la ley que proponen podrían resumirse en la defensa del derecho al aborto legal, seguro y gratuito, sin condicionamientos de causa.

Respecto de la necesidad de despenalizar el aborto en Argentina, coinciden en que se lo debe hacer en el marco de los derechos humanos de las mujeres, como una cuestión de justicia social e igualdad, y remarcan la importancia de tener en cuenta el impacto social que se produciría con el cambio de la norma.

La OMS aporta a este mismo argumento: asegura que en los países donde las mujeres tienen acceso a servicios seguros donde realizar una interrupción legal y voluntaria del embarazo, la probabilidad de muerte como consecuencia de un aborto es de 1 por cada 100.000 procedimientos. Si consideramos que la media nacional está en 5,5 muertes maternas por cada 10.000 (o sea, 55 madres muertas de cada 100.000 nacidos, no de cada 100.000 abortos, de los que, por ser clandestinos, no hay posibilidades de tener más que estimaciones muy relativas) la diferencia es astronómica: no son siquiera comparables.

 

Durante el mismo debate sobre la despenalización del aborto en el Congreso de la Nación al que hice referencia antes, el Dr. Abramovich precisó que “hay un salto lógico entre decir que hay una obligación de proteger la vida prenatal a decir que hay que criminalizar el aborto. Estamos en un momento de avances en términos de derechos civiles y sociales y debemos generar ya la discusión sobre la despenalización del aborto. En este sentido es interesante ver cómo la Corte Suprema analiza el impacto social, las consecuencias sociales de determinadas regulaciones jurídicas, en condiciones de igualdad de género y de igualdad social. El dato social nos está demostrando que la penalización del aborto no sólo es inefectiva en términos de prohibición sino que tiene consecuencias perjudiciales, como por ejemplo la alta tasa de mortalidad materna, la situación de violencia institucional por el sometimiento a las burocracias médicas para acceder a abortos incluso en los supuestos que la ley establece, más las condiciones derivadas de la clandestinidad del aborto fruto de la prohibición. La judicialización de ciertas interrupciones voluntarias de embarazos, es violencia institucional, es decir, violencia del Estado, y somete a las mujeres a un trato denigrante e inhumano”.

 

 
Entre 2002 y 2008, de 1130 causas, 22 mujeres fueron condenadas por el delito de aborto. En cambio, ningún médico recibió condena.

Por Viviana Taylor